Ninguna de las partes pide medidas cautelares contra la investigada
La expareja de Bernardo Montoya a la que éste acusó del crimen de Laura Luelmo, Josefa Carmina Garrido, aseguró este lunes, durante su comparecencia como investigada ante la juez instructora del caso, Elvira Mora, que «cuenta con documentación acreditativa de que, en la fecha de los hechos, se encontraba en otro lugar distinto a aquel en el que ocurrió el crimen», por lo que la instructora le requirió personalmente para que aporte dicha documentación.
Así lo han anunciado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado en el que, además, el Alto Tribunal Andaluz informa de que ninguna de las partes personadas en la declaración judicial -Fiscalía, acusación y defensas- pidió medidas cautelares contra la investigada, por lo que la juez encargada del caso «no adoptó ninguna medida cautelar» sobre la misma, quien, aunque permanece en libertad, «continúa investigada en la causa» y tiene «la obligación de comparecer ante el órgano judicial cuantas veces sea llamada».
El TSJA también ha confirmado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino dejó sin efecto la orden de detención que se había adoptado contra la expareja de Montoya, quien, tal y como ya informó este periódico, se presentado este lunes en las dependencias judiciales sin citación y se declaró «inocente» ante la juez, tal y como indicó la investigada en declaraciones a Telecinco, en las que también señaló que, si no acudió al juzgado el día en que estaba citada, fue «porque estaba mala», motivo por el que, según añadió, «la orden de detención se paralizó».
La expareja de Montoya fue citada a declarar este pasado 16 de mayo en calidad de investigada después de que Bernardo Montoya la culpase del asesinato cometido el pasado 12 de diciembre en El Campillo durante su segunda declaración ante la juez, que tuvo lugar el pasado 4 de abril, cuando el presunto autor del crimen acusó a su expareja de matar a la profesora zamorana con un martillo, tal y como informó su abogado, Miguel Rivera.
A continuación, el letrado del presunto autor del crimen solicitó, el pasado 23 de abril, la puesta en libertad provisional de su defendido, que ya fue admitida a trámite por la titular del juzgado, que tendrá que resolver una vez escuchadas todas las partes.
La solicitud de puesta en libertad provisional se produjo después de conocerse que la primera declaración judicial de Montoya no se grabó, debido, tal y como confirmó la Fiscalía de Huelva, a que no se había conectado un cable de audio, un error que a juicio del letrado afecta a la investigación, para lo que Rivera se basó en que, tras las últimas modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamento Criminal, las transcripciones “no son validas”.
