CSIF reclama a la Junta que regularice la situación de los celadores forestales

En Huelva, al personal laboral le faltan vehículos para realizar sus actuaciones, incluso algunos vehículos no se encuentran adaptados para poder realizar sus funciones debido a que son utilitarios y presentan problemas para circular por carriles

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama a la Junta que regularice la situación de los celadores forestales y acabe con el vacío legal en el que se encuentran. Para ello, el sindicato reitera a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que desarrolle una Orden que acabe con la precaria situación laboral que padece este colectivo y que ya ha sido denunciada por la central sindical en varias ocasiones.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, ha lamentado que la Junta “no mueva ficha” para regularizar al colectivo de celadores forestales y que aún no haya respondido a la propuesta de proyecto de Orden que la central sindical le hizo el 21 de marzo de 2022 para subsanar las deficiencias laborales que padecen. 

El responsable sindical denuncia que el Gobierno andaluz “se olvida año tras año de los celadores forestales y los ningunea e ignora cada vez que reclaman mejorar sus condiciones laborales, a pesar del gran trabajo que desarrollan para proteger el medio ambiente y exponerse a riesgos constantes”.

“En Huelva, al personal laboral le faltan vehículos para realizar sus actuaciones, incluso algunos vehículos no se encuentran adaptados para poder realizar sus funciones debido a que son utilitarios y presentan problemas para circular por carriles”, añade el responsable del sector AGJA de CSIF en Huelva, Emilio Gallango.

Para CSIF es urgente que a estos trabajadores se les dote de herramientas legales de las que carecen por el momento y se les reclasifique del grupo IV, al que pertenecen, al grupo III, de manera que se equiparen al personal que ejerce estas funciones en el resto de comunidades autónomas.

El sector de AGJA recuerda a la Junta que en 2018 ya emitió una Resolución por la que se expedían los certificados de profesionalidad, derivados del procedimiento de acreditación de competencias, que permitían a los celadores forestales realizar funciones de una categoría superior. Pese a ello, CSIF-A critica que la Junta sigue sin pagar a este colectivo en función de esa responsabilidad y asunción de competencias y les niega la reclasificación, aun cuando el coste de la misma es ínfimo. En este sentido, el sindicato reclama a la Junta que remunere a los trabajadores por las competencias y funciones que realizan y que ella misma reconoce.

Además, Dorado considera lamentable que se vaya a proponer una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el próximo 8 de febrero con un coste total de 1.202.645,10€ -938.967,24€ respecto a salarios a los que habría sumar un coste de Seguridad Social de 263.677,86€- mayoritariamente para costear la creación de nueve Puestos de Libre Designación (PLD) y por el contrario a los celadores forestales se les siga sin reconocer el trabajo que realizan correspondiente a una categoría superior. “Si pasase esto en la empresa privada nos llevaríamos las manos a la cabeza”, apunta el dirigente sindical.

Petición de reunión de la Subcomisión de Vigilancia

 El sector de AGJA además reclama que se resuelva esta indefensión y que se convoque lo antes posible una reunión de la Subcomisión de Vigilancia de la Consejería de Sostenibilidad para debatir y acordar los términos de la orden y sea publicada a la mayor brevedad posible. Además, pide la convocatoria de la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo para iniciar el procedimiento de reclasificación de los celadores forestales del grupo IV al grupo III.

Por último, el presidente andaluz del sector de AGJA urge a la Consejería de Sostenibilidad a que se siente a hablar para tratar este asunto y “nos convoque a una reunión lo antes posible”, teniendo en cuenta que desde CSIF-A la hemos solicitado ya en varias ocasiones. 

Los sindicatos se concentran en la Casa del Mar para salvar la Atención Primaria

CSIF, CCOO y UGT han participado en la protesta sanitaria

Organizaciones sindicales como CSIF, UGT y CCOO se ha concentrado este jueves al mediodía en el Centro de Salud de la Casa del Mar de Huelva capital bajo el lema Salvemos la Atención Primaria.

Se trata del inicio de un calendario de movilizaciones que se desarrollará a partir de ahora, cada jueves, para revertir la situación de caos que presentan nuestros centros de salud y la desesperación en la que se encuentran sumidos tanto profesionales como usuarios de la Atención Primaria.

César Cercadillo, como responsable de Sanidad en CSIF Huelva, ha explicado la situación que atraviesan las consultas de Atención Primaria con demoras intolerables y el déficit de efectivos.

En este sentido, el responsable sindical ha asegurado que los profesionales se sienten «irritados» ante la ausencia de soluciones eficaces por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para frenar el menoscabo de las condiciones laborales de la plantilla. Asimismo, ha subrayado que el tiempo de espera para la asistencia que reciben los pacientes andaluces es “desesperante”. “Las citas para una consulta médica pueden alcanzar hasta tres semanas en determinados centros de salud andaluces”, asegura   

Para CSIF, la causa del problema es la pasividad de la Consejería de Salud y su falta de sensibilidad con los problemas de los centros de salud y consultorios. La atención primaria necesita de una profunda reconversión e inversiones suficientes para cambiar el modelo, ha explicado el responsable sindical.

“Lamentamos que en la Mesa Sectorial y mesas técnicas de Primaria del martes no se produjera ningún avance”, ha aseverado César Cercadillo.

Si la Administración no concreta mejoras para este ámbito, CSIF seguirá con el calendario de movilizaciones todos los jueves en las puertas de los centros de salud.  

Asimismo, CSIF y el resto de organizaciones convocantes, buscarán apoyos en los grupos del Parlamento andaluz. Para ello, las tres organizaciones van a solicitar reuniones a los grupos parlamentarios para pedirles que apoyen sus reivindicaciones en favor de unas mejoras laborales y asistenciales que vuelvan a poner en el lugar que corresponde a la atención primaria, porque trabajadores/as y usuarios/as merecen unas condiciones óptimas donde poder trabajar y recibir asistencia de una manera digna.

Atalaya cierra 2022 con un resultado de 15,4 millones de toneladas de mineral procesados

Con una ley media del mineral del 0,40%, Riotinto produce 52.269 toneladas de cobre y prevé situarse entre las 53.000 y 55.000 toneladas en 2023

Atalaya Mining ha presentado unos resultados operativos satisfactorios en el año 2022, demostrando que, con 15,4 millones de toneladas de mineral procesadas, la planta puede operar por encima de su capacidad nominal de 15 millones anuales. Y ello a pesar del impacto negativo de la huelga del sector del transporte que afectó negativamente los resultados del primer trimestre.

Así, la producción de cobre en 2022 se ha situado en 52.269 toneladas, lo que representa una ligera bajada respecto al 2021. Esto ha sido debido principalmente a una leve disminución en la ley de cobre, que ha cerrado el año en el 0.40% (frente al 0.41% del 2021). Y, por otro lado, a los efectos de la huelga de transportes del primer trimestre, coyuntura que se aprovechó para realizar una parada general de mantenimiento.

Estas dificultades han sido razonablemente compensadas por un buen cuarto trimestre, en el que se han alcanzado los 4 millones de toneladas procesadas frente a las 3,9 del trimestre anterior y las 3,8 del mismo periodo de 2021. En cuanto a la producción de cobre, las 13.969 toneladas de metal expedidas superan ligeramente al mismo periodo de 2021, que se situó en 13.453 toneladas. Con estos datos a cierre de 2022, la compañía espera mantener en 2023 el ritmo de producción de la mina de Riotinto con un rendimiento por encima de la capacidad nominal y una mejora de las leyes del cobre. Así, las previsiones de producción para este año se sitúan entre 53.000 y 55.000 toneladas. 

En palabras de Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining: “2022 ha estado dominado por factores geopolíticos y macroeconómicos como la guerra, la inflación y una crisis energética sin precedentes en Europa. No obstante, nuestro rendimiento operativo no se ha visto afectado de manera relevante”. También señala que “a pesar de los vientos en contra, en particular en cuanto a costes se refiere, nuestro balance sigue siendo sólido y por ello tengo que felicitar a todo el equipo. Esto nos permitirá continuar invirtiendo en iniciativas de crecimiento y reducción de costes, incluyendo el proyecto E-LIX o los nuevos proyectos de explotación y exploración dentro de nuestra cartera, con especial atención a Touro, que podría convertirse en una nueva fuente de producción de cobre en Europa”. 

Los retos de Atalaya para 2023

El primer reto al que la organización se enfrenta en este 2023 es el de los costes energéticos. Para ello, el pasado 1 de enero entró en vigor el acuerdo de compra de electricidad a largo plazo con Endesa que proporcionará aproximadamente el 31% de las necesidades actuales de Riotinto. En paralelo, avanza la construcción de la planta solar de autoconsumo de 50 MW. A pleno rendimiento, se espera que esta instalación aporte una cuarta parte de las necesidades de la operación. Además, Atalaya sigue evaluando otras iniciativas de energía renovable que podrían proporcionar más electricidad de bajo coste y libre de emisiones de CO2 para sus operaciones en Riotinto, incluyendo la producción de energía eólica.

Por otra parte, Atalaya y Lain Tech siguen avanzando en el desarrollo de la Fase I de la planta E-LIX, cuya puesta en marcha se espera dentro del primer semestre de 2023. También sigue progresando la evaluación económica preliminar del proyecto operativo que combina las reservas de Cerro Colorado con material de mayor ley de San Dionisio, que significaría la prolongación de la vida del proyecto. Respecto a Masa Valverde, continúan activos tres equipos de perforación centrados en la definición de recursos en las áreas de interés denominadas Campanario y Mojarra. 

Proyecto innovador con la Universidad para mejorar la cuenca del Odiel

Atalaya Mining viene trabajando con la Universidad de Huelva en el proyecto para establecer un sistema mejore los registros de acidez y presencia de metales en el agua de algunos cursos de agua de la cuenca del Odiel. Se trata de una problemática originada por la minería histórica y que está afectando a la calidad de este río clave para la provincia de Huelva.

El proyecto sigue avanzando y los ensayos realizados recientemente constatan que el sistema funciona a escala laboratorio con unos resultados excelentes: se demuestra una bajada significativa en la acidez neta y la eliminación total de metales, en cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos para la mayoría de los parámetros analizados.

Otros proyectos de innovación

El equipo de Atalaya y un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), trabajan en el desarrollo de este nuevo proyecto de innovación: STONE. Básicamente, se trata de instalar en la mina de Riotinto un sistema de monitoreo geotécnico, en el cual se integran dos técnicas de control y que se convertiría en el más avanzado a nivel internacional. El objetivo es mejorar el control de la estabilidad de todos los terrenos e infraestructuras operativos de la mina, redundando así en una operación más segura.  

Sobre Atalaya Mining

Atalaya Riotinto Minera, filial de Atalaya Mining, es la operadora de la histórica mina de Riotinto, un proyecto minero que incorpora las últimas innovaciones tecnológicas en el sector, así como los conceptos de seguridad y sostenibilidad ambiental propios de la minería del siglo XXI.

Riotinto es hoy una mina de cobre a cielo abierto que ha producido más de 56.000 toneladas de cobre en concentrado en 2021. Cuenta con 197 millones de toneladas de reservas de mineral de cobre, y trabaja constantemente en la identificación de nuevos recursos para seguir alargando la vida de la explotación, que actualmente se sitúa en 11 años. La puesta en marcha del Proyecto Riotinto ha supuesto una gran inversión industrial, incluyendo importantísimas mejoras ambientales y la creación de más de 1.100 empleos directos e indirectos.

CSIF exige al Gobierno que restablezca el derecho a la jubilación parcial a los funcionarios

Este derecho fue suprimido en 2012

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige al Gobierno que reestablezca el derecho a la jubilación parcial voluntaria al personal funcionario y estatutario (de la sanidad pública), corrigiendo así la discriminación respecto a las personas que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.

El sindicato ha recordado en una nota de prensa que el derecho a la jubilación parcial fue suprimido mediante el Real Decreto Ley 20/2012 por el que se llevaron a cabo diferentes recortes en el sector público, coincidiendo con la anterior crisis económica.

A finales del año pasado, Función Pública y los sindicatos CCOO y UGT firmaron un acuerdo denominado el ‘Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI’ en el que se comprometían a reestablecer este derecho. Sin embargo, tal y como ha recordado CSIF, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), norma que regula las relaciones laborales en las Administraciones Públicas, sigue sin reconocer este derecho y por tanto, la jubilación parcial anticipada continúa derogada.

Por este motivo, CSIF se ha dirigido a la Ministra de Hacienda y Función Pública, la socialista María Jesús Montero, para que convoque la mesa de negociación del conjunto de las administraciones públicas para reestablecer de manera efectiva esta modalidad de jubilación, modificando el citado texto normativo y equiparando así el derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores para el resto de contratos laborales.

Un estudio concluye la necesidad de restaurar los pasivos mineros de la provincia de Huelva

Un estudio concluye la necesidad de restaurar los pasivos minero de la provincia de Huelva

La Diputación de Huelva y la Asociación de Comunidades de Regantes (Corehu), junto con Aminer, GIAHSA, AIQBE, han presentado un estudio elaborado por Cetaqua para la identificación y restauración de los principales pasivos mineros en la provincia de Huelva. El objetivo es mitigar su impacto contaminante sobre los recursos hídricos en la cuenca del Odiel y las futuras infraestructuras de regulación proyectadas.

La explotación minera a lo largo de miles de años en la Franja Pirítica Ibérica (FPI) ha dado lugar a que en la actualidad sea un área particularmente afectada por la presencia de residuos ricos en sulfuros (pasivos mineros), causantes de la generación de drenajes ácidos de mina cuando estos minerales se exponen a las condiciones atmosféricas.

Esta problemática ha despertado el interés de las entidades impulsoras de este informe, unidas en el empeño de buscar las herramientas necesarias para darle solución.

En este sentido, el vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, ha recordado que “la larga explotación minera en nuestra provincia y el abandono de muchas de esas explotaciones han condicionado el paisaje de comarcas onubenses, con zonas en las que hay depósitos de residuos mineros y escombreras abandonas, junto con las cortas a cielo abierto que, a pesar de su espectacularidad, siguen degradando el medio ambiente y los recursos naturales, después de su abandono, contaminando el agua de lluvia y las redes de drenaje: los cauces, arroyos y los mismos ríos de la provincia”.

La restauración de las zonas mineras degradas, ha resaltado el vicepresidente, “es imprescindible para la mejora de la calidad ambiental del territorio de los municipios onubenses de la Faja Pirítica Ibérica, afectados por los pasivos mineros históricos, por ello, la Diputación ha asumido la responsabilidad de reclamar a las administraciones responsables la mejora ambiental y de las masas de agua de estas comarcas mineras”.

Asimismo, el conjunto de las entidades implicadas en la elaboración de este informe, se han comprometido a poner en marcha un frente común para que, junto con las administraciones central y autonómica, se planifique y ejecute un plan de restauración de las zonas mineras degradadas, aprovechando la financiación extraordinaria y ordinaria de la UE a través de los Fondos Next Generation y el nuevo marco financiero europeo plurianual 2021 – 27.

El presidente de Corehu, Juan Antonio Millán, por su parte, ha recordado que “el de los pasivos mineros es un viejo problema en el medio rural onubense, ya que el suelo está deteriorado por los sulfuros, por lo que afrontar este proyecto es fundamental para la agricultura, para el turismo, para hacer a los pueblos de la Sierra y del Andévalo atractivos de cara a los inversores”.

Conclusiones del estudio

El contenido del informe está compuesto por un primer bloque en el que se han identificado los pasivos mineros que integran los principales focos de contaminación en la cuenca del Odiel.

Este trabajo previo ha permitido concluir que existen cuatro focos principales, responsables del 80% de la carga contaminante, que son RioTinto, San Telmo, La Zarza y Tharsis.

Seguidamente, para la propuesta de soluciones, se ha realizado una revisión del estado del arte de las principales rutas y sistemas (activos y pasivos) de tratamiento de aguas ácidas de mina, así como otras estrategias de renaturalización como es el uso de tecnosuelos y drycovers en el sellado de escombreras. El sellado de estas zonas afectadas se ha planteado en dos fases a modo de priorización de inversiones y actuaciones: la Fase 1, de remediación de los pasivos mineros en los cuatro focos principales de RioTinto, San Telmo, La Zarza y Tharsis; y la Fase 2, de remediación del resto de los pasivos mineros

CSIF presenta un recurso contra el modelo de estabilización del personal laboral de la Junta de Andalucía

El sindicato considera que la administración discrimina a 2.500 empleados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra las bases del proceso de estabilización del colectivo que integra el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía por vulnerar el principio de igualdad de acceso al empleo público.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, y su responsable en Huelva, Emilio Gallango, consideran ‘inadmisible’ que la Administración a la hora de convocar procesos de estabilización de su personal “haga diferenciación entre los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca”.

De este modo, para la estabilización del personal laboral incluido en las categorías profesionales de los Grupos III, IV y V, que incluye a 2.532 empleados, la Administración pretende aplicar un baremo diferente al usado con los Grupos I y II, lo que genera “claras desigualdades”.

Mientras que a estos últimos grupos, integrados por personal licenciado y diplomado, se les aplica el acuerdo alcanzado en Comisión de Convenio celebrada en noviembre de 2022 para los procesos de estabilización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización 2022, en el caso de los Grupos III, IV y V, la Administración utiliza el acuerdo alcanzado sólo unos meses antes, en concreto, en marzo de 2022 para la Oferta Pública de Empleo de carácter ordinario de 2020 y 2021 y estabilización 2021.

En sólo nueve meses que transcurren entre una negociación y otra para reducir la temporalidad en el empleo público del personal laboral, varía de forma considerable la valoración de determinados criterios. Esta situación, a juicio de la central sindical, favorece al colectivo de profesionales que integran los grupos I y II. En concreto, en la evaluación de estos últimos se prima para su estabilización la experiencia laboral dentro de la Junta.

Además, las diferencias radican también en los criterios de desempate y los subapartados de antigüedad y otros méritos, siendo más ventajosos para la estabilización del personal de los Grupos I y II.

El sector de AGJA de CSIF Huelva lamenta que la Junta de Andalucía se niegue a modificar el sistema aplicado en los procesos de estabilización alegando “problemas informáticos y falta de tiempo”. Para CSIF estos argumentos de la Administración son “pobres excusas” que no justifican los métodos aplicados y le insta a que utilice los mismos criterios para todo el personal laboral y garantice así la igualdad entre profesionales.

De este modo, el sindicato solicita a la Junta que a los grupos III, IV y V se les aplique el mismo baremo de estabilización de los grupos I y II.

Los pasivos mineros de Riotinto, Tharsis, La Zarza y San Telmo serán los primeros en ser sellados

La Diputación presenta un informe con la identificación de las zonas mineras degradadas

Minas de Riotinto, Tharsis, San Telmo y La Zarza serán los primeros municipios en ver cerrados los pasivos mineros y contará con un presupuesto de 270 millones de euros.

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, y el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes (Corehu), Juan Antonio Millán, en representación también de Aminer, Giahsa, Aiqbe y de todos los usuarios de agua de Huelva, en la presentación del informe para la identificación y restauración de pasivos mineros en la provincia de Huelva.

El objetivo de este estudio es la identificación de zonas mineras degradadas, valorar su incidencia en los recursos hídricos e infraestructuras de regulación proyectadas y proponer alternativas de restauración y remediación que minimice su impacto en la masa de agua del río Odiel, así como su valoración económica.

El estudio, por importe de 16.453,58 euros, se adjudicó a la Fundación Cetaqua, cuyo modelo de colaboración entre la empresa, la universidad y las administraciones conforma una red de centros tecnológicos, en unión entre el ámbito científico y empresarial con experiencia y cualificación en soluciones innovadoras en el ciclo integral de los recursos naturales.

Al respecto, el vicepresidente Juan Antonio García ha subrayado que «la larga explotación minera en nuestra provincia y el abandono de muchas de esas explotaciones han condicionado el paisaje de comarcas onubenses», con zonas en las que hay «depósitos de residuos mineros y escombreras abandonas, junto con las cortas a cielo abierto que, a pesar de su espectacularidad, siguen degradando el medio ambiente y los recursos naturales, después de su abandono, contaminando el agua de lluvia y las redes de drenaje: los cauces, arroyos y los mismos ríos de la provincia».

Por ello, García ha abundado en que la restauración de las zonas mineras degradadas es «imprescindible» para «la mejora de la calidad ambiental del territorio de los municipios onubenses de la Faja Pirítica Ibérica, afectados por los pasivos mineros históricos», por ello, la Diputación «ha asumido la responsabilidad de reclamar a las administraciones responsables la mejora ambiental y de las masas de agua de estas comarcas mineras, aprobando en el Pleno de 7 de mayo de 2021 una iniciativa política del grupo socialista».

Para el vicepresidente provincial, «el recurso del agua es fundamental para garantizar el abastecimiento de los municipios y el desarrollo de sectores productivos provinciales» y, por ello, la Diputación ha encargado este estudio, unido a la estrategia de lucha contra la despoblación de las zonas rurales que «impulsamos a través del Comisionado para el Reto Demográfico».

«Estas actuaciones de restauración ambiental, minera y de mejora de la calidad de las masas de agua es de competencia autonómica, pero también es una oportunidad gracias al momento favorable de la financiación extraordinaria que nos ofrece la coyuntura actual, tanto desde el Gobierno Central y el autonómico, como desde Europa, a través de los Fondos Next Generation y el nuevo marco financiero europeo plurianual 2021 – 27», ha apuntado.

El documento recoge una serie de propuestas, de las que destacan, especialmente, el tratamiento pasivo para interceptar y tratar los efluentes contaminados antes de llegar al Odiel, mediante plantas DAS (Sustrato Disperso Alcalino); y principalmente, mediante sellado de escombreras y suelos afectados, con un prepuesto aproximado de 270 millones de euros para los focos más importantes por extensión, que son las Minas de Riotinto, San Telmo, La Zarza y Tharsis.

La caracterización de los lixiviados inventariados ha permitido concluir que existen cuatro focos principales, responsables del 80% de la carga contaminante en las Minas de Riotinto, San Telmo, La Zarza y Tharsis.

Por otro lado, el 20% restante está principalmente ligado a la contaminación difusa asociada a las escorrentías generadas en las escombreras del resto de pasivos mineros.

Por su parte, Juan Antonio Millán ha destacado que «los pasivos mineros es un viejo problema en el medio rural onubense», ya que el suelo «está deteriorado por los sulfuros», por lo que afrontar este proyecto es «fundamental para la agricultura, para el turismo, para hacer a los pueblos de la sierra y del Andévalo atractivos de cara a los inversores».

Riotinto viaja a Fitur como una ‘Tierra abierta’

Riotinto Tierra Abierta

Es la primera vez que acuden a la cita como Municipio Turístico de Andalucía

Bajo la denominación de ‘Destino Riotinto’, el Ayuntamiento de Minas de Riotinto viaja a la Feria Internacional del Turismo con una oferta en la que engloban historia, cultura, patrimonio, minería, deporte, gastronomía, naturaleza, historia y el sinfín de premisas que hacen de esta tierra roja «un marco incomparable que el visitante no puede dejar de descubrir».

Según han indicado desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, ser «Municipio Turístico de Andalucía conlleva derechos, pero también deberes. Deberes que asumimos con responsabilidad e ilusión por afrontar el presente y cuidar el futuro de Minas de Riotinto»

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En la tarde de este martes 17 de enero han presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la nueva marca turística de la localidad. ‘Destino Riotinto’ es más que un destino.

«Es una forma de vida, una idiosincrasia minera, un lugar donde perderse y encontrarse, un reclamo turístico. Un paraíso terrenal»:

En el acto de presentación oficial como Municipio Turístico de Andalucía han estado presentes vecinos y vecinas de la localidad, alcaldes de la Cuenca Minera, autoridades estatales y representantes de diferentes asociaciones locales, entre otros.

Han intervenido, la alcaldesa riotinteña, Rocío Díaz, Azahara González, concejala de Turismo, Mariló Bermúdez, diputada de la Diputación Provincial de Huelva, Saúl Narbona, representante de Fundación Río Tinto y Parque Minero, y Jesús Caballos, representante de la Fundación Atalaya Mining.

Riotinto Tierra Abierta

Riotinto ‘Tierra abierta’

Además de la marca turística, bautizada bajo la denominación de ‘Tierra Abierta’, y visualizar la propuesta audiovisual, también se han presentado la nueva página web municipal destinada al Turismo y sus correspondientes redes sociales.

A partir de ahora los interesados pueden descubrir los encantos de la geografía, deporte, gastronomía, cultura, historia, legado minero, patrimonio y mucho más en destinoriotinto.com,

CSIF considera «inaceptable» que el sistema sanitario andaluz soporte cinco agresiones diarias

Huelva registró 93 agresiones, de las cuales 24 fueron agresiones físicas, en el primer semestre de 2022

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, considera inaceptable que el Servicio Andaluz de Salud soporte diariamente cinco agresiones a profesionales, por lo que reclama a la Junta de Andalucía mayor vigilancia en los centros hospitalarios y de atención primaria, así como más dotación de personal para mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía y reducir los posibles conflictos.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Consumo en la última Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en el primer semestre de 2022 se registraron 898 agresiones a profesionales del sector sanitario en Andalucía, lo que supone que el conjunto del SAS ha soportado de media diariamente cinco episodios de este tipo.

En Huelva se registraron 93 agresiones, de las cuales 24 fueron físicas, de modo que la provincia onubense se sitúa en la cuarta provincia que más agresiones soportó en relación con el resto de provincias de la Comunidad Autónoma.

La vicepresidenta del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Carmen Jiménez, sostiene que “estas agresiones a personal que presta servicio en centros sanitarios mientras desarrolla su jornada laboral son cada vez más habituales y lamentablemente se incrementan año tras año”, por lo que es necesario que la Junta intensifique los mecanismos que frenen estos ataques físicos o verbales a dichos profesionales.

Para la responsable sindical es urgente una mayor dotación de personal en los centros para evitar los episodios conflictivos que se producen ante colapsos en el sistema sanitario por un incremento de la atención a los usuarios y sobrecarga asistencial y más vigilancia en estas instalaciones por parte de profesionales en la materia.

Esta falta de personal, según el sindicato, provoca en muchos casos la saturación en los centros sanitarios y largas esperas por parte de los usuarios, lo que genera situaciones de desesperación que desembocan en agresiones tanto físicas como verbales -en forma de insultos, amenazas o coacciones-, hacia el personal administrativo, celadores, auxiliares, enfermeros, facultativos etc…No obstante, a pesar de estas situaciones de demora para los usuarios, “nunca se puede justificar la agresión a ningún profesional”, apunta Jiménez.

El 81,2% de las agresiones a estos profesionales fueron verbales, en concreto 730,  mientras que el 18,8% fueron con violencia física. De total de estos episodios, 704 afectaron a personal sanitario, en concreto el 78,3%, y 194 (21,7%) a personal de gestión y servicios. Málaga, según los datos facilitados por la Administración andaluza, es la provincia más afectada por las agresiones, seguida por Sevilla, Cádiz y Huelva.

Para el sector de Sanidad de CSIF es necesario que el personal afectado denuncie toda agresión ya sea física o verbal que suponga cualquier forma de acoso o persecución y pone a disposición del personal afectado a sus delegados para asesorarles a gestionar este tipo de situaciones que sufren en el ejercicio de sus funciones.   

Desde hace tres años, la Consejería de Salud y Consumo tiene puesto en marcha un Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía tras un acuerdo en Mesa Sectorial de Sanidad para encontrar puntos de mejora y reducir los ataques verbales y físicos al personal de centros sanitarios y hospitalarios. Sin embargo, para CSIF-A este plan es “insuficiente” y solicita una revisión para poner en marcha fórmulas más eficaces y de aplicación inmediata ante esta lacra intolerable que suponen las agresiones’, explica Jiménez.

Reuniones trimestrales en todas las provincias

En este sentido, el sector de Sanidad del sindicato pide que se cumpla dicho Plan y en todas las delegaciones provinciales de Salud de la Junta se celebren reuniones trimestrales ordinarias y extraordinarias (si se trata de temas urgentes), entre los responsables de la Administración andaluza, los interlocutores policiales, los responsables de los centros asistenciales y los asesores jurídicos, puesto que en la actualidad hay provincias en las que no se  están convocando. Además, CSIF reclama que a estos encuentros asistan los representantes de los trabajadores, para así analizar la problemática desde todas las perspectivas y proponer medidas preventivas eficaces para reducir las agresiones.

CSIF-A insiste en la importancia de la colaboración de los trabajadores sociales como “agentes clave para la comunicación con colectivos potencialmente conflictivos en determinadas zonas” y, por ello, lamenta que “en la práctica no se puede contar con ellos por el bajo nivel de sustitución que se está haciendo en esta categoría”.

Vigilantes de Seguridad

Además, el responsable provincial del sector de Sanidad de CSIF Huelva, César Cercadillo, insiste en que la vigilancia es clave como una medida preventiva para evitar estos incidentes. “Está claro que los responsables son los agresores, pero la seguridad está para prevenir esas actuaciones”, asegura Cercadillo.

CSIF exige que haya servicio de vigilancia en los centros que sean más conflictivos. El responsable sindical asegura que las tres agresiones físicas en menos de siete días producidas en Huelva coinciden con la ausencia de vigilancia en esos momentos puntuales, lo que significa que cuando hay vigilancia no hay agresiones.

Para CSIF, la integridad física de nuestros sanitarios es más importante que los recortes en seguridad del SAS. “Me parece bien que las agresiones a sanitarios se tipifiquen y se penalicen con mayor gravedad y que son delincuentes y que son casos aislados, me parece bien que haya un Plan de Prevención de Agresiones, pero pedir como medida preventiva que haya seguridad en los centros es necesario”, subraya el responsable sindical.

CSIF denuncia la precariedad del personal auxiliar de autopsias

Los Institutos de Medicina Legal de Andalucía tienen un déficit del 60% de estos profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical de la Administración Publica y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado “la falta de compromiso” de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para solucionar “la situación precaria” que sufre el personal auxiliar de autopsias de la Junta de Andalucía que presta servicios en los Institutos de Medicina Legal de la comunidad. El sindicato cifra en un 60% el déficit de este personal en los centros de las ocho provincias.

En concreto, actualmente hay 35 puestos en la Relación de Puestos de Trabajo de esta categoría, que están cubiertos, si bien, según los cálculos del presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, José Manuel Dorado, harían falta al menos otros 20 profesionales más para que el servicio estuviese adecuadamente dimensionado, lo que supone cerca de un 60% más de efectivos que los que hay actualmente.

“Con los actuales recursos humanos con los que se cuenta para estos servicios resulta muy complicado la organización de cuadrantes de vacaciones, descansos e incluso la configuración de los distintos turnos que debe haber para el funcionamiento 24 horas que se requiere, puesto que el personal que existe es a todas luces insuficiente”, según ha asegurado Dorado.

El responsable sindical ha recordado que CSIF viene reivindicando desde hace años la reclasificación de este personal al Grupo III, así como la actualización y modificación del requisito de acceso, los criterios para la contratación y ocupación de esos puestos, así como de las jornadas de trabajo que realmente realizan.

En concreto, el personal auxiliar de autopsias desarrolla, parcial o íntegramente, funciones previas a la realización de la autopsia como por ejemplo, recibir el cadáver y desnudarlo, trasladarlo a la cámara frigorífica e introducirlo en la misma; anotar, etiquetar y empaquetar, extraer el cadáver de la cámara frigorífica y colocarlo en la mesa de autopsias, así como preparar el instrumental necesario para la realización de la autopsia.

Además, durante el proceso, realiza las funciones de auxiliar bajo dependencia facultativa en las técnicas de apertura y extracción de órganos, así como pesaje, medida y toma de muestras de los lugares indicados para su conservación, embalaje, etiquetado y envío. Tras el examen post mortem, este personal desarrolla otras labor comola sutura exterior no visible del cadáver y su adecentamiento.

CSIF explica que estos profesionales realizan funciones y tareas muy por encima del auxilio al personal facultativo durante la realización de las autopsias y precisa que la titulación existente a día de hoy que realmente los habilita para este trabajo es un ciclo formativo de Grado Superior: Técnico Superior en Anatomía Patológica o el certificado de profesionalidad correspondiente.

“Profesionales a precio de saldo”

No obstante, el responsable del Sector de la AGJA en CSIF ha denunciado que “la Administración contrata personal cualificado y le paga conforme a su catálogo de categorías profesionales que exige estar en posesión del título de Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación profesional de Primer Grado (sirve cualquiera) o formación laboral equivalente. Es decir, profesionales a precio de saldo”, ha criticado.

CSIF lamenta que los Presupuestos del 2023 no recojan ninguna partida presupuestaria para cumplir con lo prometido por parte de la Administración en el 2022 respecto a la reclasificación del personal auxiliar de autopsia al grupo III y con respecto a la ampliación de la plantilla para prestar un servicio de calidad, ya que existía un compromiso inicial que era incrementarlas en nueve profesionales más. Igualmente, la Junta tenía el compromiso de incluir en el complemento de puesto de trabajo, el plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad.

“Nada de lo prometido en relación a este personal se ha llevado a cabo y además para el presente ejercicio tampoco hay consignación presupuestaria para incremento de plantilla”, ha concluido el responsable de la central sindical.