Alfredo Gómez López, Amador Maldonado García, Francisco Fernández Villavieja, Nicomedes González Pablo, Pedro López Martín y Román Navarro Valera, incluidos en una publicación oficial del BOE

El Gobierno central ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los datos de los 4.427 españoles que murieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen entre 1940 y 1945, de los que 11 son de la provincia de Huelva y, seis de ellos, de la Cuenca Minera de Riotinto, comarca objeto de TINTO NOTICIAS.

El objetivo de la publicación de los nombres de estas personas, cuyas defunciones nunca fueron inscritas en el Registro Civil, es, por un lado, que sus descendientes puedan cotejar los datos disponibles, y, por otro, reconocerlas y devolverles la dignidad, una dignidad que ha sido devuelta así a seis personas de la Cuenca Minera de Riotinto: cinco de Nerva y una de El Campillo.

Los nombres de estas seis personas que aparecen en esta publicación oficial, a la que ha accedido este periódico, son Alfredo Gómez López, de Nerva, fallecido el 17 de noviembre de 1941; Amador Maldonado García, de El Campillo, fallecido el 16 de octubre de 1942; Francisco Fernández Villavieja, de Nerva, fallecido el 10 de diciembre de 1942; Nicomedes González Pablo, de Nerva, fallecido el 22 de agosto de 1941; Pedro López Martín, de Nerva, fallecido el 22 de julio de 1941; y Román Navarro Valera, de Nerva, fallecido el 11 de enero de 1942.

Los seis fallecieron, concretamente, en el campo de Gusen, al igual que un sexto nombre que hay que añadir, el de Francisco López Bermúdez, quien, aunque nacido en Aracena, residía en Nerva, municipio en el que llevó a cabo toda su actividad política que motivó su apresamiento en el campo de concentración nazi. López Bermúdez falleció en Gussen el 30 de diciembre de 1942.

La lista publicada en el BOE ha sido coordinada por un grupo de historiadores dirigidos por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Gutmaro Gómez Bravo, tal y como ha adelantado el diario El País, donde el profesor asegura que “hay datos de apellidos o lugares de origen que pueden ser erróneos porque muchos prisioneros de guerra tenían miedo de que hubiera represalias contra sus seres queridos o compañeros políticos”, motivo por el que se abre un proceso de alegaciones.

Además, cuando la España franquista recibió los archivos, los escondió, lo que impidió que los familiares de las víctimas pudieran reclamar compensaciones a Alemania y a Francia, añade el director del grupo de historiadores, quienes, además de los 4.427 nombres que aparecen en los libros de la sede del Registro Civil Central, han incluido a otros 695 que han sido fruto de su trabajo de investigación.