El Ayuntamiento defiende que la sentencia no le obliga a evitar el desahucio de la familia de Nerva

El Consistorio destaca además que «en ningún momento ha dejado de atender» a los afectados

El Ayuntamiento de Nerva ha salido al paso de la información publicada por TINTO NOTICIAS en la que este periódico se hacía eco de que una familia de la localidad ha pedido al Consistorio que paralice su desahucio tras una sentencia judicial que, según los propios afectados, Sergio García y Alba González, establece que éstos «tendrían derecho a las ayudas públicas para paralizar este desahucio» y que «tendría que ser el propio Ayuntamiento de Nerva el que iniciara este proceso».

Frente a la versión de la familia, desde el Área de Igualdad y Políticas Sociales del Consistorio nervense defienden que, por el contrario, «no existe sentencia alguna que avale la ocupación ilegal como puente para la adjudicación de una vivienda pública, tal y como se deriva de la sentencia» a la que se alude en la referida información, añaden desde el Consistorio, que reprocha a esa noticia el hecho de que «omite el literal» en el que la sentencia subraya que «en modo alguno autoriza» a la citada familia a la «ocupación actual».

No obstante, la información de TINTO NOTICIAS a la que se refiere el Ayuntamiento, que puede verse haciendo click en este enlace, en ningún momento asegura que la sentencia judicial obligue al Consistorio a paralizar el desahucio, pues la noticia se limita a hacerse eco de que la familia afectada asegura que, en virtud de la citada sentencia, «tendrían derecho a las ayudas públicas para paralizar este desahucio» y «tendría que ser el propio Ayuntamiento de Nerva el que iniciara este proceso», pero en ningún caso se informa de que la familia tenga razón ni de que la sentencia avale su versión.

Además, la referida información en ningún momento señala que la sentencia autorice a la familia a la ocupación actual. Todo lo contrario, pues en ella se indica textualmente que «la sentencia habla de una ocupación ilegal, puesto que ambos viven en una VPO que nunca ha sido adjudicada». Además, este periódico tampoco omitió esa frase de la sentencia a la que alude el Ayuntamiento, pues esa información no alude en ningún momento a ninguna frase textual de la misma, sino que únicamente se hace eco de manifestaciones realizadas por el matrimonio afectado.

Asimismo, a través de un comunicado remitido a este periódico, el Ayuntamiento de Nerva defiende que, en el caso de esta familia, no procede la adjudicación de la vivienda al margen de la legalidad vigente, pues no se cumplen los requisitos que se recogen para ello en la ley que regula la adjudicación de viviendas protegidas en Andalucía, argumentan desde el Consistorio, que asegura que, en virtud de la situación de esa familia, «no procede el diagnóstico de situación de extrema necesidad y de urgencia», tal y como indica en el siguiente fragmento del comunicado, que textualmente dice lo siguiente:

Los desahucios son ejecutados por los propietarios de las viviendas, AVRA, en vía judicial, y solo en el caso de que las circunstancias sean de extrema gravedad y se justifiquen carencias personales, económicas, laborales o de otra índole que en su conjunto provoquen una situación de exclusión social, según recoge el artículo 13 apartado b de la ley que regula la adjudicación de las viviendas protegidas en Andalucía, se podrá adjudicar una vivienda ocupada ilegalmente al margen de la legalidad vigente. Y este no es el caso que nos ocupa, como ya se informó a la familia en las sucesivas reuniones mantenidas con ella en su día. Con los datos recabados por esta administración, aportados por la familia, sobre la situación económica, laboral, social y demás carencias personales evaluables por el equipo de servicios sociales, no procede el diagnóstico de situación de extrema necesidad y de urgencia.

Además, desde el Área Municipal de Igualdad y Políticas Sociales explican que, «para la adjudicación de vivienda pública, existe un reglamento municipal que deriva de un registro de necesidad de vivienda en el que actualmente hay inscritos unos 80 vecinos y vecinas de este municipio, en virtud del cual se hacen las propuestas a AVRA para que realice la adjudicación oportuna», añaden desde el Ayuntamiento, tras lo que lamenta que, «cuando se ocupa de forma ilegal una vivienda pública, se está privando a estos vecinos de su derecho a una vivienda».

De otra parte, a través del mismo comunicado, desde el Consistorio defienden que «en ningún momento ha dejado de atender a la familia, puesto que han sido varias las reuniones mantenidas, en concreto hasta en cuatro ocasiones, para informarles y orientarles sobre su situación. Y se mantendrían las que fueran necesarias en caso de tener alguna novedad al respecto de su situación, volviéndose a citar nuevamente a los afectados», agregan, además de incidir en que «en ningún caso esta administración local ha dejado de cumplir con sus obligaciones para con los vecinos y vecinas de nuestro municipio a este respecto».

Por último, desde el Ayuntamiento anuncian que, «ante las calumnias» que según el Consistorio han sido «vertidas sobre esta administración y algunos de sus trabajadores y trabajadoras tras la publicación» de la referida información, «nos vemos en la obligación de informar que se tomarán las medidas legales oportunas para proteger del daño moral y acoso a que dichos trabajadores/as están siendo sometidos», concluyen.