Han solicitado a los responsables del consistorio una reunión, pero no han obtenido respuesta
Hace ya casi 20 días desde que Sergio García y Alba González, padres de dos hijos en el municipio de Nerva, pidieron una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Nerva en materia de vivienda y servicios sociales para que revisen su situación. Hace unos meses el propio consistorio ya les negó la posibilidad de adjudicarles la vivienda que habitan, porque según sus cálculos rebasaban los límites de ingresos del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para poder estar en dicha vivienda. Sin embargo, ellos defendieron desde el principio que sus recursos eran muy escasos y junto a un abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han acudido a los tribunales quienes, según han asegurado los afectados «tendrían derecho a las ayudas públicas para paralizar este desahucio, pero que tendría que ser el propio ayuntamiento de Nerva el que iniciara este proceso».
La sentencia habla de una ocupación ilegal, puesto que ambos viven en una VPO que nunca ha sido adjudicada, pero del mismo modo apela a la capacidad del ayuntamiento para tener en cuenta esta situación y poder adjudicar la vivienda. Una situación que además cuenta con un tinte más dramático, la operación a corazón abierto a la que se tendrá que someter el hijo menor de la familia por sus problemas cardiacos después de navidades, una operación que obligará a la madre a dejar su trabajo en el campo para cuidar del pequeño (el padre ha conseguido trabajo en la mina).
Si el Ayuntamiento de Nerva no reacciona ante esta situación dramática, en un par de meses podría iniciarse el desahucio que dejara en la calle a esta familia sin recursos.
El nacimiento del pequeño obligó a la madre a dejar de trabajar para atender a su hijo, por lo que la familia se quedó sin ingresos suficientes para adquirir una vivienda, lo que motivó que, hace ahora algo más de dos años, ocupara una vivienda pública de la Junta de Andalucía que llevaba seis años deshabitada.
Pese a ello, la Junta de Andalucía le notificó, antes del confinamiento, que tenía un plazo de un mes para abandonar la casa si antes de 15 días no presentaba alegaciones que justificaran su permanencia en la vivienda, tras lo que la Administración autonómica denegó tales alegaciones y le dio otro mes de plazo para desalojar el inmueble.
El confinamiento provocó la paralización de este proceso, pero una vez decretado el fin del primer estado de alarma la situación se volvió a complicar.
La única ayuda que han obtenido en los últimos tiempos es de Cruz Roja, quién también les ha facilitado un cheque de 250 euros para los próximos meses. Sergio, en declaraciones a Tinto Noticias se pregunta que «Si tenemos derecho a un cheque de la Cruz Roja para alimentación ¿cómo no lo vamos a tener para una vivienda?» por lo que ha pedido al Ayuntamiento de Nerva que los atienda y «vuelva a revisar su caso».
