La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de la mina de Riotinto por sustraer presuntamente explosivos de las instalaciones mineras, un hecho en el que están implicados, en calidad de investigados, otros dos empleados de la mina. Los tres están a disposición judicial por los presuntos delitos de sustración, tenencia, depósito y tráfico de explosivos. 

Así lo han comunicado desde la propia Guardia Civil de Huelva, que inició la operación, denominada ‘Antracita’, el pasado mes de enero, cuando detectó “actividades irregulares por parte de personal de la citada explotación minera, ya que se tuvo conocimiento de la utilización de explosivos en la realización de unas obras particulares en una finca de la localidad de Santa Ana la Real”, aseguran.

Este hecho motivó el comienzo de la investigación de la Guardia Civil, que a continuación descubrió que se habían detraído explosivos de las actividades cotidianas de la mina. Una vez constados los hechos, y tras ser puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial, procedió a la entrada y registro de una finca propiedad del principal acusado, donde se incautó el siguiente material explosivo: 1.864 gramos de sustancia explosiva (pentrita y TNT), 23 detonadores y 530 metros de tubo de transmisión para voladuras.

Una vez intervenido y asegurado el material explosivo por personal especializado del Grupo de Desactivación de Explosivos de la Comandancia de Huelva, fue puesto a disposición judicial y se procedió a la detención del principal acusado.

Esta operación es fruto de las acciones de inteligencia enmarcadas dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil que, al ser el cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas y explosivos, ejerce un control exhaustivo sobre las mismas y hace un seguimiento “muy estrecho” de este tipo de conductas ilegales.

Según las mismas fuentes, con la presente actuación se ha impedido que el explosivo incautado pudiera ser utilizado de forma irregular, así como su posible desvío al mercado negro, “con las consecuencias imprevisibles y graves que ello puede traer consigo para la seguridad ciudadana”, añaden.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino.