Patricia Hurtado solicita al Juzgado de lo Social 1 de Huelva la ejecución de la sentencia dictada en noviembre de 2018 que obligaba al Ayuntamiento a readmitirla o indemnizarla
Una extrabajadora del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, Patricia Hurtado, que ejerció como monitora deportiva municipal desde el 7 de abril de 2015 hasta el 20 de septiembre de 2017, ha solicitado, a través de un escrito presentado en el Juzgado de lo Social número 1 de Huelva, la ejecución de la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2018 por ese mismo juzgado, que, tal y como ya informó TINTO NOTICIAS a través de esta publicación, estimó parcialmente la demanda presentada por Hurtado, de modo que declaró “improcedente” el despido y obligó al Consistorio a readmitirla o indemnizarla con la cantidad de 5.065,43 euros.
En el escrito presentado por la extrabajadora municipal, que ha sido remitido a este periódico, se indica que la sentencia fue notificada al Ayuntamiento el 14 de diciembre de 2018 y que hasta el momento “no se ha procedido a su cumplimiento”, por lo que suplica al juzgado que se decrete la readmisión de la demandante o que “se proceda al embargo de las cuentas corrientes del Ayuntamiento de Minas de Riotinto” para saldar una cantidad que, según Hurtado, debe ascender a 6.576,35 euros, de los que 5.056,43 son el principal y 1.519,92 corresponden a intereses y costas.
Asimismo, en el escrito de la extrabajadora se señala que la decisión del Consistorio de optar por la indemnización, que fue comunicada por el propio Ayuntamiento al mismo juzgado el pasado 17 de diciembre, no se tomó “con arreglo a las normas impuestas por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local”, para lo que Hurtado, bajo la dirección letrada de Javier Hunt, se basa en el hecho de que no se convocó ningún órgano de gobierno municipal “para tratar y acordar dicha opción”.
Sin embargo, la demandante considera que la decisión del Consistorio “implica tanto la comunicación formal en sí dentro de plazo como la adopción de un acuerdo por parte del Ayuntamiento de Minas de Riotinto dentro de los cauces legales para la toma de decisiones”, algo, esto último, que, según Hurtado, no se ha producido, por lo que defiende que “se debe considerar la readmisión de la trabajadora”, ya que, según se añade en el escrito, la sentencia advertía de que, si no se comunicaba una decisión en el plazo de cinco días, “procederá la readmisión”.
Por su parte, desde el Consistorio riotinteño entienden que la decisión se tomó correctamente y que se abonará la indemnización en cuanto sea posible. “Nuestros abogados son los que llevan ese tema y cualquier decisión que se haya tomado es la que aconsejan los abogados”, ha declarado la alcaldesa, Rosa Caballero, para quien “estas decisiones no se pueden tomar por criterio personal, sino conforme a lo que marca la ley”.
