El Gobierno aportará cinco millones para acabar con los asentamientos de temporeros en Huelva

Enrique Santiago anuncia la firma el próximo viernes de un protocolo de acción entre el Ministerio de Derechos Sociales y la Junta de Andalucía

El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha anunciado este lunes en el Senado que, el próximo viernes, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Junta de Andalucía firmarán un protocolo de acción para la puesta en marcha de soluciones habitacionales para los trabajadores temporeros del campo que residen en infraviviendas en la provincia de Huelva y, en concreto, en los municipios de Lepe y Moguer.

«Vamos a firmar un convenio, esta Secretaría de Estado, para aportar 5 millones de euros para acabar con este problema de asentamientos irregulares de trabajadores temporeros del campo. Parece mentira que siendo el sector agrícola tan fundamental se haya permitido que vivieran en una situación absolutamente indigna tantos trabajadores», ha subrayado Santiago durante su intervención en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así, Santiago ha destacado que el Ministerio de Derechos Sociales ha movilizado recursos para comenzar a dar una solución ante los «vergonzantes requerimientos» que ha hecho Naciones Unidas a España para acabar con estos asentamientos, aunque ha recordado que es «competencia de las comunidades autónomas».

Santiago se desplazará este viernes hasta la provincia de Huelva para firmar este convenio con la Junta de Andalucía y con los dos ayuntamientos que han presentado sus proyectos concretos con aval técnico, tal y como se solicitó por parte de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.

Santiago ha dado las gracias tanto a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, como a los alcaldes de Lepe y Moguer, por el trabajo desempeñado.

Un acuerdo acaba con la exclusión financiera de los temporeros en Huelva

Fundación Caja Rural e Interfresa renuevan su colaboración por la integración plena del colectivo

Una de las cuestiones que más dificultad causa a los trabajadores extranjeros con contrato en origen es la gestión de sus cuentas y la realización de trámites bancarios. El idioma es una de las principales barreras, pero también la falta de comprensión de la operatividad bancaria española, lo que ha causado a lo largo de estos años grandes dificultades a este colectivo a la hora de realizar sus gestiones con seguridad y comodidad.

«Conscientes y sensibilizados» con esta situación, el año pasado la Fundación Caja Rural del Sur y la Interprofesional de los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa, firmaron un convenio de colaboración cuyo objetivo era sumar esfuerzos para que los temporeros y temporeras, especialmente los de otras nacionalidades, pudieran acceder a la operatividad bancaria de Caja Rural del Sur, «acabando así con la exclusión del sistema financiero español que en muchas ocasiones estaban padeciendo», siempre con la ayuda de los consultores del Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad de Interfresa (Prelsi), explican ambas partes.

Las dos entidades consideran que la experiencia de la campaña pasada resultó «muy positiva» y, en base a ello, han decidido prorrogar el acuerdo durante esta campaña. La dinámica será la misma: los consultores de integración del Prelsi seguirán recibiendo formación e información en la materia con el fin de que estén al día de las novedades que experimenta el sistema financiero y de los servicios que ofrece Caja Rural del Sur a sus clientes, todo ello para que los trabajadores cuenten con los recursos necesarios para abrir cuentas bancarias –condición imprescindible en España para poder cobrar sus nóminas- y operar en territorio español bajo el principio de información y garantía de sus derechos económicos.

Para Pedro Marín, director gerente de Interfresa, “la renovación del acuerdo es muestra de la sensibilidad social que tiene Caja Rural del Sur y su Fundación y de su afán por la mejora constante de sus servicios financieros, algo que repercute de forma positiva en el bienestar de los usuarios de la entidad”. En este caso, señala Marín, “Caja Rural del Sur, a través del Prelsi, se adapta a las particularidades de un colectivo concreto que sin este servicio se enfrentaría a serias dificultades para gestionar sus propios recursos”.

Por su parte, el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, destacaba que “es muy importante para nosotros la inclusión financiera de todas las personas y con este acuerdo se logra la integración plena de los trabajadores del sector de los frutos rojos que estarán con nosotros varios meses y que necesitan contar con información detallada de la operatividad financiera», todo ello para que «puedan encontrarse como en su propio país», ha añadido, tras lo que ha subrayado que de este modo se suman es esfuerzo junto a los consultores del Prelsi en favor de «la calidad de vida de las personas que vienen a trabajar a nuestra provincia”.

La Junta destinará 600.000 euros a la construcción de dos albergues para inmigrantes en Huelva

Antonio Sanz avanza un proyecto entre la Consejería de Presidencia, Igualdad y Fomento que será financiado con fondos europeos

El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este lunes en Huelva que las subvenciones concedidas por parte del Gobierno andaluz para la construcción de dos albergues de inmigrantes en los municipios onubenses de Lepe y Lucena del Puerto ascienden a 600.000 euros.

Así se ha pronunciado el viceconsejero en el transcurso de una visita a la Delegación del Gobierno en Huelva junto con la directora general de Políticas Migratorias, Mar Ahumada, donde ha destacado que “del millón de euros que tiene la línea 2 para subvenciones de proyectos de este tipo en Andalucía, más de la mitad han venido a la provincia de Huelva”.

“En esta provincia tenemos asentamientos con más de 20 años de antigüedad y, ante este problema estructural, nos hemos volcado a través de la Estrategia Andaluza para la inmigración 2021-2025, de los foros de la inmigración y desde la financiación”, ha sostenido Sanz.

Así, ha reconocido que la infraestructura de Lepe es “muy importante y necesaria” para la localidad. Con un presupuesto de 300.000 euros, se trata de reformar un edificio municipal y adecuarlo como residencia para trabajadores temporeros, creando 38 unidades de alojamiento. Estas unidades se distribuirán en dos plantas y la residencia podrá alojar a 152 usuarios.

En lo que respecta a Lucena del Puerto, el objeto de la financiación es la construcción de un albergue para atención de personas inmigrantes con un montante de 299.464,11 euros.

El complejo que se ha planificado contempla asistir simultáneamente a unos 60 temporeros y el proyecto incluye acceso desde la carretera al albergue, zona de aparcamiento, infraestructuras básicas para los suministros generales y una unidad de módulos habitacionales.

Al respecto, Sanz ha manifestado que desde la Consejería de la Presidencia se está trabajando en coordinación con otras consejerías, al tiempo que ha avanzado que el Gobierno andaluz está terminando de perfilar un proyecto entre las consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior; Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que será financiado con los Fondos Europeos y que «permitirá seguir ofreciendo soluciones para los inmigrantes temporeros que trabajan en la zona», ha concluido.

El albergue juvenil de Punta acogerá a temporeros positivos en covid durante la campaña

Este nuevo recurso, que entra en funcionamiento el próximo día 1 de enero para los casos en los que no puedan garantizar su aislamiento en condiciones óptimas de seguridad

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Familias, pone en marcha en Huelva un centro de evacuación dirigido a acoger a temporeros afectados por Covid-19 que procedan de explotaciones agrícolas en las que no se den las condiciones óptimas de seguridad para realizar su aislamiento con las máximas garantías.

Este nuevo recurso asistencial, que entra en funcionamiento el día 1 de enero en las instalaciones del Albergue Inturjoven de Punta Umbría, responde al compromiso de la Junta de reforzar la seguridad y la salud pública durante el desarrollo de la campaña agrícola en la provincia onubense, que se prolongará hasta mediados del próximo mes de mayo. Un objetivo enmarcado en la Orden de 1 de septiembre de 2020 de la Consejería del ramo, a partir de la cual se ha elaborado el protocolo de actuaciones de detección precoz, vigilancia, control y asistencia sanitaria frente al Covid-19 en las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales con contratación de personas trabajadores temporales.

El centro de evacuación se concibe como un dispositivo de apoyo no medicalizado con personal específico dirigido a facilitar los propios cuidados y el seguimiento indicado a las personas afectadas, a la vez que garantizar su aislamiento cuando en sus viviendas residenciales tengan dificultades para cumplirlo. Con una capacidad de hasta 150 plazas, ofrece servicios de alojamiento 24 horas, catering, limpieza, lavandería y desinfección, así como vigilancia y seguridad. Su plantilla está conformada por un responsable y por profesionales del trabajo social y la mediación intercultural, que oscilan en función del número de usuarios que se encuentren alojados en cada momento.

Desde el punto de vista sanitario cuenta con una enfermera de referencia que se ha contratado de refuerzo y que estará integrada en el centro de salud de Punta Umbría. Su labor se va a centrar en realizar diariamente una valoración del estado de los residentes tanto por vía telefónica como presencial, así como contactar con el médico de familia designado para llevar a cabo un seguimiento clínico de los casos en que sea necesario.

En el supuesto en que se produzca un deterioro de la situación clínica de alguno de los temporeros que aconseje la intensificación de los cuidados, se coordinará de manera inmediata el traslado al hospital.

La derivación de los usuarios al centro, donde deberán permanecer, tal y como estipula el protocolo, un periodo de 10 días, corresponderá a un equipo de trabajadores sociales, incorporados por los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata en concreto de siete nuevos trabajadores sociales, uno por cada centro de salud de los municipios con mayor volumen de población agrícola: Lepe, Cartaya, Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares y Almonte.

Estos profesionales actuarán de enlace entre los referentes Covid seleccionados por las empresas, asociaciones o ayuntamientos en las diferentes explotaciones, el centro de salud correspondiente y el Servicio de Epidemiología, con la finalidad de efectuar el diagnóstico e identificación de los casos, así como el rastreo, evaluación y seguimiento de los contactos estrechos.

Por parte de los inspectores de la Unidad de Protección de la Salud de los distritos también se van a programar visitas a las viviendas vinculadas a las explotaciones agrícolas y otros alojamientos de temporeros para comprobar que se cumplen los planes de contingencia necesarios.

Obligaciones para los titulares de explotaciones

La Orden de 1 de septiembre de medidas preventivas de salud pública en Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus en explotaciones agrarias con temporeros, incluye también una guía diseñada por la Consejería con actuaciones encaminadas a limitar la aparición de brotes en este ámbito, favorecer su detección temprana y mitigar sus consecuencias.

Este documento establece que las personas titulares de este tipo de explotaciones deberán elaborar un plan de contingencia específico ante el Covid-19 previo la contratación de los trabajadores. Asimismo, están obligadas a poner en conocimiento y colaborar con las autoridades sanitarias ante cualquier posible sospecha o caso compatible con la enfermedad.

Por otro lado, los empresarios que disponen de alojamientos deberán habilitar las medidas que permitan el aislamiento de trabajadores contagiados o sospechosos, debiendo asegurar las condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene.

Además, se contempla que en todas las explotaciones se establezcan medidas preventivas respecto a la prevención y control del Covid-19, como son la información y formación de los trabajadores; medidas de limpieza, desinfección y ventilación en vehículos de transporte colectivos; control de acceso a los lugares de trabajo, limitando las visitas de personal y empresas externas a la explotación, uso de zonas comunes y actividad laboral que evite las aglomeraciones y permita mantener la distancia de seguridad; uso de mascarilla obligatorio; establecimiento de grupos de trabajo o cuadrillas estables; identificación y señalización del aforo en zonas comunes; uso individual de los útiles y equipos de trabajo, y colocación de geles hidroalcohólicos en puntos estratégicos.

También se escalonarán las distintas pausas o descansos mediante turnos correspondientes a cuadrillas o grupos de trabajo, se facilitará agua potable de consumo evitando aquellos repartos que conlleven un uso compartido, se garantizará que la persona que tenga un diagnóstico confirmado de Covid-19 o sea considerado contacto estrecho de un caso no acuda a trabajar y se dispondrá de un listado con todos los datos identificativos de los temporeros.