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El Campillo celebra los 89 años de Salvochea

25 agosto, 202025 agosto, 2020 por Víctor Pineda

La localidad conmemora su constitución como municipio con un acto de reconocimiento a diversos colectivos por su labor durante la pandemia

El Campillo celebró este fin de semana el 89 aniversario de su independencia de Zalamea la Real, un acontecimiento que tuvo lugar en los albores de la II República Española, el 22 de agosto de 1936, cuando la hasta entonces aldea zalameña se constituyó como municipio independiente con el nombre de Salvochea.

La conmemoración de esta efemérides tuvo lugar, por primera vez, en la pedanía campillera de Traslasierra, concretamente en la recién bautizada Plaza del Olmo, un espacio público que recientemente ha sido remodelado por el Consistorio campillero y que estrenó su nueva imagen con este ya tradicional acto institucional del Día de la Villa de El Campillo.

Como es tradición, el acto, en el que se guardaron las medidas de seguridad para la prevención del coronavirus, se hicieron una serie de reconocimientos a diferentes personas y colectivos de la localidad, en esta ocasión por su labor durante la pandemia. En concreto, recibieron una Mención Especial todos los autónomos y pymes del municipio, los profesionales sanitarios y cuerpos como la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil.

El acto estuvo presidido por el alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, quien celebró, durante su intervención, los 89 años desde que la localidad de «se convirtió oficialmente en el primer municipio creado por la Segunda República Española, tomando el nombre de Salvochea y uniéndose al mismo otras varias aldeas zalameñas».

«Enhorabuena al municipio de Salvochea, el que el traidor y asesino Queipo de Llano, aún enterrado junto a la imagen de la Virgen de la Macarena, ordenó públicamente, a través de la radio, su total desaparición, días antes del asalto de sus tropas al lugar. Al mes ordenó devolverle el nombre que tuvo como aldea con el comentario añadido de que nunca mereció ser municipio», agregó Jiménez.

«A mi abuelo le rociaron de gasolina y le prendieron fuego»

28 julio, 2019 por Redacción

Doy a conocer el testimonio que me dejó mi madre sobre el asesinato de su padre, Miguel Moreno Castilla, en agosto de 1936:

En el mes de julio, cuando ella tenía 11 años, de madrugada llegaron a la casa muchos escopeteros a llevarse a mi abuelo a la cárcel del pueblo (Salvochea, actualmente El Campillo).

Mi abuelo, su padre, contaba ella, era una persona muy trabajadora, afable. Nunca le puso una mano encima para pegarle. Con mirarla tenía suficiente.

Era el electricista del pueblo y también comerciante. Tenían una tienda en su domicilio que regentaba su madre ayudada por su hermana de 16 años. Además su madre era modista y confeccionaba delantales, vestidos, ropa para llevar a la mina y bolsas para la comida.

Mi madre era la que le llevaba a la cárcel la comida a mi abuelo a diario. Cuenta que los asesinos cogieron a la patrona del pueblo con una cuerda por el cuello y la arrastraban por toda la calle principal y diciendo: «rezarle ahora».

A las varias semanas llegaron sus hermanos diciendo que se oía que les iban a quemar la casa donde vivían y tuvieron que huir a Zalamea la Real.

Al llegar dos escopeteros le hicieron a mi madre quitarse la cruz que llevaba colgada al cuello. Antes de quemar la casa pusieron un camión delante de ella y la saquearon, para después poner bombas y quemarla.

Yo he visto las losas sueltas y quemadas del suelo, pues mi abuela no tenía dinero para arreglarlo. También las rejas de la casa estaban torcidas hasta que hace varios años se arreglaron.

A mi abuelo Miguel lo pusieron en un carro de la carne, le rociaron de gasolina y le prendieron fuego. De él solo apareció la dentadura postiza, según me contó mi madre.

Ella se preguntaba: «¿porque le hicieron esto a un hombre que no pertenecía a ningún partido político y que era bueno, afable?».

Actualmente, esto lo intentan tapar todos los que dicen que son progresistas. Yo me considero progresista con la mente abierta y todo lo que he conseguido en la vida ha sido a base de mi trabajo, pero la realidad de lo que hizo la izquierda en la guerra civil no se debe ocultar como según mi visión se está haciendo.

Espero con este escrito no molestar a nadie, solo dignificar la memoria y sufrimiento de mi madre y su familia. Gracias.

María José Cuevas, nieta de Miguel Moreno Castilla

Collado sale en defensa de los campilleros en el caso de la cárcel de Salvochea

25 julio, 2019 por Víctor Pineda

El historiador nervense critica que se dé por probado que los habitantes del municipio fuesen los autores del suceso ocurrido el 25 de agosto del 36

El historiador nervense Miguel Ángel Collado ha salido al paso del estudio realizado por los investigadores Gilberto Hernández Vallecillo y Alfredo Moreno Bolaños sobre los sucesos acaecidos el 25 de agosto de 1936 en la cárcel de Salvochea (ahora El Campillo), desgranado por ambos autores a través de su artículo ‘El estigma rojo de la Cuenca Minera de Río Tinto: Salvochea, Agosto 1936’, publicado en TINTO NOTICIAS -El Periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-.

Tras conocer este estudio, en el que se reafirma el «relato tradicional» del franquismo sobre aquellos hechos, Collado, que ya publicó una investigación sobre tales sucesos en su tesis doctoral, con la que consiguió Sobresaliente Cum Laude, incide en que los documentos en los que se basan Hernández Vallecillo y Moreno Bolaños carecen de legitimidad o, cuanto menos, deben ser considerados «con la mayor de las cautelas».

Por un lado, el historiador nervense se refiere a los expedientes resultantes de los Consejos Sumarísimos a los que algunos salvocheanos fueron sometidos después de que su pueblo «cayera» en manos de los golpistas, expedientes «sesgados» y «adaptados a unos intereses políticos muy determinados e influenciados por unas circunstancias que, cuanto menos, deben ser tenidas en cuenta», sostiene Collado a través de este artículo, publicado también en este periódico.

En concreto, el historiador nervense argumenta, entre otros aspectos, que la mayoría de las declaraciones judiciales «repiten, casi literalmente, el mismo relato, circunstancia esta que evidencia que hay algo detrás de las mismas», señala, al tiempo que recuerda que «los acusados declaraban después de haber sido coaccionados y sin las más mínimas garantías de defensa» y que solían ser juzgados «por prácticamente todo lo que hubiera ocurrido en sus municipios, independientemente de que estuviera demostrada su participación en todos ellos».

De otro lado, el historiador nervense se refiere al resto de documentos utilizados por los autores del antes citado estudio: los textos aparecidos en la prensa provincial, las actas de los Plenos del Ayuntamiento de 1937 y las anotaciones del sacerdote de El Campillo en el libro de bautismos. «Tanto unos como los otros son producto de las consideradas víctimas de los rojos y, valga decirlo, reproducen la misma relación de los hechos que aparece en la documentación judicial», señala Collado, a lo que añade que la prensa de entonces «estaba sometida a censura militar, lo que significa la ausencia de cualquier versión que contradiga a la que podríamos denominar oficial».

Por todo ello, el historiador nervense ve obvio que, «en la medida de que se trata de versiones dadas por la misma parte, estos relatos no demuestran que los salvocheanos fueran los responsables del incendio de la cárcel». Lo único que evidencian, añade, es que «entre los afines a los alzados había unanimidad a la hora de culpabilizarlos de tal suceso», pero no que fuesen los responsables.

Con todo, «yo no voy a decir que no lo hicieran. No creo que sea posible hacerlo», agrega, pero añade un dato que apunta a que los autores del suceso pudieron ser los golpistas: «Salvochea fue bombardeada tanto por tierra como por aire», por lo que «es posible que una de aquellas bombas cayera en la cárcel, máxime cuando es de sobras conocido que sus habitantes huyeron del pueblo en aquellos mismos momentos y que se desconoce dónde cayeron los artefactos explosivos», defiende Collado.

Fuentes, Historia y los sucesos de la cárcel de Salvochea

25 julio, 2019 por Miguel Ángel Collado

Aunque pueda parecer lo contrario, la investigación histórica requiere de cierta preparación intelectual que, pese a que no tenga que adquirirse necesariamente en la Universidad, asegure que los textos que salgan de ella cumplan con unos mínimos de rigurosidad.

Así, no es concebible que un historiador digno de tal nombre se limite a reproducir los documentos que, efectivamente, son la base de su trabajo. Muy al contrario, quien pretende escribir Historia tiene la obligación de someter sus fuentes a una revisión profunda, en la que se las critica y contextualiza en el momento en el que fueron producidas.

Si no fuera así, seguiríamos pensando que Roma fue fundada por dos gemelos que fueron amamantados por una loba, que Santiago Apóstol guiaba a las huestes cristianas durante la Reconquista o que los sevillanos del s. XVII terminaron con la epidemia de peste por haberse encomendado a la Virgen.

Por otra parte, además de la revisión documental, los historiadores están obligados a conocer la bibliografía referente a su tema de estudio para, de un lado, evitar creer que han descubierto unos documentos que ya han sido usados por otros y, por otro, impregnarse de las posibles interpretaciones a las que se puede llegar en base a ellos. Si además controlan la literatura que les afecta más lateralmente, sin lugar a dudas, sus obras serán mucho más ricas en todos los sentidos.

Por último, siendo la Historia una disciplina que aspira a ser científica, nadie que la practique puede dar sus relatos como definitivos, porque la verdad histórica es algo así como la utopía de Galeano:

«La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso: sirve para caminar.».

Es decir, que la labor del historiador, aparte de requerir unas dotes intelectuales que aseguren un mínimo de calidad a sus producciones, también necesita de una honestidad mínima para no creer en ningún momento que sus relatos son definitivos o que son poseedores de una verdad absoluta que, por cierto, sólo está en manos de las deidades.

La razón de que haya descrito, aunque haya sido sucintamente, cuáles son las premisas básicas de la labor historiográfica no es otra que salir al paso de un artículo, aparecido hace poco más de una semana en este mismo medio, en el que los autores se refirman en el relato tradicional acerca del incendio de la cárcel de Salvochea durante el 25 de agosto de 1936.

En su artículo, Moreno Bolaños y Hernández Vallecillo no sólo utilizan una documentación que es sobradamente conocida por los investigadores desde hace años, sino que además la dotan de una legitimidad que está muy lejos de tener.

En el segundo de los aspectos, el referente al contenido de la documentación utilizada, los autores hacen uso de los expedientes resultantes de los Consejos Sumarísimos a los que algunos salvocheanos fueron sometidos después de que su pueblo “cayera” en manos de los golpistas. Estos documentos, lo sabe cualquiera que haya tenido un acercamiento aunque sea lateral a la justicia del primer franquismo, pueden ser utilizados para estudiar muchos aspectos de la vida durante la II República y el periodo abierto tras el golpe de Estado, pero siempre teniendo en cuenta que en aquél momento no puede hablarse de una justicia “independiente” y muchísimo menos carente de intencionalidad política: se estaba produciendo un genocidio y los jueces, que además solían ser militares sin ningún tipo de preparación jurídica, estaban plenamente implicados en él. Es decir, que la separación de poderes y la independencia judicial que, como se suele decir, caracteriza a los regímenes liberal-democráticos, simplemente, no existía en la España de Franco.

Esta circunstancia, que no es baladí, no es la única a considerar en la documentación judicial empleada por Moreno Bolaños y Hernández Vallecillo, sino que también hay que considerar otras que imponen que esos expedientes tengan que ser considerados con la mayor de las cautelas:

1. Que el clima en el que se vivía era del terror más absoluto, lo que sin lugar a dudas condicionaría de forma determinante las declaraciones de los testigos en los procesos judiciales.
2. Que esas declaraciones tenían lugar en los mismos cuartelillos de la Guardia Civil en los que se torturaba y muchas veces se asesinaba a los detenidos, lo que imponía adaptar lo que se dijese a la necesidad de evitar ser víctimas de la “justicia”.
3. Que la mayoría de las declaraciones que utilizan los autores repiten, casi literalmente, el mismo relato. Circunstancia esta que evidencia que hay “algo” detrás de las mismas.
4. Que los acusados declaraban después de haber sido coaccionados, muchas veces de forma violenta, y sin las más mínimas garantías de defensa: presunción de inocencia, presencia del abogado defensor, etc.
5. Que los “juzgados” solían serlo por prácticamente todo lo que hubiera ocurrido en sus municipios, desde los incendios de las iglesias hasta los insultos proferidos a los derechistas, independientemente de que estuviera demostrada su participación en todos ellos.

Aparte de esto, es de señalar que en los expedientes judiciales a los que me estoy refiriendo suele haber informes acerca de los acusados que, además de ser casi siempre copias exactas unos de otros, estaban firmados por las cuatro figuras base del Estado franquista en los municipios: el cura, el alcalde, el jefe de FET y de las JONS y el comandante de puesto de la Guardia Civil.

Con todo, creo que ha quedado claro que los relatos que aparecen en esa documentación son sesgados, adaptados a unos intereses políticos muy determinados e influenciados por unas circunstancias que, cuanto menos, deben ser tenidas en cuenta. Si todo ello no se considera, hay que señalarlo, se corre el riesgo de no construir un relato historiográfico mínimamente creíble y de algo mucho más grave: dotar de legitimidad a las instituciones fruto de un golpe de Estado y nacidas para amparar un genocidio.

Para evitar caer en esto último, suele recurrirse a unos relatos alternativos que también deben ser sometidos a crítica. En el caso que me ocupa, lo autores recurren a los textos aparecidos en la prensa provincial, a las actas de los Plenos del Ayuntamiento de 1937 y a las anotaciones del sacerdote de El Campillo en el libro de bautismos. Tanto unos como los otros son producto de las consideradas “víctimas de los rojos” y, valga decirlo, reproducen la misma relación de los hechos que aparece en la documentación judicial. Además, en el caso de la prensa hay que decir que estaba sometida a censura militar, lo que significa la ausencia de cualquier versión que contradiga a la que podríamos denominar “oficial”.

Obviamente, en la medida de que se trata de versiones dadas por la misma parte, estos relatos no demuestran que los salvocheanos fueran los responsables del incendio de la cárcel, sino que son una evidencia de que entre los afines a los alzados había unanimidad a la hora de culpabilizarlos de tal suceso. Yo no voy a decir que no lo hicieran, no creo que sea posible hacerlo al menos con la rotundidad acusadora del artículo al que vengo respondiendo, pero sí que voy a afirmar que Salvochea fue bombardeada tanto por tierra como por aire y que es posible que una de aquellas bombas callera en la cárcel, máxime cuando es de sobras conocido que sus habitantes huyeron del pueblo en aquellos mismos momentos y que se desconoce dónde cayeron los artefactos explosivos.
En lo referente a la documentación en sí, ya he avanzado que no se trata de ningún hallazgo ni que aporte datos inéditos, sino todo lo contrario:

1. Los expedientes de los Consejos Sumarísimos están digitalizados y son accesibles a cualquier persona que quiera consultarlos, por estar alojados en la web de la Diputación Provincial de Huelva desde hace varios años. Yo mismo los llevo consultando desde el año 2012 y me consta, porque así se afirma en la propia página que los alberga, que empezaron a digitalizarse 6 años antes.
2. La prensa provincial de la época también está digitalizada y es de libre acceso, pudiéndose consultar tanto en la página web del Ayuntamiento de Huelva (La Provincia y El Diario de Huelva entre otras cabeceras) como en la de la ya mencionada Diputación (Odiel y alguno más).
3. La colección completa de El Socialista está disponible, también desde hace años, en la web de la Fundación Pablo Iglesias (no “Fondo”, por cierto).
4. El relato que el párroco de El Campillo dejó anotado en el Libro de Bautismos apareció publicado en un libro de 1968 que, para más inri, es citado con bastante frecuencia por quienes nos dedicamos al estudio de los años 30 en esta zona: Juan Ordóñez Márquez: La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva. 1931-1936, Madrid, CSIC, 1968, p. 157.
5. Los documentos albergados en los distintos Registros Civiles, además de ser de acceso público, carecen de interés sobre el particular por tratarse de meros certificados de defunción.
6. Los Libros de actas capitulares del Ayuntamiento de Salvochea-El Campillo están al alcance de cualquiera y han sido utilizados en multitud de ocasiones. Por ejemplo, en el libro que escribieron varios investigadores de la Universidad de Huelva hace algunos años y que, por cierto, coincide con este artículo a la hora de culpabilizar a los salvocheanos del incendio de la cárcel (Mª Dolores Ferrero Blanco, Cristóbal García García y José Manuel Vázquez Lazo: El Campillo. De la independencia a la democracia, Huelva, Servicio de publicaciones de la Universidad de Huelva y Ayto. de El Campillo, 2007, pp. 201-210).

En conclusión, sin entrar en los aspectos formales de un artículo que más bien parece una mera relación de nombres y datos, creo que está bien claro que el texto de Moreno Bolaños y Hernández Vallecillo no puede considerarse, ni de lejos, como algo novedoso y muchísimo menos como la obra de historiadores propiamente dichos. Todo ello no tiene por qué suponer algo negativo, de hecho me parece muy loable que alguien dedique su tiempo a la investigación histórica sin ser esta su profesión, pero en este caso existe una carencia interpretativa que no podía pasar por alto, la de considerar legítimos los juicios franquistas.

Por este motivo he decidido contestar, pero también porque estoy plenamente convencido de que la labor del historiador pasa por la búsqueda de una verdad inalcanzable, pero cercana si se emplean los medios adecuados. Lo he hecho sin acritud, no puedo tenerla hacia personas a las que ni siquiera conozco, y espero no haberla generado.

Por Miguel Ángel Collado, historiador

Elaboran una nueva investigación sobre la «masacre» de la cárcel de Salvochea

16 julio, 201915 julio, 2019 por Víctor Pineda

Los investigadores Gilberto Hernández Vallecillo y Alfredo Moreno Bolaños sostienen que los asesinatos fueron perpetrados por el Comité de Defensa de la República y no por la aviación franquista

Dos investigadores locales de la Cuenca Minera de Riotinto, el campillero Gilberto Hernández Vallecillo y el riotinteño Alfredo Moreno Bolaños, han elaborado una nueva investigación sobre los famosos hechos ocurridos el 25 de agosto de 1936 en la cárcel o depósito municipal de El Campillo, llamado entonces Salvochea, donde fueron asesinadas 11 de las 26 personas que se encontraban encarceladas.

Hernández Vallecillo y Moreno Bolaños consideran, en virtud de este nuevo estudio, que lo sucedido en la cárcel salvocheana no fue consecuencia de un bombardeo de la aviación franquista, como sostienen otras investigaciones publicadas, sino una «masacre» promovida por el Comité de Defensa de la República (C.D.R.), que se había creado nada más estallar el golpe de estado, el 18 de julio, y tenía su «principal núcleo» precisamente en la antigua Salvochea, tal y como ha explicado el propio Moreno Bolaños en declaraciones a TINTO NOTICIAS -El Periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-.

«Es cierto que el 25 de agosto hubo un bombardeo en Salvochea, pero por la mañana y en una zona muy alejada de la cárcel, donde estos hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la tarde», sostiene el investigador riotinteño, autor del libro ‘Génesis del Anarquismo en Minas de Río Tinto’, donde se abordan, entre otros muchos aspectos, los famosos sucesos ocurridos el 4 de febrero de 1888 en el antiguo pueblo de Riotinto y que han pasado a la historia con el nombre del Año de los Tiros.

Con este nuevo estudio, Hernández Vallecillo y Moreno Bolaños dan por buena, por tanto, la tesis que siempre defendió el franquismo y que fue seguida por muchos de los familiares de las personas asesinadas, refrendada también en el libro ‘El Campillo. De la independencia a la democracia’, publicado por la Universidad de Huelva en 2007 por encargo del Ayuntamiento de la localidad y escrito por los historiadores María Dolores Ferrero, Cristóbal García y José Manuel Vázquez Lazo.

Doce años después de aquella publicación, con la que el Consistorio campillero quiso conmemorar el 75 aniversario de la emancipación de la localidad, que se constituyó como municipio en 1931 con el nombre de Salvochea, los dos investigadores locales se basan en varias fuentes documentales, como las Actas Capitulares (AMEC), los documentos sumariales de los procesos judiciales (AMHDH) y otros documentos de índole variada en el Legajo Taylor (AHMFRT), así como en la transmisión oral, la hemerografía y testimonios de familiares de los asesinados y de algunos de los presos que salvaron su vida.

Todo ello ha sido utilizado por Gilberto Hernández Vallecillo y Alfredo Moreno Bolaños para la elaboración de un texto que formará parte del nuevo libro que ambos autores ya tienen casi finalizado y que esperan publicar en breve con el nombre de ‘Memoria Vindicada. 1936-1939. Estudio de la Memoria Histórica en la Cuenca Minera de Río Tinto. A la luz de las fuentes documentales’.

No obstante, a la espera de que la obra vea la luz, ambos investigadores han querido adelantar, para los lectores de TINTO NOTICIAS, este capítulo de la obra, al que Hernández Vallecillo y Moreno Bolaños han titulado con el nombre de ‘El estigma rojo de la Cuenca Minera de Río Tinto: Salvochea, Agosto 1936’, que puede leerse íntegramente a través de esta publicación, donde también se detallan los nombren de los asesinados y supervivientes de aquel suceso y de los acusados, procesados y condenados como autores de los mismos.

El estigma rojo de la Cuenca Minera de Río Tinto: Salvochea, Agosto 1936

16 julio, 201915 julio, 2019 por Redacción

La Cárcel o Depósito Municipal, fue testigo de una actuación cruel con vecinos de Salvochea (El Campillo), bien por ser de diferente índole político al que gobernaba por entonces en dicho pueblo, bien por circunstancias de estatus social y sobre todo y lo más referido en declaraciones, por rencillas de la “Huelga Revolucionaria de 1934” que pasaron factura en gran parte a los detenidos. Nada más estallar el golpe de estado el 18 de Julio de 1936, se formó el llamado Comité de Defensa de la República (C.D.R.), las detenciones y represalias por parte de los componentes de dicho Comité no se hicieron esperar y se inician dichas actuaciones a partir del día 19 de Julio y continuaron hasta el día 25 del mes de Agosto con el execrable final de 11 asesinados, 5 heridos, 6 ilesos y 4 liberados. Algunos fueron puestos en libertad por diferentes criterios y pocos días después de sus detenciones respectivas, éstos fueron: Demófilo Ojeda Delgado, Rafael Ramírez Mellado y Vicente Mezquita Guiteria; por otra parte debido a la edad, Ceferino González Martínez lo retienen con arresto domiciliario, aunque el caso de Demófilo no es compartido por un informe localizado en el Legajo Taylor (AHMFRT), donde se le cita en una lista del día 8 de Septiembre de 1936 y dentro de los “Salvados de la misma. No obreros”.

Son detenidos y asesinados el día 25 de Agosto de 1936: Manuel Centeno Martín. Natural de Minas de Río Tinto (Huelva), nace el 18 de Junio de 1893, Listero en Corta San Dionisio, causa laboral en R.T.C.L. el 3 de Agosto de 1920, cuatro días después marcha a Cuba, donde permaneció hasta Julio de 1922. Casado con Lucía Pereira Vega, natural de Llerena (Badajoz) con quién tuvo tres hijos llamados Manuel, Federico y Cándido. Desde el 10 de Septiembre de 1927 y hasta causar baja en Julio de 1936 fue Escribiente y Practicante del Departamento Médico. Juez Municipal en Salvochea que interviene en la confección de los Partes de Defunción de los cinco fallecimientos por los bombardeos que sufre Salvochea el día 20 de Agosto de 1936, que son atendidos por él y como Secretario Benedicto Mojarro Márquez; tanto uno como el otro, en esa fecha se encontraban detenidos en la cárcel por el “Comité de Defensa de la República” de la mencionada población desde el día 25 de Julio; Manuel fue asesinado y el Benedicto salió ileso; los dos huían de la propia cárcel el día 25 de Agosto. En el parte de defunción figura como “Practicante de Medicina”.

Dalmacio del Águila Aguilar. Nacido en Trebujena (Cádiz) el día 12 de Noviembre de 1901, hijo de Antonio del Águila Núñez – Maestro de Escuela en El Campillo – y de Isabel Aguilar; se casó con Carmen Cornejo Cardoso de Minas de Río Tinto con quien tuvo a su única hija llamada Manuela del Águila Cornejo nacida el día 29 de Junio de 1935. El día 2 Octubre de 1916 comienza a trabajar a la edad de 15 años en el departamento de Almacén nº 2 de la Río Tinto Company Limited, estando domiciliado en El Campillo en la calle Padre Marchena nº 9. Tras un permiso concedido de 25 días el 13 de Febrero de 1922 no se reincorpora, dedicándose parece ser a la venta ambulante en El Campillo; con fecha 16 de Enero de 1930 firma un nuevo contrato para trabajar en San Dionisio Alfredo y con el puesto de trabajo de “Zafrero”, aún está soltero y con 28 años de edad, con domicilio en la calle Kennedy nº 9; al no existir documentación alguna más sobre su continuidad laboral en la Compañía, entendemos que el mismo día causó baja. En el parte de defunción figura que era “Industrial”.

Ramón Delgado Cortés. Natural de Minas de Río Tinto (Huelva), nace el día 22 de Marzo de 1896. Casado con Afrodisia Ballesteros González de Galaroza (Huelva), sin descendencia. A la edad de 10 años inicia su trabajo en R.T.C.L. en San Dionisio. En 1919 causa baja y marcha a trabajar a Minas de Herrerias (Puebla de Guzmán, Huelva); y no vuelve a trabajar en la Compañía Británica hasta 1929, reiniciando su actividad como Peón en el Departamento de Conservación Casas, recomendado por James Baird. Por Agosto de 1933 reside en Salvochea en la calle Cánovas nº 4, fecha en que solicita una plaza como Guarda Jurado, y donde al mes siguiente contrae matrimonio con Afrodisia. Compatibiliza su trabajo de Alguacil del Juzgado Municipal de Salvochea con el de Peón en Surtido de Aguas de R.T.C.L. En Abril de 1934 es transferido a Central Eléctrica, permaneciendo en este Departamento hasta el final de su vida laboral, es decir hasta el 17 de Julio de 1936. En el parte de defunción figura que era “Jornalero”.

Francisco Garrido Jiménez. Nace en Valverde del Camino (Huelva), el día 11 de Abril de 1888, casado con Adelina Delgado Berrocal con quien tuvo tres hijos: María, Catalina y Antonio, según consta en el documento C-5 de fecha 4 de Octubre de 1928 de su expediente personal , domiciliado en El Campillo (después Salvochea) en la calle Carlos V nº 10. Comienza a trabajar en R.T.C.L. el día 17 de Febrero de 1902 en Corta San Dionisio, cuando vivía en Minas de Río Tinto en la calle Bermeo nº 9. También formó parte de los Departamentos Corta Filón Sur y Vías Mina. El 26 de Febrero de 1929 causa baja por causa desconocida, cuando ejercía de Fogonero de 2ª con un jornal de 6 pesetas/día; más tarde se conoce que le ofrecieron trabajo en Ávila, donde marchó en el mismo mes de Febrero, donde permaneció hasta Septiembre de 1930. Cuando se constituyó la “Aldea de El Campillo” como pueblo y con el nombre de “Salvochea”, consigue trabajo de Guardia Municipal en Septiembre de 1931. El día 25 de Enero de 1920, Francisco sufrió un accidente cuando trabajaba de “Guardafrenos” en Corta Atalaya; como consecuencia de un descarrilo chocaron unos vagones donde iba él y como resultado del choque le fueron “amputadas las falangetas de los dedos 2º, 3º, 4º y 5º de la mano derecha y las 3ª y 4ª de la mano izquierda”, por lo que solicitó pasado los años la indemnización correspondiente, concretamente dirige escrito en Noviembre de 1932, contestándole los servicios jurídicos de la Compañía que había prescrito el derecho a la indemnización. Fallecido en la Cárcel de Salvochea el 25 de Agosto de 1936, cuando era Guardia Municipal de este pueblo.

López Martínez, Rafael. Nace en Valverde del Camino en 1880. Desde el 3 de Marzo de 1898 forma parte de la plantilla de Empleados de Río Tinto Company Limited, pasando por los Departamentos de Corta Filón Sur, Fundición y finalmente Estadística. En Febrero de 1915, residiendo en Mesa Pinos (Minas de Río Tinto) en la calle Odiel nº 1, y trabajando como Escribiente, se informa que pertenecía a la Sociedad Cooperativa de Consumo “Los Emancipados”. Ya casado con Dulcenombre Navarro Núñez y sus hijas Angustia y Esperanza, vive en El Campillo en calle Covadonga nº º14, en este mismo domicilio cohabitan con Matilde Martínez (su madre) y con Antonio Navarro (padre político), ambos viudos. En la Huelga Revolucionaria de Octubre de 1934, en el documento H-2 de su expediente laboral, se informa que: “Trabajó mientras duró dicha huelga venciendo dificultades para ello”. Causa baja el 18 de Julio de 1936 por la causa “Huelga-Fallecido”.

Moreno Castilla, Miguel. Natural de Zalamea la Real, hijo de Serapio Moreno y Adela Castilla, casado con Josefa Domínguez Márquez. Vecino de El Campillo en la calle San Ramón (Capitán Galán) nº 17, actualmente es la calle Constitución. Políticamente no se le conoció pertenencia a ninguno de los partidos políticos de esa época; de profesión Comerciante, de la rama del tejido, teniendo ubicado el negocio en su propia vivienda. Estudió en el Popular Instituto Politécnico de Sevilla durante los años 1917/1918), obteniendo la titulación de Perito Electricista, por lo que ostentó por entonces se el primer electricista que tuvo la aldea de El Campillo; fue empleado de la compañía de Electricidad San Vicente de Zalamea La Real. Cuando fallece tras lo ocurrido en la cárcel el día 25 de Agosto de 1936, deja huérfanos de padre a sus hijos Vidal, Justo, Purificación y Evangelina Moreno Domínguez. “Él fue uno de los presos al que introdujeron en el carro para el transporte de carne que estaba en el patio de la cárcel al que rociaron con gasolina, prendiéndole fuego con ellos dentro”. Continúa el familiar informando que: “Después de asesinar a los once presos, unos fusilados y otros quemados en el carro de la carne, en su huida y tras la inminente entrada de las tropas nacionales, los autores del fatal desenlace, prendieron fuego a su vivienda, quedando ésta totalmente calcinada; restos de ese incendio han permanecido en las rejas de las ventanas de la vivienda familiar hasta hace poco tiempo, en la actualidad han sido restauradas”.

Pernil Macías, Virgilio. Natural de Valverde del Camino, Huelva, hijo de José María Pernil Hidalgo y Dolores Macías. Casado con Francisca Quiñones Ramírez, con quien tuvo seis hijos llamados: Dolores, Rafael, Guadalupe, Reposo, Olimpia y Lucrecia, según se informa en el documento C-3 de fecha 25 de Mayo de 1931, perteneciente a su expediente personal de la Rio Tinto Company Limited; sin embargo en el Parte de Defunción del Registro Civil de El Campillo se cita a siete hijos llamados: Dolores, Guadalupe, Reposo, Lucrecia, Giordano, Olimpia y Francisca. Virgilio comenzó a trabajar en San Dionisio a la temprana edad de 13 años, en 1896; tras la huelga de 1913 ya casado, es “Ajustador” en Corta San Dionisio y tiene domicilio en la aldea de Atalaya en calle D. Tomás nº 4. Causa baja por la huelga de 1920, concretamente el 16 de Agosto del citado año. Trabajó durante las huelgas revolucionarias de 1917 y 1919, los informes que se facilitaban de él eran de tener “buena conducta”, incluso el propio Walter Browning escribía el 21 de Noviembre de 1915 que: “Este individuo se ha portado muy bien y desinteresadamente a favor de los Adictos en las Elecciones Municipales del día 14 actual, siendo su apoyo muy eficaz para el buen resultado”; sin embargo su actitud tuvo que cambiar 180º respecto a su etapa de trabajador a partir de la declaración de Huelga en 1920, su actividad reivindicativa y participativa en el conflicto y por su puesto en su intervención política en El Campillo y Zalamea la Real, donde fue proclamado Concejal por la conjunción Republicana-Socialista en las elecciones municipales de 1931. En 1920 y durante la “Gran Huelga” de dicho año, Virgilio mantiene colaboración informativa con Antonio de Lezama, Redactor Jefe del periódico “La Libertad”; en un principio firma sus artículos como tal, pero a partir de Noviembre aparecen sus colaboraciones con la firma de “Constancio Thenaz”. Sus intervenciones referentes a “La Huelga de Ríotinto” aparecen con los subtítulos de «Browning que pasa», «¡Que viene el «Noy»!», «Esta es toda la verdad», «Lo más elocuente. Para D. Eduardo Dato», «Interesamos al rey de España» y «En marcha» . Virgilio interviene directamente en la segregación de la aldea de El Campillo, que toma el nombre de Salvochea durante la sesión del 25 de Abril de 1931 en el Ayuntamiento de Zalamea la Real, así mismo, también perteneció a la Comisión que se desplazó a Madrid para entrevistarse con el entonces ministro de la gobernación Miguel Maura Gamazo. Virgilio Pernil Macías fue nombrado Alcalde del nuevo pueblo de Salvochea en Agosto de 1931.

Solís Gómez, Antonio. Natural de Niebla, nace el día 14 de Febrero de 1899, hijo de Manuel Solís y María de la Granada Gómez, casado con Ángeles Herrera Ortega y con tres hijas llamadas Francisca, Manuela y Granada. El día 27 de Abril de 1915, a la edad de 16 años está trabajando en el departamento de Tráfico Huelva en la R.T.C.L., de “Meritorio” en la factoría de Huelva. El día 1 de Abril de 1932, procedente de la Estación de La Mallas (Niebla) es trasladado a la estación de Salvochea, con el beneplácito de Thomas Mathew Leishman, su Jefe del departamento de Tráfico Huelva. Trabajó durante la huelga de 1934 los días 8, 9 y 10 de Octubre; es detenido el 22 de Septiembre de 1934 por injurias a la Guardia de Asalto durante el desencajonamiento de los toros de la ganadería de Gamero Cívico y para el festejo taurino del día siguiente en Zalamea la Real, donde iban a torear Cagancho y Laine. La causa de la baja laboral figura en el documento E-1 de su expediente el día 19 de Julio de 1936 y por “Fallecimiento”, esta información viene sellada en Septiembre del mismo año. En Septiembre de 1938, la asesoría jurídica de la Central Nacional Sindicalista de Sevilla, envía un escrito a la Río Tinto Company Limited sobre la pensión de Ángeles Herrera, viuda de Antonio Solís; carta en la que literalmente se escribe : “Viuda de un factor de esa Compañía que murió asesinado por las hordas marxistas en la cárcel de Salvochea y a cuya correspondencia no ha obtenido contestación alguna, no obstante corresponde a una fecha inmediata a la defunción del citado factor, ocurrida en Agosto de 1936”.

Sousa González, Miguel. Natural de Zalamea la Real, hijo de Rosario, soltero, de profesión jornalero, de 24 años de edad cuando fallece en la cárcel de Salvochea.

Vallecillo Pérez, Juan. Natural de Berja (Almería), nacido el día 28 de Octubre de 1896, hijo de Juan Vallecillo Quesada y María Gádor Pérez Martínez. Su padre trabajo en San Dionisio en el año 1884 siendo baja en 1887 por marcharse de Río Tinto; aunque vuelve y al mismo departamento el 17 de Agosto de 1908, es este el año en que figura Juan – hijo – con domicilio en la aldea de El Campillo, según notifica el documento H-2 de su expediente personal de la Río Tinto Company Limited, donde a su vez informa de que el día 12 de Marzo de 1928 inicia su etapa laboral en el departamento Médico, como Practicante; por entonces estaba domiciliado en la calle Sevilla nº 28 de El Campillo (Zalamea la Real), junto a su esposa Josefa Domínguez Pérez, su hija María y su madre, viuda con 58 años de edad. Con ofrecimiento gratuito, es nombrado Practicante Titular de Salvochea en la sesión plenaria del día 4 de Septiembre de 1931, siendo Alcalde Virgilio Pernil Macías. En 1932 es elegido Vocal Delegado del Colegio Oficial de Practicantes de Huelva para el Distrito de Valverde del Camino, por lo que se le dirige desde dicho estamento un escrito al Director General de la Compañía Británica, indicándole que era el máximo responsable en informar de las posibles incidencias entre el Colegio y los Practicantes de la propia Río Tinto Company Limited. El día 11 de Octubre de 1934, es nombrado Alcalde de Salvochea (antes aldea de El Campillo). Juan Vallecillo Pérez, es asesinado en la cárcel de Salvochea el día 25 de Agosto de 1936, un día anterior figura como baja por enfermedad en su expediente laboral, aunque es corregido con una nota que literalmente informa: “Falleció 25-8-1936”. Figura como “Assassinated in Campillo Jail by Reds Aug 1936” en la ficha Taylor nº 30.

Vázquez Pascual, Juan. Natural de Minas de Río Tinto, nacido en 1880, hijo de Julián Vázquez y Josefa Pascual; casado con Esperanza Real Pascual con la que tuvo dos hijos llamados Manuel y Carmen. Comienza a trabajar a la edad de 9 años en 1889, en Tracción y Materiales del departamento de Tráfico Huelva. En 1914 estaba domiciliado en Minas de Río Tinto en la calle Sagasta nº 11. Tras el fallecimiento del Jefe de Estación de El Campillo de Ramón Gallardo Navarro, Juan Vázquez pasa desde Las Cañas a ocupar el mismo puesto en dicha Aldea el día 4 de Enero de 1919. Despedido el día 12 de Enero de 1920, tras un informe presentado por Segundo Masero, no volviendo a trabajar más en la Compañía, a pesar de solicitar trabajo el 15 de Enero de 1921 ante la posibilidad de existir alguna vacante laboral, contestándole en forma negativa el SubDirector; por esta fecha Juan estaba domiciliado en la calle Sevilla nº 1 de El Campillo.

Intervienen en las detenciones y son procesados: Mario Marchello Palomo, condenado a 30 años, se fuga de la Colonia Penitenciaria de Montijo (Badajoz) el día 9 de Mayo de 1942, fallece en una batida de la Guardia Civil el 12 de Julio de 1942 en Zalamea la Real. Francisco Requejo Araujo, condenado a 12 años de prisión, fallece el día 27 de Marzo de 1941 cumpliendo condena en Santoña (Santander). Gumersindo Periáñez Requejo, condenado a 15 años de prisión, libertad condicional en 1943 y domiciliado en Minas San Telmo (Huelva). Manuel Monteagudo Rodríguez, condenado a muerte, es ejecutado en Huelva el día 20 de Diciembre de 1941. Francisco Rodríguez Zúñiga, Sargento de la Guardia Civil, absuelto. Tiburcio González González, condenado a 10 años de prisión, libertad condicional en 1941, domiciliado en Alájar (Huelva). Manuel Noguera García, condenado a muerte, es ejecutado en Huelva el día 7 de Noviembre de 1939. Emilio Romero Blanco, absuelto. José Labrador López, no procesado. Gregorio Rivera Ramos, no procesado, pero fue fusilado el día 8 de Septiembre de 1936 en El Campillo. Manuel Rodríguez Rodríguez, condenado a muerte, ejecutado el día 7 de Noviembre de 1939 en Huelva. Sebastián Rodríguez Vázquez, condenado a muerte, ejecutado el día 16 de Octubre de 1937 en Huelva. Juan Vázquez Bernal, condenado a 15 años de prisión, fallece de Asistolia 1941 en la cárcel de Huelva. Benjamín Delgado Perea, condenado a 6 años de cárcel, libertad condicional en 1941, domiciliado en Zalamea la Real (Huelva). Antonio López Carrasco, condenado a muerte, ejecutado en Trigueros (Huelva) el día 10 de Noviembre de 1937. José Romero Fernández, sobreseído. José Jesús Limón Castilla, Alcalde de Salvochea, no procesado. Cirilo Carrasco Álvarez, condenado a 6 años de cárcel, libertad condicional en 1941, domiciliado en El Campillo (Huelva). José Romero Patricio, condenado a 12 años de cárcel, libertad condicional en 1943, domiciliado en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). Aniceto Vázquez Castro, fusilado, Bando de Guerra el día 28 de Agosto de 1936 en Salvochea (El Campillo).

Además existen otros vecinos de Salvochea que fueron acusados entre otros delitos el de intervenir en los sucesos de la cárcel y que corrieron diferente suerte en los fallos de los diferentes procesos judiciales:

Juan Aguilar Guerrero, socialista, fue según declaraciones de testigos quien dio la orden de matar a los presos, condenado a muerte y fusilado en Huelva el 30 de Diciembre de1941. Heliodoro Caballero Romero, vivía por entonces en Casablanca (Marruecos), absuelto. Miguel Cabana Garrido, afiliado a la C.N.T., condenado a 30 años, en libertad condicional desde el 21 de Febrero de 1946 e indultado el día 20 de Julio de 1946. Francisco Cañete Cuadrado, afiliado a la C.N.T., condenado a perpetua, conmutada la pena por 12 años de prisión, el día 23 de Mayo de 1950 quedó en libertad definitiva, se domicilia en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). Venancio Campillo Ortega, condenado a 12 años, fallece en la Prisión Central de Almadén el día 5 de Julio de 1941. Damián Oliva López, socialista, toma parte activa en los asesinatos de la cárcel, condenado a muerte, fusilado en Huelva el día 13 de Enero de 1939. Victorio Carcela Díaz, condenado a 20 años y conmutada la pena por 12 años, en libertad condicional desde el día 15 de Enero de 1943, se domicilia en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), es fusilado el día 19 de Julio de 1944 en Azuaga (Badajoz). Gabriel Cayetano Ramírez, afiliado a la C.N.T., absuelto, se encontraba en Mina de La Zarza cuando ocurrieron los hechos. Juan Colete Pérez, socialista, condenado a cadena perpetua, conmutada la pena por 20 años de reclusión, en libertad condicional desde el 19 de Abril de 1944, se domicilia en Silos de Calañas (Huelva). José de la Corte de la Corte, absuelto. Juan de la Corte de la Corte, absuelto. Benjamín Delgado Perea, condenado a perpetua, conmutada la pena por 6 años de reclusión, el 18 de Julio de 1941 está en libertad condicional y con domicilio en Zalamea la Real (Huelva). Daniel Delgado Ruiz, afiliado de U.G.T., condenado a 2 años, en libertad definitiva el día 31 de Marzo de 1941, se domicilia en Sevilla. Graciano Expósito Iglesias, involucrado directamente con los asesinatos, condenado a muerte y fusilado en Huelva el día 6 de Diciembre de 1939. José Gómez Gómez, caso sobreseído por su fallecimiento el día 5 de Julio de 1937 en la cárcel de El Cerro de Andévalo a consecuencia de absceso abdominal. Evaristo Gómez Pérez, condenado a muerte, conmutada la pena a 30 años de reclusión tras escritos de clemencia y entre ellos el de un grupo de vecinos especiales o mejor dicho muy especiales escriben al Jefe del Estado; son supervivientes de la tragedia y fieles testigos de los hechos execrables ocurridos en la cárcel de Salvochea el día 25 de Agosto de 1936, además de los suplicantes mencionados, también se aúnan a la compasión algunas de las viudas de los que fallecieron en tan luctuoso día; la carta data del 22 de Febrero de 1940. Manuel Gómez Ramírez, afiliado de U.G.T., condenado a 6 años de reclusión, desde 1941 en libertad condicional, y en libertad definitiva el día 30 de Junio de 1945, se domicilia en Valencia. Antonio Gómez Vázquez, afiliado a la C.N.T., condenado a perpetua, El 20 de Mayo de 1938 a las 11:00 horas fallece en la enfermería de la Prisión Provincial de Huelva a consecuencia de una afección al corazón. Joaquín González Félix, condenado a muerte, pero, por el asesinato de José Sánchez Romero, cobrador de letras de la Banca Centeno de Minas de Río Tinto camino de La Chaparrita; fueron acusados como autores del asesinato, Francisco Rúa Ríos de La Dehesa (Minas de Río Tinto), José González García y Manuel Serrano Ramírez ambos de Zalamea la Real y Joaquín González Félix de Minas de Río Tinto, todos fueron capturados el día 12 de Junio de 1937, en una cueva situada en el lugar conocido como “Huerto del Portugués”; los cuatro son “condenados a muerte” el 17 de Agosto y ejecutados el 28 del mismo mes y año en Huelva. José Hermoso Feria, afiliado a U.G.T., condenado a 20 años de reclusión. Antonio Iglesias Lodeiro, afiliado a la C.N.T., se le detuvo en Azuaga (Badajos) el día 23 de Mayo de 1938, es condenado a perpetua, pero se le conmuta por la pena de 8 años de reclusión, en libertad condicional desde el 5 de Julio de 1941 y en libertad definitiva en 1946, se domicilia en el pueblo gallego de Santomé (Pontevedra). Manuel Justo Mateo, afiliado a la C.N.T., absuelto. Fernando Lorenzo Cruz, afiliado a la C.N.T., acusado de arrojar bombas en la cárcel, condenado a 20 años de reclusión. Carlos Mallofret Lillo, destacado marxista en Minas de Riotinto, condenado a 20 años de prisión. José Marín Romero, afiliado a la U.G.T., condenado a perpetua, es conmutada su pena por la de 6 años de prisión menor, cumplía condena en la Prisión Central del Puerto de Santa María (Cádiz) desde el día 26 de Noviembre de 1938, la Dirección de este centro penitenciario informa que José Marín Romero fallece en la enfermería del establecimiento el día 10 de Febrero de 1942, a consecuencia de “Síndrome Carencial”. Eliseo Márquez Romero, condenado en un principio a perpetua, pero se le conmutada la pena por 6 años de prisión menor, el día 5 de Julio de 1941 se le concede la libertad provisional, se domicilia en Cardeña (Córdoba) donde se le concede la libertad definitiva el día 22 de Marzo de 1944. Tomás Monteagudo Rodríguez, sorprendido por el Jefe de la Guardia Municipal en la puerta del sindicato y dos horas antes de verificarse el asalto e incendio de la cárcel con dos bombas en los bolsillos, fue condenado a la pena de Reclusión Perpetua, teniendo como fecha de liquidación de la condena el día 16 de Mayo de 1968, la pena le fue conmutada por 12 años y un día de reclusión menor, pero fallece el 8 de Abril de 1942 en la enfermería de la Prisión Provincial de Huelva a consecuencia de una Bronquitis Crónica. Rafael Moreno Fernández, afiliado a la C.N.T., jefe de guardias en la cárcel, condenado a 12 años, conmutada la pena por 6 años de prisión menor, el día 5 de Julio de 1941 tras conseguir la libertad condicional fija su residencia en Camas (Sevilla). Manuel Moreno Romero, de los más destacados en los hechos de la cárcel, según declaraciones sumariales fue de los más activos en la represión recibida por los presos de la cárcel de Salvochea, condenado a muerte, el día 13 de Mayo de 1937 es ejecutado en Huelva. Recaredo Pérez Domínguez, afiliado a la C.N.T., un preso que salvó su vida declaró: “que Recaredo era el encargado de repartir las bombas entre el grupo para que fueran arrojadas a los presos que estaban en la cárcel”, condenado a muerte, fusilado el 7 de Noviembre de 1939 en Huelva. Francisco Pérez Galindo, afiliado a la C.N.T., realizaba un servicio de enlace, condenado a reclusión perpetua, conmutada la pena por 12 años, con libertad condicional en 1943 y definitiva el día 9 de Mayo de 1943, toma como residencia Huelva. Manuel Rodríguez Fernández, afiliado de U.G.T., condenado a 12 años, pero se le conmutó por 6 años de prisión menor. Manuel Rodríguez Ruiz, afiliado a la U.G.T., la noche de los asesinatos en la cárcel se dedicó a recoger a los heridos y llevarlos a la Casa de Socorro, condenado a perpetua, conmutada la pena por 20 años de reclusión mayor, el 10 de Junio de 1941, fallece en la enfermería de la Prisión Provincial de Huelva, a consecuencia de Asistolia.

Existe documentación suficiente que evidencia la causa y consecuencias de la masacre en la cárcel de Salvochea, sí estamos seguro que no fue motivada por bombas procedentes de la aviación, primero por lógica ante la documentación gráfica y segundo porque hubo bombas, ¡sí!, las procedentes del desarme de los cuarteles de la Guardia Civil y arrojadas por la mano de los participantes en la detención y encarcelamiento de los asesinados. Para corroborar esta afirmación y no dar posibilidad a la conjetura o hipótesis, existen además de los datos referidos en las Actas Capitulares (AMEC) y transmisión oral, hemerografía que detalla lo sucedido, documentos sumariales de los procesos judiciales (AMHDH) y otros de índole variada en el Legajo Taylor (AHMFRT); y sobre todo las más concluyente de todas: “la información detallada de familiares directos y la de los propios presos que pudieron contar lo sucedido”, así como intervenciones de éstos en los actos sumariales; como muestra de ello a continuación detallamos y transcribimos parcialmente algunos de esos documentos:

Como referencia en los Sumarios por Rebelión Militar 1936-1939; concretamente en el nº 3330 de 1939, donde es enjuiciado Evaristo Gómez Pérez, natural de la aldea de El Pozuelo (Zalamea la Real) y vecino de El Campillo, fue procesado por: “formar parte del Comité de Defensa de la República de Salvochea donde las hordas marxistas cometieron toda clase de desmanes como destrucción del templo, servicios de guardias, organización de columnas pare combatir al Ejército Nacional, y por el encarcelamiento de personas de orden, de las cuales once fueron asesinadas y otras resultaron heridas el día antes de la liberación del pueblo”, el 27 de Septiembre de 1939 Evaristo era condenado a Muerte; sin embargo en apoyo a una solicitud de clemencia de la madre de Evaristo, un grupo de vecinos escriben también al Jefe del Estado una carta el día 22 de Febrero de 1940; son sobrevivientes de la tragedia y testigos muy fidedignos de los hechos ocurridos en la cárcel de Salvochea el día 25 de Agosto de 1936, además se unieron a la súplica algunas de las viudas de los que fallecieron en el lugar y fecha mencionada. En dicha carta los y las firmantes escribían sobre Evaristo que: “no solo no manchó sus manos con la sangre de las víctimas, sino que, por no estar de acuerdo con la conducta de los dirigentes, a los siete días de producirse el Glorioso Movimiento Nacional, dejó de ser tesorero de la U.G.T., cargo que desempeñaba al iniciarse dicho Glorioso movimiento; y fundados también en las buenas relaciones que con los familiares de los encarcelados mantenía”. Rubricaban la súplica, Elías Rodríguez Martín, Luis Gordillo Maya, Juan Vicente Pérez Vázquez, Rafael Ramírez Zamorano, Rafael del Águila, Francisco Rodríguez Martínez, José Domínguez Vázquez, Joaquín Sánchez Madrid, Juan J. Carrera Rosa, Viuda de Virgilio Pernil, Viuda de Juan Vázquez Pascual y Viuda Francisco Garrido.

En el Sumario nº 8900 de 1939, se procesa por delito de Rebelión Militar a Manuel Monteagudo Rodríguez (a) El Campanero, que fue detenido en Alicante y el 17 de Julio de 1939 se encontraba detenido en el Campo de Concentración de Albatera. Se encarga al Cabo de la Guardia Civil Juan Flores Arias el inicio del proceso indagatorio, y lo empieza con la declaración de Juan Vicente Pérez Vázquez, natural y vecino de El Campillo – antes Salvochea -, industrial que fue detenido por el Comité de Defensa de la República y que sufrió en primera persona la ferocidad de lo ocurrido en la cárcel desde el 19 de Julio hasta el 25 de Agosto de 1936. Juan Vicente informa que Manuel Monteagudo “en un cacheo día antes de lo sucedido prometió muerte cercana a los que estábamos encarcelados”, “huye el día 26 de Agosto, pero el día anterior tomo parte activa en el crimen cometido por los rojos con los presos en la cárcel” lugar donde “arrojó bombas de mano y numerosos tiros de fusil para arrematar algunos de los supervivientes”, en el crimen realizado “murieron 11 personas y resultaron gravemente heridas cuatro”.

Pero quizás de las más concluyentes sean los testimonios fehacientes de Manuel Vázquez Real, hijo de Juan Vázquez Pascual y el del propio Párroco Elías Rodríguez Marín, quien era encarcelado el día 19 de Julio de 1936 y salió ileso de la huída de la cárcel el mismo día de la masacre, el 25 de Agosto. La narración de los hechos por parte de Juan Vázquez Real, – hijo de Juan Vázquez Pascual -, que en esos momentos contaba con 29 años de edad, las escribe bajo el título “El Campillo. Detalles de los sucesos de Agosto” en el periódico Odiel de 9 de Octubre de 1936; es sin duda la primera manifestación escrita de un familiar de las víctimas, realizada tras algo más de un mes de lo ocurrido y mucho antes que se iniciaran los Sumarios que concurrieron en procesar lo ocurrido.

Extraemos del extenso artículo algunos párrafos que entendemos son concluyentes de lo ocurrido y lo insertamos a continuación: “Treinta y ocho días de calvario, encerrados en el patio y covachas de la cárcel de este pueblo, local más apropiado para el encierro de ganado que adaptable para que lo habitaran personas”… “Cuando los marxistas creyeron llegada su última hora; cuando reuniendo todo lo disponible en la reducida parte que les quedaba, constituían su último baluarte de defensa; cuando quedaron convencidos de su rotundo fracaso, desataron todo su odio, todo su rencor y todo lo malo capaz que podían albergar en sus corazones tan baja clase de gente, asesinando cobardemente a los presos”… “Efectivamente, lo habían hecho; como lo hicieron en La Palma del Condado: allí estaban, como prueba evidente de la cobardía y mal corazón de los hombres los cadáveres de don Juan Vázquez Pascual, don Juan Vallecillo Pérez, don Rafael López Martín, don Miguel Sousa González, don Dalmacio del Águila Aguilar, don Ramón Delgado Cortés, don Manuel Centeno Martin, don Francisco Garrido Jiménez y don Antonio Solís Sánchez, que pudieron identificarse; allí estaba el cadáver de mi querido padre, y allí estaban, en un montón de restos calcinados, don Miguel Moreno Castilla y don Virgilio Pernil Macías”… “Y es que llegó la villanía de seres tan repugnantes a incendiar, a rematar a cuchilladas a los que habían quedado con una poca de vida de los bombardeos que les hicieron”… “Pudieron salvarse, saltando por agujeros qué en la desesperación practicaron en el techo de uno de los calabozos don Joaquín Sánchez Madrid, don Emilio García López, don Rafael Ramírez Zamorano, don Elías Rodríguez, don Vicente Mezquita Guiteria, y resultaron envueltos entre los escombros y fingiéndose muertos, aunque con infinidad de heridas, don Demetrio Rodríguez García, don Juan Camacho Roblas, don José Rodríguez Oliva, don Luis Gordillo Malla, don Demófilo Ojeda Delgado y don Juan Vicente Pérez Vázquez. A este último han tenido que amputarle un pie”.

Una de las consultas que teníamos en agenda era la concerniente a los Libros Eclesiásticos del Archivo de la Iglesia de El Campillo, con la idea de investigar las posibles anotaciones de las defunciones a partir del día 25 de Agosto de 1936; pero nuestra sorpresa fue encontrar el testimonio escrito de Elías Rodríguez Martín, Cura Ecónomo de la Parroquia de Salvochea, el cual insertó en el Libro de Bautismos nº 1 tras la anotación nº 8 del día 10 de Mayo de 1936, una declaración sobre lo ocurrido en la cárcel, y que a continuación se transcribe:

“En el día 19 de Julio de 1936, con motivo del Movimiento Nacional iniciado por el glorioso ejército salvador de España, fue encarcelado en la mañana del mismo día el Cura Ecónomo de la Iglesia de esta Villa; y en la noche del dicho día, como represalia contra dicho Movimiento, después de haber encarcelado a las personas más destacadas del pueblo por su significación de orden y de derechas, fue saqueada la iglesia parroquial, siendo pasto de las llamas todas las imágenes, ropas y demás objetos de culto, incluyendo el copón con el Sto.. Sacramento. En los días siguientes estuvo el pueblo bajo la tiranía roja, viviendo un puro soviet, encarcelando y robando a mansalva; hasta el 25 de Agosto en que fue tomado por nuestras fuerzas al mando del glorioso capitán Varela el vecino pueblo de Zalamea la Real. En la tarde de dicho día, considerando los rojos de este pueblo que no podían aguantar más el empuje de nuestros laureados soldados, quisieron antes de abandonar el pueblo tomar venganza criminal en las personas de los presos, que en número de veintitrés estaban en la cárcel, y allí con bombas de mano, fusiles, escopetas, hachas y sobre todo con gasolina, comenzaron a matar a todos los que pudieron coger y no tuvieron la suerte de escapar de sus garras. Quedaron once hombres muertos; algunos de ellos quemados vivos; cuatro heridos; logrando los restantes escapar milagrosamente, entre ellos el Párroco que suscribe; permaneciendo oculto hasta el día siguiente, veintiséis de Agosto, en que las fuerzas salvadoras entraron triunfantes y victoriosas al pueblo. Pocos días después la iglesia fue reconciliada, quedando de nuevo abierta al culto. Y para que conste y lo conozcan las generaciones venideras, queda esto consignado. El Cura Ecónomo; Elías Rodríguez Martín, rubricado”.

Las inhumaciones de los fallecidos se producen el día 26 de Agosto de 1936, y a día de hoy es la única posible zona de fosas comunes documentada que existe en El Campillo, con once de sus vecinos que antes de ser asesinados fueron previamente detenidos y encarcelados por el Comité de Defensa de la República. Tras la reapertura democrática en España, se sabe que estaban escritos los nombres de las 11 víctimas asesinadas el día 25 de Agosto de 1936, además en parte de su epitafio se podía leer: “Muertos por las hordas marxistas el 25 de Agosto de 1936 por la tarde” y que fueron homenajeados en sucesivas conmemoraciones de dicho día y mes de años posteriores. El Alcalde Interino Antonio Vega Alonso, en la sesión plenaria del día 14 de Agosto de 1937, comunica al resto de la Comisión Municipal que “el próximo día veinticinco se cumple el primer aniversario del bárbaro asesinato cometido por los rojos en las indefensas víctimas que en la cárcel de ésta tenían, por lo que debían celebrarse honras fúnebres en sufragio de sus almas y por la tarde de dicho día organizar una manifestación para visitar sus tumbas y depositar coronas y flores”. En la sesión del día 28 de Agosto del mismo año, se aprueba en cuentas, el pago de 20 pesetas a Manuel Gómez Bolaños por “jornales devengados en los sepulcros de las víctimas de los asesinados por los rojos”. Manuel era Pintor de 2ª en el departamento Médico de la Compañía Británica de Río Tinto, nace en Zalamea la Real el día 19 de Septiembre de 1901; comienza a trabajar en la empresa minera en Julio de 1927 y al mes siguiente, el día 22 causa baja por “sobrante de personal” y se marcha a Madrid. A principios de 1935, y después de cursar estudios de arte y decoración, regresa y se instala en Salvochea en la calle García Hernández nº 24. El 15 de Septiembre de 1937, se le abona la cantidad referida anteriormente por el concepto: “jornales en las inscripciones en la sepultura de los asesinados por los rojos”.

Para terminar este artículo, hacemos referencia a la cita elegida para nuestro libro: “Paz, Piedad y Perdón”; tal y como es conocido el discurso que Manuel Azaña, Presidente de la II República de España disertó en Barcelona el día 18 de Julio de 1938, en el segundo aniversario de la sublevación militar. Extraemos de su discurso, el final del mismo:

“Después de un terremoto, a nadie le es posible distinguir o reconstruir el perfil anterior del terreno. Este fenómeno que se da en la tierra, me impide a mí hablar del porvenir de España en el orden político y en el orden moral, cuando los españoles se pongan a considerar lo que han hecho durante la guerra. De esta colección de males saldrá algo bueno. No tengo el optimismo de un Pangloss. No es verdad eso de que no hay mal que por bien no venga; pero del dolor sufrido procuraremos sacar, como es lógico, el Mayor bien posible. Mas cuando los años pasen, las generaciones vengan y la antorcha pase a otras manos y se vuelvan a enfrentar las pasiones de unos y otros, pensad en los muertos que reposan en la madre tierra, y que nos envían destellos de su luz, de la que la Patria debe a todos sus hijos: piedad y perdón”.

Bibliografía y Fondos

Moreno Bolaños, Alfredo / Gilberto Hernández Vallecillo. Libro inédito: “Memoria Vindicada. 1936-1939. Estudio de la Memoria Histórica en la Cuenca Minera de Río Tinto. A la luz de las fuentes documentales”.
Archivo Histórico Minero de Fundación Río Tinto (AHMFRT).
Archivo Municipal de El Campillo (AMEC).
Archivo Memoria Histórica de Diputación de Huelva (AMHDH).
Archivo Eclesiástico Iglesia de El Campillo.
Registro Civil de El Campillo.
Registro Civil de Zalamea la Real.
Registro Civil de Santoña (Santander).
Registro Civil del Puerto de Santa María (Cádiz).
Fondo Pablo Iglesias. El Socialista, 19 de Julio de 1938.

Por Gilberto Hernández Vallecillo y Alfredo Moreno Bolaños