Ha causado un trastorno ansioso depresivo a una persona según un informe forense

La Fiscalía de Huelva solicita dos años de prisión para los propietarios de una pizzería de Lepe por un presunto delito contra el medio ambiente –por contaminación acústica– en concurso con un delito de lesiones psíquicas por las molestias acústicas «producidas de forma continuada y en horario nocturno» al propietario de un inmueble colindante que le han ocasionado «un trastorno mixto ansioso depresivo y descompensación emocional».

El juicio contra los acusados –en calidad de administradores de la sociedad–, se llevará a cabo el 29 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 4 de la Audiencia Provincial de Huelva a las 10,00 horas.

Según el escrito del Ministerio Fiscal desde 2010 el establecimiento de los acusados, «con periodicidad casi diaria en horario nocturno, «ha estado emitiendo ruidos que han «afectado gravemente» al inmueble colindante, provocando en su titular y ocupante «un trastorno mixto ansioso depresivo y descompensación emocional, con sintomatología ansioso y depresiva de carácter reactivo», todo ello «según un médico forense». Para su tratamiento, el perjudicado ha tenido que «someterse a tratamiento médico farmacológico».

Asimismo, el Ministerio Fiscal señala que «durante todo este tiempo» el perjudicado ha formulado «numerosas» denuncias, así como «quejas» ante los acusados del ruido provocado, «sin que conste que los mismos hayan atendido hasta ahora las mismas».

Por ello, con fecha de 13 de noviembre 2017 se realizaron diversos análisis periciales acústicos por la Unidad Móvil de medida de la contaminación acústica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Así, en informe de Ensayo R112/17 Muestreo espacial y temporal, media y valoración de los niveles de ruido ambiental, se comprobó que «los niveles de ruido superaban los límites legales». Por otro lado, en el informe de ensayo R144/17 Medida y valoración del Nivel de aislamiento acústico al ruido de impacto entre locales, se comprobó «igualmente que se superaban los límites legales».

Por ello, la Fiscalía solicita para los acusados dos años de prisión, así como una multa de 14 meses con cuota diaria de seis euros, y la inhabilitación especial para el desempeño de la profesión de restauración y/o explotación de establecimientos de la misma naturaleza por tiempo de dos años.

Asimismo, la Fiscalía solicita por el presunto delito de lesiones la pena de 18 meses de prisión y una indemnización, de forma conjunta y solidaria, de 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil ex delicto. Finalmente, el escrito indica que, además, «procede imponerles el pago de las costas del procedimiento».