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El periódico de la Cuenca Minera

La Junta cree que el nuevo fallo judicial no paralizará la mina de Riotinto

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La administración autonómica abrirá un proceso de exposición pública para que la AAU se ajuste a derecho

La Junta de Andalucía estudia ya el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara firme la sentencia que anuló la Autorización Ambiental Unificada (AAU) concedida en 2014 a la mina de Riotinto, si bien cree que esta nueva resolución judicial no supondrá la paralización de la actividad minera.

Así lo han manifestado desde la propia Administración autonómica, que ha anunciado además que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible abrirá en los próximos días el proceso de exposición pública que no se puso en marcha en su momento, motivo por el que el TSJA anuló la concesión de la AAU.

La Junta pretende con ello subsanar el defecto administrativo que, según la sentencia judicial, se produjo en su momento, de modo que, una vez subsanado, la concesión de la AAU se ajustaría a derecho, según entienden desde el propio Gobierno andaluz, que ya defendió el pasado mes de abril, cuando se dictó la sentencia, que esta no suponía la suspensión de la actividad minera.

Muy distinta es la versión de Ecologistas en Acción, que considera que la mina de Riotinto carece ya de autorización para funcionar, por lo que ha exigido la paralización cautelar de la actividad minera, ya que “la AAU está anulada y es una condición imprescindible para poder seguir con la explotación”, argumentan.

A través de un comunicado, la organización ecologista señaló que “no es posible otra situación jurídica que la paralización de la actividad”, tras lo que indicó que “es responsabilidad de la Junta de Andalucía ejecutar la sentencia del TSJA ratificada por el TS”.

Asimismo, Ecologistas en Acción advirtió de que exigirá responsabilidades civiles y penales a todas las autoridades que “permitan, por acción u omisión, el funcionamiento ilegal de una actividad minera con un alto riesgo de siniestralidad ambiental”, tal como a su juicio alertó recientemente el científico experto Steven Emerman.

La versión de la organización ecologista contrasta con la postura que siempre ha mantenido la empresa al respecto. En concreto, Atalaya Riotinto Minera explicó recientemente que la sentencia que anuló la autorización de reinicio de la actividad minera no ponía en cuestión la continuidad del proyecto ni afectaba a los planes de la empresa de invertir más de 80 millones de euros en la “modernización necesaria para ampliar la actividad productiva”.