Asegura que no se realizan contratos en transparencia con los agricultores

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Huelva ha denunciado el incumplimiento de ley de Cadena Alimentaria en la fresa destinada la industria, lo que supone unos 80 millones de kilos cada año.

Según la organización «venimos denunciando públicamente como el sector industrial se aprovecha de la necesidad de salida de este producto que tienen los agricultores imponiendo la relación comercial sin el establecimiento de un contrato que asegure al productor las condiciones de venta (precio, cantidad y período de entrega)».

La organización denuncia que esto ocurre campaña tras campaña y que sigue siendo así pese a la vigencia de la Ley de Cadena Alimentaria. Actualmente, los precios que se deberían de pagar por la fresa de industria para cubrir los costes de producción deberían de incrementarse en un 50%.

UPA Huelva asegura que la Ley en vigor obliga a que los contratos alimentarios se formalicen por escrito; estén firmados por las partes; con una redacción transparente, clara, concreta y sencilla y dicha formalización se realice antes del inicio de las prestaciones que tengan su origen en los mismos.

Además, desde el 31 de enero de 2023, se ha puesto en marcha el Registro de Contratos Alimentario, donde este tipo de contratos deberán quedar inscritos de forma obligatoria a partir del próximo 30 de junio.

La organización asegura que la forma de operar de la industria «es justamente la contraria», es decir, no se firman contratos con los agricultores ni con sus cooperativas y la relación comercial «dista mucho de ser transparente».
UPA Huelva quiere destacar que en una situación en la que los productores a final de campaña van a tener que priorizar el consumo de agua frente a otras decisiones para reservar caudal para el inicio de la que viene, puede darse una situación en la que falte fresa para industria debido a que, para el agricultor, «no compensa el gasto económico y de recursos frente al precio que se le paga».

UPA Huelva entiende que no se debería haber llegado esta situación porque la propia Ley de Cadena Alimentaria obliga a que ya se debería estar funcionando con contratos que determinen un precio que cubra los costes de producción. Como ejemplo a seguir, la organización informa que en el caso del tomate destinado a industria en Extremadura si se han seguido las obligaciones de la Ley y se han suscrito contratos más beneficiosos para los agricultores.

Por otra parte, el sector de la industria en los cítricos de la provincia de Huelva también se ha sumado a cumplir la Ley y esto ha supuesto un 110% de incremento en lo percibido por los agricultores/as.

UPA Huelva insta a la industria a que de forma inmediata se comprometa con el sector a cumplir la Ley de Cadena Alimentaria y suscribir estos contratos, teniendo en cuenta (tal y como menciona la Ley) que el precio deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción y que deberá incluir todos los costes asumidos para desarrollar su actividad.

Asimismo, la organización ha realizado un llamamiento a la AICA y a la Junta de Andalucía a que «hagan su trabajo e inspeccionen cualquier incumplimiento de la Ley y sancionen en consecuencia para trasladar un mensaje al sector de que el logro de la Ley de Cadena Alimentaria hace valer sus derechos y no queda en papel mojado».