Un juzgado de Huelva reconoce como enfermedad profesional el contagio de covid de una enfermera

Se contagió a consecuencia de su actividad asistencial en el Juan Ramón Jiménez

El Juzgado de lo Social número 3 de Huelva ha emitido una sentencia en la que se reconoce como enfermedad profesional el contagio por Covid-19 de una enfermera a consecuencia del desarrollo de su actividad asistencial en el Hospital Juan Ramón Jiménez tras una denuncia interpuesta por el sindicato de enfermería Satse.

Según informa Satse en un comunicado, la enfermera fue contagiada de Covid-19 mientras realizaba su trabajo e inició el proceso de incapacidad temporal el 23 de marzo de 2020 hasta el 14 de abril del mismo año.

Así, con fecha 10 de mayo de 2021, la demandante insta la tramitación de un expediente administrativo para la determinación de la contingencia del proceso de incapacidad temporal iniciado con fecha 23 de marzo de 2020 y sin que conste resolución expresa del mismo, según ha indicado el sindicato.

Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2021, se presenta escrito de reclamación previa frente a la eventual desestimación de la solicitud anteriormente reseñada por silencio administrativo. Y finalmente, con fecha 6 de octubre de 2021, se presenta la demanda en el Decanato de los juzgados de Huelva, ha informado Satse.

De este modo, el juzgado onubense considera «acreditado (elemento de hecho no discutido por ninguna de las partes) que la demandante contrajo el virus Covid-19 en su puesto de trabajo de enfermera del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva».

De este modo, el tribunal da la razón a la enfermera frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Andaluz de Salud «fallando a su favor en la reclamación por determinación de contingencia de proceso de incapacidad temporal como derivado de enfermedad profesional», ha subrayado el sindicato.

Así, Satse ha asegurado que se «ha conseguido abrir un espacio para continuar defendiendo a las enfermeras y fisioterapeutas contagiados por Covid-19 durante el ejercicio de su actividad asistencial».

Además, desde el sindicato se indica que «el hecho de que sea calificada como enfermedad profesional supone un aumento de la protección para el trabajador en el supuesto que precise una adaptación de puesto de trabajo, acceder a una incapacidad temporal o jubilación, como consecuencia de las lesiones o secuelas que pudiera originar en la salud del profesional».

Condenan a un año de prisión al acusado de la muerte de un hombre en Huelva en 2019

El TSJA confirma sentencia de la Audiencia Provincial

La Sala Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos presentados por las acusaciones particulares contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva que condenaba a un año de prisión al acusado por la muerte de un hombre en el mes de abril de 2019 en un salón de juegos de la capital onubense.

De esta forma, confirma íntegramente la sentencia emitida por la Audiencia de Huelva tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, que lo consideraba responsable de un delito de homicidio imprudente con las eximentes incompletas de legítima defensa y miedo insuperable, por lo que fue condenado a un año de cárcel así como a indemnizar con un total de 115.890,23 euros a la madre, la pareja sentimental y el hijo menor del fallecido.

Así se expone en la sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, que señala además que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Conforme al veredicto emitido por el jurado popular, la Audiencia consideró probado que acusado y víctima se conocían con anterioridad y habían tenido una relación de amistad hasta que el condenado inició una relación sentimental con la expareja del fallecido, lo que provocó desavenencias entre ambos. En este sentido, el fallecido «amenazó de muerte al encausado en varias ocasiones, causando en éste un estado de temor y miedo».

Así, según la sentencia de la Audiencia, los hechos tuvieron lugar la noche del día 10 de abril de 2019 en un salón de juegos de Huelva capital, cuando la víctima tuvo conocimiento de que el acusado se encontraba jugando en la mesa de la ruleta y decidió abandonar el local con los amigos que lo acompañaban, aunque regresó poco después al establecimiento en una furgoneta conducida por uno de sus amigos.

De este modo, la víctima se dirigió a la mesa de la ruleta donde se encontraba jugando el investigado y le propinó varios manotazos por la espalda, momento en el que comenzó un forcejeo entre ambos en el marco del cual se desplazaron alrededor de la mesa de la ruleta hasta colocarse detrás de una columna. En ese forcejeo, y «sin intención de causarle la muerte ni previendo dicho resultado mortal», el acusado dirigió un arma blanca al cuerpo del fallecido y se la clavó a la altura de la zona lumbar, prosigue la sentencia.

A continuación, según recoge la sentencia, el encausado abandonó el local «rápidamente» y dejó allí al agredido aún con vida, siendo trasladado éste por sus amigos allí presentes en un vehículo particular a un centro hospitalario donde, pese a la asistencia médica recibida, falleció sobre las 1,25 horas del día 11 de abril de 2019.

Durante el forcejeo, el condenado experimentó un estado de «temor y miedo» que, «aunque no fuera insuperable, disminuyó notablemente su voluntad o capacidad de elección sin llegar a anularla, lo que le llevó a apuñalarlo en dos ocasiones, causándole las heridas que le produjeron la muerte».

El acusado permaneció en situación de prisión provisional desde el día 13 de abril de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, cuando fue puesto en libertad tras solicitarlo su defensa después de conocer el veredicto del jurado popular.

Inicialmente, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por la madre y la expareja del fallecido acusaron al investigado de un delito de homicidio y solicitaron para él penas de entre siete años y medio y catorce años de cárcel.

El Campillo celebra que se haga «justicia» en el caso de Laura Luelmo

El alcalde del municipio, en nombre del pueblo, aplaude la sentencia que pone a Bernardo Montoya «el castigo más duro al que se podía enfrentar»

El Campillo ha celebrado la sentencia judicial que condena al asesino de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, a la máxima pena que contempla el Código Penal español, la prisión permanente revisable, con lo que «se ha hecho justicia» en este caso que conmocionó a todo el municipio desde el 14 de diciembre de 2018, cuando se tuvo noticia de la desaparición de la joven profesora zamorana que desde hacía unos días residía en la localidad.

Casi tres años después de aquella desaparición, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS a través de esta publicación, «hoy puedo decir que, por fin, se ha hecho justicia», ha declarado el alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, nada más conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, recogida a través de esta información.

La sentencia pone a Montoya «el castigo más duro al que se podía enfrentar, el castigo que merece», ha proseguido el regidor campillero, por lo que «mi persona, en representación del pueblo de El Campillo, al igual que Susana Rivas Pineda como anterior alcaldesa, celebra el hecho de que se haya hecho justicia de esta manera», ha remarcado.

«Tras tres años de consternación, dolor, lucha e incertidumbres, sabemos que la persona que atentó contra la vida de nuestra joven profesora, porque así la sentimos, se va a pasar la vida entre rejas», ha continuado Jiménez, convencido además de que, «aunque ya no puedan volver a ver a su hija, su amiga, su compañera, los seres queridos de Laura pueden respirar algo más tranquilos».

«Ojalá esta lacra que afecta a nuestra sociedad acabe algún día», ha exclamado el alcalde, tras lo que ha finalizado su valoración con un mensaje dirigido a la profesora zamorana: «tu memoria y tu sonrisa nos acompañará siempre, Laura».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias procesales a la sentencia contra Fertiberia

Atiende al escrito presentado por la Asociación Mesa de la Ría (que nada tiene que ver con el partido político del mismo nombre) requiriendo la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional contra el vertido de fosfoyesos en la marisma de Huelva.

La Asociación Mesa de la Ría que dirige Aurelio González Peris y que se escindió del partido político Mesa de la Ría del que fue expulsado ha puesto patas arriba la problemática sobre las balsas de fosfoyesos al reabrir un caso judicial que parecía ya cerrado y que se encaminaba a realizar el proyecto de Fertiberia. Y es que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias procesales a la sentencia contra Fertiberia intentando dar otro golpe de efecto en el tortuoso camino de la recuperación de los fosfoyesos.

En una nota de prensa enviada por la asociación han señalado que, «mientras la comunidad científica implicada, políticos y agrupaciones ciudadanas, emplean sus fuerzas en debatir y argumentar aspectos medioambientales y sanitarios del inmenso problema de los ‘fosfoyesos de Fertiberia’ en Huelva, la Asociación Mesa de la Ría, organización que lleva más de 15 años defendiendo los intereses de esta ciudad, trabaja en la única vía que no admite discusión y que zanja, de una vez por todas, las interminables líneas de debate que interesan a Fertiberia».

Según la asociación, «el derecho que nos asiste es el cumplimiento de la sentencia que emitió la Audiencia Nacional contra la mercantil el 27 de junio de 2007 y que no se ha ejecutado».

Esta Asociación se lo ha dicho al alto Tribunal mediante escrito argumentado con fecha  09/12/2020. A los Defensores del Pueblo nacional y andaluz en sendos escritos de fecha 22/02/2021. Al Director General de Calidad Ambiental. Y a la Fiscalía General del Estado.

Esta Fiscalía observa claros indicios de verosimilitud en los requerimientos que esta organización exigió a la Audiencia e incoa expediente abriendo Diligencias Procesales con fecha 02/02/2021.

La vía en la que la Asociación Mesa de la Ría, que nada tiene que ver con el Grupo Municipal del mismo nombre en el Ayuntamiento de Huelva (de hecho Aurelio García fue expulsado de esta formación política), trabaja para «evitar que Fertiberia se salga con la suya y nos deje en la marisma, de manera absolutamente ilegal, más de 120 millones de Toneladas de residuos peligrosos», es la que obliga, sin más dilación ni subterfugios, a la empresa, «a retirar los fosfoyesos. Se basa, simple y llanamente, en el cumplimiento de la mencionada sentencia del 2007».

Por ello desde la Asociación Mesa de la Ría, «exigimos la ejecución de esa sentencia en todos sus términos y para ello no es necesario hacer consideraciones medioambientales, sanitarias o técnicas».

En España «la ley nos protege y las sentencias se cumplen. Por eso le pedimos a toda la comunidad involucrada en el asunto de los ‘fosfoyesos de Fertiberia’, en especial a las Administraciones con competencias, que cierren el debate estéril en el que la empresa les ha metido, con el principal fin de aplazar la solución y así, por hartazgo, lograr la cesión a su proyecto, y centren toda su atención y esfuerzos en la ejecución de dicha sentencia.

Dos años de prisión por abusos continuados a una menor en La Palma

La niña de 15 años estaba acogida en el domicilio

La Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra R.F.G, al que condenaba a la pena de dos años de prisión como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales a un menor de 15 años que estaba en acogida en el domicilio donde residían ambos en La Palma del Condado, con lo que desestima así el recurso presentado por la defensa del condenado, según establece la sentencia facilitada por el TSJA.

De este modo, el TSJA desestima el recurso y confirma la condena de dos años de prisión al procesado como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales, con el atenuante de dilaciones indebidas, así como a dos años de libertad vigilada.

Además, la Audiencia Provincial de Huelva le impone la inhabilitación para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público, o ejercicio de la profesión u oficio, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con menores de edad, por tiempo de cuatro años; y prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio o lugar de trabajo o estudios a menos de 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por un plazo de tres años. Igualmente, le impone una indemnización a la afectada de 6.000 euros por los daños morales causados.

De este modo, la sentencia confirmada recogía como hechos probados que, entre finales del año 2013 y principios del año 2014, el procesado vivía en el domicilio familiar donde la menor estaba en acogida en La Palma del Condado y aprovechando que ésta, en aquel tiempo de menor de edad, se hallaba en situación legal de acogimiento familiar, «guiado en todo momento por el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, y siempre en las ocasiones en que la madre de acogida de la niña no se encontraba en el domicilio, realizó en reiteradas ocasiones tocamientos de las partes íntimas de la menor».

En su recurso, la defensa del condenado alegaba como motivos de impugnación «error en la apreciación de la prueba», así como incidía en la dificultad adicional de que la declaración de la víctima, personada como acusación particular en el proceso, constituía «la principal y en realidad única prueba de cargo»; situación probatoria que da lugar a lo que la jurisprudencia reconoce como «la situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia».

No obstante, el tribunal aclara que «la forzosa limitación de medios probatorios no conduce necesariamente a una conclusión absolutoria». De hecho, hace referencia a diversa jurisprudencia y señala que «una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia».

«La palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional, puede ser suficiente en abstracto para alcanzar la convicción subjetiva. La testifical de la víctima, así pues, puede ser prueba suficiente para condenar», han señalado.

A modo de resumen, el TSJA entiende que «la prueba practicada en el acto del juicio permitía al tribunal de instancia alcanzar la convicción racional de que el acusado realizó los hechos objeto de acusación sin margen de duda razonable», de manera que considera que el recurso ha de ser desestimado e íntegramente confirmada la sentencia condenatoria impugnada.

Un juez perdona la deuda de 800.000 euros de una onubense con la ‘Ley de Segunda Oportunidad’

La familia perdió su vivienda a manos de un fondo buitre

El juzgado de lo Mercantil de Huelva ha liberado a la esposa de un empresario de la provincia de una deuda de 800.000 euros al considerar que se podía acoger a la Ley de Segunda Oportunidad para exonerarla de deudas contraídas por su marido cuando regentaba una empresa del sector agropecuario.

En un comunicado, el bufete Moreana Abogados, encargado de la defensa de la mujer, ha informado de que, a raíz de las deudas contraídas la familia perdió su vivienda a manos de un fondo buitre, y tuvo que solicitar un alquiler social, por lo que inició un procedimiento de segunda oportunidad que ahora ha culminado.

La deudora, M.R.G., es trabajadora por cuenta ajena y las entidades financieras impusieron en su día a ambos cónyuges avalar personalmente los préstamos y créditos del negocio, a pesar de no tener la esposa participación alguna en la gestión.

Cuando la empresa se hundió como consecuencia de la crisis de 2008, los bancos ejecutaron las hipotecas y los préstamos, primero contra la empresa, y luego contra el matrimonio, y los acreedores embargaron el salario de la esposa, reteniendo una parte sustancial.

Esa situación se ha prolongado durante más de diez años, lo que le generó gravísimas dificultades para que la esposa pudiese seguir sufragando los gastos más esenciales del núcleo familiar, según los abogados.

Carlos Fidalgo Gallardo, socio director de Moreana Abogados, recuerda que “es muy frecuente que bancos y entidades financieras impongan a ambos cónyuges avalar los préstamos y créditos de las empresas familiares, incluso aunque uno de los esposos no tenga participación alguna en la gestión, como sucedía en este caso”.

Señala que, aunque la legislación sobre condiciones generales de los contratos establece que eso puede ser una sobregarantía ilícita, “se trata de una práctica muy extendida, que pone en riesgo el patrimonio personal incluso del cónyuge o familiar que no participa en el negocio”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en 2015 e incorporó al derecho español un régimen de liberación de deudas similar al de otros países de nuestro entorno como Italia, Francia o Irlanda.

Se pretendió con ella abrir una vía para que deudores de buena fe, arruinados por circunstancias externas, pudieran liberarse de sus deudas y así reincorporarse de nuevo a la vida económica.

Según la Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, en 2019 solo se tramitaron en España unos 2.500 procedimientos de segunda oportunidad, muy lejos de los más de 100.000 procedimientos en Alemania en el mismo año.

Dos años de cárcel por abusar de su hija de tres años en Huelva

Se le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de su hija durante 7 años

Los juzgados de Huelva han condenado a un hombre por abusar sexuamente de su hija, que por aquel entonces tenía tres años, aprovechando un fin de semana en el acuerdo de separación que había alcanzado con su conyuge.

La sentencia ha sido dictada tras conformidad de las partes y se ha aceptado una rebaja de la posible condena por el atenuante de reparación de daño, ya que el acusado pagó 3.000 euros de indemnización antes de la sentencia por posibles daños morales causados a la menor. 

Según ha adelantado la agencia EFE también se le imponen tres años de libertad vigilada, seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad sobre la menor y cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad y además, se le condena a siete años de prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y de comunicación con la niña.

Los hechos ocurrieron en 2017 y el condenado, según sentencio le bajó a la menor la ropa interior y le frotó los genitales con el dedo.

El Puerto de Isla ‘robó’ electricidad por valor de 51.000 euros durante ocho años a la Lonja

El enganche irregular que solo iba a estar para «un evento» dio luz durante años a varios puntos de los muelles

Insólita sentencia del TSJA que ha condenado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Junta de Andalucía, a pagar el consumo eléctrico que, durante ocho años ha extraído de la conexión de la Lonja de Isla Cristina en una cantidad que los tribunales estiman en una cantidad superior a los 15.000 euros tras declarar el enganche como «irregular».

Según la sentencia recogida por Europa Press debido a un obra realizada en el muelle de Isla Cristina y careciendo de suministro eléctrico, se realizó de manera provisional un enganche de luz al cuadro eléctrico de titularidad de la lonja, que estuvo motivado en principio a la celebración de un evento. No obstante, «dicha provisionalidad duró mas de ocho años, porque hasta el 1 de septiembre de 2016 no se procedió al desenganche del equipo y a la instalación del contador a nombre de APPA», prosigue.

«Con este enganche irregular se suministró luz a las dos torres de alumbrado del muelle nuevo del puerto, a los puntos de alumbrado sobre cerramiento y siete armarios de suministro para embarcaciones», ha resumido la sentencia, que recuerda que no hubo
discrepancia respecto al suministro con cargo a la Lonja, los períodos del mismo, y que no se ha producido prescripción alguna en los períodos reclamados. Pero sí existe sobre el cálculo de las cantidades abonadas a Endesa por Lonja de Isla y que corresponden a los consumos de la Agencia.

Así, tras remarcar que se trata de una cuestión «puramente técnica», la sala acude a los informes técnicos y determina que se debe proceder al pago de 15.934 euros que es la diferencia entre los 51.802 reclamados y el importe reconocido en la estimación parcial del recurso de alzada.

En definitiva, la sentencia explica que el informe de Lonja de Isla SL «se corresponde más a la realidad y parte de datos más ciertos y objetivos como es la facturación».

 

El Supremo señala que es «ilegal» recoger el agua de lluvia de Doñana

En una sentencia el Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por esta firma agrícola con sede en Almonte contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmaba la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que le denegaba esos aprovechamientos por no cumplir con las condiciones legales.

La empresa pretendía la captación de agua de lluvia para el riego de la finca La Cañada, en Almonte, situada sobre la masa de agua subterránea de La Rocina, «estratégica y en mal estado cuantitativo» según la sentencia.

La empresa alegaba en su recurso que tanto los artículos 52.1 y 54 del Texto Refundido de la Ley de Agua, como del 84 al 86 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el 416 del Código Civil establecen que «el propietario de un terreno tiene derecho a servirse de las aguas pluviales estancadas en ellos y de las que discurran dentro de sus linderos, a fin de aprovecharse de las mismas siempre que no concurra una causa legal que lo impida (el respeto a los derechos de tercero y la prohibición del abuso de derecho)».

Sin embargo, el alto tribunal no ha tenido en cuenta estos artículos ya que considera que las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, «constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico».

Añade que entre las limitaciones al aprovechamiento privativo de las aguas pluviales que discurran por una finca de propiedad privada establecidas en la Ley de Aguas «sí se encuentra la eventual perturbación del régimen natural de recarga de la masa de agua subterránea sobre la que se asienta dicho aprovechamiento».

 

Condenados a más de un año de cárcel por su actuación en la venta de la mina de Riotinto

El Tribunal Supremo declara firma la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a dos personas a un año y tres meses de prisión por su actuación durante la venta de la mina de Riotinto entre los años 2004 y 2005.

Uno de los condenados es el que entonces era consejero delegado de la empresa Minas de Riotinto (MRT), sobre quien se considera probado que se apropió indebidamente de más de 320.000 euros de una compañía suiza con la que contactó para que adquiriese los activos que la Comisión Liquidadora de MRT iba a sacar a subasta pública.

La sentencia, que condena a una segunda persona y absuelve a otras dos, considera que el entonces consejero delegado de MRT, como no podía figurar en la empresa compradora, lo hizo a través de las sociedades Mantesur Andévalo S.L (MSA) e Inmoinversión Eurogroup SL (IEG). La primera fue la encargada de adquirir los bienes de la mina y la segunda se constituyó con el objetivo de explotarla.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, la compañía suiza transfirió más de 8,5 millones de euros a IEG y más de 5,4 a Mantesur Andévalo S.L, de los que más de 320.000 se facturaron a empresas que no existían o que nunca contrataron con MSA.