Una extrabajadora municipal de Riotinto pide al juez la readmisión o embargo de las cuentas

Patricia Hurtado solicita al Juzgado de lo Social 1 de Huelva la ejecución de la sentencia dictada en noviembre de 2018 que obligaba al Ayuntamiento a readmitirla o indemnizarla

Una extrabajadora del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, Patricia Hurtado, que ejerció como monitora deportiva municipal desde el 7 de abril de 2015 hasta el 20 de septiembre de 2017, ha solicitado, a través de un escrito presentado en el Juzgado de lo Social número 1 de Huelva, la ejecución de la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2018 por ese mismo juzgado, que, tal y como ya informó TINTO NOTICIAS a través de esta publicación, estimó parcialmente la demanda presentada por Hurtado, de modo que declaró «improcedente» el despido y obligó al Consistorio a readmitirla o indemnizarla con la cantidad de 5.065,43 euros.

En el escrito presentado por la extrabajadora municipal, que ha sido remitido a este periódico, se indica que la sentencia fue notificada al Ayuntamiento el 14 de diciembre de 2018 y que hasta el momento «no se ha procedido a su cumplimiento», por lo que suplica al juzgado que se decrete la readmisión de la demandante o que «se proceda al embargo de las cuentas corrientes del Ayuntamiento de Minas de Riotinto» para saldar una cantidad que, según Hurtado, debe ascender a 6.576,35 euros, de los que 5.056,43 son el principal y 1.519,92 corresponden a intereses y costas.

Asimismo, en el escrito de la extrabajadora se señala que la decisión del Consistorio de optar por la indemnización, que fue comunicada por el propio Ayuntamiento al mismo juzgado el pasado 17 de diciembre, no se tomó «con arreglo a las normas impuestas por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local», para lo que Hurtado, bajo la dirección letrada de Javier Hunt, se basa en el hecho de que no se convocó ningún órgano de gobierno municipal «para tratar y acordar dicha opción».

Sin embargo, la demandante considera que la decisión del Consistorio «implica tanto la comunicación formal en sí dentro de plazo como la adopción de un acuerdo por parte del Ayuntamiento de Minas de Riotinto dentro de los cauces legales para la toma de decisiones», algo, esto último, que, según Hurtado, no se ha producido, por lo que defiende que «se debe considerar la readmisión de la trabajadora», ya que, según se añade en el escrito, la sentencia advertía de que, si no se comunicaba una decisión en el plazo de cinco días, «procederá la readmisión».

Por su parte, desde el Consistorio riotinteño entienden que la decisión se tomó correctamente y que se abonará la indemnización en cuanto sea posible. «Nuestros abogados son los que llevan ese tema y cualquier decisión que se haya tomado es la que aconsejan los abogados», ha declarado la alcaldesa, Rosa Caballero, para quien «estas decisiones no se pueden tomar por criterio personal, sino conforme a lo que marca la ley».

Declaran improcedente el despido de una trabajadora municipal de Riotinto

El Juzgado de lo Social número 1 de Huelva estima la demanda de Patricia Hurtado y condena al Ayuntamiento a readmitirla o indemnizarla

El Juzgado de lo Social número 1 de Huelva ha declarado «improcedente» el despido de una trabajadora del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, concretamente de Patricia Hurtado, quien, tal y como se recoge en la sentencia judicial, ejerció como monitora deportiva municipal desde el 7 de abril de 2015 hasta el 20 de septiembre de 2017 en virtud de un contrato de obra o servicio a tiempo completo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Tinto Noticias -el periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- estima así «parcialmente» la demanda interpuesta por la trabajadora despedida, que había solicitado la nulidad o improcedencia del despido, al tiempo que condena al Consistorio a readmitir a la demandante y abonarle los salarios de tramitación desde la fecha del despido o bien a indemnizarla con la cantidad de 5.065,43 euros.

La magistrada juez del Juzgado de lo Social número 1 de Huelva, María del Mar Centeno, entiende, tal y como se recoge en la sentencia, que el servicio que prestaba la demandada no atendía a «una actividad temporal circunstancial o complementaria, sino permanente», por lo que considera que el Ayuntamiento no puede «proceder sin más a dar por extinguida de manera unilateral su relación con la actora», pues «la misma no era de naturaleza temporal sino indefinida», añade.

Asimismo, la sentencia, emitida el pasado 26 de noviembre, explica que el Consistorio, «inmediatamente después» del despido referido, «recurrió a la contratación temporal para que las tareas que prestaba la demandante se siguieran realizando», por lo que incide en que «resulta claro» que la actividad que desempeñaba la trabajadora despedida «no queda válidamente amparada por el contrato de obra o servicio determinado», sino que, por el contrario, es «propia y característica de las funciones permanentes de la entidad demandada».

Ante ello, la demandada pedirá la readmisión e incorporación a su puesto de trabajo en ejecución de sentencia, tal y como ha anunciado a este periódico a través del abogado que la representa en esta causa, el también riotinteño Javier Hunt, ya que «la actividad laboral que venía desempeñando se corresponde a un único contrato de carácter indefinido y como tal ha de considerarse en defensa y protección de los derechos de esta trabajadora y de todos los trabajadores», ha recalcado.

Por este motivo, en esta etapa de solicitud de ejecución de sentencia, la trabajadora despedida y su representación jurídica esperan que el Ayuntamiento de Riotinto proceda a su readmisión. «Cualquier otra actuación -advierten- sería ética y legalmente rechazable, así como un ataque a los derechos de los trabajadores a cargo del Ayuntamiento», han señalado.