El alcalde de Lucena declara ante el juez por desmantelar la instalación eléctrica de un asentamiento chabolista

El SAT ha admitido que las placas solares «no eran compatibles con el ordenamiento jurídico»

El alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, ha declarado este pasado martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Moguer como investigado tras una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Trabajadores del campo (SAT) que lo acusa de prevaricación administrativa al considerar que no actuó correctamente en el desmantelamiento de una instalación eléctrica de placas fotovoltaicas que el SAT instaló en un asentamiento chabolista del municipio con una donación realizada por una asociación inglesa.

Así, el SAT ha admitido que la instalación «no era compatible con el ordenamiento urbanístico», según han indicado a Europa Press, pero consideran que el Ayuntamiento debía haber notificado al sindicato su intención de desmontarla para que el sindicato pudiera tener la opción de hacerlo y recuperarlas, así como creen que no se había realizado el expediente administrativo correspondiente para llevar a cabo esta acción.

Esta instalación, que según el SAT tiene un valor de «unos 7.000 euros», fue desmontada en junio de 2021 y se había instalado con la finalidad de «aportar luz» a las personas que ocupaban el asentamiento.

Por su parte, el alcalde de Lucena ha indicado que «todo se hizo conforme a ley» después de «realizar el correspondiente expediente de restauración de la legalidad tras una denuncia del Seprona» al encontrarse el asentamiento «en monte público» y que el desmontaje se llevó a cabo «con permiso judicial», por lo que considera que esta denuncia «no tendrá más recorrido».

Asimismo, en declaraciones a Europa Press, Mora ha apuntado que desconocían hasta el momento de la denuncia quién era el propietario de la instalación que, según ha indicado se encuentra en dependencias municipales, y que ahora el Ayuntamiento iniciará un expediente sancionador por la colocación de las placas fotovoltaicas, así como ha subrayado que considera que el SAT ha interpuesto la denuncia como «una forma de justificar una actuación que no se corresponde con la legalidad».

De la misma manera, ha señalado que van a reclamar costas, así como ha reseñado que «se han archivado ya unas ocho denuncias» por temas relacionados con actuaciones municipales en asentamientos de la localidad.

Así las cosas, el auto de incoaciones previas indica que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», al tiempo que apunta que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable».

Un incendio afecta a varias chabolas en un asentamiento de Lucena del Puerto

El fuego ha afectado al menos a 14 chabolas y los bomberos ya lo han perimetrado

Un incendio declarado a las 8.50 horas de esta mañana en un asentamiento chabolista de Lucena del Puerto, concretamente en el conocido como El Bosque, ha afectado a varias chabolas, en torno a 14 según señalan informaciones del Ayuntamiento quienes están ayudando a los bomberos del consorcio en las labores de extición.

El operativo ha conseguido perimetrar el incendio aunque a esta hora (10.17 horas) la zona sigue ardiendo afectando a las chabolas y algunos matorrales del entorno. En el dispositivo han participado bomberos de los parques de San Juan y de Almonte, según confirman fuentes del consorcio de bomberos. Según emergencias 112 aún es pronto para saber el alcance que ha tenido el fuego, aunque hasta ahora no hay ninguna información que apunte a que hay daños personales.

Los testigos presenciales señalan que «hay una gran columna de humo negro» lo que determina que lo que está ardiendo es plástico y no vegetación.

Juan Márquez, condenado a otros cuatro años de prisión por una pieza separada de los ERE

El juez ha tenido en cuenta la participación del socialista onubense en las ayudas ilegales a la empresa Acyco


El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social y miembro del PSOE de Huelva (Lucena del Puerto), Juan Márquez ha sido condenado a cuatro años y un día de prisión por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha resuelto el juicio celebrado entre septiembre y diciembre de 2020 por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad.

Junto a él ha sido condenado el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, a siete años y un día por la misma causa. Así, en una sentencia de 332 páginas difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Tercera condena al exconsejero de Empleo como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, y le impone siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y 15 días. Por contra, lo absuelve de un delito de tráfico de influencias.

A Juan Márquez lo condena como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación, y le impone cuatro años y un día de cárcel y diez años y un día de inhabilitación absoluta.

Juan Márquez ya fue condenado a siete años de prisión

Se trata de la segunda sentencia relacionada con la macrocausa de los ERE por la que condenan al onubense Juan Márquez, ya que los tribunales lo condenaron a siete años de prisión y 18 de inhabilitación. En esta ocasión autorizó según el juez en su calidad de director general de Empleo, cargo que ocupó entre 2008 y 2010, la inclusión de al menos un intruso en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa Calderinox. El onubense Márquez, firmó la resolución del ERE que incluía al ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, para prejubilarle como trabajador de Calderinox, pese a que nunca trabajó en dicha empresa.

El Gobierno activa ayudas para los afectados por los incendios de Bonares y Lucena

Zonas afectadas gravemente como Emergencias de Protección Civil

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha destacado que el acuerdo del Consejo de Ministros que este martes ha declarado a Bonares y Lucena del Puerto como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc) por los «importantes» incendios forestales sufridos este verano, «demuestra el compromiso y la sensibilidad del Gobierno de España» con la provincia y ha destacado «la notable celeridad en su actuación».

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, en todos los casos estos incendios «alcanzaron tal gravedad» que las administraciones competentes –las comunidades autónomas– «se vieron obligadas» a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de Zaepc.

Cabe recordar que el incendio forestal declarado en Bonares el pasado 16 de agosto arrasó unas 30 hectáreas de superficie según las medidas del Plan Infoca y obligó al desalojo preventivo de 13 viviendas –unas 20 personas– próximas al fuego, cuyos moradores pudieron regresar después sus casas, una vez que el fuego se dio por estabilizado, momento en el que se comenzó con la evaluación de los daños causados por el fuego en las fincas.

Por su parte, el incendio de Lucena del Puerto de declaró el pasado 17 de agosto y afectó a unas 200 hectáreas, obligando además a desalojar una vivienda de las afueras del casco urbano de la localidad habitada por una sola persona. Este incendio, que tardó dos días en darse por extinguido, afectó a una zona «de alto valor ecológico», según indicó el propio alcalde, Manuel Mora.

De este modo, según ha indicado el Gobierno, en todos los casos se trata de emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.

Estos daños no han podido ser identificados y cuantificados «con la precisión necesaria» para determinar las ayudas destinadas a paliar tales perjuicios, por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía.

Por ello, pese a no disponer de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno ha valorado que la «magnitud» de sus efectos, «las medidas que ha sido necesario adoptar para paliar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población» y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales «justifican» la intervención de la Administración General del Estado.

Esto, han subrayado «por solidaridad interterritorial» y para complementar las actuaciones que, «en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales».

El acuerdo del Consejo de Ministros se extiende a las zonas que, sin necesidad de disponer de una evaluación de daños y a la vista de la información disponible, «resulta manifiesto lo que han padecido» y los efectos de los incendios, «sin perjuicio de extenderla posteriormente a las zonas que hayan podido quedar excluidas», como se hizo en el caso de la borrasca Filomena.

Todas las ayudas disponibles en estas zonas declaradas como Zaepc están previstas y reguladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.

La declaración como Zaepc permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales (se han registrado 58 heridos leves, de ellos 22 intervinientes en las labores de extinción) como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios.

La declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego.

Así, desde el Gobierno han señalado que una vez que disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil. Así, se estudiará la posible adopción de medidas fiscales relativas al IBI, IAE, IVA para compensar las perdidas ocasionadas.

Activan el Nivel 1 de alerta por fuego en Lucena y piden a la población que cierre puertas y ventanas

Han cortado la carretera A-486 debido a la fuerte actividad de las llamas y han desalojado el núcleo oriental

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha activado a la 16,11 horas de este martes –por segunda vez– el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca) en la provincia de Huelva, en este caso debido a un incendio declarado en el municipio onubense de Lucena del Puerto y por la posible presencia de humo en el pueblo. Ante ello se ha recomendado a los vecinos que cierren puertas y ventanas.

Aunque el humo no ha llegado a la localidad, «ante la posible evolución del incendio y de las condiciones meteorológicas» se ha decretado «en prevención».

Igualmente, han informado de que, debido al incendio, se ha cortado la carretera A-486, así como que se han producido desalojos por el fuego, concretamente en el núcleo oriental del municipio, al tiempo que han remarcado que se ha decretado este nivel de alerta por la posible presencia de humo en el pueblo.

Esta es la segunda vez este martes que la Junta activa en la provincia de Huelva el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales, después de que se decretara también en Bonares a la 1,43 horas de la madrugada, debido a que el incendio obligó al desalojo preventivo de 13 viviendas próximas al fuego declarado en el paraje de Los Espinos. Este plan fue desactivado a las 9,26 horas, después de que el Plan Infoca lo diera por estabilizado, lo que motivó que los vecinos desalojados pudieran regresar a sus viviendas.

El nivel 1 decretado por el Gobierno andaluz se activa en aquellos incendios que pueden ser controlados con los medios de extinción previstos en el plan, pero que se prevé por su posible evolución la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

Este incendio ha sido declarado a las 15,00 horas en el paraje El Bosque del municipio y hasta el lugar se han desplegado 61 bomberos forestales, cuatro técnicos de Operaciones, tres agentes de Medio Ambiente, un vehículo autobomba y seis medios aéreos: dos helicópteros de transporte y extinción y cuatro aviones de carga en tierra.

 

Dos fallecidos en el incendio de un asentamiento de chabolas de Lucena del Puerto 

Una tercera persona ha sido atendida por los efectivos sanitarios con una crisis de ansiedad

Dos personas han fallecido la madrugada de este miércoles en un incendio producido en un asentamiento de infraviviendas de la localidad onubense de Lucena del Puerto, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

El fuego ha comenzado sobre las 3:00 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de que que había varias infraviviendas en llamas en el asentamiento de El Bosque, ubicado en un paraje próximo a la carretera A-486 en el kilómetro 11. Han ardido entre 30 y 40 viviendas según las primeras estimaciones.

El siniestro ha provocado la muerte de dos personas, un hombre y una mujer, según fuentes de los servicios sanitarios de la Junta desplazados hasta el suceso que también han atendido a una tercera persona por crisis de ansiedad con la intervención del equipo móvil de atención primaria de San Juan del Puerto y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Bonares.

Han intervenido, asimismo, efectivos de Bomberos del Consorcio provincial, Guardia Civil, quien investiga las causas del mismo, Policía Local, agentes del Plan Infoca y Cruz Roja con el desplazamiento de un camión con alimentos y mantas,
más un equipo de atención psicológica y sanitaria.

El servicio de extinción de incendios ha dado por extinguido el fuego sobre las 5:30 horas y ha informado que han resultado afectadas una treintena de infraviviendas

Fallece una jornalera marroquí que fue despedida tras conocerse que tenía cáncer

Jornaleras en lucha ha denunciado que  Fátima ha sido «abandonada» por la empresa

La organización Jornaleras en Lucha ha emitido un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de Fátima, una jornalera marroquí que, según esta entidad, fue despedida al serle detectado un cáncer de Cérvix y ha terminado falleciendo en el Hospital Vázquez Díaz de Huelva tras ser «abandonada».

En el comunicado que han enviado señalan que «Fátima llegó a nuestra provincia en uno de los contingentes con contrato de origen desde Marruecos para trabajar recogiendo fresas, considerada como un simple producto necesario para generar riqueza, una mano de obra barata a la que explotar fácilmente. Sin que nada más importe, sin ni siquiera tenerla en cuenta como persona», y añaden que desde la empresa de Lucena en la que trabajó, «y una vez empezado su proceso de tratamiento y de sufrimiento, se desentiende totalmente de ella».

Según Jornaleras en Lucha y la revista digital que adelantó esta noticia, La Mar de Onuba, «A pesar de tener un contrato de trabajo, de estar asegurada» y haber estado cotizando a la Seguridad Social, la tiraron a la calle como a un perro sin ni siquiera gestionarle el derecho que le pertenecía a cobrar su baja por enfermedad», señalan desde el colectivo. «A duras penas ha podido sobrevivir, ha podido comer y ha podido obtener sus medicamentos durante varios meses, gracias al apoyo que le hemos podido ofrecer desde el colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha, y desde la Asociación Asisti Cuenca Minera, quién ha estado acompañándola desde el primer momento», agregan. «También, y lo más importante, gracias a la solidaridad y al sentido de comunidad de sus paisanas, que en esto de cuidar cuando más se necesita y del apoyo mutuo, debido a la necesidad y a las situaciones que enfrentan constantemente, tienen hecho un máster».

«Fátima tenía 37 años, y ha dejado tres hijos y una familia en Marruecos de la que no se ha podido despedir. Pero sobre todo, su muerte en estas condiciones tan inhumanas e indignas para una persona, ha vuelto a dejar en evidencia este miserable y ruin sistema de contrataciones en origen que lo único que pretende es aprovecharse de una mano de obra vulnerable que busca en los lugares donde más necesidades existen», dicen desde Jornaleras de Huelva en Lucha, que espera que «las personas que ocupan los distintos cargos responsables ante este tipo de situaciones decidan posicionarse de una vez, y ayudar a que dejen de ocurrir estas barbaridades, o por el contrario sigan siendo partícipes y cómplices de los atentados contra los Derechos Humanos que llevan décadas cometiéndose con nuestras compañeras».

El cuerpo de Fátima, tres días después de su fallecimiento, sigue en el hospital Vázquez Díaz de Huelva, «sin que nadie se haga cargo de su repatriación, sin poderla velar y darle una despedida digna». «Ni la patronal fresera que fue a buscar su mano de obra a Marruecos y sabe perfectamente lo ocurrido, ni la empresa que la echó a la calle cuando enfermó, ni ningún responsable del gobierno que firma estos acuerdos de contratación en origen de los que presumen se hacen cargo», se quejan desde el colectivo. Nadie costea los 2.800 euros que supone su repatriación.