Los Juzgados de Menores de Huelva estrenan nueva sede

Justicia recepciona las obras tras acometer una inversión de 420.000 euros

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en funciones, Alfredo Martín, ha visitado hoy la nueva sede de los Juzgados de Menores de Huelva tras la finalización de las obras realizadas, en las que la Junta ha invertido 420.000 euros para adecuar un inmueble situado en la calle San Sebastián de la capital onubense. Se trata de un local de 814,51 metros cuadrados que acogerá en este verano el juzgado y la Fiscalía de Menores de Huelva.

Martín ha recordado que el traslado del Juzgado de Menores a unas instalaciones adecuadas “era una demanda de los agentes judiciales de la ciudad a la que hemos respondido desde la Consejería de Justicia, buscando para ello un local adecuado para cubrir las necesidades que requiere, por las especiales características de esta jurisdicción, un juzgado de Menores”.

El nuevo inmueble está situado en los números 10, 12 y 14 de la calle San Sebastián de Huelva y cuenta con una superficie total de 814,51 metros cuadrados. En el mismo, se ubicarán tanto el Juzgado de Menores número 1 de Huelva como la Fiscalía de Menores, que actualmente se encuentran en la calle Echegaray, «en un espacio que no cumplía con las condiciones necesarias para ofrecer un buen servicio. En cambio, en este nuevo local dispondrá de espacio suficiente y una sede moderna», ha aseverado Martín.

La Delegación firmó el pasado 1 de enero el contrato con la arrendadora por un importe total de 419.337,60 euros para los próximos cuatro años, con opción de prorrogarse. En esta cuantía están incluidas las obras de adaptación que el delegado ha recepcionado una vez finalizadas. Está previsto que el traslado esté completado a finales de julio o principios de agosto para que en septiembre el Juzgado y la Fiscalía estén completamente operativos ya en la nueva sede.

Durante su visita, el delegado territorial en funciones también ha informado de la instalación de desfibriladores en la sede de la Audiencia Provincial de Huelva y los juzgados de Primera Instancia, haciendo de estos inmuebles espacios seguros ante cualquier incidencia. Además, se ha formado a cuatro funcionarios en cada sede para aprender a usar estos equipos ante una emergencia.

“Todo ello forma parte del compromiso que hemos mantenido durante esta legislatura desde la Consejería de Justicia por mejorar las infraestructuras judiciales para facilitar el trabajo de los funcionarios, jueces y fiscales así como el servicio que se ofrece a la ciudadanía que acude a la Justicia”, ha subrayado.

Piden ampliar las plantillas de los juzgados de Ayamonte, Moguer y La Palma

CSIF denuncia que el personal es el mismo que hace 25 años

El sector de Justicia del sindicato CSIF ha vuelto a poner de relieve el «déficit» de órganos judiciales y de plantilla que a su juicio se produce en los juzgados de la provincia de Huelva y ha calificado este hecho como un problema “estructural e histórico que no se ha resuelto con las plazas, escasas, que van saliendo”. Las ratios de asuntos que entran en las distintas jurisdicciones sigue siendo «muy elevada», por lo que sería necesario ampliar y mejorar las plantillas “para paliar las carencias que hay y ofrecer a la ciudadanía una Justicia bien dimensionada”, añaden.

La central sindical indica que el volumen de población, el alto índice de litigiosidad y la pandemia han evidenciado que sigue habiendo muchas necesidades y ha lamentado que “la infradotación de juzgados y personal perpetúa una Justicia lenta y con enormes retrasos”. En concreto, como puntos calientes necesitados de una actuación inmediata CSIF señala los juzgados de Ayamonte, Moguer y La Palma del Condado, donde este sindicato exige un plan de contención para contar con más personal y estudiar, en cada caso, la dotación de nuevos órganos.

En concreto, en la localidad ayamontina está aprobada la creación del juzgado mixto número 6 desde hace varios años pero “la lentitud del proceso hace que se dilate en el tiempo esta ampliación”, indican. En este caso, “hay que tener en consideración el crecimiento poblacional del partido judicial que además de Ayamonte, engloba los municipios de Cartaya, Lepe e Isla Cristina”, explica María Paz de la Cruz, responsable provincial del sector de Justicia de CSIF. De la Cruz habla de “una carga de trabajo insufrible, sobre todo de asuntos penales y civiles, que demora en exceso los tiempos de respuesta, ya que, a pesar de todo, la plantilla sigue siendo la misma que hace 25 años».

La situación es similar, asegura, en los juzgados de La Palma y de Moguer, donde el aumento de litigios ha sido exponencial en los últimos años. “Mientras que la carga de trabajo no ha parado de incrementarse en la última década, el número de empleados públicos prácticamente se han mantenido igual con una creación de plazas a todas luces insuficiente”, ha manifestado María Paz de la Cruz, que habla de “parches continuos por parte de la Administración” en unos juzgados donde “tanto por el escaso personal como por la falta de recursos e infraestructuras existe un sistema de trabajo arcaico que no permite modernizar la Justicia ni adecuarla a las necesidades actuales de la sociedad”, agrega.

Finalmente, desde CSIF se ha lamentado que “únicamente se recuerda este serio problema que afecta a los juzgados cuando despunta algún caso de forma pública”, pero el ciudadano “lo padece cada vez que tiene que acudir a la Justicia” y lo sufren los trabajadores “que no pueden atender a los usuarios como les gustaría y hacen un sobreesfuerzo a costa de sus descansos para sacar adelante el trabajo y que la ciudadanía se vea perjudicada lo menos posible”, concluyen.

Continúa el análisis de la manta por el doble crimen de Almonte

La instrucción se ha prorrogado seis meses más por orden un un juzgado de La Palma

El Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado ha acordado que se prorrogue otros seis meses más la instrucción por el procedimiento del caso del doble crimen de Almonte, en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en el domicilio familiar en 2013.

Asimismo, en el marco de la instrucción, el Instituto Nacional de Toxicología ha informado de que continúa en curso el análisis de la manta que cubría a la menor y que no fue estudiada con anterioridad, toda vez que han precisado que se han obtenido «un elevado número de muestras».

Según recoge el auto, se acuerda la prórroga del plazo de instrucción por seis meses a contar desde el día 29 de enero de 2022, prórroga que finalizará el 29 de julio de 2022 «sin perjuicio de que pudieran acordarse nuevas prórrogas si ello resultase necesario».

De este modo, remarca que dada «la naturaleza del delito investigado así como la existencia de diligencias pendientes de recibirse de las que pudiera derivar la necesidad de acordar otras nuevas hacen previsible actualmente que no será posible la finalización de la instrucción antes del día 29 de enero de 2022».

Tras remarcar que se está ante unos hechos de «investigación compleja que han requerido numerosos informes periciales y diligencias de investigación policial», se considera necesaria la ampliación del plazo de instrucción.

Respecto a las diligencias pendientes, tras el requerimiento emitido por el juzgado, a instancias de la familia de las víctimas, la Guardia Civil ha respondido sobre la situación de las pruebas a analizar, un jersey de la menor y una manta.

Así, sobre la manta, que analiza el Instituto Nacional de Toxicología, remarcan que se trata de «una evidencia de grandes dimensiones, una manta de 2,40 por 1,60 metros en la que se les solicitó la búsqueda de posibles restos celulares ajenos a las víctimas». Además, han señalado que «se ha llevado a cabo una selección minuciosa, dando como resultado un elevado número de muestras para llevar a cabo los correspondientes análisis», por lo que, una vez finalizados, se emitirá el informe.

De este modo, en cuanto al jersey, el departamento de Biología de la Guardia Civil comunica al juzgado que está «en fase de estudio» y que, una vez finalizado, será remitido a la mayor brevedad posible.

Suspenden la condena de un pedófilo de Huelva si no vuelve a delinquir en cinco años

Fue hallado culpable de tenencia y distribución de pornografía infantil

El juzgado de lo penal número 4 de Huelva ha condenado a un hombre a un año y seis meses de prisión como autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, pero ha acordado suspender la pena impuesta de cárcel por el plazo de cinco años, condicionada a que el penado «no delinca durante el mismo», así como que «participe en un taller de educación sexual».

Asimismo, tras el juicio celebrado el pasado mes de junio, lo condena a cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, empleo o profesión que implique el contacto habitual con menores de edad por un tiempo de diez años.

Según recoge la sentencia la causa se inició a raíz de una denuncia por estos hechos el 5 de marzo de 2018 y la magistrada considera probado que el acusado, que además contaba con antecedentes penales por un delito de agresión sexual, «movido por el propósito de satisfacer su apetito sexual a costa de la imagen de personas menores de edad buscó fotografías y vídeos de menores desnudos o realizando prácticas sexuales con otros menores o con adultos».

Asimismo, señala que el condenado poseía al menos nueve vídeos en su ordenador, así como otros 17 en una tarjeta de memoria y otros 22 borrados, que pudieron ser recuperados, y otros 200 en una memoria externa USB, y que «buena parte de ellos han registrado espeluznantes escenas de abusos o agresiones sexuales a menores de muy corta edad».

Además, se considera probado que esta persona hacía uso de su teléfono móvil para participar en chats donde se compartía material audiovisual de menores, llegando a interactuar con participantes de los mismos intercambiando «miles de archivos de contenido pedófilo».

De mismo modo, según reza la sentencia, el condenado hacía uso de aplicaciones para compartir archivos entre usurarios del tipo ‘extremo a extremo’ y las utilizaba para difundir algunos de los archivos hallados, aunque «ninguno de los menores ha podido ser identificado».

El escrito recoge que la sentencia es firme, al mostrar todas las partes su voluntad de no recurrir, toda vez que señala que se acuerda suspender la pena impuesta de un año y seis meses de prisión por el plazo de cinco años, condicionada a que el penado «no delinca durante el mismo», así como que «participe en un taller de educación sexual».

A prisión tras robar en más de 50 vehículos en Cartaya

El Ayuntamiento destaca el intenso trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con numerosas detenciones previas y un estrecho seguimiento del sospechoso

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ayamonte ha decretado el ingreso en prisión del presunto autor de más de medio centenar de robos en el interior de vehículos en Cartaya, cometidos todos ellos en los últimos meses.

Este vecino del municipio ha sido detenido este miércoles, junto a otro varón que lo acompañaba, por la Guardia Civil, en estrecha colaboración con la Policía Local de Cartaya, que ya lo habían detenido en numerosas ocasiones anteriores y que les venía realizando desde hace semanas un estrecho seguimiento.

En esta ocasión, el juez, tras tomarle declaración en la mañana del jueves, ha enviado a prisión al principal sospechoso de los robos, y ha dejado en libertad al individuo que lo acompañaba.

Tanto la alcaldesa, Pepa González Bayo, como el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ángel Rodríguez Marcelino, han puesto en valor y agradecido “el intenso trabajo realizado tanto por la Policía Local como la Guardia Civil de Cartaya, que no han cesado en su empeño por detener y poner a disposición judicial al presunto autor de estos robos, que habían generado mucha indignación entre los vecinos y vecinas, por los daños en los vehículos que solían ocasionar, al forzar puertas y ventanillas para acceder a su interior”.

Los juzgados y la fiscalía de Violencia de Género, sin funcionario de auxilio desde hace meses en Huelva

Los juzgados de Huelva cumplen cuatro meses sin nuevos nombramientos de personal

 
La Junta de Personal de la Administración de Justicia en Huelva, formada por los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SPJ-USO y STAJ, denuncia la situación de falta de personal que están padeciendo los juzgados de la provincia de Huelva.
 
Concretamente el juzgado de lo Penal nº3, con competencia exclusiva en Violencia de Género, no dispone de funcionarios del cuerpo de Auxilio desde el mes de marzo. Por su parte, la Fiscalía de Violencia de Género no dispone de funcionarios de este cuerpo desde febrero, así como en los juzgados de primera Instancia 2 y 3 de Huelva, el SCPJ (Servicio Común del Partido Judicial) de la Palma del Condado y en la Fiscalía Provincial de Huelva.
 
Esta situación supone un importante perjuicio para el servicio público de la Administración de Justicia y para el damnificado final que es el ciudadano.
 
Este grave problema viene generado por la total inoperancia e ineficacia de la Administración Pública Andaluza, concretamente de las Consejería de Justicia y la de Empleo, que han sido incapaces de dar una solución durante cuatro meses. Esta situación continúa a día de hoy agravada, además, con el comienzo del periodo vacacional.
 
Desde las cinco organizaciones sindicales nos hemos dirigido reiteradamente a la Secretaría Provincial de Justicia de Huelva y a la Dirección General de la Consejería de Justicia pidiendo una solución inmediata.
 
Otros perjudicados, más aun teniendo en cuenta la altísima tasa de desempleo que tenemos en nuestra provincia, son los demandantes de empleo que a día de hoy deberían estar trabajando en la Administración de Justicia. Algunos de ellos tendrían que haberse incorporado hace más de cuatro meses.
 

Seis años de prisión para un hombre por agredir sexualmente a su pareja cuando tenía la regla en Cartaya

Además la golpeó violentamente con un cinturón

La Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra Houssam E. H que le condenaba a la pena de seis años de prisión como autor responsable de un delito de agresión sexual a su pareja, con lo que desestima así de manera íntegra el recurso presentado por la defensa del condenado, según establece la sentencia facilitada por el TSJA. Según se demuestra en la sentencia la obligó a mantener relaciones sexuales cuando esta no quería y habiéndole advertido previamente de que tenía la regla.

En ese recurso de apelación, el condenado alegaba vulneración de la presunción de inocencia, error en la apreciación de la prueba y aplicación indebida de los artículos 178, 179 y 153 del Código Penal.

No obstante, a juicio del tribunal de apelación, el de Instancia «cumple con creces esta exigencia de motivación en su análisis del testimonio de la denunciante y del conjunto de la prueba practicada»; así como la defensa del apelante «no es capaz» de proporcionar en su recurso datos o elementos de hecho que pudieran revelar una valoración arbitraria del tribunal de Primera Instancia ni argumentos para «poner seriamente en entredicho la racionalidad de su motivación probatoria».

Por ello, le recuerda a la defensa que se limita «a tratar de poner en entredicho la credibilidad de la denunciante con alegaciones que carecen de consistencia para suscitar un margen de duda razonable sobre la culpabilidad del acusado».

Así las cosas, entienden que la prueba practicada en el acto del juicio permitía al tribunal de instancia alcanzar «la convicción racional» de que el acusado realizó los hechos objeto «sin margen de duda razonable», por lo que se desestima el recurso y confirma la sentencia condenatoria de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva.

Del mismo modo, se consideran como hechos probados que Houssam E. H. mantuvo desde mediados del mes de julio de 2019 una relación sentimental con Z. L., conviviendo desde el día 7 de agosto de 2019 en una vivienda de Cartaya. Desde esa fecha, y habiendo comenzado ésta con la menstruación, sobre las 12,00 horas del día 12 de agosto de 2019, encontrándose en dicho domicilio, el procesado propuso a su pareja mantener relaciones sexuales, a lo que esta se negó por continuar con la regla, ante lo que aquel la cogió violentamente y la agredió sexualmente, mientras ella de forma reiterada le pedía que la dejara.

Tras ello, el procesado se marchó a continuar con los trabajos en beneficio de la comunidad que venía desempeñando y cuando volvió al domicilio sobre las 14,00 horas, momento en el que la víctima le dijo que quería dejar la relación, éste comenzó a agredirla con un cinturón, propinándole diversos golpes en los brazos, con los que se tapaba la cara, y en la espalda, tras colocarla contra el armario.

El acusado, que estaba condenado anteriormente como autor de un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, fue condenado como autor responsable de un delito de agresión sexual a la pena de seis años de prisión, así como a la pena de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a ella, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la víctima durante diez años.

Igualmente, se le impuso la medida de libertad vigilada durante cinco años, así como se le condenó como autor responsable de un delito de lesiones en el ámbito familiar a la pena de 10 meses y 16 días de prisión y a la pena de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ésta durante cinco años.

El exdirector de MRT vuelve a los juzgados por su gestión de la mina este martes

Recientemente ya se dictó auto de prisión contra él por un delito similar dentro de las múltiples imputaciones que tiene

 

Carlos Estevez, ex consejero delegado de la compañía minera MRT, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados a partir de mañana martes 24 de mayo tras el llamamiento realizado por el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla por un delito de falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa. Para ello la fiscalía le pide tres años y medio de cárcel, lo que podría sumarte al año y tres meses de cárcel que un juez ya le sentenció de manera firme el pasado mes de enero y por lo que dictó su ingreso en prisión. Según ha adelantado Diario de Sevilla, están citados como testigos Guillermo Gutiérrez, ex consejero de Trabajo de la Junta y ex presidente del consejo de administración de Emed Tartessus, y cuatro empresarios extranjeros que invirtieron en el proyecto onubense.

 

Según el escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso este periódico, Estévez contactó con la empresa suiza Shorton Limited a la que ofreció la explotación minera, llegando a un acuerdo consistente en que para poder adquirir los activos de la empresa en suspensión pero tras un cambio de administradores, se recabaron informes de auditoría que revelaron irregularidades en el destino del dinero invertido por la entidad suiza

Carlos Estévez es una de las figuras claves de la minería en la zona. Fue el primer director general de Minas de la Junta de Andalucía, presidente de la Empresa Nacional de Innovación (1990–93), director de Minas de Riotinto (MRT) en dos períodos (1995–1998 y 2001–2003) y miembro de su comisión liquidadora, impulsor del nacimiento del depósito de residuos de Nerva, empresario y asesor de varias compañías, que en los últimos años colecciona demandas y querellas. 

Fiscalía y defensa recurren la condena al menor por matar a su madre en La Antilla

La defensa pedirá la absolución del menor mientras que el fiscal quiere ampliar el periodo de internamiento

La Fiscalía de Menores de Huelva y la defensa del menor condenado por homicidio doloso por matar a su madre en julio de 2020 en el núcleo lepero de La Antilla  han recurrido ante la Audiencia Provincial la sentencia que imponía al joven seis años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental, complementada con tres años de libertad vigilada con asistencia educativa.

Así, según han indicado desde la Fiscalía a Europa Press, la misma no está de acuerdo con el tiempo de internamiento acordado al ser inferior, ya que había solicitado la medida de ocho años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental, seguida de una medida cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa. Igualmente no se muestra conforme con la aplicación de la atenuante de confesión.

Por su parte, la defensa del menor había solicitado su absolución por entender que el joven «no tuvo en ningún momento la intención de causar la muerte de su madre», así como que concurrían «otras circunstancias de índole personal que constituyen atenuantes y eximentes en diferente grado».

Ahora la apelación está en trámite de contestación a los recursos y cuando una vez llegue a la Audiencia, para resolución de esas apelaciones, se señalará la vista.

Cabe recordar que según el escrito de la sentencia condenatoria, el Juzgado de Menores considera probado que el 19 de julio de 2020 se inició una discusión entre el joven y la madre por la negativa de esta ante las pretensiones del menor de marcharse al domicilio en el que vivían el resto del año, durante la cual «le arrebató el teléfono móvil y lo lanzó por la ventana» y, a continuación, «agarró a su madre por el cuello sabiendo que con esa conducta causaría el fallecimiento de la misma, presionando hasta causarle la muerte por asfixia».

Así, según reza la sentencia, «a continuación, el joven expedientado trasladó el cuerpo de la fallecida a la habitación de esta para que el perro no la viera, y tras preparar unos cubos con agua y comida para el perro, se fue a la habitación con el referido animal, donde transcurrió un tiempo» y prosigue que «a las 16,26 horas fue cuando realizó una llamada para manifestar que había matado a su madre».

En este punto, según la sentencia, una vez personados los efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en la vivienda «el joven comunicó a los agentes que había matado a su madre y ,si bien en dependencias policiales se negó a declarar, en la Fiscalía reconoció que la había matado».

Por otra parte, en la sentencia se explica que «no queda acreditado que en el momento de los hechos el menor tuviera sus facultades cognitivas y volitivas afectadas parcial o totalmente y que la autopsia constató como la causa de la muerte la asfixia por estrangulación».

Asimismo, se recoge que de la prueba practicada en la Audiencia «queda acreditado que los hechos ocurrieron tal y como se describen en los declarados como probados», destacando como «prueba principal incriminatoria» la propia confesión del acusado, «que desde un inicio reconoce los hechos cometidos», que son «corroborados» por otras pruebas como el informe de la autopsia, las testificales desarrolladas en la Audiencia y las periciales ratificadas en el plenario.

Según la sentencia, «la mecánica del estrangulamiento excluye cualquier consideración de comisión imprudente, toda vez que se trata de un modo de obtención del resultado de muerte en el que es necesario un comportamiento mantenido en el tiempo».

Asimismo, la jueza rechaza las alegaciones sobre la concurrencia de la eximente de trastorno mental transitorio reclamada por la defensa, porque de los informes psicológicos y psiquiátricos «no queda en modo alguno acreditado que el joven sufriera enfermedad alguna».

Dos años de prisión por abusos continuados a una menor en La Palma

La niña de 15 años estaba acogida en el domicilio

La Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra R.F.G, al que condenaba a la pena de dos años de prisión como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales a un menor de 15 años que estaba en acogida en el domicilio donde residían ambos en La Palma del Condado, con lo que desestima así el recurso presentado por la defensa del condenado, según establece la sentencia facilitada por el TSJA.

De este modo, el TSJA desestima el recurso y confirma la condena de dos años de prisión al procesado como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales, con el atenuante de dilaciones indebidas, así como a dos años de libertad vigilada.

Además, la Audiencia Provincial de Huelva le impone la inhabilitación para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público, o ejercicio de la profesión u oficio, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con menores de edad, por tiempo de cuatro años; y prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio o lugar de trabajo o estudios a menos de 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por un plazo de tres años. Igualmente, le impone una indemnización a la afectada de 6.000 euros por los daños morales causados.

De este modo, la sentencia confirmada recogía como hechos probados que, entre finales del año 2013 y principios del año 2014, el procesado vivía en el domicilio familiar donde la menor estaba en acogida en La Palma del Condado y aprovechando que ésta, en aquel tiempo de menor de edad, se hallaba en situación legal de acogimiento familiar, «guiado en todo momento por el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, y siempre en las ocasiones en que la madre de acogida de la niña no se encontraba en el domicilio, realizó en reiteradas ocasiones tocamientos de las partes íntimas de la menor».

En su recurso, la defensa del condenado alegaba como motivos de impugnación «error en la apreciación de la prueba», así como incidía en la dificultad adicional de que la declaración de la víctima, personada como acusación particular en el proceso, constituía «la principal y en realidad única prueba de cargo»; situación probatoria que da lugar a lo que la jurisprudencia reconoce como «la situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia».

No obstante, el tribunal aclara que «la forzosa limitación de medios probatorios no conduce necesariamente a una conclusión absolutoria». De hecho, hace referencia a diversa jurisprudencia y señala que «una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia».

«La palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional, puede ser suficiente en abstracto para alcanzar la convicción subjetiva. La testifical de la víctima, así pues, puede ser prueba suficiente para condenar», han señalado.

A modo de resumen, el TSJA entiende que «la prueba practicada en el acto del juicio permitía al tribunal de instancia alcanzar la convicción racional de que el acusado realizó los hechos objeto de acusación sin margen de duda razonable», de manera que considera que el recurso ha de ser desestimado e íntegramente confirmada la sentencia condenatoria impugnada.