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La falta de personal lastra al juzgado de Ayamonte con más de 6.500 asuntos penales al año

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CSIF pide que se amplíe a un año completo los refuerzos de las guardias del juzgado de Ayamonte

El sector de Justicia del sindicato CSIF ha exigido a la Administración que amplíe los refuerzos de las guardias del juzgado de Ayamonte y no se limite solo a periodos de seis meses, coincidiendo con los meses de junio a diciembre. En este sentido, el sindicato asegura que es “urgente mantener la ampliación de las guardias para dar respuesta al incremento de la carga de trabajo que experimenta este juzgado de guardia por el aumento de población flotante en época estival o el narcotráfico, entre otras razones y que se prolonga durante todo el año”.

En el juzgado de Ayamonte, según la propia memoria del TSJA, se registraron más de 6.500 asuntos penales el año pasado. Haciendo una comparativa, en cuanto a diligencias previas, en el año 2020 hubo un total de 5057 y en 2021 fueron 5303. En cuanto a diligencias urgentes pasaron de 424 en 2020 a 575 en  2021; y en relación a los procedimientos abreviados, el número total fue de 251 en 2020 y 282 el año pasado.

Por otra parte, CSIF ha recabado información sobre la situación de este año en Ayamonte y el dato más llamativo se registra en el juzgado número 3, que tramita los casos de violencia de género. En concreto, en 2021 fueron 1350 diligencias previas y, a día de hoy sin finalizar el año, ya hay 1380. Otro ejemplo del aumento de la carga de trabajo se refleja en el juzgado número 5 donde se registró el año pasado un total de 926 diligencias previas y en 2022 ya son 880 a falta de dos meses y medio para finalizar el año, por lo que se va a superar la cifra de 2021.

Con esta situación, CSIF ha pedido que al acabar el mes de diciembre se mantengan las guardias ya que, de lo contrario y hasta que llegue de nuevo el mes de julio, el juzgado no será reforzado pero “las necesidades no desaparecen cuando se acaba el presupuesto que cicateramente se ha dispuesto por parte de la Administración”.

La central sindical recuerda que desde hace años lleva solicitando que esta medida de refuerzo se instaure de forma continuada durante el año completo en aquellos partidos judiciales cuyo servicio de guardia arroja una carga de trabajo que continúa siendo inasumible tras el verano, como es el caso de Ayamonte. En este sentido, lamenta que la Administración de Justicia “aún no haya puesto soluciones a esta reiterada reivindicación por parte del sindicato y  que los juzgados no cuenten con una plantilla bien dimensionada para dar el servicio de guardia”.

El propio TSJA reconoció la necesidad de un nuevo juzgado en la localidad ayamontina, de hecho, ya está en proceso según pudo confirmar CSIF el pasado mes de julio. Y es que en Ayamonte es “necesario seguir contando con la plantilla integra para dar un servicio de guardia de calidad correspondiente al amplio volumen de usuarios con que cuentan”. La central sindical explica que solo el narcotráfico y el crimen organizado hace que los números de estos juzgados se multipliquen y no sólo en lo referente a los detenidos, sino que también tienen entrada multitud de diligencias urgentes procedentes de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, así como registros, muchos de ellos simultáneos y declaraciones urgentes”.

A estas últimas situaciones, se unen los casos que lamentablemente siguen aumentando relacionados con violencia de género, firmas de los encausados en libertad provisional y las denuncias, testificales e interrogatorios propios de este servicio y que se registran en una mayor proporción en zonas con una densidad de población muy superior a la que se le reconoce.

Este incremento de gestiones, genera que los funcionarios en funciones de guardia “estén desbordados”, por lo que, CSIF tacha de “irresponsabilidad por la parte de la Administración que se mire para otro lado y no se mantengan los refuerzos durante todo el año”.

Desde la central sindical confían en que la Administración reaccione y sea consecuente con la situación que denuncia la central sindical y garantice lo antes posible el mantenimiento de la medida en los partidos judiciales. En este sentido, CSIF ha solicitado la convocatoria urgente de la mesa de negociación para determinar en qué órganos se debe mantener el refuerzo de las guardias a partir del 1 de enero de 2023.

Finalmente, el sindicato ha recordado que “ahora que la Administración está inmersa en la confección de sus presupuestos y necesidades, es el mejor momento para que se incluyan la partida presupuestaria suficientes que permitan prorrogar los refuerzos en las guardias todo el año”.

Ayamonte contará con un nuevo juzgado tras las denuncias por «situación límite» en esta zona

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CSIF aplaude la creación del juzgado número 6 y recuerda que ya estaba aprobada la puesta en marcha de este juzgado mixto pero “la lentitud del proceso lo ha dilatado en el tiempo”

El sector de Justicia del sindicato CSIF ha aplaudido la aprobación de la próxima creación del juzgado mixto número 6 de Ayamonte después de tener conocimiento de que se ha dado luz verde a este proyecto. Se trata de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción que, aunque estaba contemplado como prioritario, la lentitud del proceso lo ha dilatado en el tiempo. Desde la central sindical se ha querido poner en valor la puesta en marcha de este nuevo juzgado después de denunciar de forma reiterada durante los últimos años la “situación límite que se vive en Ayamonte por la falta de medios y recursos, a pesar del esfuerzo de los funcionarios de Justicia para que el trabajo salga adelante día tras día dedicando más horas de las que les corresponden sin contraprestación alguna”, tal y como ha recordado la responsable provincial de Justicia de CSIF, María Paz de la Cruz.

Desde el sindicato se ha alertado en numerosas ocasiones del colapso en esta localidad fronteriza al confluir varios condicionantes: el volumen de población, el alto índice de litigiosidad y la infradotación de los juzgados. Por eso, la portavoz de Justicia de CSIF subraya que “Ayamonte es uno de los puntos calientes de la provincia de Huelva por la escasez de personal, lo que viene a perpetuar la lentitud en los procesos y los enormes retrasos, especialmente graves en los asuntos civiles y penales”.

En esta misma línea, “hay que tener en consideración el crecimiento poblacional del partido judicial, el único de la provincia en la zona de costa, que además de Ayamonte, engloba los municipios de Cartaya, Lepe e Isla Cristina”, explica María Paz de la Cruz. Y es que la central sindical viene poniendo en evidencia desde hace diez años “la carga de trabajo insufrible que soporta el personal” ya que, a pesar de todo, la plantilla sigue siendo la misma que hace 25 años.

De igual modo, desde CSIF se explica que la litigiosidad en Ayamonte se sigue incrementando, acuciándose aún más durante los meses estivales, debido a una variada casuística que abarca desde la actividad turística y el incremento de delitos o faltas hasta el narcotráfico. Estas circunstancias -explica el sindicato- ya no se limitan al verano sino que se dan de forma recurrente en las zonas de costa. Además, se suman los problemas de la falta de espacio y el hacinamiento.

Por todo ello, la creación del juzgado número 6 de Ayamonte “era urgente” y desde CSIF se ha querido agradecer el esfuerzo realizado desde la Audiencia Provincial. No obstante, el sindicato asegura que es necesario otro juzgado más, separar las jurisdicciones y la aprobación de plazas de magistrado para hacer frente a la situación en la localidad ayamontina y reducir la pendencia y los tiempos de resolución.

Los Juzgados de Menores de Huelva estrenan nueva sede

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Justicia recepciona las obras tras acometer una inversión de 420.000 euros

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en funciones, Alfredo Martín, ha visitado hoy la nueva sede de los Juzgados de Menores de Huelva tras la finalización de las obras realizadas, en las que la Junta ha invertido 420.000 euros para adecuar un inmueble situado en la calle San Sebastián de la capital onubense. Se trata de un local de 814,51 metros cuadrados que acogerá en este verano el juzgado y la Fiscalía de Menores de Huelva.

Martín ha recordado que el traslado del Juzgado de Menores a unas instalaciones adecuadas “era una demanda de los agentes judiciales de la ciudad a la que hemos respondido desde la Consejería de Justicia, buscando para ello un local adecuado para cubrir las necesidades que requiere, por las especiales características de esta jurisdicción, un juzgado de Menores”.

El nuevo inmueble está situado en los números 10, 12 y 14 de la calle San Sebastián de Huelva y cuenta con una superficie total de 814,51 metros cuadrados. En el mismo, se ubicarán tanto el Juzgado de Menores número 1 de Huelva como la Fiscalía de Menores, que actualmente se encuentran en la calle Echegaray, «en un espacio que no cumplía con las condiciones necesarias para ofrecer un buen servicio. En cambio, en este nuevo local dispondrá de espacio suficiente y una sede moderna», ha aseverado Martín.

La Delegación firmó el pasado 1 de enero el contrato con la arrendadora por un importe total de 419.337,60 euros para los próximos cuatro años, con opción de prorrogarse. En esta cuantía están incluidas las obras de adaptación que el delegado ha recepcionado una vez finalizadas. Está previsto que el traslado esté completado a finales de julio o principios de agosto para que en septiembre el Juzgado y la Fiscalía estén completamente operativos ya en la nueva sede.

Durante su visita, el delegado territorial en funciones también ha informado de la instalación de desfibriladores en la sede de la Audiencia Provincial de Huelva y los juzgados de Primera Instancia, haciendo de estos inmuebles espacios seguros ante cualquier incidencia. Además, se ha formado a cuatro funcionarios en cada sede para aprender a usar estos equipos ante una emergencia.

“Todo ello forma parte del compromiso que hemos mantenido durante esta legislatura desde la Consejería de Justicia por mejorar las infraestructuras judiciales para facilitar el trabajo de los funcionarios, jueces y fiscales así como el servicio que se ofrece a la ciudadanía que acude a la Justicia”, ha subrayado.

Piden ampliar las plantillas de los juzgados de Ayamonte, Moguer y La Palma

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CSIF denuncia que el personal es el mismo que hace 25 años

El sector de Justicia del sindicato CSIF ha vuelto a poner de relieve el «déficit» de órganos judiciales y de plantilla que a su juicio se produce en los juzgados de la provincia de Huelva y ha calificado este hecho como un problema “estructural e histórico que no se ha resuelto con las plazas, escasas, que van saliendo”. Las ratios de asuntos que entran en las distintas jurisdicciones sigue siendo «muy elevada», por lo que sería necesario ampliar y mejorar las plantillas “para paliar las carencias que hay y ofrecer a la ciudadanía una Justicia bien dimensionada”, añaden.

La central sindical indica que el volumen de población, el alto índice de litigiosidad y la pandemia han evidenciado que sigue habiendo muchas necesidades y ha lamentado que “la infradotación de juzgados y personal perpetúa una Justicia lenta y con enormes retrasos”. En concreto, como puntos calientes necesitados de una actuación inmediata CSIF señala los juzgados de Ayamonte, Moguer y La Palma del Condado, donde este sindicato exige un plan de contención para contar con más personal y estudiar, en cada caso, la dotación de nuevos órganos.

En concreto, en la localidad ayamontina está aprobada la creación del juzgado mixto número 6 desde hace varios años pero “la lentitud del proceso hace que se dilate en el tiempo esta ampliación”, indican. En este caso, “hay que tener en consideración el crecimiento poblacional del partido judicial que además de Ayamonte, engloba los municipios de Cartaya, Lepe e Isla Cristina”, explica María Paz de la Cruz, responsable provincial del sector de Justicia de CSIF. De la Cruz habla de “una carga de trabajo insufrible, sobre todo de asuntos penales y civiles, que demora en exceso los tiempos de respuesta, ya que, a pesar de todo, la plantilla sigue siendo la misma que hace 25 años».

La situación es similar, asegura, en los juzgados de La Palma y de Moguer, donde el aumento de litigios ha sido exponencial en los últimos años. “Mientras que la carga de trabajo no ha parado de incrementarse en la última década, el número de empleados públicos prácticamente se han mantenido igual con una creación de plazas a todas luces insuficiente”, ha manifestado María Paz de la Cruz, que habla de “parches continuos por parte de la Administración” en unos juzgados donde “tanto por el escaso personal como por la falta de recursos e infraestructuras existe un sistema de trabajo arcaico que no permite modernizar la Justicia ni adecuarla a las necesidades actuales de la sociedad”, agrega.

Finalmente, desde CSIF se ha lamentado que “únicamente se recuerda este serio problema que afecta a los juzgados cuando despunta algún caso de forma pública”, pero el ciudadano “lo padece cada vez que tiene que acudir a la Justicia” y lo sufren los trabajadores “que no pueden atender a los usuarios como les gustaría y hacen un sobreesfuerzo a costa de sus descansos para sacar adelante el trabajo y que la ciudadanía se vea perjudicada lo menos posible”, concluyen.

Continúa el análisis de la manta por el doble crimen de Almonte

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La instrucción se ha prorrogado seis meses más por orden un un juzgado de La Palma

El Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado ha acordado que se prorrogue otros seis meses más la instrucción por el procedimiento del caso del doble crimen de Almonte, en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en el domicilio familiar en 2013.

Asimismo, en el marco de la instrucción, el Instituto Nacional de Toxicología ha informado de que continúa en curso el análisis de la manta que cubría a la menor y que no fue estudiada con anterioridad, toda vez que han precisado que se han obtenido «un elevado número de muestras».

Según recoge el auto, se acuerda la prórroga del plazo de instrucción por seis meses a contar desde el día 29 de enero de 2022, prórroga que finalizará el 29 de julio de 2022 «sin perjuicio de que pudieran acordarse nuevas prórrogas si ello resultase necesario».

De este modo, remarca que dada «la naturaleza del delito investigado así como la existencia de diligencias pendientes de recibirse de las que pudiera derivar la necesidad de acordar otras nuevas hacen previsible actualmente que no será posible la finalización de la instrucción antes del día 29 de enero de 2022».

Tras remarcar que se está ante unos hechos de «investigación compleja que han requerido numerosos informes periciales y diligencias de investigación policial», se considera necesaria la ampliación del plazo de instrucción.

Respecto a las diligencias pendientes, tras el requerimiento emitido por el juzgado, a instancias de la familia de las víctimas, la Guardia Civil ha respondido sobre la situación de las pruebas a analizar, un jersey de la menor y una manta.

Así, sobre la manta, que analiza el Instituto Nacional de Toxicología, remarcan que se trata de «una evidencia de grandes dimensiones, una manta de 2,40 por 1,60 metros en la que se les solicitó la búsqueda de posibles restos celulares ajenos a las víctimas». Además, han señalado que «se ha llevado a cabo una selección minuciosa, dando como resultado un elevado número de muestras para llevar a cabo los correspondientes análisis», por lo que, una vez finalizados, se emitirá el informe.

De este modo, en cuanto al jersey, el departamento de Biología de la Guardia Civil comunica al juzgado que está «en fase de estudio» y que, una vez finalizado, será remitido a la mayor brevedad posible.

Suspenden la condena de un pedófilo de Huelva si no vuelve a delinquir en cinco años

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Fue hallado culpable de tenencia y distribución de pornografía infantil

El juzgado de lo penal número 4 de Huelva ha condenado a un hombre a un año y seis meses de prisión como autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, pero ha acordado suspender la pena impuesta de cárcel por el plazo de cinco años, condicionada a que el penado «no delinca durante el mismo», así como que «participe en un taller de educación sexual».

Asimismo, tras el juicio celebrado el pasado mes de junio, lo condena a cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, empleo o profesión que implique el contacto habitual con menores de edad por un tiempo de diez años.

Según recoge la sentencia la causa se inició a raíz de una denuncia por estos hechos el 5 de marzo de 2018 y la magistrada considera probado que el acusado, que además contaba con antecedentes penales por un delito de agresión sexual, «movido por el propósito de satisfacer su apetito sexual a costa de la imagen de personas menores de edad buscó fotografías y vídeos de menores desnudos o realizando prácticas sexuales con otros menores o con adultos».

Asimismo, señala que el condenado poseía al menos nueve vídeos en su ordenador, así como otros 17 en una tarjeta de memoria y otros 22 borrados, que pudieron ser recuperados, y otros 200 en una memoria externa USB, y que «buena parte de ellos han registrado espeluznantes escenas de abusos o agresiones sexuales a menores de muy corta edad».

Además, se considera probado que esta persona hacía uso de su teléfono móvil para participar en chats donde se compartía material audiovisual de menores, llegando a interactuar con participantes de los mismos intercambiando «miles de archivos de contenido pedófilo».

De mismo modo, según reza la sentencia, el condenado hacía uso de aplicaciones para compartir archivos entre usurarios del tipo ‘extremo a extremo’ y las utilizaba para difundir algunos de los archivos hallados, aunque «ninguno de los menores ha podido ser identificado».

El escrito recoge que la sentencia es firme, al mostrar todas las partes su voluntad de no recurrir, toda vez que señala que se acuerda suspender la pena impuesta de un año y seis meses de prisión por el plazo de cinco años, condicionada a que el penado «no delinca durante el mismo», así como que «participe en un taller de educación sexual».

A prisión tras robar en más de 50 vehículos en Cartaya

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El Ayuntamiento destaca el intenso trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con numerosas detenciones previas y un estrecho seguimiento del sospechoso

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ayamonte ha decretado el ingreso en prisión del presunto autor de más de medio centenar de robos en el interior de vehículos en Cartaya, cometidos todos ellos en los últimos meses.

Este vecino del municipio ha sido detenido este miércoles, junto a otro varón que lo acompañaba, por la Guardia Civil, en estrecha colaboración con la Policía Local de Cartaya, que ya lo habían detenido en numerosas ocasiones anteriores y que les venía realizando desde hace semanas un estrecho seguimiento.

En esta ocasión, el juez, tras tomarle declaración en la mañana del jueves, ha enviado a prisión al principal sospechoso de los robos, y ha dejado en libertad al individuo que lo acompañaba.

Tanto la alcaldesa, Pepa González Bayo, como el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ángel Rodríguez Marcelino, han puesto en valor y agradecido “el intenso trabajo realizado tanto por la Policía Local como la Guardia Civil de Cartaya, que no han cesado en su empeño por detener y poner a disposición judicial al presunto autor de estos robos, que habían generado mucha indignación entre los vecinos y vecinas, por los daños en los vehículos que solían ocasionar, al forzar puertas y ventanillas para acceder a su interior”.

Los juzgados y la fiscalía de Violencia de Género, sin funcionario de auxilio desde hace meses en Huelva

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Los juzgados de Huelva cumplen cuatro meses sin nuevos nombramientos de personal

 
La Junta de Personal de la Administración de Justicia en Huelva, formada por los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SPJ-USO y STAJ, denuncia la situación de falta de personal que están padeciendo los juzgados de la provincia de Huelva.
 
Concretamente el juzgado de lo Penal nº3, con competencia exclusiva en Violencia de Género, no dispone de funcionarios del cuerpo de Auxilio desde el mes de marzo. Por su parte, la Fiscalía de Violencia de Género no dispone de funcionarios de este cuerpo desde febrero, así como en los juzgados de primera Instancia 2 y 3 de Huelva, el SCPJ (Servicio Común del Partido Judicial) de la Palma del Condado y en la Fiscalía Provincial de Huelva.
 
Esta situación supone un importante perjuicio para el servicio público de la Administración de Justicia y para el damnificado final que es el ciudadano.
 
Este grave problema viene generado por la total inoperancia e ineficacia de la Administración Pública Andaluza, concretamente de las Consejería de Justicia y la de Empleo, que han sido incapaces de dar una solución durante cuatro meses. Esta situación continúa a día de hoy agravada, además, con el comienzo del periodo vacacional.
 
Desde las cinco organizaciones sindicales nos hemos dirigido reiteradamente a la Secretaría Provincial de Justicia de Huelva y a la Dirección General de la Consejería de Justicia pidiendo una solución inmediata.
 
Otros perjudicados, más aun teniendo en cuenta la altísima tasa de desempleo que tenemos en nuestra provincia, son los demandantes de empleo que a día de hoy deberían estar trabajando en la Administración de Justicia. Algunos de ellos tendrían que haberse incorporado hace más de cuatro meses.
 

Seis años de prisión para un hombre por agredir sexualmente a su pareja cuando tenía la regla en Cartaya

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Además la golpeó violentamente con un cinturón

La Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra Houssam E. H que le condenaba a la pena de seis años de prisión como autor responsable de un delito de agresión sexual a su pareja, con lo que desestima así de manera íntegra el recurso presentado por la defensa del condenado, según establece la sentencia facilitada por el TSJA. Según se demuestra en la sentencia la obligó a mantener relaciones sexuales cuando esta no quería y habiéndole advertido previamente de que tenía la regla.

En ese recurso de apelación, el condenado alegaba vulneración de la presunción de inocencia, error en la apreciación de la prueba y aplicación indebida de los artículos 178, 179 y 153 del Código Penal.

No obstante, a juicio del tribunal de apelación, el de Instancia «cumple con creces esta exigencia de motivación en su análisis del testimonio de la denunciante y del conjunto de la prueba practicada»; así como la defensa del apelante «no es capaz» de proporcionar en su recurso datos o elementos de hecho que pudieran revelar una valoración arbitraria del tribunal de Primera Instancia ni argumentos para «poner seriamente en entredicho la racionalidad de su motivación probatoria».

Por ello, le recuerda a la defensa que se limita «a tratar de poner en entredicho la credibilidad de la denunciante con alegaciones que carecen de consistencia para suscitar un margen de duda razonable sobre la culpabilidad del acusado».

Así las cosas, entienden que la prueba practicada en el acto del juicio permitía al tribunal de instancia alcanzar «la convicción racional» de que el acusado realizó los hechos objeto «sin margen de duda razonable», por lo que se desestima el recurso y confirma la sentencia condenatoria de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva.

Del mismo modo, se consideran como hechos probados que Houssam E. H. mantuvo desde mediados del mes de julio de 2019 una relación sentimental con Z. L., conviviendo desde el día 7 de agosto de 2019 en una vivienda de Cartaya. Desde esa fecha, y habiendo comenzado ésta con la menstruación, sobre las 12,00 horas del día 12 de agosto de 2019, encontrándose en dicho domicilio, el procesado propuso a su pareja mantener relaciones sexuales, a lo que esta se negó por continuar con la regla, ante lo que aquel la cogió violentamente y la agredió sexualmente, mientras ella de forma reiterada le pedía que la dejara.

Tras ello, el procesado se marchó a continuar con los trabajos en beneficio de la comunidad que venía desempeñando y cuando volvió al domicilio sobre las 14,00 horas, momento en el que la víctima le dijo que quería dejar la relación, éste comenzó a agredirla con un cinturón, propinándole diversos golpes en los brazos, con los que se tapaba la cara, y en la espalda, tras colocarla contra el armario.

El acusado, que estaba condenado anteriormente como autor de un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, fue condenado como autor responsable de un delito de agresión sexual a la pena de seis años de prisión, así como a la pena de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a ella, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la víctima durante diez años.

Igualmente, se le impuso la medida de libertad vigilada durante cinco años, así como se le condenó como autor responsable de un delito de lesiones en el ámbito familiar a la pena de 10 meses y 16 días de prisión y a la pena de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ésta durante cinco años.

El exdirector de MRT vuelve a los juzgados por su gestión de la mina este martes

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Recientemente ya se dictó auto de prisión contra él por un delito similar dentro de las múltiples imputaciones que tiene

 

Carlos Estevez, ex consejero delegado de la compañía minera MRT, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados a partir de mañana martes 24 de mayo tras el llamamiento realizado por el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla por un delito de falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa. Para ello la fiscalía le pide tres años y medio de cárcel, lo que podría sumarte al año y tres meses de cárcel que un juez ya le sentenció de manera firme el pasado mes de enero y por lo que dictó su ingreso en prisión. Según ha adelantado Diario de Sevilla, están citados como testigos Guillermo Gutiérrez, ex consejero de Trabajo de la Junta y ex presidente del consejo de administración de Emed Tartessus, y cuatro empresarios extranjeros que invirtieron en el proyecto onubense.

 

Según el escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso este periódico, Estévez contactó con la empresa suiza Shorton Limited a la que ofreció la explotación minera, llegando a un acuerdo consistente en que para poder adquirir los activos de la empresa en suspensión pero tras un cambio de administradores, se recabaron informes de auditoría que revelaron irregularidades en el destino del dinero invertido por la entidad suiza. 

Carlos Estévez es una de las figuras claves de la minería en la zona. Fue el primer director general de Minas de la Junta de Andalucía, presidente de la Empresa Nacional de Innovación (1990–93), director de Minas de Riotinto (MRT) en dos períodos (1995–1998 y 2001–2003) y miembro de su comisión liquidadora, impulsor del nacimiento del depósito de residuos de Nerva, empresario y asesor de varias compañías, que en los últimos años colecciona demandas y querellas.