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El juzgado de La Palma amplía otros seis meses la instrucción del doble crimen de Almonte

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El auto lo atribute a «la naturaleza del delito investigado» y a la existencia de diligencias pendientes de las que pudieran derivarse otras

El Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva) ha acordado que se prorrogue otros seis meses más la instrucción por el procedimiento del caso del doble crimen de Almonte, en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en el domicilio familiar en 2013.

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda la prórroga del plazo de instrucción por seis meses a contar desde el día 29 de julio de 2022, prórroga que finalizará el 29 de enero de 2023 «sin perjuicio de que pudieran acordarse nuevas prórrogas si ello resultase necesario».

De este modo, el escrito remarca que dada «la naturaleza del delito investigado así como la existencia de diligencias pendientes de recibirse de las que pudiera derivar la necesidad de acordar otras nuevas hacen previsible actualmente que no será posible la finalización de la instrucción antes del día 29 de julio de 2022».

Tras insistir en que se está ante unos hechos de «investigación compleja que han requerido numerosos informes periciales y diligencias de investigación policial», se considera necesaria la ampliación del plazo de instrucción.

En este sentido, el abogado de la familia, José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones ha saludado que la juez haya accedido a esta ampliación, toda vez que ha recordado que la Fiscalía y la acusación particular solicitaron esta prórroga «por que hay determinados preceptos que posibilitaban la misma», ya que «las pruebas de toxicología podrían determinar la autoría de la persona».

Por ello, ha afirmado que esto posibilita que «en un periodo de 180 días puedan presentarse los resultados de esas pruebas que están a la espera».

Por otro lado, Aníbal Domínguez, tío y hermano de los fallecidos, se ha mostrado también «esperanzado» por esta nueva ampliación, pero ha asegurado que la familia sigue esperando de «forma inminente» el análisis de la manta por parte de Toxicología porque «puede ser determinante para el caso».

No obstante, «hace ya más de medio año del comunicado de Toxicología en el que explicaba la toma de numerosas muestras», pero «sigue a la espera de resultados, por lo que ha instando a «que pueda acelerarse en la medida de lo posible este trámite».

Al respecto, sobre la manta que analiza el Instituto Nacional de Toxicología, en el auto de diciembre se remarcaba que se trata de «una evidencia de grandes dimensiones, una manta de 2,40 por 1,60 metros en la que se les solicitó la búsqueda de posibles restos celulares ajenos a las víctimas».

Además, señalaban que «se ha llevado a cabo una selección minuciosa, dando como resultado un elevado número de muestras para llevar a cabo los correspondientes análisis», por lo que, una vez finalizados, se emitirá el informe.

Admitida a trámite una denuncia de un trabajador contra el alcalde de Hinojos y dos concejales

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El juzgado admite a trámite la querella por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y contra la integridad moral

El sindicato CSIF, a través del sector provincial de Administración Local, se ha hecho eco de la admisión a trámite de una denuncia realizada por un trabajador del Ayuntamiento de Hinojos contra el alcalde del municipio, Miguel Ángel Curier, y dos concejales de su equipo de Gobierno, Alejandro Franco y Antonio Corchero, por tres presuntos delitos: contra la integridad moral, prevaricación y usurpación de funciones.

En concreto, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado ha admitido la querella presentada por un empleado público del consistorio por la vía penal tras el estudio de la documentación presentada por el afectado. De igual forma se han abierto diligencias y será el próximo 2 de febrero, tal y como se recoge en el auto, cuando el trabajador acuda a los juzgados para declarar.

La central sindical activó su gabinete CSIF-Ayuda para prestar asesoramiento laboral al afectado después de que éste se pusiera en contacto con el sindicato informando de un presunto caso de acoso laboral. Tras acudir a este gabinete especializado, se le prestó ayuda y apoyo para gestionar la situación y fue el propio afectado el que inició las medidas legales oportunas a nivel particular. Desde entonces, CSIF está realizando un “seguimiento exhaustivo del caso” y asegura que permanecerá «vigilante ante el desarrollo de los acontecimientos”.

Desde la central sindical, y a través de CSIF-Ayuda, se asegura que “se pondrán en marcha las acciones necesarias para actuar ante posibles casos de acoso laboral” e insiste en que, en cada una de las administraciones, se debe contar con un protocolo anti-acoso y una comisión que se encargue de estudiar las situaciones de los trabajadores que las denuncien.

Finalmente, la organización sindical recuerda que su gabinete psicosocial CSIF-Ayuda está a disposición de todas sus personas afiliadas para prestar asesoramiento y soporte en casos de acoso laboral, conflicto, estrés laboral o el síndrome de burnout, violencia en el trabajo, riesgos laborales, adicciones o problemas de consumo y acoso sexual y por razón de sexo. La ayuda se centrará en un asesoramiento jurídico, técnico, psicológico y pedagógico a la persona que se encuentra en situación de riesgo psicosocial. Con esta iniciativa, CSIF pretende conseguir organizaciones saludables y en las que exista una cultura preventiva de respeto a todos los niveles.

La Policía cree que Paqui Romero y Enrique Fuentes murieron de forma accidental

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Todos los indicios apuntan a que no intervinieron terceras personas

Todos los indicios apuntan a que el fallecimiento de Paqui Romero y Enrique Fuentes, que fueron encontrados sin vida en la marisma de Corrales el pasado 6 de noviembre tras permanecer desaparecidos durante 11 días, se produjo como consecuencia de un accidente, «sin la intervención de terceras personas».

Así lo han comunicado desde la Policía Nacional de Huelva después de que el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Huelva, que dirige la investigación, levantase este miércoles el secreto de sumario. «Todos los indicios apuntan que se ha tratado de muerte accidental», han asegurado.

Desde el cuerpo policial también han destacado el trabajo desarrollado por los integrantes del Grupo de Homicidios/ Desaparecidos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Huelva, que «desde que se interpusieron las denuncias por desaparición no han dejado de trabajar de forma continuada para lograr el esclarecimiento de los hechos», han subrayado.

Las mismas fuentes resaltan también «la implicación de la Comisaría Provincial en su conjunto, que se tradujo en la realización de un dispositivo de búsqueda en el que intervino un helicóptero de la unidad de medios aéreos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental el día 3 de noviembre y que se centró en un área que comprendía el lugar donde se localizó finalmente el vehículo».

Por último, desde la Policía Nacional de Huelva han agradecido la colaboración prestada por el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y Bomberos de Huelva.

Los familiares de Paqui Romero, de 60 años, y de Enrique Fuentes, de 73, denunciaron la desaparición de ambos el pasado 26 de octubre al no regresar a sus domicilios tras salir juntos a cenar a un pueblo de la provincia.

Cárcel para dos hermanas de la Autoescuela Rábida por defraudar a la Seguridad Social

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Tras el impago sistemático de las cotizaciones de los trabajadores

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos hermanas a tres años de prisión para cada una por defraudar casi 400.000 euros (398.151,74) a la Seguridad Social mediante el impago sistemático de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena en las empresas que gestionaban, la Autoescuela Rábida en dos diferentes fórmulas jurídicas.

De este modo, la sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que ambas crearon junto con su padre «ya fallecido» una sociedad cooperativa «que tenía por objeto la enseñanza y formación tanto práctica como teórica de las normas de circulación vigente y conducción de vehículos automóviles», siendo ellos los miembros del Consejo rector y «dándose de alta al primer trabajador para dicha empresa en el año 1989, explotando a partir de dicho momento un negocio de autoescuela».

Así, la sentencia explica que al tratarse la anterior mercantil de una sociedad cooperativa «que por sus propias características no podía contar más que con un trabajador por cuenta ajena decidieron constituir una sociedad limitada en marzo 2001 junto con su padre y sus esposos con el mismo objeto social que la cooperativa», para que aportaron 3006 euros «desembolsados en su totalidad por la sociedad cooperativa».

El escrito prosigue señalando que «al fallecer el padre y al finalizar los matrimonios de las acusadas estás pasaron a ejercer de facto la administración y dirección de las dos mercantiles» pasando a operar finalmente «como si un verdadero grupo empresarial o empresa única se tratara».

En este punto, reza la sentencia que «durante los años 2013 a 2016 ambos incluidos las acusadas como empresarias de la cooperativa y de la sociedad, actuando de común acuerdo y unidad de fin, como si de un única empresa se tratara, optaron por el impago sistemático de las cotizaciones de la Seguridad social de los trabajadores por cuenta ajena de las mismas generándose una deuda con el citado organismo de 398.151,74 euros».

Asimismo, señala que «con objeto de eludir el pago de la deuda» las acusadas «crearon una segunda sociedad limitada en 2015» que pasó a ejercer la misma actividad que las dos anteriores desde septiembre de 2018, para que pasaran a estar dados de alta en ella «los profesores y los vehículos de la sociedad inicial».

Así, la Audiencia entiende que con esto evitaban «tanto las actuaciones de ejecución de la Seguridad Social como la identificación del verdadero deudor». Igualmente, «para dar apariencia de que no estaban continuando con la misma actividad», esta empresa figuraba a nombre del hijo de una de las acusadas, también juzgado en la causa.

Por todo ello, los magistrados consideran a las dos acusadas responsables de un delito de defraudación a la Seguridad Social por el que les impone a cada una dos años de cárcel, el pago de una multa de 796.303,48 y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales a de la Seguridad social por un período de cuatro años; y de un delito de frustración de la ejecución por el que suman la pena de un año de prisión y una multa de 2.200 euros.

Asimismo, imponen la misma pena al tercer encausado y, en concepto de responsabilidad civil, las acusadas deberán de abonar «conjunta y solidariamente» a la Seguridad Social la cantidad defraudada.

Un juez considera el infarto de un trabajador de Huelva como accidente laboral

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CCOO ha puesta en valor este caso del cocinero de un hotel que ocurrió en el año 2007

El Juzgado de lo Social número 2 de Huelva ha fallado a favor de CCOO en el caso de un trabajador que sufrió un infartó mientras se encontraba en su puesto de trabajo y fue considerado como enfermedad común y no laboral por la mutua y la Seguridad Social. La jueza, en esta sentencia, «ha dado la razón al sindicato y al trabajador y ha asociado su enfermedad como consecuencia de su actividad laboral».

De este modo, la secretaria general del CCOO Huelva, Julia Perea, ha indicado en una nota de prensa que esta sentencia «es un gran logro, puesto que es muy importante que se reconozca un infarto como enfermedad laboral, ya que ello tiene consecuencias en las prestaciones y ayudas que recibe el trabajador».

Los hechos a los que la sentencia se refiere se remontan al 9 de julio de 2017, el trabajador, un cocinero de un establecimiento hotelero, se encontraba en la cámara de carne cuando se desvaneció, tras ser socorrido por sus compañeros, se dirigió a dependencias sanitarias en las que certificaron estenosis carotidea grave ACII. El trabajador no recibió el alta hasta el 27 de marzo de 2018. Aunque, posteriormente, sufrió otro episodio similar.

Tras conocer el caso del cocinero, y que tanto la mutua como INSS y TSGG lo consideraran como enfermedad común, desde «CCOO interpusieron, lo primero, un procedimiento de Determinación de Contingencias ante el INSS, que fue denegado, por lo que interpusieron una demanda ante el juzgado, reclamando que esta contingencia tiene un origen profesional».

Julia Perea ha explicado que, «todo lo que ocurre durante la jornada de trabajo por consecuencia o causa de la actividad laboral tiene la presunción de accidente de trabajo y son la empresa y la mutua las que tienen que acreditar lo contrario, de ahí la importancia, además, de que los trabajadores ejerzan sus derechos ante la ley».

La responsable del sindicato en Huelva ha reiterado, además, que la consideración de enfermedad común implica que «se aplica la ley de Seguridad Social, es decir, que el trabajador accidentado no perciba nada durante los tres primeros días, al cuarto, recibe el 60 por ciento de su base reguladora, y a partir del día 21, el 75 por ciento».

«La situación cambia si se tiene la consideración de accidente laboral, puesto que recibe el 75 por ciento del salario base desde el primer día, además de que la mutua debe hacerse cargo de prestaciones, medicamentos y demás gastos sanitarios», ha proseguido.

Por otro lado, Perea ha recordado que, «aunque este no es el caso de este trabajador», si el accidente ocurre por falta de medidas preventivas por parte de la empresa, esta tendrá que abonar al trabajador o trabajadora un recargo entre el 30 y el 50 por ciento de las prestaciones que percibe, por «no haber cumplido con las medidas preventivas oportunas».

Asimismo, la secretaria general ha recalcado que si se determina que es un accidente laboral, el trabajador o trabajadora «no debe tener un mínimo cotizado para poder percibir prestaciones, ya que*tendría garantizado el 75 por ciento desde el primer día y no se descuentan, tampoco, las prestaciones por desempleo».

Por todo ello, «desde CCOO queremos, además, lanzar un mensaje a todos los trabajadores para que reclamen siempre la contingencia si el accidente ocurre en el trabajo o en el camino o si padecen una enfermedad que sospechen que pueda tener un origen laboral, ya que la diferencia tiene un impacto sobre las prestaciones de hoy y a futuro», ha proseguido.

Ha animado a los trabajadores a que, ante la mínima sospecha o desconocimiento de cómo proceder, se acerquen al sindicato para «buscar el mejor asesoramiento», ha concluido Perea.

CSIF exige que el refuerzo de las guardias en el juzgado de Ayamonte se mantenga todo el año

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El sindicato pide que el plan se extienda al resto de los meses porque «los fenómenos que lo justifican se dan siempre», advierte

El sindicato CSIF ha valorado el plan de la Junta de Andalucía para reforzar el servicio de guardia en los juzgados de las localidades costeras de Andalucía durante el verano de 2021, que incluye el municipio de Ayamonte, aunque también ha exigido a la Administración que esta medida se extienda a todo el año y no sólo a los meses estivales.

En este sentido, la central sindical insiste en que “seguimos solicitando que esta medida se aplique al ejercicio anual completo” y, precisamente ahora, porque “es cuando las consejerías intentan cerrar sus presupuestos para 2022 y los elevan a Hacienda para su aprobación”. La posibilidad de trasladarse entre provincias implica la reactivación del turismo y, con ello, el incremento exponencial de población en esta localidad onubense, añaden desde el sindicato, que asegura además que “se seguirá en la lucha y la presión de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico ante el aumento de las detenciones por este tipo de delitos”.

Otra “razón de peso” que para el CSIF justifica la puesta en marcha del plan tiene que ver con el «atasco» del sistema judicial, «una realidad ya patente antes de la pandemia que se agravó como consecuencia del estado de alarma», agregan, al tiempo que defienden que «unos servicios de guardia insuficientes en los partidos judiciales donde más crecen las denuncias ahondarían en la herida que la emergencia sanitaria ha ocasionado en la Administración de Justicia”.

«Frente a esos inconvenientes, el plan de refuerzo permite disponer de la totalidad de la plantilla del órgano judicial, lo cual facilita una rápida atención al ciudadano en periodos en los que el incremento de denuncias y detenciones se multiplica”, asegura el sindicato, que considera que “es un acierto y se ha desarrollado con buenos resultados en los tres últimos periodos estivales, en los que no ha habido incidencias graves en los órganos judiciales».

“La rápida atención al ciudadano que se ofrece contando con la totalidad de la plantilla del órgano judicial para el servicio de guardia, en periodos donde el incremento de denuncias y detenciones se multiplica, repercute lógicamente en un mejor servicio de guardia, más adecuado a las necesidades de las personas usuarias”, prosiguen.

Finalmente, CSIF asegura que “los fenómenos que justifican este plan no se limitan al verano, sino que se dan siempre en ciertas zonas”. Así, entiende que los refuerzos “dan respuesta al incremento de actividad que experimentan los juzgados de Ayamonte durante el periodo estival debido a una variada casuística que va desde el turismo hasta el narcotráfico”.

Justicia refuerza el servicio de guardia en Ayamonte

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Un total de 21 juzgados en toda Andalucía podrán disponer del 100% de las plantillas para prestar este servicio

La Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva ha puesto hoy en marcha el plan de ampliación del personal en los juzgados de Guardia en Ayamonte. En toda Andalucía serán 21, después de que se haya ampliado a tres partidos judiciales más con respecto al verano pasado. El objetivo es reforzar los órganos judiciales de la costa para poder atender tanto al aumento de población que se produce en estas zonas durante el verano, como a la llegada masiva de personas migradas. Un plan que arranca hoy hasta el 30 de septiembre y que en el caso de Ayamonte se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Esta iniciativa, diseñada por la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, supone ampliar el personal que cubre las guardias habitualmente en los juzgados, de tal forma que desde hoy en lugar de cubrir las guardias el 50% de la plantilla, lo hará el 100% del personal del juzgado al que le corresponda hacer este servicio.

El plan de la consejería que dirige Juan Marín se desarrollará en 21 juzgados de Guardia de la costa andaluza, tres más que el año pasado, y supondrá un coste total de 451.053 euros. En el caso de la provincia onubense la inversión será de 25.664,85 euros.

“Una vez más desde este Gobierno cumplimos nuestro compromiso y hacemos un esfuerzo para dotar de más personal aquellos juzgados que más lo necesitan. Lo hemos demostrado con un plan de choque sin precedentes para recuperar la Justicia de los efectos del Covid, incrementando las plantillas de funcionarios y con mayor dotación de refuerzos. Esta Consejería cree que la Justicia es un servicio esencial como lo es la Educación o la Sanidad y por eso estamos poniendo todos los medios necesarios”, ha indicado el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Alfredo Martín.

De esta forma, en Ayamonte se incorporan a las guardias tres funcionarios más, que se suman a los cuatro que habitualmente hacen estas labores de guardia.

Se enfrenta a una pena de cárcel por ir a 207 km/h por la A-49

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En un tramo limitado a 100 km/h

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva ha procedido a investigar a un conductor por un presunto delito Contra la Seguridad Vial, por circular de forma manifiestamente temeraria. En concreto, esta persona supuestamente circulaba a 207 km/h con su vehículo en la autovía A-49 (Sevilla-Portugal).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, este hecho fue detectado con ocasión de los distintos controles de velocidad que la Guardia Civil de Tráfico lleva a cabo estos días, motivados por la campaña de velocidad de la DGT.

En concreto los hechos sucedieron el 11 de mayo sobre las 23,50 horas, cuando un vehículo que circulaba por la autopista A-49, sentido Portugal, llegó a alcanzar los 207 kilómetros por hora en un tramo limitado a 100 Km/h. Al investigado se le realizó también la prueba de alcohol y drogas, práctica habitual para todas las infracciones de seguridad vial detectadas.

Estos hechos se encuentran tipificados en el Código Penal, al conducir un vehículo a motor a velocidad superior en 80 kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, pudiendo acarrear la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Así las cosas, las diligencias instruidas serán puestas a disposición del Juzgado de Guardia de La Palma del Condado (Huelva).