Un año de cárcel por el apuñalamiento mortal de un hombre en un salón de juegos de Huelva

El juez no ve intencionalidad en el acto y tiene en cuenta las amenazas de muerte previas

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un año de cárcel al varón acusado por la muerte de un hombre en el mes de abril de 2019 en un salón de juegos de la capital onubense, todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, que lo ha considerado responsable de un delito de homicidio imprudente con las eximentes incompletas de legítima defensa y miedo insuperable.

En una sentencia fechada el día 21 de diciembre, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia condena además al investigado a indemnizar con un total de 115.890,23 euros a la madre, la pareja sentimental y el hijo menor del fallecido, según ha indicado el TSJA en una nota de prensa.

Conforme al veredicto emitido por el jurado popular, la Audiencia considera probado que acusado y víctima se conocían con anterioridad y habían tenido una relación de amistad hasta que el condenado inició una relación sentimental con la expareja del fallecido, lo que provocó desavenencias entre ambos. En este sentido, el fallecido amenazó de muerte al encausado en varias ocasiones, «causando en éste un estado de temor y miedo».

Así, según la sentencia, los hechos tuvieron lugar la noche del día 10 de abril de 2019 en un salón de juegos de Huelva capital, cuando la víctima tuvo conocimiento de que el acusado se encontraba jugando en la mesa de la ruleta y decidió abandonar el local con los amigos que lo acompañaban, aunque regresó poco después al establecimiento en una furgoneta conducida por uno de sus amigos.

De este modo, la víctima se dirigió a la mesa de la ruleta donde se encontraba jugando el investigado y le propinó varios manotazos por la espalda, momento en el que comenzó un forcejeo entre ambos en el marco del cual se desplazaron alrededor de la mesa de la ruleta hasta colocarse detrás de una columna. En ese forcejeo, y «sin intención de causarle la muerte ni previendo dicho resultado mortal», el acusado dirigió un arma blanca al cuerpo del fallecido y se la clavó a la altura de la zona lumbar, prosigue la sentencia.

«ESTADO DE TEMOR Y MIEDO» DEL ACUSADO
A continuación, y según recoge la sentencia, el encausado abandonó el local «rápidamente» y dejó allí al agredido aún con vida, siendo trasladado éste por sus amigos allí presentes en un vehículo particular a un centro hospitalario donde, pese a la asistencia médica recibida, falleció sobre las 1,25 horas del día 11 de abril de 2019.

Durante el forcejeo, el condenado experimentó un estado de «temor y miedo» que, «aunque no fuera insuperable, disminuyó notablemente su voluntad o capacidad de elección sin llegar a anularla, lo que le llevó a apuñalarlo en dos ocasiones, causándole las heridas que le produjeron la muerte».

El acusado ha permanecido en situación de prisión provisional desde el día 13 de abril de 2019 hasta el pasado día 30 de noviembre de 2021, cuando fue puesto en libertad tras solicitarlo su defensa después de conocer el veredicto del jurado popular, que lo consideró culpable de un delito de homicidio imprudente con las eximentes incompletas de legítima defensa y miedo insuperable.

Inicialmente, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por la madre y la expareja del fallecido acusaron al investigado de un delito de homicidio y solicitaron para él penas de entre siete años y medio y catorce años de cárcel.

Bernardo Montoya permanecerá en la cárcel de Huelva hasta conocer la sentencia

Fue considerado culpable de todos los cargos pero tiene que esperar la pena que le imponga el juez

Bernardo Montoya, considerado el pasado viernes por el jurado popular culpable de la detención ilegal, agresión sexual y asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo en El Campillo en diciembre de 2018, continúa en la cárcel de Huelva a la espera de su traslado de la Sevilla II, en Morón.

Según han informado fuentes penitenciarias aún no hay fecha cerrada para que Montoya vuelva a la cárcel sevillana, aunque «seguramente» permanezca en el penal onubense hasta que se conozca la sentencia que contra él debe emitir el magistrado-presidente del juicio, Florentino G. Ruiz Yamuza.

Asimismo, han indicado que hasta el momento Montoya, que ha estado en prisión preventiva hasta ahora, se ha negado a hacer cursos sobre violencia y agresores sexuales porque, como ha venido manteniendo en el juicio, no asume ni el delito de agresión sexual, ni el de asesinato, achacándole este último a una ex pareja suya.

La sentencia, que debe de conocerse en los próximos días, debe de ser de acuerdo con lo manifestado por las partes y en el sentido en que se ha pronunciado el jurado.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones que ejercen la familia y la Junta de Andalucía solicitan las mismas penas, 20 años de cárcel por un delito de detención ilegal, 12 por el de agresión sexual y prisión permanente revisable por el de asesinato

El juicio por asesinato de Laura Luelmo analiza el estado psiquiátrico de Bernardo Montoya

El objeto del veredicto se entregará mañana viernes al jurado popular

Este jueves prosigue en la Audiencia Provincial de Huelva el juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya, el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, en la localidad de El Campillo y lo ha hecho con unos 9 testimonios de agentes y especialistas, entre ellos, los médicos forenses que han realizado el informe psiquiátrico del acusado que está en tela de juicio.

En total, han comparecido como peritos cinco agentes de la Guardia Civil de los grupos Edite y Gato (uno de ellos por videoconferencia y los cuatro restantes de manera conjunta y presencialmente) y cuatro médicos forenses, dos de los cuales realizaron un informe psiquiátrico sobre el acusado.
El juicio se retoma a las 15,00 horas de hoy jueves con las conclusiones e informes de las partes.
El objeto del veredicto se entregará al jurado mañana viernes.

En declaraciones a los medios antes de inicio de esta cuarta sesión, el abogado del acusado, Miguel Rivera, ha reiterado que las pruebas presentadas este miércoles «no necesariamente hacen suponer de manera indubitada que haya habido una agresión sexual», por lo que mantiene esperanzas de eximir a su defendido de este cargo, toda vez que ha remarcado que la retención ilegal «lo tenemos bastante claro».

Rivera ha explicado que, en el caso de que su defendido no fuera condenado por agresión sexual, esto podría ser un factor «bastante importante» para «coayudar» a eximir a Montoya de la prisión permanente revisable».

El letrado ha destacado que en la sesión del miércoles salió «contento» porque «las pruebas dejaban muchas puertas abiertas, bien porque el jurado de por sí lo aprecie, o a través de los mecanismos de impugnaciones previstos en nuestro sistema procesal».

Cuestionado por si podría haberse producido una agresión sexual sin que aparecieran restos, Rivera ha afirmado que «se puede dar», pero que «debe ser un complemento con otros elementos y otros factores que no se dan», así como ha apuntado que «las lesiones en el interior del cuerpo de la joven podrían responder a muy diversas causas». Asimismo, ha señalado que Montoya ha reconocido que «tapó» a la joven «para el transporte», así como que «acepta haber transportado su cuerpo».

Una vez concluya la práctica de la prueba, las partes personadas en el procedimiento presentarán sus informes finales, tras lo que el magistrado-presidente del juicio entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, algo que se prevé que sea este viernes, tras lo cual se retirarán entonces a deliberar antes de hacer público su veredicto.

El juez defiende la privacidad del juicio para evitar «daño» a las víctimas

El auto del magistrado que preside la vista por el crimen de Laura Luelmo cree que en este caso se da un interés digno de protección como el derecho a la intimidad

«La regla general en nuestro ordenamiento jurídico es la publicidad de las actuaciones judiciales, y particularmente de las vistas en los procesos penales», pero «existe la posibilidad de limitar» esa publicidad cuando concurran «razones de seguridad u orden público» o la «adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes», en particular, el «derecho a la intimidad de la víctima» o el «respeto debido a la misma o a su familia».

Así comienza el polémico auto judicial con el que el magistrado presidente del juicio por el asesinato de Laura Luelmo, Florentino Gregorio Ruiz Yamuza, establece que «procede decretar se celebren a puerta cerrada las sesiones del juicio oral», lo que pone en segundo plano el derecho a la información al impedir a los medios de comunicación informar sobre lo que acontece en un juicio que ha despertado gran interés en la ciudadanía.

Tras relatar diversos artículos de la Constitución Española y varias leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el magistrado señala que «en el presente supuesto concurre un interés digno de protección» como «la preservación de la intimidad y dignidad de las víctimas, tanto directa como indirectas», tras lo que se decanta por «priorizar» el derecho de las víctimas a «no ver incrementados los padecimientos inherentes a la pérdida sufrida con el daño moral derivado de la exposición pública» de los hechos que serán objeto de examen en el juicio.

El auto, al que ha tenido acceso TINTO NOTICIAS, también justifica esta decisión en el hecho de que fue propuesta por la propia familia de la víctima a través de un escrito previo dirigido al tribunal, así como que todas las partes personadas en el juicio mostraron su apoyo a la misma. Además, califica de «relevante» la opinión del jurado popular, al entender que esta materia no se encuentra entre aquellas sobre las que «estarían llamados a decidir los jueces legos».

Estas son las principales argumentaciones del auto por el que se impide la audiencia pública en el juicio por el crimen de Laura Luelmo, una decisión que ha generado gran polémica al contar con la oposición de la Asociación de la Prensa de Huelva, del Colegio de Periodistas de Andalucía y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, ya que los mismos argumentos podrían valer para impedir que se informe sobre cualquier acto que provoque padecimientos.

Ante ello, el auto señala que la decisión «no implica en modo alguno que se niegue de manera absoluta o incondicionada el acceso a la información relativa al juicio, que será facilitada a través de la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía», si bien esto no garantiza que los medios de comunicación puedan informar de lo que realmente ocurre en la vista, sino únicamente de lo que dicho Tribunal diga que ha ocurrido en la misma.

Una docena de testigos declara en la segunda jornada en el juicio por el asesinato de Laura Luelmo

La mayoría son guardias civiles que participaron en la investigación

Prosigue este martes en la Audiencia Provincial de Huelva el juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya, el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, en la localidad de El Campillo.

En la segunda jornada de este juicio, que se celebra a puerta cerrada, está previsto la declaración de más de una docena de testigos en la sesión de mañana y de tarde, toda vez que entre las personas citadas a declarar como testigos se encuentran agentes de la Guardia Civil.

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar el juicio, el abogado de Montoya, Miguel Rivera, no ha querido abundar en lo acontecido en sala ni en lo declarado por el acusado porque «falta aún mucho» en este juicio. Al mismo tiempo, ha remarcado que Montoya «reconoce poco» y que ha dado «versiones sueltas». «En realidad todavía relevante no se ha dicho nada», ha indicado.

Asimismo, este miércoles 17 de noviembre está previsto que comparezcan por la mañana seis médicos forenses y agentes de distintos grupos de la Guardia Civil. La mañana del día 18 tendrá lugar la comparecencia de seis agentes de la Guardia Civil, de cuatro médicos forenses y de un psicólogo.

Una vez concluya la práctica de la prueba, las partes personadas en el procedimiento presentan sus informes finales, tras lo que el magistrado-presidente del juicio entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que se retirarán entonces a deliberar antes de dar a conocer su veredicto.

En este juicio están personados la Fiscalía; la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, la acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía, y por otro lado, la defensa de Montoya.

La prensa de Huelva lamenta el «apagón informativo» en el caso de Laura Luelmo

La APH reclama más transparencia en el juicio y condena la decisión de cortar la señal de video e impedir el acceso de los periodistas en un caso de gran trascendencia

La Asociación de la Prensa de Huelva (APH) ha mostrado su «indignación» ante lo que califica como el «apagón informativo» que se ha producido respecto al juicio por el asesinato de Laura Luelmo, que ha comenzado en la mañana de este lunes 15 de noviembre en la Audiencia Provincial de Huelva y del que TINTO NOTCIAS se hizo eco a través de esta publicación.

El magistrado presidente Florentino Ruiz Yamuza decidió, tras escuchar a las partes, realizar el juicio a puerta cerrada y sin la señal televisiva que se había preparado para la cobertura periodística del juicio, algo que desde la Asociación de la Prensa de Huelva consideran un «grave error que atenta directamente contra los principios democráticos de un proceso público que la propia Constitución Española considera un derecho fundamental».

Para la APH, el hecho de que un juicio de enorme interés social y por el que se solicita una pena de Prisión Permanente Revisable se haga a “oscuras”, en una decisión tomada la propia mañana de juicio, es una “grave afrenta” a los principios del papel de garante democrático de la profesión periodística, al tiempo que “se le hurta a la ciudadanía su derecho a la información en un caso que escandalizó a toda la sociedad española y en el que están en juego numerosas implicaciones jurídicas y emocionales que debieran ser públicas para un futuro debate social».

Desde la Asociación de la Prensa de Huelva consideran «especialmente grave» esta decisión teniendo en cuenta que se trata de un juicio con jurado popular, por lo que «han sido personas legas en derecho las que han participado de la toma de decisión», añaden.

La APH defiende que el principio de publicidad de los juicios penales debe prevalecer salvo contadas excepciones y que así lo recoge la propia Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, más aún en un caso en el que además «ni concurre la presencia de menores ni se atisban problemas de orden público que pudieran motivar la decisión», agrega.

La Asociación de la Prensa ha anunciado que estará vigilante a las motivaciones que el juez debe exponer en un auto específico para hacer una excepción de la norma, así como que consultará con los servicios jurídicos de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) las posibilidades de recurso y/o protesta que la legislación permita en este caso, en el que los profesionales de la información sienten «vulnerados» sus derechos y están «plenamente capacitados» para salvaguardar el honor de la víctima y sus familiares de acuerdo a los principios del código deontológico de la profesión periodística, concluye.

Fotos: Julián Pérez

Deciden celebrar el juicio contra Bernardo Montoya a puerta cerrada

La vista tiene lugar sin audiencia pública ni registros de grabación para salvaguardar el «derecho a la intimidad»

El juicio por el crimen de Laura Luelmo, que se celebra desde las 10.00 horas de este lunes 15 de noviembre en la Audiencia Provincial de Huelva, apenas ha tenido unos minutos de audiencia pública. Sobre las 12.30 horas, el magistrado presidente, Florentino Ruiz Yamuza, decidía que la vista continúe a puerta cerrada, por lo que proseguirá «sin audiencia pública ni registros de grabación», tal y como indicó el propio magistrado antes de interpelar al jurado a deliberar sobre esta cuestión.

La propuesta fue realizada por el abogado de la acusación particular, Francisco Luelmo, con el objetivo de proteger lo que calificó como el «derecho a la intimidad», tras lo que su planteamiento fue aceptado por el resto de las partes: acusación popular, ejercida por la Junta de Andalucía, y la defensa de Bernardo Montoya, el acusado por el asesinato de la joven profesora zamorana.

A continuación, el magistrado presidente instó al recién constituido jurado a deliberar sobre esta cuestión, al tiempo que le ofreció la posibilidad de optar por una opción intermedia en la que que solo sean a puerta cerrada las partes en que se compromete la «privacidad», si bien, una vez escuchado al jurado popular, la decisión final ha sido que el juicio se celebre a puerta cerrada, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a los medios de comunicación acreditados, que hasta ese momento estaban siguiendo la sesión a través de un portal de internet habilitado para la ocasión.

Tal y como ya informó TINTO NOTICIAS, el acusado por el asesinato cometido el 12 de diciembre de 2018 en El Campillo, Bernardo Montoya, llegó sobre las 9,35 horas a la Audiencia Provincial de Huelva en medio de un amplio dispositivo de seguridad, que ha sido habilitado para garantizar que todo transcurra con total normalidad.

El juicio contará con sesiones de mañana (a partir de las 10,00 horas) y de tarde. Este lunes estaba prevista, tras la constitución del jurado, la declaración del acusado y de dos testigos, además de resolverse una serie de cuestiones previas planteadas por las partes, mientras que, en la sesión de tarde, tendrá lugar la declaración de 12 testigos.

El martes 16 de noviembre declararán 15 testigos en la sesión de mañana y cinco en la sesión de tarde, mientras que el miércoles 17 de noviembre comparecerán por la mañana seis médicos forenses y por la tarde agentes de distintos grupos de la Guardia Civil, mientras que en la mañana del día 18 tendrá lugar la comparecencia de seis agentes de la Guardia Civil, de cuatro médicos forenses y de un psicólogo.

Una vez concluya la práctica de la prueba, las partes personadas en el procedimiento presentarán sus informes finales, tras lo que el magistrado-presidente del juicio entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que se retirarán entonces a deliberar antes de hacer público su veredicto.

Tal y como ya informó este periódico, el Ministerio Fiscal pide para el acusado prisión permanente revisable por el delito de asesinato, 20 años de cárcel por el delito de detención ilegal y 12 años de cárcel por el delito de agresión sexual, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia en el de asesinato.

Además, el Ministerio Público argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora. Además, pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.

Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros y, a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.

La desaparición de Laura Luelmo se produjo el miércoles 12 de diciembre de 2018, solo dos días después de que la joven se instalara en municipio tras incorporarse, días antes, como profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz de la vecina localidad de Nerva.

La desaparición de Laura, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- a través de esta publicación, fue denunciada el jueves 13 de diciembre por un familiar desde la provincia castellano leonesa, tras lo que la Guardia Civil inició las investigaciones pertinentes para hallar a la desaparecida, que desde el miércoles no acudía al instituto, donde daba clases de Plástica en sustitución de una profesora.

El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco días después de su desaparición, el lunes 17 de diciembre, tras lo que, un día después, el martes 18, fue detenido su presunto asesino, Bernardo Montoya, un exconvicto que acababa de salir de la cárcel tras cumplir condena por asesinato y que se había instalado en una vivienda que su familia tenía en El Campillo, donde no era una persona conocida.

Montoya fue siempre el principal sospechoso. Sus antecedentes penales y el hecho de que viviese en frente de la casa de Laura hizo que la Guardia Civil lo tuviera en el punto de mira desde el principio. Su detención se produjo mientras conducía su coche y salió de la carretera para adentrarse en un carril, tras lo que agentes de la Guardia Civil inspeccionaron su vivienda en busca de pruebas.

Posteriormente, la juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino, Elvira Mora, decretó su ingreso inmediato en prisión por los presuntos delitos de detención ilegal, asesinato y agresión sexual, por los que desde entonces se encuentra en prisión preventiva.

Fotos: Julián Pérez

El juicio por el crimen de Laura Luelmo comienza este lunes

La Policía Nacional establecerá un dispositivo de seguridad para que todo transcurra con normalidad

La Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este lunes y hasta el próximo viernes el juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya, el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en diciembre de 2018 a la profesora zamorana de 26 años Laura Luelmo en el municipio El Campillo (Huelva).

Desde la Policía Nacional han confirmado, en declaraciones a Europa Press, que pondrá en marcha un dispositivo de seguridad para garantizar que todo transcurra con normalidad, al tratarse de un juicio por un caso que conmocionó a todo el país y principalmente a la población de la localidad campillera, donde se produjo el asesinato, por lo que despierta un gran interés mediático.

De hecho, se se han acreditado un total de 35 medios de comunicación entre periódicos, televisiones, radios y medios digitales, entre ellos TINTO NOTICIAS, el medio que adelantó la noticia de la desaparición de Laura. Además, la cobertura por parte de los medios se realizará mediante una sala de prensa virtual para garantizar las medidas de seguridad que exige la pandemia.

El juicio contará con sesiones de mañana (a partir de las 10,00 horas) y de tarde. Este lunes está prevista la constitución del jurado, tras lo que tendrá lugar la declaración del acusado y de dos testigos. Además, se resolverán una serie de cuestiones previas planteadas por las partes, mientras que, en la sesión de tarde, tendrá lugar la declaración de 12 testigos.

El martes 16 de noviembre declararán 15 testigos en la sesión de mañana y cinco en la sesión de tarde, mientras que el miércoles 17 de noviembre comparecerán por la mañana seis médicos forenses y por la tarde agentes de distintos grupos de la Guardia Civil mientras que en la mañana del día 18 tendrá lugar la comparecencia de seis agentes de la Guardia Civil, de cuatro médicos forenses y de un psicólogo.

Una vez concluya la práctica de la prueba, las partes personadas en el procedimiento presentarán sus informes finales, tras lo que el magistrado-presidente del juicio entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que se retirarán entonces a deliberar antes de hacer público su veredicto.

En este juicio están personados la Fiscalía, la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, la acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía y, por otro lado, la defensa de Montoya.

Tal y como ya informó este periódico, el Ministerio Fiscal pide para el acusado prisión permanente revisable por el delito de asesinato, 20 años de cárcel por el delito de detención ilegal y 12 años de cárcel por el delito de agresión sexual, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia en el de asesinato.

Además, el Ministerio Público argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora. Además, pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.

Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros y, a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.

La desaparición de Laura Luelmo se produjo el miércoles 12 de diciembre de 2018, solo dos días después de que la joven se instalara en municipio tras incorporarse, días antes, como profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz de la vecina localidad de Nerva.

La desaparición de Laura, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- a través de esta publicación, fue denunciada el jueves 13 de diciembre por un familiar desde la provincia castellano leonesa, tras lo que la Guardia Civil inició las investigaciones pertinentes para hallar a la desaparecida, que desde el miércoles no acudía al instituto, donde daba clases de Plástica en sustitución de una profesora.

El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco días después de su desaparición, el lunes 17 de diciembre, tras lo que, un día después, el martes 18, fue detenido su presunto asesino, Bernardo Montoya, un exconvicto que acababa de salir de la cárcel tras cumplir condena por asesinato y que se había instalado en una vivienda que su familia tenía en El Campillo, donde no era una persona conocida.

Montoya fue siempre el principal sospechoso. Sus antecedentes penales y el hecho de que viviese en frente de la casa de Laura hizo que la Guardia Civil lo tuviera en el punto de mira desde el principio. Su detención se produjo mientras conducía su coche y salió de la carretera para adentrarse en un carril, tras lo que agentes de la Guardia Civil inspeccionaron su vivienda en busca de pruebas.

Posteriormente, la juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino, Elvira Mora, decretó su ingreso inmediato en prisión por los presuntos delitos de detención ilegal, asesinato y agresión sexual, por los que desde entonces se encuentra en prisión preventiva.

La Fiscalía acusa a Bernardo Montoya de detención ilegal, agresión sexual y asesinato

La Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir del lunes el juicio con jurado popular contra el presunto asesino de Laura Luelmo en El Campillo

La Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir de este próximo lunes el juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya, el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018, a la profesora zamorana de 26 años Laura Luelmo en la localidad de El Campillo. En el procedimiento, el Ministerio Fiscal pide para el acusado prisión permanente revisable por uno de los delitos y 32 años de cárcel por el resto.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que los hechos acontecidos son constitutivos de un delito de detención ilegal, un delito de agresión sexual y otro de asesinato, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia en el de asesinato.

El Ministerio Público señala que procede imponer a Montoya la pena de 20 años por el delito de detención ilegal, doce por agresión sexual y prisión permanente revisable por el asesinato, al tiempo que argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora. Además, pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual.

Asimismo, la Fiscalía remarca que se declare prisión permanente revisable y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.

Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros, y a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.

En cuanto a sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal argumenta que Montoya, -con un amplio historial delictivo al contar antecedentes penales al haber sido condenado por un delito de allanamiento de morada, un delito de obstrucción a la justicia y un delito de asesinato, entre otros-, entre las 17,25 horas y las 17,30 horas del día 12 de diciembre de 2018 «abordó a la joven, quien regresaba a su domicilio tras hacer la compra en un supermercado cercano».

Montoya, que era vecino de enfrente de la joven zamorana, «sorprendió a la víctima» la introdujo a la fuerza en su domicilio, donde la golpeó y después de dejarla «malherida y muy debilitada», la agredió sexualmente, siempre «imposibilitándole cualquier tipo de defensa».

Después, «para evitar que se conociera tanto la comisión del delito que acababa de cometer como que él era el autor, con ánimo de acabar con la vida de Laura, pero no sin antes someterla a padecimientos innecesarios y un sufrimiento más intenso que el necesario para causarle la muerte, le propinó más golpes», y finalmente, le asestó «un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente», culminando los hechos con el fallecimiento de la chica.

Posteriormente, sobre las 18,42 horas, la introdujo en el maletero de su vehículo para, entre las 19,16 horas y las 19,25 horas, llegar y arrojar el cuerpo en una zona de difícil acceso y entre matorrales conocida como Las Mimbreras, sita en la carretera nacional N-435 en el punto kilométrico 166.

El cuerpo sin vida de la joven profesora, cuya desaparición fue adelantada por TINTO NOTICIAS a través de esta publicación, fue hallado el día 17 de diciembre de 2018, siendo detenido Montoya un día después y pasando a disposición judicial el día 21 de diciembre de 2018, acordándose la prisión provisional comunicada y sin fianza para el mismo.

Juicio oral

De otro lado, de cara a la vista oral, el Ministerio Fiscal propone el interrogatorio de Montoya, declaraciones de testigos, de agentes de la Guardia Civil, del director y funcionarios del Centro Penitenciario Sevilla II de Morón de La Frontera –donde ha estado Montoya–.

Igualmente, solicita pruebas periciales como declaraciones de agentes del Instituto Armado, forenses, especialistas del Departamento de Escena del Crimen, del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil o especialistas del Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo del Instituto Armado, entre otros expertos. Además, solicitará diversas pruebas documentales.

Absuelto al exalcalde de Almonte José Antonio Domínguez por su gestión de la Policía Local

La inspectora jefa lo llevó a juicio por prevaricación y nombramiento ilegal de cargo público

El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha absuelto al exalcalde de Almonte José Antonio Domínguez Iglesias (PP) y al exconcejal de Seguridad Ciudadana, José Carlos Curto del Arco (PP) de los delitos de prevaricación, nombramiento ilegal de cargo público, contra la integridad moral y lesiones tras la denuncia que les interpuso la inspectora jefa de la Policía Local, Francisca Borrero.

Según recoge la sentencia «se declara no acreditada actuación de los acusados en los que concurran los elementos de los tipos penales imputados, por lo que procede un pronunciamiento absolutorio» para Curto y Domínguez.

Tras las elecciones municipales de 2011, el PP se alzó con el mando en el Ayuntamiento almonteño tras décadas de gobierno socialista. En el mes de mayo de 2012 la inspectora jefa y el cuadro de mandos de la Policía Local de Almonte ya venían denunciando «una situación de inestabilidad» en el funcionamiento de la Policía, y solicitaban intervención del alcalde.

El 14 de mayo la inspectora jefa denunció en escrito dirigido al alcalde que «desde septiembre de 2011 sufría la indiferencia y acoso profesional, moral y personal de los concejales de Seguridad Ciudadana y del alcalde». Un día después, el entonces alcalde dictó un decreto aprobando una nueva estructura organizativa de la Policía Local, se hizo una división de competencias con otro profesional y se les asignaron a Borrero otras.

Al conocer el nuevo decreto, la inspectora jefa «lo estimó, además de ilegal, como un claro ataque a su integridad psíquica, moral y profesional», interpuso contra el mismo los recursos pertinentes y acudió en septiembre de 2014 al Juzgado Contencioso Administrativo, el cual dictó sentencia anulando la resolución de alcaldía.

De hecho, el TSJA confirmó la sentencia de primera Instancia, y en abril de 2015 el acusado Juan Antonio Domínguez, en el ejercicio de sus funciones de alcalde, dictó decreto declarando que procedía el cumplimiento en su integridad de la resolución judicial, dejando sin efecto, en consecuencia, la división de competencias entre dos responsables en la Policía Local de 2012.

Por su parte, la sentencia explica que «el alcalde acusado no había designado a la inspectora, pero aunque la hubiera designado, estaba legitimado, en el ejercicio de su cargo, para cesar y sustituir a la Inspectora Jefa al frente de la Policía Local, dada la ya mencionada naturaleza del cargo: puesto de confianza».

Añade que «no se aprecian razones que justifiquen que tal resolución anulada pueda ser calificada como arbitraria, ni caprichosa, ni que tuviera como finalidad perjudicar a la acusadora».

En definitiva, entre otros argumentos, tras recordar los distintos acontecimientos en este largo proceso, indica que los hechos denunciados «carecen de relevancia jurídico penal», remarcando que estaba el proceso contencioso-administrativo sobre la cuestión.

Finalmente, el juzgado señala que «la actuación fundamental y exclusiva acreditada de los acusados se concreta en haber adoptado decisiones y resoluciones en el ejercicio de sus competencias, sobre los extremos y con la finalidad ya indicados, y haber actuado en consecuencia».