Ecologistas en Acción reclama que se mantengan las inspecciones de todos los residuos peligrosos

La organización conservacionista muestra su «satisfacción» por la revocación de una autorización de traslado a Nerva desde Montenegro

Ecologistas en Acción ha acogido «con satisfacción» la noticia de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Mitma) ha revocado el permiso de importación y ha paralizado la admisión «de residuos contaminados de Montenegro» para enterrarlos en el vertedero de Nerva, al tiempo que ha pedido la «continuidad» de las inspecciones.

Se trata, según ha apuntado, «de un primer paso necesario para evitar que Andalucía se convierta en el basurero y supermercado de residuos tóxicos de Europa y de fuera de Europa», toda vez que consideran «necesario» mantener las actuaciones de inspección y control del traslado «de todos los residuos peligrosos importados que llegan por barco y por carretera con destino a los vertederos, en el marco del Plan Estatal de inspección en materia de traslados transfronterizos de residuos aprobado en 2021 vigente hasta 2026».

Asimismo, han recordado que Ecologistas en Acción denunció la semana pasada la actividad de carga y descarga «de miles de toneladas de sustancias tóxicas» en el Puerto de la ciudad de Sevilla, «con la posible doble afección a la ciudadanía sevillana por contaminación atmosférica, y a las aguas del río Guadalquivir».

Del mismo modo, la entidad solicitó hace dos semanas a las ministras para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y de Hacienda, María Jesús Montero, «que se pusieran en marcha inspecciones no programadas» y «todos los mecanismos necesarios para el control de estas mercancías, como prevé el Plan, contando con las Comunidades Autónomas, el Seprona de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad del Estado y autonómicos».

«Los residuos peligrosos y no peligrosos constituyen un grave problema para los países productores, que muchos pretenden resolver con el traslado a otros países que se ocupan, bien de incorporarlos a la economía circular mediante su valorización, o bien de quemarlos o enterrarlos en depósitos permanentes», han destacado desde la organización.

De este modo, han manifestado que este último caso es «el habitual en Nerva, que tiene a 700 metros y desde hace 25 años el vertedero tóxico», que «está gestionado por DSM Soluciones Medioambientales y ha recibido desde 2019 casi 70.000 toneladas de estos residuos de Montenegro y, por ejemplo, desde 2018, más de 100.000 toneladas tóxicas de Italia».

En este punto, desde el colectivohan aseverado que «el Gobierno andaluz quiere prolongar la vida útil de este vertedero alargando el proceso de clausura sin decretar su cierre definitivo», pero que «la población de Nerva, numerosos colectivos onubenses y Ecologistas en Acción exigen el cierre inmediato de estas instalaciones cuya gestión es riesgosa y accidentada, perjudica su salud y su convivencia, y están colmatadas desde hace años».

Denuncian la tala de «incontables» pinos que se salvaron del incendio de Almonaster

Ecologistas en Acción exige a la Junta la paralización «inmediata» de estos trabajos y que se siga el modelo de restauración desarrollado en Doñana

Vecinos de aldeas afectadas por el incendio de Almonaster la Real del pasado mes de agosto, que afectó también a los términos municipales de El Campillo y Zalamea la Real, han avisado de que están siendo talados «incontables» pinos que se salvaron del aquel gran incendio forestal, que según fuentes oficiales afectó a 15.278 hectáreas.

Así lo han comunicado desde Ecologistas en Acción, que asegura que, como se aprecia en las imágenes y vídeos tomados por los mismos vecinos que han dado el aviso, «los ejemplares están verdes y sanos o ligeramente afectados por las llamas», por lo que la organización ecologista exige a la Junta de Andalucía que estos trabajos sean paralizados de forma inmediata.

Los avisos se refieren especialmente a la tala de pinos en la zona ubicada entre Puente Vergel y el área recreativa Puerto Cantina, si bien Ecologistas en Acción afirma que ha tenido conocimiento de otras zonas donde está ocurriendo lo mismo como Coto La Mora y el entorno del pantano del Olivargas, en el término municipal de Almonaster la Real.

Desde la organización conservacionista explican que la normativa vigente establece la prohibición de la alteración o destrucción de los hábitats de las especies silvestres, así como sus lugares de reproducción y descanso, por lo que, «especialmente desde el 15 de marzo, debido a que las especies silvestres están en pleno periodo de reproducción, hay que evitar las molestias y daños que se pueden producir con los trabajos forestales a los animales», señalan, tras lo que advierten de que «las talas y demás trabajos forestales en los hábitats que no se quemaron conllevarían a esta altura del año una pérdida de poblaciones con la consecuente merma en la biodiversidad, que dañaría directamente la calidad de vida en las zonas rurales afectadas», agregan.

Ecologistas en Acción, organización incorporada a la Comisión Científico-Técnica para la restauración de la zona incendiada, insta también a este grupo de trabajo a la revisión de la planificación de limpieza, delimitando las zonas a actuar y marcando el arbolado a pie de campo, uno a uno. Al igual que en la restauración de la zona incendiada en Doñana en 2017, donde «se pudo aprender -explican- la considerable eficacia de este procedimiento», la organización ecologista recomienda «no talar los pinos con menor afección, sino dejarlos para comprobar su evolución, cortando únicamente los ejemplares calcinados».

«Ya hemos asistido recientemente a un lamentable episodio de corta de arbolado que también se salvó del incendio de Almonaster la Real, pues más de 200 encinas han sido taladas para una escombrera minera, y aún está siendo investigada la responsabilidad de tal destrucción», agregan.

Por último, la organización ecologista indica que, ante estos episodios «insuficientemente justificados» de eliminación de árboles que no fueron afectados de muerte por el incendio forestal, se hace necesario evitar la prevalencia del interés comercial en la madera, que «podría estar empañando los trabajos de restauración de la zona incendiada y poniendo freno a la recuperación ecológica y social», concluyen.

Ecologistas critica el silencio del Gobierno ante el posible «tráfico ilícito de residuos de Montenegro» en Nerva

La ONG indica que España «necesita aplicar los principios de proximidad y suficiencia y no importar más residuos peligrosos para enterrarlos»

Ecologistas en Acción ha criticado al Gobierno de la nación por su silencio después de la pregunta registrada ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por el supuesto caso de tráfico ilícito de residuos peligrosos enterrados en Nerva  en 2019 procedentes de Montenegro y de la que  no ha obtenido respuesta, según señala la organización en un comunicado.

El vertedero de Nerva recibió hace dos años 40.000 toneladas de residuos peligrosos que llegaron en barco desde Montenegro al Puerto de Sevilla y tuvieron que ser transportados de allí a Nerva en más de 1.300 camiones. Ecologistas en Acción también preguntó en octubre de 2020 a la autoridad competente sobre el supuesto caso de tráfico ilícito de esos residuos enterrados de forma permanente en Nerva, pero el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico «no responde». Por única respuesta, a finales de enero ha sido aprobado un nuevo plan para reforzar la vigilancia y el control de los residuos importados: un Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 que pretende asegurar el cumplimiento de la normativa europea y la eficacia de las inspecciones de los traslados de residuos entre España y terceros países.

En ausencia de respuesta, Ecologistas en Acción solicita amparo al Defensor del Pueblo y al Comisionado parlamentario andaluz, respectivamente, por indefensión ante la falta de transparencia y de contestación.

Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción ha señalado que “El panorama de los depósitos de seguridad no sólo requiere suprimir la incineración de residuos como sistema de eliminación, sino, además, limitar el vertido a los residuos peligrosos nacionales y comenzar a clausurar las instalaciones que vayan alcanzando su caducidad, sin prolongar la vida útil para la que fueron diseñadas. Con ello España podría garantizar la actualización de los objetivos de prevención, reciclado, valorización y eliminación a las nuevas directrices europeas para el horizonte 2030”.

En dicha nota, Ecologistas en acción resalta que la importación de residuos peligrosos es una actividad que se ha llevado a cabo «con escaso control durante muchos años en España». Esto ha puesto al país en «la delicada tesitura actual, que exige frenar este tipo de negocio y minimizarlo». Para ello, según exponen los ecologistas, «se deben reducir las operaciones de eliminación de residuos (identificadas con la letra D) y en particular el enterramiento o vertido y la incineración, estrictamente y sin excepciones a los producidos por el tejido industrial nacional». Además, añaden, «se deben aplicar los principios de proximidad y autosuficiencia para poder cumplir con las exigencias internacionales en materia de Emisiones y Economía Circular»

Desde la asociación indica que «nunca se ha calculado la huella de carbono de los residuos tóxicos importados de otros países, que recorren miles de kilómetros en barcos y camiones hasta su destino para eliminación o valorización en los vertederos españoles. No obstante, los informes del Convenio de Basilea indican que España importa una media anual de 500.000 toneladas de residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente, de las que el 20% va a depósito o a incineración. A esta cifra hay que sumar dos millones de toneladas anuales de producción nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística».

En 2018 llegaron residuos peligrosos de «países cercanos como Andorra, Francia, Italia o Malta y otros tan lejanos como Nigeria, Uruguay o Suráfrica, entre otros. En 2019 también desembarcaron en nuestros puertos residuos tóxicos provenientes de Omán, Israel o Islandia».

Según Ecologistas en Acción, «este no es el único problema que se plantea con la importación de residuos tóxicos: en ese mercado también media la picardía y la falta de escrúpulo y se sobrepasan los límites legales. No son pocas las ocasiones que han sido denunciados países por tráfico ilícito en el ámbito del Convenio de Basilea, que regula y controla el movimiento de residuos a través de las fronteras. para que no se convierta el de los residuos en un mercadeo sin control. Sin ir más lejos, en 2018 España tuvo expedientes por exportaciones ilícitas a Liechtenstein, Malasia y China».

La etiqueta de un residuo como peligroso, con su número correspondiente (según la Lista Europea de Residuos -LER- los más peligrosos tienen un asterisco), indica cuál es su contenido perjudicial para la salud y para el medio ambiente. Pero la proporción de sustancia tóxica «también tiene unos límites», señalan desde la organización y además, «hay unas reglas que establecen, por ejemplo, si se pueden mezclar para su transporte. Ello ha dado lugar a que haya países que han exportado a otros residuos peligrosos que contenían sustancias tóxicas más allá de los umbrales permitidos».

Para conocer estos casos de «fraude transfronterizo» los países importadores «tienen que realizar controles aduaneros, inspecciones de los residuos, análisis físico-químico y seguimiento de los movimientos a lo largo de toda la operación. Tal y como denuncia Ecologistas en Acción, estos controles en España son poco o nada habituales» han señalado desde la organización verde.

El caso del vertedero de Nerva

Según Ecologistas en Acción, en nuestro país «se conocen menos de diez vertederos con depósito de seguridad para enterrar definitivamente residuos peligrosos: las 500.000 toneladas de media de producción nacional anual y más de 100.000 toneladas importadas cada año. En Andalucía, por ejemplo, el enterramiento de residuos tóxicos de producción nacional y de otros países llegados a través de los puertos de Cádiz, Sevilla o Huelva, se lleva a cabo en los depósitos de dos vertederos con más de 20 años de antigüedad: uno con una superficie de 48 hectáreas en Jerez de la Frontera (Cádiz) gestionado por Verinsur y otro en Nerva gestionado por DSM Soluciones Medioambientales con una superficie de 60 hectáreas».

Respecto al vertedero de Nerva, que se encuentra a 800 metros del casco urbano, el vecindario «lleva años sufriendo las consecuencias la existencia de las instalaciones a tiro de piedra de sus casas, viendo colmatarse el depósito de seguridad del vertedero. Por ello, la ciudadanía, con el apoyo de numerosas organizaciones, ha pedido en incontables ocasiones la clausura de este vertedero tóxico y la restauración de la zona».

La empresa gestora del vertedero, «lejos de cumplir su periodo de vigencia y proceder al cierre conforme al condicionado de la Autorización Ambiental Integrada, solicitó hace más de un año, amparándose en una interpretación sesgada de la Economía Circular, un cambio de actividades para ampliar su vida útil más de 10 años», han indicado.

Ante esta situación, la recientemente formada Alternativa Ciudadana Nerva Salud y Dignidad «ha dirigido una carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera a la que se han adherido partidos políticos locales de diferente signo. Ecologistas en Acción siempre ha apoyado a Nerva a favor de la clausura del vertedero, por lo que también se ha sumado a esta valiente misiva que denuncia la situación de decadencia que se vive, y solicita una fecha de cierre, la paralización del procedimiento de ampliación y la creación de un plan de actuación que incluya un fondo solidario de apoyo a las poblaciones desgastadas por soportar vertederos de esta índole en sus términos municipales».

Asimismo, Ecologistas en Acción solicitó en diciembre de 2020 a la Junta de Andalucía, la lista detallada de todos los residuos peligrosos que han llegado desde 2011 con destino a Nerva a través del Puerto de Sevilla. Fue en 2011 cuando se dejó de convocar la Comisión de Seguimiento y Control, por lo que la gestión de las instalaciones ha quedado totalmente opaca para la sociedad, y nunca más se ha recibido información de lo que allí ha sido eliminado o valorizado.

Hasta la fecha, la Junta de Andalucía ha respondido que necesita tiempo para atender la solicitud. Respecto a las alegaciones a la ampliación, que la organización ecologista presentó como parte interesada a la Administración andaluza en plazo y forma en junio de 2020, tampoco se ha recibido respuesta alguna.

 

La Justicia rechaza el recurso de Ecologistas contra la mina de Riotinto

Desestiman el recurso contra la modificación de la AAU, en el que se pedía la suspensión cautelar de las obras de recrecimiento y operaciones en las presas de estériles

La Justicia ha dicho ‘no’ al recurso de Ecologistas en Acción contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto, de forma que la compañía encargada de la explotación del yacimiento, Atalaya Riotinto, podrá seguir adelante con las obras de recrecimiento y las operaciones de descarga en las presas mineras, conocidas también como depósitos de estériles.

En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva ha emitido una sentencia en la que desestima el recurso de la organización conservacionista, que pedía la suspensión cautelar de las actuaciones citadas mientras se resolvía su recurso contra la resolución de la Junta de Andalucía que modificó la AAU del Proyecto ‘Riotinto’ para las mejoras operativas y de seguridad en el recrecimiento de las presas.

La sentencia, contra la que cabe recurso, señala que la solicitud de Ecologistas no cumple los requisitos exigidos en la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), ya que esta permite cualquier medida que sea adecuada para evitar o paliar los perjuicios que pueda provocar la medida cautelar, por lo que «la suspensión no afecta al interés general», añade la sentencia, tal y como han informado desde Europa Press.

La sentencia también recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya denegó el recurso de Ecologistas en Acción en el que se pedía, también como medida cautelar, la suspensión de la antes referida actuación administrativa, una denegación que se basa en que «la medida cautelar de suspensión no recae sobre la resolución impugnada, sino sobre actos posteriores de ejecución o supuesto incumplimiento de la resolución impugnada, que no son objeto del presente recurso».

«No se pretende con esta medida cautelar preservar la finalidad legítima del recurso sino controlar la correcta explotación de la actividad minera respecto del vertido de lodos», indicaron desde el TSJA, que añadió que «corresponde a la administración la vigilancia y control de la correcta explotación».

Denuncian un «posible tráfico ilícito» de residuos peligrosos a Nerva desde Montenegro

Ecologistas en Acción alerta de que el vertedero de la localidad recibió en 2019 cerca de 40.000 toneladas de residuos cuya importación no permite el Convenio de Basilea

Ecologistas en Acción ha solicitado al director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre un supuesto movimiento transfronterizo de casi 40.000 toneladas de residuos peligrosos al vertedero de Nerva y la «posible» vulneración del artículo 9 del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación que, según la organización conservacionista, se habría producido, lo cual «sería constitutivo de tráfico ilícito de residuos peligrosos en caso de que no haya un acuerdo bilateral específico para ello entre España y Montenegro (de la antigua Yugoslavia), que parece que no lo hay», añaden..

La organización ecologista señala que los residuos que se habrían trasladado a Nerva son arena contaminada proveniente del desmantelamiento del astillero de Bijela y también una parte del arsenal de Tivat, ambos en Montenegro, así como que ha sido importada a granel por la empresa francesa Valgo en barcos al Puerto de Sevilla con destino final a depósito en el vertedero de Nerva.

«Se trata -agregan- de residuos clasificados en la Lista Europea de residuos (LER) como 12 01 16* y como A1020 según el Convenio de Basilea, cuyo movimiento transfronterizo «está prohibido», alertan desde Ecologistas en Acción, que señala que, entre la composición de la arena contaminada, hay asbestos, «un material demostradamente cancerígeno que requiere un tratamiento separado de cualquier otro contaminante», así como tributilo de estaño, «un compuesto orgánico que se utiliza como agente biocida de las pinturas antiincrustantes y que es un disruptor endocrino muy peligroso que produce irritación y edema pulmonar, contaminando el suelo y las aguas por un plazo de unos 40 años», explican.

Las mismas fuentes señalan que Montenegro ha recibido del Banco Mundial 50 millones de euros para financiar este proyecto de descontaminación de cinco áreas ecológicamente declaradas puntos negros, como el astillero de Bijela, «donde se persigue construir un puerto de yates de lujo y super lujo para promocionar el turismo de alto nivel», añaden desde la organización conservacionista, que pone el acento en que «en ese país consideran que en España es arrojado en una mina abandonada con técnicas de las que no se dispone en Montenegro».

Ecologistas en Acción, que denunció la situación ante el Ministerio la semana pasada, así como la «presunta» vulneración, a su juicio, del Convenio de Basilea, considera que «estos hechos demuestran que Nerva es un retrete tóxico no solo de Europa, sino de otros países de fuera de la Unión Europea, y que, siendo una instalación caduca y llena, en lugar de permitir su continuidad, la Junta de Andalucía debería proceder a poner en marcha su cierre, su declaración como zona contaminada e iniciar los mecanismos necesarios para la restauración de la zona conforme a los objetivos de las políticas acordes con el escenario de cambio climático y Economía Circular, entendida más allá de la valorización de residuos, como gestión de residuos industriales en origen y tendiente a residuos cero», concluyen.

Ecologistas pide a la Junta una oficina técnica para atender a los afectados por el incendio

La organización conservacionista también reclama un programa de ayudas económicas y la protección del pastoreo extensivo tradicional como patrimonio cultural andaluz 

«Las comarcas del Andévalo y la Cuenca Minera son víctimas año tras año de un gran incendio forestal». Así lo han advertido desde Ecologistas en Acción tras producirse lo que esta entidad califica como «el gran fuego del verano», en referencia al incendio declarado el pasado jueves en Almonaster la Real, que ha afectado a una superficie de más de 12.000 hectáreas en cinco términos municipales de la provincia de Huelva, entre ellos algunos de la Cuenca Minera como Zalamea la Real o El Campillo.

Desde la organización conservacionista han dado las gracias al trabajo de muchos profesionales especialistas en extinción, a la colaboración de pequeños propietarios de maquinaria y a la solidaridad de los pueblos, al tiempo que han manifestado que «ya se puede comenzar a hacer un inventario de los daños y plantear una estrategia para la recuperación integral de toda el área afectada por este gran incendio».

«Muchas familias se han visto desplazadas y al volver han encontrado, como otras que no tuvieron que marcharse, que sus casas están en pie, pero sus huertos, colmenas, gallineros, dehesas con su ganado, sus herramientas y maquinaria agrícola y su forma de vida han sido destruidas», han continuado desde Ecologistas en Acción, que pone el acento en que «se han quemado masas de pino de repoblación en densidades muy altas y eucaliptales, tanto de monte público como de monte privado», así como «grandes extensiones de dehesa de encinar, pastos y monte bajo. Todo ello creando grandes estragos para la biodiversidad, con la muerte de muchos ciervos, jabalíes y pequeños mamíferos, entre otros animales silvestres», han agregado.

Ante ello, Ecologistas en Acción demanda a la administración andaluza, como medida «urgente», la puesta en marcha de una Oficina Técnica para atender a todas las personas afectadas, inventariar todos esos daños reales e iniciar un programa de ayudas económicas para resarcir los daños originados por el incendio forestal.

«Es urgente elaborar un plan de choque para contener la erosión y evitar la pérdida de suelo, incluyendo actuaciones prioritarias para proteger las zonas que aún se han salvado de las llamas en este territorio, en particular el Alto de los Barreros en Zalamea la Real, y el entorno de la aldea Gil Márquez, en el término de Almonaster la Real y antesala del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que a su juicio son actualmente «auténticos polvorines forestales».

Asimismo, respecto a la restauración, la organización conservacionista señala que, en cumplimiento de la normativa vigente, «habrá que esperar un año para que la vegetación responda, previo a la puesta en marcha del correspondiente plan de restauración forestal que habrá de llevarse a cabo».

Sensación de impunidad

Para Ecologistas en Acción, esta zona del Andévalo y la Cuenca Minera es un punto negro en materia de incendios forestales. El mayor de todos ocurrió en 2004, superó las 30.000 hectáreas afectadas de los términos de 13 municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, con dos personas fallecidas. «Todos los años hay pequeños incendios, pero en 2017 ocurrió de nuevo otro gran incendio, esta vez en La Granada de Riotinto y el monte público Jarrama, donde se quemaron 4.000 hectáreas de dehesas centenarias y afectando a una importante cabaña ganadera», han explicado.

También han sido muy significativos los incendios en Minas de Riotinto y El Campillo, en 2017, donde ardieron 800 hectáreas de pinar; en verano de 2018 se quemaron 1.700 hectáreas de los pinares de Nerva y en verano de 2019 otras 240 hectáreas de dehesas se calcinaron en El Madroño, dejando sin medio de vida al menos a una familia dedicada al pastoreo de cabras en esos montes.

«Hasta ahora, todos estos incendios han sido iniciados por personas, bien de forma imprudente, accidental o intencionada», advierten desde Ecologistas en Acción, que lamenta que «en ninguno de ellos han trascendido resultados de la necesaria investigación para establecer las causas de los mismos. No se sabe si ha habido delito o imprudencia, no se conocen juicios ni sanciones y la sociedad tiene una sensación de total impunidad por la cual quemar el monte sale gratis para los autores de los incendios forestales», advierten.

Por todo ello, Ecologistas en Acción pide que sea investigada la causa y los responsables de este nuevo gran incendio forestal y que la sociedad sea informada de los resultados que se obtengan.

Urge una nueva y actualizada política forestal

De otra parte, Ecologistas en Acción insta al Gobierno andaluz a renovar la política forestal y a que promueva el desarrollo rural integral y la recuperación de actividades tradicionales sostenibles con objetivos bien definidos, acciones a corto, medio y largo plazo y con una financiación estable; es decir, el rescate y actualización, ajustada a la nueva realidad territorial y al nuevo escenario del cambio climático, del Plan Forestal Andaluz.

«Este plan forestal debería de primar la especies autóctonas, resistentes y adaptadas a los incendios; ordenando los cultivos forestales de especies de crecimiento rápido que deberían de quedar excluidos de las zonas forestales protegidas y de alto valor ecológico, es decir, ocupar zonas agrícolas abandonadas y otras marginales, en definitiva, una ordenación de uso y ocupación del territorio previa», defienden.

La organización agrega que, «para apoyar la puesta en marcha de Plan Forestal Andaluz, que ha sido considerado el mejor instrumento forestal en todo el territorio español, se hará imprescindible elevar a la Unión Europea las necesidades del medio forestal andaluz impulsando una Política Forestal Común que, en paralelo a la PAC, ayude financieramente a las dehesas y el monte mediterráneo, así como la certificación y comercialización de sus productos, para valorizar nuestros ecosistemas forestales».

Pastores tradicionales, patrimonio cultural andaluz

En este marco, Ecologistas en Acción considera que el apoyo a la ganadería extensiva y al pastoreo tradicional con racionalidad sería la mejor herramienta de prevención de incendios forestales, adicional al trabajo preventivo del Infoca. Además, «se colaboraría en la recuperación y mantenimiento de razas autóctonas, algunas de ellas amenazadas de extinción y, por ende, se favorecería el poblamiento de las zonas rurales y la fijación de población, tan necesaria para un mundo rural vivo», añaden.

Desde Ecologistas en Acción encuentran estas razones de sobras importantes para proponer a la Junta de Andalucía que impulse la declaración del pastoreo tradicional extensivo y los pastores como Bien de Interés Cultural para su inscripción como Patrimonio Cultural Andaluz, pudiendo con ello favorecer, además, el patrimonio natural andaluz, frente a la pérdida de suelo, los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad.

Ecologistas presenta 24 alegaciones contra el proyecto del vertedero de Nerva

La organización conservacionista alerta de que la continuidad de la instalación abocaría al pueblo a la «desaparición»

Ecologistas en Acción ha presentado a la Junta de Andalucía un total de 24 alegaciones a la Junta de Andalucía contra el proyecto presentado por la empresa que gestiona el centro de gestión de residuos de Nerva, unas alegaciones que según el colectivo tienen «argumentos suficientes» para desestimar el proyecto. El viernes pasado, día 26 de junio, terminó el plazo para presentar alegaciones al citado proyecto de Ditecsa Soluciones Medioambientales (DSM), también denominada Ditecsa o BGRI, un proyecto con el que, según Ecologistas en Acción, «pretende empezar nuevas actividades con los residuos, ampliar el volumen que pueden enterrar y prorrogar en el tiempo toda esta actividad en el vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos de Nerva».

La organización conservacionista ha lamentado, a través de una nota de prensa, que el vertedero abrió el 28 de junio de 1998 y en sus 22 años de funcionamiento se ha caracterizado por «infinidad» de episodios de contaminación y vertidos al río Tinto, incendios, accidentes en el transporte, malos olores y otros, denunciados en la mayoría de las ocasiones por esta entidad.

Asimismo, las mismas fuentes señalan que la empresa gestora posee otros centros en diferentes puntos de la geografía española «caracterizados también por sus irregularidades, según la información pública disponible», añaden. En concreto, indican que DSM está denunciada por el Seprona por enterrar residuos peligrosos en vaso de no peligrosos y como causante de contaminar una rambla y el acuífero de Escombreras en Cartagena (Murcia), así como que el pasado diciembre de 2019, tras varias inspecciones y «no cumplir los requisitos impuestos», un incendio en la planta de tratamiento de líquidos tóxicos de Montornès del Vallès (Barcelona) terminó provocando la contaminación del río Besòs. Asimismo, señalan que la empresa ha sido sancionada en diversas ocasiones, alguna por conflictos laborales, y que actualmente «tiene presentado un ERE que afecta a 60 trabajadores de Sevilla y del propio vertedero de Nerva».

Ecologistas en Acción asegura que, al margen de la solvencia de la empresa DSM en materia de gestión laboral y medioambiental, ha realizado consultas a especialistas en diversas materias científicas, culturales y técnicas para acreditar «convenientemente» las alegaciones presentadas, tras lo que indica que, en este marco experto e independiente, «la contaminación del aire, la contaminación del río Tinto y la incompatibilidad con el patrimonio cultural protegido de Nerva son algunos de los argumentos de mayor relevancia».

Para la organización conservacionista, «el proyecto de la empresa supone una ampliación en varias dimensiones, pero carece de informes actualizados. Así, pretende incrementar la contaminación del aire, pero soslaya incorporar los impactos en la calidad del aire y la repercusión de las emisiones atmosféricas en la salud de las personas que viven en Nerva, que se encuentra a 800 metros del vertedero», añaden, tras lo que señalan que «también se prevén vertidos contaminantes a las aguas del río Tinto, con la destrucción de valores paisajísticos, naturales y culturales por los que fue dotado de una figura de protección para garantizar su conservación. Su contaminación dilapidará, además, el proyecto de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que supondría un indiscutible impulso al desarrollo científico, económico y social en Nerva y los otros municipios de la Cuenca», continúan desde Ecologistas en Acción. Por último, la organización conservacionista destaca que las instalaciones del vertedero están dentro de una zona patrimonial declarada Bien de Interés Cultural, siendo por ello el nuevo proyecto, a su juicio, «incompatible con las actividades autorizables, que están restringidas a aquellas de índole industrial minera o vinculadas a la actividad minera y las lógicas derivadas de la puesta en valor del BIC».

Por último, Ecologistas en Acción reseña que, tal y como se explica en el documento de sus alegaciones, «autorizar el nuevo proyecto de DSM contravendría diversas directivas europeas y las normativas española y autonómica vigentes en materia de suelos contaminados, economía circular, espacios protegidos, cambio climático, agua y un largo etcétera». Asimismo, «se incluye la obsolescencia de consideraciones como el interés social por el que fue aprobado el proyecto inicial en 1996 y el incumplimiento de la empresa para con el Ayuntamiento local de los acuerdos adoptados cuando fue declarado como tal», agregan.

Para Juan Romero, miembro de la organización y vecino de la Cuenca Minera, “a medida que el vertedero sigue obteniendo prórroga tras prórroga y sumando autorizaciones, convertido en un supermercado de residuos sin horizonte de cierre, se van borrando de forma irreparable las posibilidades de desarrollo del pueblo de Nerva y otros de la Cuenca Minera en torno a sus recursos naturales y turísticos, como son el Río Tinto y su patrimonio minero. Si la Junta permite la continuidad del centro de gestión de residuos, estará abocando a Nerva a la desaparición y sumiendo a la Cuenca en el despoblamiento”, concluye.

Ecologistas anuncia acciones contra la autorización ambiental a la mina de Riotinto

Ecologistas en Acción se ha referido este viernes al anuncio de Atalaya Riotinto Minera, empresa operadora de la mina de cobre de Riotinto, de la notificación de la Junta de Andalucía de la resolución que convalida la Autorización Ambiental Unificada (AAU) original de la explotación onubense, «restituyendo así la validez y eficacia administrativa de todas sus autorizaciones».

Ante esto, la organización ha recordado sus impugnaciones a las autorizaciones, pendientes en el TSJA, así como ha anunciado que presentará urgentemente demandas de ejecución contra la nueva AAU y contra la resolución de convalidación de la autorización de reinicio de labores mineras.

En un comunicado, Ecologistas ha remarcado que «no ha finalizado el procedimiento legal de ejecución de las sentencias del TSJA que anularon las autorizaciones de la mina de Riotinto, porque está impugnado por Ecologistas en Acción Andalucía desde julio de 2019 ante el propio TSJA».

Así, han indicado que Atalaya Mining emitió este jueves un comunicado en la Bolsa de Londres y en su web internacional, donde informó que la Junta de Andalucía le ha otorgado la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para su mina de Riotinto y que con ello «finaliza el proceso legal en relación con la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación con la AAU».

Posteriormente, informó a los medios españoles que «la Junta de Andalucía convalida definitivamente la autorización ambiental de la mina de Riotinto, anulada por la referida sentencia del TSJA de 19 de septiembre de 2018».

«Ambas afirmaciones no son ciertas, porque ese procedimiento de ejecución de sentencia no es definitivo. Está impugnado por Ecologistas en Acción en julio y en octubre de 2019 ante el Alto Tribunal andaluz, que todavía tiene que resolver esa impugnación», han proseguido desde la organización.

Como han indicado desde Ecologistas, «el 16 de julio de 2019 se publicó en el BOJA el anuncio de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático por el que se iniciaba un nuevo periodo de información pública para obtener una nueva AAU para la mina de Riotinto, como ejecución de la sentencia de 19 de septiembre de 2018».

De este modo, han recordado que «el 24 de julio Ecologistas en Acción interpuso ante el TSJA incidente de ejecución de sentencia donde se pedía la nulidad por vulneración de los propios términos de la sentencia ejecutada, y el 25 de octubre de 2019 se reiteró la misma».

Y todo ello, como argumentan, «porque la Junta de Andalucía nuevamente omitió la información pública de 18 informes sectoriales y el informe preceptivo de compatibilidad ambiental referido a toda la documentación del proyecto, que fueron precisamente las causas de nulidad de la sentencia de 2018».

La organización ecologista ha indicado que estas causas «no son defectos formales, –como intentan defender Atalaya y la Junta de Andalucía–, sino que afectan directamente a los derechos de participación y de información pública de la ciudadanía que según la sentencia constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental».

Desde el punto de vista ambiental, para Ecologistas, «lo más grave es que la Junta de Andalucía nuevamente, ha omitido en la información pública documentación muy relevante, respecto al grave riesgo de rotura de las balsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto y ha omitido la Evaluación de Impacto Ambiental de ese riesgo que amenaza a toda la cuenca aguas abajo del Odiel, incumpliendo por tanto la legislación ambiental vigente».

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción presentará urgentemente demandas de ejecución contra la nueva AAU y contra la resolución de convalidación de la autorización de reinicio de labores mineras.

Alertan de que quieren construir una planta incineradora en el vertedero de Nerva

Ecologistas en Acción advierte de que el nuevo proyecto consiste implantar una actividad «muy perjudicial» para la salud de la gente de la gente de la zona

Ecologistas en Acción ha lamentado que, «mientras la población está debatiéndose entre la vida y la muerte, sometida a un confinamiento obligatorio debido al decreto de estado de alarma por la pandemia de la Covid19, el Gobierno de la Junta de Andalucía esté poniendo en marcha el expediente, con el trámite de información pública, de un proyecto de la empresa Ditecsa para ampliar el vertedero tóxico de Nerva», que es lo que, según la organización conservacionista, persigue la empresa con el proyecto de modificación de la autorización ambiental integrada.

Según Eologistas en Acción, el proyecto «consiste fundamentalmente en construir una planta incineradora de residuos tras el rellenado de la superficie de todo el vertedero de peligrosos, tóxicos y no peligrosos, incrementando de manera notable los vertidos al río Tinto, un Corredor Verde y Paisaje Protegido que va a desembocar sus aguas en la ciudad de Huelva», han añadido.

Para la organización conservacionista, el planteamiento del proyecto se hace bajo el paraguas de una interpretación distorsionante del concepto de economía circular y de las propuestas al respecto por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Así, «el proyecto plantea una supuesta valorización de residuos, transformando alrededor del 80% de los residuos cuyo destino final actualmente es el vertedero en materiales recuperados con valor económico y combustibles de alto contenido energético, lo cual se traduce realmente, entre otras muchas actuaciones, en terminar de rellenar la vaguada de los vasos tóxicos y no tóxicos para construir encima varias instalaciones, como una planta de combustibles creados a partir de residuos peligrosos procedentes de la fragmentación de vehículos, mezclados con residuos no peligrosos, para comercializarlo en la industria cementera; una planta de fabricación de tecnosuelos; y una incineradora en principio para biomasa», señalan.

«A menos de 700 metros del pueblo se pretende, por tanto, iniciar una actividad muy perjudicial para la salud de la gente de Nerva y para su entorno, en un momento en que estamos vulnerables y asustados ante una enfermedad desconocida que está provocando cientos de miles de muertos en todo el mundo y que día a día vamos conociendo y enfrentando para lograr superarla», continúan desde Ecologistas en Acción, para la que esta actuación «es una afrenta hacia Nerva, pueblo que cuando logre superar la pandemia, tendrá que sacrificar de nuevo su futuro, su salud y su bienestar, que no están pagados ni con la mayor de las fortunas, en lugar de ver su anhelo de cierre definitivo del vertedero cumplido».

Asimismo, Ecologistas en Acción indica que, «aunque el presidente andaluz hiciera público que los plazos administrativos se paralizaban sólo hasta el 29 de marzo, es ilegal que se inicie cualquier plazo en los procedimientos de las entidades del sector público debido al estado de alarma decretado en el ámbito de todo el territorio nacional, al menos hasta el 12 de abril. Por ello, puede pensarse que lo que se busca es evitar la confrontación social y la mala imagen para la Administración andaluza que sin duda conllevará en todos los ámbitos, incluida Europa, la repetición de una vergonzosa imposición a una población ya tan castigada por los errores anteriores», agregan.

Ante todo ello, Ecologistas en Acción anuncia «contestación social, alegaciones y los pleitos judiciales necesarios hasta llegar a cancelar este proyecto y que, como viene haciendo desde hace años, va a seguir insistiendo en la suspensión inmediata de la actividad y la realización de una investigación en profundidad sobre la dudosa gestión del vertedero y un plan de recolocación de los trabajadores, haciendo una apuesta firme por las energías limpias y renovables en la Cuenca Minera».

Temen que los residuos del recién cerrado vertedero de Zaldívar sean llevados a Nerva

Ecologistas en Acción pide al presidente de la Junta que impida el traslado de los mismos a la localidad onubense

Ecologistas en Acción ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que exija que los residuos, particularmente los tóxicos y peligrosos, sean tratados en procedencia y aplicando el principio de proximidad, todo ello tras recibir la «alerta» de vecinos y vecinas de la Cuenca Minera que «temen que los residuos del recientemente cerrado vertedero de Zaldívar en el País Vasco acaben en el vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos de la localidad de Nerva», según han destacado desde la propia organización conservacionista.

Para Ecologistas en Acción, el cierre del vertedero de Zaldívar, tras el desprendimiento e incendio de residuos, hace pensar en la necesidad de buscar un lugar alternativo de almacenamiento tanto de los residuos que allí llegaban como para los que han quedado esparcidos por la ladera, que supondría la carga de 23.000 camiones, según el Gobierno vasco, de modo que la organización ecologista espera que no los lleven al vertedero tóxico de Nerva, que es, según señalan, el temor de muchos vecinos y vecinas de la Cuenca Minera de Riotinto.

Además, las mismas fuentes inciden en que los acontecimientos en Zaldívar «nos recuerdan que la gestión nefasta en Nerva ha provocado numerosos accidentes que han puesto en riesgo la salud y seguridad de los habitantes de la Cuenca Minera», así como «la necesidad de poner fecha de caducidad definitiva al vertedero que gestiona Ditecsa».

«En Nerva llevan 22 años con un vertedero de residuos tóxicos caracterizado por una gestión muy nefasta, con más de 15 incendios en el interior de las instalaciones, nubes de polvos tóxicos en las operaciones de descarga y malos olores continuamente, puesto que está a 800 metros escasos de la barriada de El Ventoso del municipio de Nerva, además de numerosos vertidos al cauce del Río Tinto, derrames de residuos en las carreteras y accidentes de transporte», relatan desde Ecologistas en Acción.

La misma organización añade que, «en 2011, 25.000 toneladas de residuos procedentes de Italia, supuestamente de forma regular, terminaron en Nerva», así como que la empresa Ditecsa es la gestora de este vertedero y de otro centro similar en Montornés del Vallés en Barcelona, «en el cual, en diciembre de 2019, se produjo un enorme incendio que terminó contaminando el río Besós», agregan.

Asimismo, desde Ecologistas en Acción inciden en que las instalaciones de Nerva «están colmatadas desde hace tiempo y, sin embargo, en 2014, una sentencia anulaba la denegación de la autorización para su ampliación, por lo cual esta tuvo que ser aprobada y el vertedero tóxico está asistiendo al incremento paulatino de su superficie que permitirá un volumen que duplicará la cantidad de residuos tóxicos ya depositados allí, prolongando su vida útil unos 30 años más. Así, Nerva se ha convertido a lo largo de estos 22 años de funcionamiento del vertedero tóxico en el retrete tóxico de nuestro país y de media Europa», apostillan.

Ecologistas en Acción solicita por todo ello públicamente al presidente de la Junta de Andalucía que impida el traslado de los residuos de la planta de Zaldívar al vertedero de Nerva y que exija que sean las empresas responsables de los residuos las que los traten adecuadamente y los gestionen y depositen aplicando el principio de proximidad geográfica.

Para la organización, es además «necesario y urgente» que el Gobierno andaluz ponga fecha de caducidad al vertedero tóxico de Nerva y haga una apuesta por proyectos limpios en la localidad, poniendo en marcha un plan de recolocación de los trabajadores y trabajadoras del vertedero.

En todo caso, urgen a un replanteamiento de esta ampliación vigente y a la realización de un estudio multidisciplinar independiente, con el fin de conocer la incidencia real y los efectos de esta instalación «tóxica» en la salud de los habitantes de la Cuenca Minera y en el medio ambiente. «Ecologistas en Acción y vecinos de Nerva aseveran que ese estudio, sin duda, será determinante para evidenciar la imperiosa necesidad de clausurarlo definitivamente», concluyen desde la organización.