La organización conservacionista considera que la Junta incumple la sentencia que declaró nula la AAU

El nuevo procedimiento iniciado por la Junta de Andalucía para conceder una nueva Autorización Ambiental Unificada (AAU) a la mina de Riotinto incumple la sentencia judicial que declaró nula la concesión de la AAU anterior y obligaba al Gobierno andaluz a subsanar el defecto de forma detectado en aquella resolución, consistente en que no se habían sometido a información pública determinados documentos del proyecto.

Así al menos lo considera Ecologistas en Acción, la organización que interpuso el recurso judicial que dio lugar a a la citada sentencia dictada el pasado 19 de septimbre. Una vez analizada toda la documentación que la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático puso a disposición de la ciudadanía el pasado 16 de julio, el colectivo conservacionista considera que que “la Junta de Andalucía ha incumplido esa sentencia en lo más básico”.

A través de un comunicado remitido a TINTO NOTICIAS -El Periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-, Ecologistas en Acción explica, en primer lugar, que el fundamento jurídico “principal” de la anulación de la AAU es que no se había realizado un informe de verificación de compatibilidad con la normativa ambiental de forma previa a la puesta en información pública de toda la documentación que tiene que ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental para la posible obtención de la AAU.

El referido informe se hizo el 13 de enero de 2014, con posterioridad al procedimiento de información pública, añaden desde Ecologistas, que explica además que posteriormente se incorporó al expediente “numerosa documentación que se consideraba indispensable” para su tramitación y que tampoco había sido objeto de información pública, relacionada con los suelos contaminados, la ampliación del estudio acústico, la aclaración sobre escombreras activas y pasivas, la autorización de aprovechamientos forestales, el estudio específico de afecciones a la Red Natura 2.000, la Adenda al estudio de impacto ambiental o la matriz actualizada de valoración de impactos, aplicación de mejoras técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y análisis de alternativas a este proceso.

Sin embargo, según denuncian desde Ecologistas en Acción, “ahora se han publicado en la web de la Junta de Andalucía un total de 767 documentos que se hurtaron a la participación ciudadana en 2014, pero, increíblemente, la Junta de Andalucía ha vuelto a incumplir su obligación de publicar el referido informe de compatibilidad ambiental, ni el que se hizo el 13 de enero de 2014 ni el que necesariamente se tiene que haber realizado ahora, con carácter previo a la nueva publicación en el BOJA del 16 de julio”, han lamentado.

Además “se han hurtado nuevamente a la participación pública un total de 25 informes sectoriales realizados por diferentes órganos de la administración de la Junta de Andalucía que nunca estuvieron a disposición del público y que resultan indispensables para la comprensión del expediente”, continúan desde la organización ecologista, que añade que, “para colmo del despropósito, se han omitido documentos esenciales del año 2014 como el Proyecto definitivo de Explotación de la Mina de Riotinto, el Proyecto de las instalaciones de residuos mineros (balsas de lodos), el Estudio de Rotura de dichas balsas y un importantísimo informe técnico realizado por el CEDEX (organismo de referencia del Gobierno de España) en relación precisamente al diseño y estabilidad de esas balsas de lodos”.

En definitiva, Ecologistas en Acción considera que “la ejecución de sentencia realizada por la Junta de Andalucía resulta una nueva burla a los derechos de participación ciudadana y a los términos de la propia sentencia del TSJA”, por la que la organización conservacionista ha solicitado al TSJA, “como incidente de ejecución de sentencia, que anule y suspenda la publicación del BOJA del 16 de julio y que ordene a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático que publique todos los documentos hurtados, incluyendo el imprescindible informe de verificación de compatibilidad ambiental, con reinicio del periodo de participación ciudadana”, añaden.