El Ayuntamiento defiende que la sentencia no le obliga a evitar el desahucio de la familia de Nerva

El Consistorio destaca además que «en ningún momento ha dejado de atender» a los afectados

El Ayuntamiento de Nerva ha salido al paso de la información publicada por TINTO NOTICIAS en la que este periódico se hacía eco de que una familia de la localidad ha pedido al Consistorio que paralice su desahucio tras una sentencia judicial que, según los propios afectados, Sergio García y Alba González, establece que éstos «tendrían derecho a las ayudas públicas para paralizar este desahucio» y que «tendría que ser el propio Ayuntamiento de Nerva el que iniciara este proceso».

Frente a la versión de la familia, desde el Área de Igualdad y Políticas Sociales del Consistorio nervense defienden que, por el contrario, «no existe sentencia alguna que avale la ocupación ilegal como puente para la adjudicación de una vivienda pública, tal y como se deriva de la sentencia» a la que se alude en la referida información, añaden desde el Consistorio, que reprocha a esa noticia el hecho de que «omite el literal» en el que la sentencia subraya que «en modo alguno autoriza» a la citada familia a la «ocupación actual».

No obstante, la información de TINTO NOTICIAS a la que se refiere el Ayuntamiento, que puede verse haciendo click en este enlace, en ningún momento asegura que la sentencia judicial obligue al Consistorio a paralizar el desahucio, pues la noticia se limita a hacerse eco de que la familia afectada asegura que, en virtud de la citada sentencia, «tendrían derecho a las ayudas públicas para paralizar este desahucio» y «tendría que ser el propio Ayuntamiento de Nerva el que iniciara este proceso», pero en ningún caso se informa de que la familia tenga razón ni de que la sentencia avale su versión.

Además, la referida información en ningún momento señala que la sentencia autorice a la familia a la ocupación actual. Todo lo contrario, pues en ella se indica textualmente que «la sentencia habla de una ocupación ilegal, puesto que ambos viven en una VPO que nunca ha sido adjudicada». Además, este periódico tampoco omitió esa frase de la sentencia a la que alude el Ayuntamiento, pues esa información no alude en ningún momento a ninguna frase textual de la misma, sino que únicamente se hace eco de manifestaciones realizadas por el matrimonio afectado.

Asimismo, a través de un comunicado remitido a este periódico, el Ayuntamiento de Nerva defiende que, en el caso de esta familia, no procede la adjudicación de la vivienda al margen de la legalidad vigente, pues no se cumplen los requisitos que se recogen para ello en la ley que regula la adjudicación de viviendas protegidas en Andalucía, argumentan desde el Consistorio, que asegura que, en virtud de la situación de esa familia, «no procede el diagnóstico de situación de extrema necesidad y de urgencia», tal y como indica en el siguiente fragmento del comunicado, que textualmente dice lo siguiente:

Los desahucios son ejecutados por los propietarios de las viviendas, AVRA, en vía judicial, y solo en el caso de que las circunstancias sean de extrema gravedad y se justifiquen carencias personales, económicas, laborales o de otra índole que en su conjunto provoquen una situación de exclusión social, según recoge el artículo 13 apartado b de la ley que regula la adjudicación de las viviendas protegidas en Andalucía, se podrá adjudicar una vivienda ocupada ilegalmente al margen de la legalidad vigente. Y este no es el caso que nos ocupa, como ya se informó a la familia en las sucesivas reuniones mantenidas con ella en su día. Con los datos recabados por esta administración, aportados por la familia, sobre la situación económica, laboral, social y demás carencias personales evaluables por el equipo de servicios sociales, no procede el diagnóstico de situación de extrema necesidad y de urgencia.

Además, desde el Área Municipal de Igualdad y Políticas Sociales explican que, «para la adjudicación de vivienda pública, existe un reglamento municipal que deriva de un registro de necesidad de vivienda en el que actualmente hay inscritos unos 80 vecinos y vecinas de este municipio, en virtud del cual se hacen las propuestas a AVRA para que realice la adjudicación oportuna», añaden desde el Ayuntamiento, tras lo que lamenta que, «cuando se ocupa de forma ilegal una vivienda pública, se está privando a estos vecinos de su derecho a una vivienda».

De otra parte, a través del mismo comunicado, desde el Consistorio defienden que «en ningún momento ha dejado de atender a la familia, puesto que han sido varias las reuniones mantenidas, en concreto hasta en cuatro ocasiones, para informarles y orientarles sobre su situación. Y se mantendrían las que fueran necesarias en caso de tener alguna novedad al respecto de su situación, volviéndose a citar nuevamente a los afectados», agregan, además de incidir en que «en ningún caso esta administración local ha dejado de cumplir con sus obligaciones para con los vecinos y vecinas de nuestro municipio a este respecto».

Por último, desde el Ayuntamiento anuncian que, «ante las calumnias» que según el Consistorio han sido «vertidas sobre esta administración y algunos de sus trabajadores y trabajadoras tras la publicación» de la referida información, «nos vemos en la obligación de informar que se tomarán las medidas legales oportunas para proteger del daño moral y acoso a que dichos trabajadores/as están siendo sometidos», concluyen.

Una familia de Nerva pide al Ayuntamiento que paralice su desahucio tras una sentencia

Han solicitado a los responsables del consistorio una reunión, pero no han obtenido respuesta

Hace ya casi 20 días  desde que Sergio García y Alba González, padres de dos hijos en el municipio de Nerva, pidieron una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Nerva en materia de vivienda y servicios sociales para que revisen su situación. Hace unos meses el propio consistorio ya les negó la posibilidad de adjudicarles la vivienda que habitan, porque según sus cálculos rebasaban los límites de ingresos del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para poder estar en dicha vivienda. Sin embargo, ellos defendieron desde el principio que sus recursos eran muy escasos y junto a un abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)  han acudido a los tribunales quienes, según han asegurado los afectados «tendrían derecho a las ayudas públicas para paralizar este desahucio, pero que tendría que ser el propio ayuntamiento de Nerva el que iniciara este proceso».

La sentencia habla de una ocupación ilegal, puesto que ambos viven en una VPO que nunca ha sido adjudicada, pero del mismo modo apela a la capacidad del ayuntamiento para tener en cuenta esta situación y poder adjudicar la vivienda. Una situación que además cuenta con un tinte más dramático, la operación a corazón abierto a la que se tendrá que someter el hijo menor de la familia por sus problemas cardiacos después de navidades, una operación que obligará a la madre a dejar su trabajo en el campo para cuidar del pequeño (el padre ha conseguido trabajo en la mina).

Si el Ayuntamiento de Nerva no reacciona ante esta situación dramática, en un par de meses podría iniciarse el desahucio que dejara en la calle a esta familia sin recursos.

El nacimiento del pequeño obligó a la madre a dejar de trabajar para atender a su hijo, por lo que la familia se quedó sin ingresos suficientes para adquirir una vivienda, lo que motivó que, hace ahora algo más de dos años, ocupara una vivienda pública de la Junta de Andalucía que llevaba seis años deshabitada.

Pese a ello, la Junta de Andalucía le notificó, antes del confinamiento, que tenía un plazo de un mes para abandonar la casa si antes de 15 días no presentaba alegaciones que justificaran su permanencia en la vivienda, tras lo que la Administración autonómica denegó tales alegaciones y le dio otro mes de plazo para desalojar el inmueble.

El confinamiento provocó la paralización de este proceso, pero una vez decretado el fin del primer estado de alarma la situación se volvió a complicar.

La única ayuda que han obtenido en los últimos tiempos es de Cruz Roja, quién también les ha facilitado un cheque de 250 euros para los próximos meses. Sergio, en declaraciones a Tinto Noticias se pregunta que «Si tenemos derecho a un cheque de la Cruz Roja para alimentación ¿cómo no lo vamos a tener para una vivienda?» por lo que ha pedido al Ayuntamiento de Nerva que los atienda y «vuelva a revisar su caso».

Una familia de Nerva, al borde del desahucio

La Junta les dio un mes para desalojar la vivienda en la que residen con sus dos hijos, uno de ellos con una cardiopatía

Una familia de Nerva está al borde de ser desahuciada y carece de recursos económicos para alquilar o adquirir una vivienda, por lo que podría verse en la calle en los próximos días.

Ese es el calvario por el que están atravesando Sergio García y Alba González y sus dos hijos, de los que uno de ellos, el menor, de solo tres años, padece una cardiopatía que ya le ha llevado dos veces al quirófano y está pendiente de una tercera operación.

El nacimiento del pequeño obligó a la madre a dejar de trabajar para atender a su hijo, por lo que la familia se quedó sin ingresos suficientes para adquirir una vivienda, lo que motivó que, hace ahora casi dos años, ocupara una vivienda pública de la Junta de Andalucía que llevaba seis años deshabitada.

Desde entonces, Sergio García trabaja en Organic Citrus (antigua Riotinto Fruit) entre seis y ocho meses al año, algunos de los cuales no percibe más de 400 euros y, los que más, 900, por lo que «los ingresos de la familia son de entre 600 y 700 euros al mes», señala.

Pese a ello, la Junta de Andalucía le notificó, antes del confinamiento, que tenía un plazo de un mes para abandonar la casa si antes de 15 días no presentaba alegaciones que justificaran su permanencia en la vivienda, tras lo que la Administración autonómica denegó tales alegaciones y le dio otro mes de plazo para desalojar el inmueble.

El confinamiento provocó la paralización de este proceso, pero una vez decretado el fin del estado de alarma «pueden echarnos en cualquier momento», explica Sergio, que teme que «la Policía llegue en cualquier momento» para quitarles la casa.

En declaraciones a TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-, este nervense asegura que solo pide «un alquiler social o una vivienda de protección». Eso o un empleo digno, indica, una petición que ya le ha trasladado a los Servicios Sociales, pero de momento «no hemos tenido respuesta», añade.

La única ayuda que le ha sido concedida ha sido de Cáritas, que este mismo viernes se ha comprometido a sufragar la alimentación de sus hijos, de ocho y tres años, explica Sergio, que hace un llamamiento a la administración para que le ayude a salir de esta situación por la que atraviesa la familia.

Ayuntamiento y Junta llegan a un acuerdo para evitar el desahucio en El Campillo

La alcaldesa, Susana Rivas, mantiene una reunión con el delegado de Fomento, José Manuel Correa

El Ayuntamiento de El Campillo y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo para evitar que José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, a quienes la Administración autonómica les dio seis meses de plazo para abandonar su casa, tengan finalmente que dejar la vivienda, una VPO que la Junta le concedió en régimen de alquiler en 1988.

Esa es la principal conclusión que puede extraerse de una reunión mantenida entre el delegado de Fomento del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y la alcaldesa de El Campillo, Susana Rivas, tal y como ha informado la propia regidora campillera a TINTO NOTICIAS -El Periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-

Rivas ha indicado que, tal y como le trasladó el delegado, la Junta de Andalucía tiene que seguir adelante con el proceso administrativo del desahucio, pues es fruto de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo, pero «hemos llegado a un acuerdo» para que, una vez finalizado este proceso, «la familia pueda seguir en la vivienda», ha agregado la alcaldesa.

Se trata, según ha especificado la regidora campillera, de «una posible solución», para lo que ambas partes cuentan con un informe favorable de los Servicios Sociales que atestigua la situación de la familia y que la vivienda está ocupada, ha destacado Rivas.

 La alcaldesa ha explicado que la reunión fue solicitada por el Ayuntamiento para que el representante de la Junta conociera la situación de la familia y los motivos que llevaron a la Junta a ordenar el desahucio de la misma, que obedecen, tal y como ya informó este periódico, a que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que, aunque «es cierto según los papeles», no lo es «en la práctica”, indicó la afectada, hasta el punto de que «ni yo misma lo sabía», añadió.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos de este matrimonio se compra una casa en La Carlota (Córdoba). “Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo”, señaló Magdalena, que acudió por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera podía ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando “nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, explicó, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé, pero no sabía que me habían puesto como propietaria”, indicó Magdalena, que aseguró que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía tramita el expediente para quitarles la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que el pasado mes de marzo les llegó la comunicación de que tenían que abandonar la casa en seis meses.

Juan José Cortés media para frenar el desahucio de la familia de El Campillo

El padre de Mari Luz se reúne con José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín

La familia de El Campillo a la que la Junta de Andalucía le comunicó que tiene seis meses para abandonar su casa, una vivienda de protección oficial que la propia administración autonómica le concedió en régimen de alquiler hace 31 años, sigue recabando apoyos.

Ahora ha sido Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña que fue asesinada hace 10 años en Huelva, el que se ha comprometido a interceder para evitar el desahucio. De momento, según ha podido saber Tinto Noticias -el periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- Cortés se ha reunido con los afectados, José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, a quienes les ha indicado que trasladará la documentación del caso a un equipo jurídico para pedirles asesoramiento.

Juan José Cortés, que fue asesor en materia penal del Partido Popular, formación a la que se afilió el pasado 1 de noviembre, se une así a otras muestras de apoyo recabadas por esta familia, que ya recibió el respaldo de la alcaldesa del municipio, Susana Rivas, y de Ciudadanos (Cs).

La primera pidió a la Junta que no tome a esta familia como «cabeza de turco», pues hay «muchos más casos» como éste en el conjunto de la comunidad autónoma, indicó, mientras que el partido naranja se ha comprometido a hacer «todo lo posible» para evitar el desahucio.

De momento, la respuesta dada por la Administración autonómica sobre este asunto, que fue adelantado por este periódico, es que el expediente lo inició el Ayuntamiento de El Campillo en 2014 al comunicar a la Junta que la vivienda en cuestión estaba desocupada, si bien fuentes del gobierno municipal de entonces, del extinto Partido Andalucista, explicaron a este periódico que, de ser eso cierto, lo haría tras un requerimiento previo de la administración andaluza.

Como adelantó Tinto Noticias, la Junta comunicó a la familia afectada que debe abandonar su casa en seis meses, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que “es cierto según los papeles pero no en la práctica”, hasta el punto de que “ni yo misma lo sabía”, defendió la propia Martín en declaraciones a Tinto Noticias.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). “Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo”, indica Magdalena, que acudió por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando “nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, continúa, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé”, añadió, pero “yo no sabía que me habían puesto como propietaria”, explicó Magdalena, que aseguró que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando desde la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía se les comunicó que le quitaban la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que la semana pasada les llegó la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. “No podemos gastarnos más dinero en abogados”, aseguró Vizcaíno, quien, no obstante, pidió a la Junta que “frene este proceso”.

Cs intercede para evitar el desahucio de la familia de El Campillo

El partido ve «factible» que la Junta pueda paralizar el trámite

Ciudadanos (Cs) hará «todo lo posible» para que la Junta de Andalucía paralice el desahucio de la familia de El Campillo a la que la propia administración autonómica comunicó la semana pasada que tiene seis meses para abandonar su casa, una vivienda de protección oficial que la Junta le concedió hace 31 años en régimen de alquiler.

El portavoz provincial de la formación naranja y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, se puso en ello nada más que conoció el tema a través de Tinto Noticias -el periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-, según ha informado a esta redacción el coordinador del partido en Minas de Riotinto, José Manuel Salvador, quien este mismo lunes ha mantenido un encuentro con los afectados, José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín.

Tras el encuentro, en el que también ha estado presente un representante de Ciudadanos de Valverde del Camino, Ángel Rivas, Salvador ha trasladado a este periódico que, en principio, a tenor de las explicaciones dadas por el matrimonio, ve «factible» que la Junta pueda paralizar el proceso, pues, tal y como ya adelantó Tinto Noticias, Magdalena Martín asegura que no fue conocedora de que el banco la convirtió en propietaria del piso que su hijo se había comprado en el municipio cordobés de La Carlota.

De momento, la familia afectada le ha trasladado toda la documentación del caso a estos representantes de Cs, quienes a su vez se la pasarán a Julio Díaz para que éste dé trasladado de la misma al departamento correspondiente de Gobierno andaluz, formada por Partido Popular y la propia formación naranja.

El encuentro ha sido valorado de manera muy positiva por José Luis y Magdalena, quien han mostrado su «agradecimiento» a Ciudadanos y a los representantes que se han reunido con ellos «con el fin de interceder ante la Junta para detener el desahucio», ha subrayado el propio Vizcaíno.  

Cabe recordar, tal y como también adelantó este periódico, que la Junta de Andalucía defendió que este trámite «lo inició el Ayuntamiento de El Campillo en 2014» al comunicar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que la vivienda de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín «estaba desocupada», si bien fuentes del que entonces era el Equipo de Gobierno Municipal, del extinto Partido Andalucista, aseguraron a esta redacción que, en el caso de que eso sea cierto, esa actuación tuvo que llevarse a cabo por un requerimiento previo de la administración andaluza.

Como adelantó este periódico, la Junta comunicó a la familia afectada que debe abandonar su casa en seis meses, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que «es cierto según los papeles pero no en la práctica», hasta el punto de que «ni yo misma lo sabía», defendió la propia Martín en declaraciones a Tinto Noticias.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). «Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo», indica Magdalena, que acudió por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando «nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, continúa, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé», añadió, pero «yo no sabía que me habían puesto como propietaria», explicó Magdalena, que aseguró que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando desde la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía se les comunicó que le quitaban la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que la semana pasada les llegó la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. «No podemos gastarnos más dinero en abogados”, aseguró Vizcaíno, quien, no obstante, pidió a la Junta que «frene este proceso».

También la actual alcaldesa de El Campillo, Susana Rivas, se ha pronunciado sobre este asunto. Tal y como ya informó este periódico, Rivas salió en defensa de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, al tiempo que reclamó al Gobierno andaluz que no tome a esta familia como «cabeza de turco», pues considera que hay «muchísimas familias» en una situación similar en el conjunto de Andalucía.

Por ello, la regidora campillera defendió que «deben ser tratadas todas por igual», añadió, si bien quiso dejar claro su «respeto» a los criterios de la administración y a las decisiones judiciales.

La Junta dice que el trámite del desahucio en El Campillo lo inició el Ayuntamiento en 2014

El Gobierno andaluz asegura que el Consistorio le comunicó que la vivienda de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín estaba desocupada, a lo que el anterior gobierno municipal responde que, si realmente se llevó a cabo ese trámite, tuvo que ser por requerimiento de la administración andaluza

La Junta de Andalucía ha salido al paso de la información adelantada por Tinto Noticias en la que este periódico se hacía eco de que el Gobierno andaluz ha ordenado el desahucio de una familia de El Campillo, a la que le ha comunicado que tiene un plazo de seis meses para abandonar la vivienda de protección oficial que la propia Administración autonómica le concedió régimen de alquiler en 1988.

A preguntas de esta redacción, desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía han explicado que «el trámite lo inició el Ayuntamiento de El Campillo en 2014», pues el Consistorio campillero comunicó entonces a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que la vivienda de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín «estaba desocupada», según han añadido las mismas fuentes.

Asimismo, desde la Administración autonómica han resaltado, igualmente, que la comunicación que se le ha trasladado ahora a la familia se ha realizado «en cumplimiento de una sentencia judicial», con lo que confirma lo que ya fue adelantado por Tinto Noticias a través de esta publicación.

Ante ello, este periódico se ha puesto en contacto con el que entonces era el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, del extinto Partido Andalucista, que asegura que no tiene constancia de ello, si bien tiene claro que, si realmente fue el Consistorio el que comunicó a AVRA que la vivienda estaba desocupada, esa actuación no fue fruto de una «decisión política», sino de un «trámite administrativo ordinario».

Fuentes de aquel grupo municipal también han asegurado a esta redacción que «desde el Ayuntamiento no se inició el expediente», por lo que defienden que, si el Consistorio llevó a cabo esa gestión, «sería por un requerimiento de la administración andaluza, que es la propietaria de las viviendas», entienden.

Tal y como ya informó este periódico, la Junta comunicó a la familia afectada que debe abandonar su casa en seis meses, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que «es cierto según los papeles pero no en la práctica», hasta el punto de que «ni yo misma lo sabía», defendió la propia Martín en declaraciones a Tinto Noticias.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). «Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo”, indicó Magdalena, que acudió por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando “nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, continúa, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé”, añadió, pero “yo no sabía que me habían puesto como propietaria”, explicó Magdalena, que asegura que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando desde la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía se les comunicó que le quitaban la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que ahora les ha llegado la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. “No podemos gastarnos más dinero en abogados”, aseguró Vizcaíno, quien, no obstante, pidió a la Junta que “frene este proceso”.

También la actual alcaldesa de El Campillo, Susana Rivas, se ha pronunciado sobre este asunto. Tal y como ya informó este periódico, Rivas salió en defensa de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, al tiempo que reclamó al Gobierno andaluz que no tome a esta familia como “cabeza de turco”, pues considera que hay “muchísimas familias” en una situación similar en el conjunto de Andalucía.

Por ello, la regidora campillera defiende que “deben ser tratadas todas por igual”, añadió, si bien quiso dejar claro su “respeto” a los criterios de la administración y a las decisiones judiciales.

 

Ordenan el desahucio de una familia de El Campillo

La Junta le da seis meses de plazo para abandonar su vivienda

Una familia de El Campillo tiene seis meses para abandonar su casa, una vivienda de protección oficial en la que el matrimonio formado por José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín reside, junto a sus hijos, desde 1988, cuando les fue adjudicado el inmueble en régimen de alquiler.

La Junta de Andalucía, propietaria de la vivienda, les acaba de comunicar que deben dejar la casa en 180 días, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que «es cierto según los papeles pero no en la práctica», hasta el punto de que «ni yo misma lo sabía», defiende la propia Martín en declaraciones a Tinto Noticias -el periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). «Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo», indica Magdalena, que acude por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando «nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma», continúa, por lo que «yo les llevé mi nómina y firmé», añade, pero «yo no sabía que me habían puesto como propietaria», explica Magdalena, que asegura que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía tramita el expediente para quitarles la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que ahora les ha llegado la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. «No podemos gastarnos más dinero en abogados», asegura Vizcaíno, quien, no obstante, pide a la Junta que «frene este proceso».