La ministra Ribera pide a la Junta que no esquilme los recursos

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha valorado que la carta enviada por la Comisión Europea, en la que advierte del «riesgo» que implica la nueva proposición de ley que se presentó ante el Parlamento de Andalucía, «recuerda lo obvio, de sentido común: Doñana necesita protección». Los responsables ambientales no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos».

En su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press, y tras conocer dicha carta, la ministra ha subrayado que, de esta forma, la Comisión Europea «recuerda lo obvio, de sentido común y de obligado cumplimiento para con los ciudadanos, los ecosistemas y el respeto a las normas: Doñana necesita protección», toda vez que ha señalado que los responsables ambientales «no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos».

Al respecto, la Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.

En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, la directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley de la Junta de Andalucía para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».

«La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana», dice la Comisión en su misiva, en la que también advierte de que «la sobre explotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío», ha señalado la comisión en la carta.

El Gobierno ha mostrado su rechazo a la proposición de ley de PP y Vox. De hecho, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, expresó el pasado 3 de marzo tachó la propuesta de «atropello» al tiempo que fuentes del Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, han avisado de que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) «toda actuación que ponga en riesgo a Doñana».

De esta manera, a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido dejar claro que «no ha negociado ni, mucho menos, ha llegado a ningún acuerdo con PP y Vox para aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer» en dicha proposición de ley registrada en el Parlamento, según han apostillado desde la cartera que dirige Teresa Ribera.

Para el departamento ministerial «esta proposición de ley es un atropello» que «desprecia el papel del Consejo de Participación de Doñana», y en todo caso es una iniciativa que «debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como proyecto de ley para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes».

WWF también en contra

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha pedido por su parte al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que paralice la proposición de ley de PP y Vox sobre los regadíos del Condado de Huelva ante la carta emitida por la Comisión Europea ya que «va muy en serio» y «podría repercutir en graves multas».

Carmona ha manifestado que la misiva de la Comisión es «una respuesta» a la enviada por la ONG la pasada semana y es «muy dura», de hecho el portavoz de WWF ha asegurado que la Dirección de Medio Ambiente «rara vez se expresa en estos términos y en el lenguaje diplomático que se suele usar no hay frases tan claras y contundentes», además de las advertencias de «las medidas a adoptar».

En este sentido, Carmona ha señalado que la Comisión «coincide» con la ONG en «la profunda preocupación que provoca la propuesta de legalización, esa amnistía para los agricultores ilegales que amenazan Doñana» y «nos da la razón en cuanto a su situación».

«Consideramos que es positivo que advierta de que, si prospera la tramitación de esta propuesta, va a tomar las medidas oportunas sobre las que ya alertó en la carta de emplazamiento que mandó a España el año pasado, en la que señalaba que no se habían adoptado las medidas necesarias para cumplir con la sentencia del TJUE y que en el caso de seguir adelante, como hace ahora, acudirá el tribunal para pedirle la correspondiente sanciones para obligar a España a cumplir», ha detallado.

En este sentido, el portavoz de WWF pone en valor que la Comisión haya usado el «término clarísimo de violación flagrante de la sentencia del Tribunal Europeo», por lo que ha considerado que ante esta «dura» misiva, «no queda otra que parar esta temeridad en la que el presidente se ha metido para tratar de amnistiar a unos regantes ilegales», que «no han cumplido ni con las leyes de Ordenación del Territorio ni con las normativas de agua».

«Estamos hablando de personas que, ignorando todas las leyes relativas a la ordenación del territorio y el agua, transformaron ilegalmente su finca, y ahora están intentando que se les dé una amnistía, forzando al Parlamento andaluz para que apruebe una norma, que tiene una fuerte respuesta, no solamente en España, a través del Ministerio, que considera que es una clara invasión de sus competencias, sino también a nivel Europeo», ha enfatizado.

Así, Carmona ha llamado la atención sobre el hecho de que la Comisión Europea acuda al TJUE para que pongan en marcha «los mecanismos sancionadores» oportunos, ya que ello «puede repercutir en graves multas», toda vez que ha recordado «los 75 millones de euros que ya se llevan pagados por la depuración de las aguas».