El denunciante considera que una empresa privada ha elaborado el documento sin que el Ayuntamiento haya llevado a cabo el procedimiento de licitación pública
El proyecto de teleférico que el Ayuntamiento de Minas de Riotinto quiere instalar en Corta Atalaya ha sido denunciado ante la Fiscalía por un presunto delito de “prevaricación”, al entender el denunciante que el proyecto ha sido elaborado por “una empresa privada ajena” al Consistorio riotinteño sin que se hayan llevado a cabo “los procedimientos de licitación establecidos en la ley”, lo que a su juicio “contraviene el principio de libre concurrencia, al privar al resto de las empresas profesionales el poder presentarse a una licitación pública para elaborar ese proyecto”, explica.
En la denuncia, que se ha hecho llegar a la redacción de Tinto Noticias -el periódico digital de la Cuenca Minera de Riotinto-, el denunciante, que asegura que es vecino de Minas de Riotinto, se basa, por un lado, en una nota del Ayuntamiento en la que informa de que ha presentado “un proyecto ante la Junta de Andalucía para la instalación de un teleférico en el entorno de Corta Atalaya”, y por otro, en unas declaraciones de la alcaldesa, publicadas en su red social de Facebook, en las que afirma que ha sido una empresa “número 1 del mundo en estos temas” la que ha entregado tal proyecto al Ayuntamiento y que éste, a continuación, ha sido “mejorado por expertos en mina”.
Asimismo, el denunciante, tal y como se indica en la denuncia, asegura que “ha entrado a través de Internet en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Minas de Riotinto y no ha encontrado ninguna referencia a la licitación de elaboración de proyectos para el Ayuntamiento ni de la licitación de informes de expertos en minas sobre proyecto alguno”.
Por todo ello, el denunciante considera que “nos encontramos ante un presunto delito de prevaricación regulado en el artículo 404 del Código Penal”, ya que entiende que, en este proceso, se ha incumplido la ley de contratos del sector público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que “pretende darle mayor transparencia al procedimiento de contratación pública, evitando las adjudicaciones a dedo y apostando por la meritocracia de la empresa contratada”, asegura.
