Los padres de la joven piden «ayuda y protección» tras denunciar unos hechos que a su juicio afectan «gravemente» a su «derecho a la intimidad»
La Fiscalía Provincial de Huelva ha pedido a la fiscal encargada del caso del crimen de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana asesinada en El Campillo el pasado 12 de diciembre, que inste al juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino a la apertura de una investigación que esclarezca filtraciones publicadas relacionadas con el caso.
Así lo ha comunicado el Fiscal Jefe Provincial de Huelva, Alfredo Flores, a través de un comunicado en el que asegura que determinadas informaciones «suponen la vulneración del carácter reservado de las diligencias judiciales de conformidad con los arts. 301 y ss LECRi y además, y según la identidad de quien haya suministrado la información publicada, pueden constituir un delito del art. 417 o 466 CP».
Flores ha emitido este comunicado después de que, según ha indicado, los padres de Laura Luelmo hayan solicitado «ayuda y protección» de la Fiscalía Provincial de Huelva ante informaciones publicadas por un medio de comunicación que, según han denunciado ellos mismos ante el juzgado, afectan gravemente a su derecho a la intimidad y les causan de nuevo sufrimiento, ha continuado Flores, que entiende que «los hechos denunciados por la familia son ciertos y graves».
Por ello, «al señalar la familia que han presentado escrito en el juzgado, he interesado de la fiscal encargada del caso que, comprobado dicho extremo, inste de aquél la apertura de una investigación sobre los hechos denunciados y, caso de existir indicios de delito, la deducción de testimonio de particulares y su remisión al Juzgado Decano para su reparto e investigación de sus posibles autores», ha explicado el Fiscal Jefe de Huelva.
Alfredo Flores también realiza una valoración personal sobre este asunto. En concreto, valora que «lo más grave es el ataque a la intimidad de la familia de la víctima que supone el desvelar datos de las posibles circunstancias de la muerte», datos que a su juicio no sólo «pueden comprometer el desarrollo de la investigación», sino que además causan «un sufrimiento innecesario» a la familia y no son «esenciales para salvaguardar el derecho constitucional a recibir información veraz sobre asuntos de interés público».
«Se trata pues de evitar la victimización secundaria en base al contenido de la Ley 4/2015 de 27 Abril del Estatuto de la Víctima que debemos recordar realiza un llamamiento a fomentar la autorregulación de los medios de comunicación en el tratamiento de informaciones que afecten a la dignidad de las víctimas y que en sus arts. 19 y ss legitima y obliga a fiscales y jueces para la adopción de medidas de protección de los derechos de las víctimas, que en el caso de la Fiscalía, además de en la legislación vigente, tienen su apoyo en la doctrina de la Fiscalía General del Estado (entre otras Instrucciones 4/2004 y 8/2005)», añade Flores.
