El pasado 23 de diciembre se aprobó definitivamente en la Senado la nueva Ley de Educación, la LOMLOE o Ley Celaá. Tras un par de meses de tramitación, hemos sido testigos de las polémicas proclamas desde la derecha y las patronales de la educación concertada, que han comenzado a movilizarse “en defensa de la libertad de elección” y bajo el paraguas de otras consignas que sirven de cortina de humo en la protección de su jugoso negocio. Asimismo, organizaciones sindicales de docentes y de Marea Verde ya han expuesto sus dudas acerca de esta nueva normativa que no responde a las reivindicaciones históricas que se vienen haciendo (bajada de ratios, ampliación de plantillas…) y no pone en cuestionamiento algunas de las lacras con las que cargamos desde hace siglos y que se han ido modernizando en las diferentes coyunturas históricas, en concreto el peso de la iglesia católica en nuestro país en el ámbito de la educación.
Así, ante tanta algarabía de la derecha mediática y la que habita en las calles a raíz de la publicación del Proyecto de Ley de Educación, como desde nuestras posiciones de clase e interés por la educación pública, no cabe menos que hacer un análisis de la propuesta ministerial de lo que será el paradigma legal en el ámbito educativo no universitario, la llamada LOMLOE, que anula la Ley Orgánica del Ministerio Wert (2013) y retoma en parte la LOE (2006).
Para no despistarnos en el análisis, ni perdernos por las ramas del bosque, vamos a fijarnos en tres aspectos, que desde la defensa que se viene haciendo de la escuela pública a través de movimientos sociales (como Marea Verde y Mareas por la Pública), corrientes pedagógicas críticas, foros o asociaciones como Europa Laica, así como organizaciones sindicales, se llevan años exigiendo y reivindicando.
La necesidad de una red única de titularidad pública, universal y laica
Desde 1985 (LODE) y gracias a los acuerdos que se arrastran desde el franquismo (1953) y fueron actualizados por Adolfo Suárez (1979) con la Santa Sede, las prebendas de la iglesia católica en nuestro país, en materia de educación, suponen, de una parte, la garantía del mantenimiento por parte del Estado de su doctrina religiosa a través de la asignatura de Religión, y de otra, la creación de un sistema dual de enseñanza, que no solo sirve para llenar las arcas de esta institución religiosa, sino que es de facto una cadena de transmisión ideológica y doctrinaria a través de la que se fundamentan sus principios.
Una de las reivindicaciones históricas y básicas de todas las organizaciones que trabajan por y para la defensa de la escuela pública ha sido, y es, la creación de una red única de titularidad pública que implique que todo el esfuerzo económico del Estado vaya dirigido al sostenimiento de una escuela que garantice la igualdad de oportunidades y el pensamiento crítico, así como la defensa de los valores democráticos, como la libertad de conciencia, una escuela que sirva de acicate a la brecha social existente en este sistema capitalista de desigualdades y que favorezca una formación integral del alumnado.
No obstante, en nuestro país, más de un 30% de la escuela es concertada (en algunas ciudades llega hasta el 70%), esto es, pagada tanto en el mantenimiento de su funcionamiento como a sus docentes por el Estado, y prácticamente la mayoría de estas escuelas están vinculadas con la iglesia católica, convirtiéndose esta en un lobby de presión a la hora de plantear cualquier reforma educativa, en defensa de sus propios intereses y sus valores morales y religiosos.
¿Qué aporta el nuevo proyecto de Ley sobre este asunto? Es llamativa la respuesta contundente del sector más conservador que se beneficia de los conciertos contra la Ley y la ministra de Educación: manifestaciones, artículos de opinión, programas de debate, colegios empapelados con lazos naranjas… Todo en una supuesta defensa de la “libertad de elección de las familias”. Nada de esto es cuestionado en la norma. Por citar algunos ejemplos, en el preámbulo “se establece que la programación de la red de centros debe asegurar la existencia de plazas públicas en todas las áreas o zonas de escolarización o de influencia que se establezcan, una vez considerada la oferta existente de centros públicos y privados concertados” (pág. 12) … Un poco después, en el siguiente párrafo: “Con respecto a los centros privados concertados se señala que corresponde a las Comunidades Autónomas el desarrollo del régimen de conciertos educativos, a partir de la regulación general establecida por el Gobierno”, es decir, tal como ahora. Ahora bien, en la Programación de red de centros (artículo 109) se establece la distribución del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entre centros públicos y privados concertados, y en el punto 5 se comprometen a promover “un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”.
En cuanto a los derechos de los padres, madres o tutores, en relación con la educación de sus hijos e hijas, se modifican algunos artículos de la LODE, pero que en nada cuestionan ni el sistema dual ni la enseñanza religiosa. Vemos que tienen derecho a: “Escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos” y “A que reciba la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Por todo esto, podemos afirmar que el proyecto reformista del PSOE Y UP vuelve a tender la mano al negocio lucrativo e ideológico de la concertada y no responde a las demandas sociales en defensa de la escuela pública y los derechos del niño a la libertad de conciencia. Más allá de la performance mediática de los partidos conservadores y su estrategia de desgaste, pueden estar bien tranquilos. Sus hijos e hijas mantendrán sus escuelas privadas sostenidas con fondos públicos.
La importancia de la financiación
En la disposición adicional octava se aborda el Plan de incremento del gasto público educativo, que se “formulará en el plazo de dos años a partir del momento de la entrada en vigor de la Ley” y que “contemplará el incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5 por ciento del producto interior bruto”.
Actualmente, la media europea ronda en torno al 6 por ciento en educación, mientras que en el Estado español es del 4,3 por ciento, lo que ya deja al descubierto que incluso con la mejor de las intenciones estaríamos por debajo de nuestros vecinos, y ello teniendo en cuenta el castigo económico que ha sufrido la enseñanza pública desde la crisis de 2010, cuando se antepuso el pago de la deuda bancaria a la inversión en educación, salud e investigación, con la consecuente merma en las condiciones estructurales básicas de lo que supone un derecho fundamental. Hemos vivido aumento de ratios, bajadas salariales, falta de inversión en recursos humanos (servicios básicos externalizados y precarizados: comedores escolares, aulas matinales, limpieza, personal de administración de los centros), lentitud en la cobertura de bajas docentes, eliminación de unidades en la escuela pública mientras se han blindado las unidades de la concertada…
Una de las exigencias fundamentales de quienes defendemos y trabajamos por y para la escuela pública es que se dedique al menos el 7 por ciento del producto interior bruto para la educación no universitaria. Y que además se garantice que este dinero va dirigido a la escuela pública, puesto que todo nos hace pensar que el 5 por ciento mencionado en el proyecto de Ley va a seguir sosteniendo, dentro de su propia lógica, el negocio de los conciertos, ahora ampliados en Andalucía a los Bachilleratos y a la Formación Profesional, como ya es un hecho en otras comunidades.
Para nada se menciona en el Proyecto la bajada de ratios, la ampliación de plantillas docentes y el equipamiento necesario tanto en espacios como en recursos de los centros educativos para poder ofrecer una verdadera enseñanza de calidad y que contemple la equidad, tan mencionadas en el preámbulo.
Por último, aparecen recogidos algunos aspectos que no están libres de sospecha como la carrera profesional docente, la jerarquía implícita en los centros educativos visibilizadas en la figura del director-gestor al servicio de la administración, la posibilidad de “remover de su puesto de trabajo” a los funcionarios docentes, así como la recuperación de las pruebas de diagnóstico en primaria y secundaria o la confirmación de la participación de los sectores privados en el espacio educativo, con todos los interrogantes que esto plantea a la hora de diseñar el currículo, la libertad de cátedra o el sentido de la educación, no ya como elemento de transformación social, sino como eslabón necesario para la cadena de producción del modelo neoliberal.
Por Susana Pedraza Picón
