Detienen a un menor por incendiar una puerta del cuartel de la Guardia Civil de Isla Cristina

El detenido manifiesta haber sido el autor del fuego con un líquido inflamable

La Guardia Civil ha detenido este sábado a un menor de edad acusado de haber incendiado una puerta del cuartel de la Benemérita en Isla Cristina, sin provocar daños humanos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, alrededor de las 12.00 horas de este sábado un agente del cuartel de dicha localidad, a través de las cámaras de seguridad, observó llamas en una de las puertas del acuartelamiento.

Al momento de salir a sofocar el fuego, en el lugar se ha encontrado a un menor que ha manifestado haber sido el autor del mismo con un líquido inflamable. La Benemérita ha procedido a su detención y ha informado tanto a sus padres y como a la fiscalía de menores.

Denuncian a un menor por conducir un ciclomotor eléctrico sin permiso en Punta Umbría

El vehículo ha sido depositado en dependencias judiciales hasta que se resuelva el caso

La Policía Local de Punta Umbría ha informado sobre un delito contra la seguridad del tráfico que se ha tramitado por la vía penal y contra un menor de edad de 16 años.

Según informa la policia, el pasado sábado, agentes de la Policía Local de Punta Umbría procedieron a denunciarlo por conducción de ciclomotor careciendo de permiso para ello.

El vehículo conducido era de los conocidos como Citycoco. Se trata de un ciclomotor eléctrico que precisa para poder circular permiso de circulación (matrícula), seguro, ITV, utilización de casco, permiso de conducción y todos los requisitos de los ciclomotores tradicionales.

El conductor fue denunciado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducción sin permiso, y el vehículo depositado en dependencias policiales.

Según ha aclarado la Policía Local, no debemos confundir estos vehículos con los llamados VMP (vehículos de movilidad personal), cada vez más frecuentes en las calles. Los VMP son, entre otros, los patinetes eléctricos que no tienen asiento y a día de hoy no necesitan documentación (aunque sí en un futuro).

Una menor borracha empotra el coche contra una vivienda de Almonte

Está siendo investigada por dos delitos diferentes

La Policía Local de Almonte ha reportado un caso que esta investigando en sus dependencias y en el que una adolescente menor de edad habría conducido un vehículo estando ebria y lo habría empotrado contra una casa en el municipio de Almonte

Según apuntan desde la Policía Local se Investiga a esta menor por dos presuntos Delitos contra la Seguridad Vial, uno de conducción sin haber obtenido nunca ningún tipo de Licencia ni Permiso y otro por conducir bajo el efecto del alcohol. Los hechos sucedieron la pasada semana y como se puede comprobar en la imagen, nuevamente la conducción y el alcohol finaliza en un siniestro vial en el que el vehículo que conducía la menor, termina «empotrado» en el porche de una vivienda.

Condenado a seis años de internamiento por matar a su madre en La Antilla

La Audiencia Provincial confirma la sentencia contra el menor

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha desestimado los recursos interpuestos por la Fiscalía y la defensa del menor condenado por homicidio doloso con agravante de parentesco por matar a su madre en julio de 2020 en el núcleo lepero de La Antilla (Huelva) y confirma la sentencia dictada en abril por el Juzgado de Menores, que le imponía al joven seis años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental, complementada con tres años de libertad vigilada con asistencia educativa.

Según recoge la sentencia de apelación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del menor solicitaba la revocación de la sentencia del Juzgado de Menores y pedía su absolución del delito de homicidio doloso y que «subsidiariamente se establezca la medida de internamiento» en el mismo centro en el que había cumplido la medida cautelar como interno «por plazo de un año» como «autor de un delito de homicidio imprudente».

Igualmente, la defensa considera que «no ha quedado suficientemente acreditada cuál fue la causa exacta del fallecimiento de la madre del menor», por lo que añade que «subsidiariamente, al no existir dolo específico del homicidio imputado al expedientado, su responsabilidad lo sería como autor de un delito de homicidio imprudente».

Ante esto, la Audiencia Provincial señala que comparte la conclusión de la sentencia de Instancia de que «examinadas las manifestaciones» y «valorando la prueba en su conjunto, los hechos ocurrieron tal y como han sido declarados probados».

«La realidad de los hechos probados ha quedado debidamente justificada con la prueba practicada. La juzgadora ha valorado los testimonios prestados a su presencia con todas las garantías procesales y las ventajas que para su apreciación presenta el respeto a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, siendo estas declaraciones apreciadas según las reglas del criterio racional, poniendo esos testimonios en relación con otros datos objetivos como el informe de autopsia», señala el escrito.

Asimismo, mantiene que, en relación con la casa del fallecimiento, «ha de concluirse, tal y como hace la magistrada a quo, que la causa de la muerte fue por una asfixia mecánica por estrangulamiento». Así lo considera acreditado a la vista del informe de autopsia en el que se determina «que nos encontramos ante una muerte de naturaleza violenta».

En este sentido, añade que «a la vista de la mecánica del homicidio» y tras la exposición de los forenses que realizaron el informe psicológico, se concluye que «inicialmente efectuada la presión durante 15 o 20 segundos comienza a convulsionar y si persiste la presión ya no recupera, lo que es incompatible con cualquier resultado no querido por el autor».

Por tanto, añade, «el menor se tuvo necesariamente que representar el resultado mortal que con su conducta se podría provocar, al menos a título de dolo eventual».

Además, considera la Audiencia Provincial que en el caso de la aplicación de agravante por parentesco «el presente caso no ofrece duda a su aplicación» ya que «el delito se produce dentro de una convivencia entre ambos».

Con respecto a la situación psicológica del menor, la sentencia recoge que «la reacción del joven fue absolutamente desproporcionada con el hecho motivador que él mismo ha descrito» y que «el modo en el que le produjo la muerte, medio que requiere una acción mantenida en el tiempo, resulta incompatible tanto con la circunstancia de trastorno mental transitorio como con la de arrebato u obcecación».

En este sentido, subraya que «el estado de frialdad y tranquilidad que mostró con posterioridad a los hechos, se comparte la conclusión alcanzada con la juzgadora de Instancia en el sentido de que no queda acreditada la concurrencia ni de la eximente completa, ni de la incompleta, ni de la atenuante».

En cuanto al motivo de recurso referido a la inaplicación de la circunstancia atenuante de confesión completa «en vez de la aplicación analógica que se realiza en la sentencia», la Audiencia la ha analizado junto con el expuesto por el Ministerio Fiscal, que considera que «no procede su aplicación ni siquiera como analógica», y señala en sus conclusiones que desestima ambos motivos «entendiendo que se ha aplicado correctamente la atenuante analógica de confesión».

Finalmente, y con respecto a la discrepancia tanto del Ministerio Fiscal como de la defensa del menor sobre la medida impuesta –la Fiscalía solicitaba ocho años de internamiento cerrado con tratamiento ambulatorio y cinco de libertad vigilada y la defensa una medida menor–, el Tribunal de la Audiencia considera que «la medida impuesta es perfectamente ajustada a derecho, imponiéndose la de acuerdo con la gravedad de los hechos enjuiciados y las circunstancias del menor».

Por todo ello, ha desestimado ambos recursos contra la sentencia del Juzgado de Menores, confirmando la resolución y ha declarado de oficio las costas de la alzada.

Identifican a un menor por ‘colocar’ falsos billetes de 100 euros en La Antilla

Ha sido denunciado ante la Fiscalía de Menores y la Audiencia Nacional

La Policía Local de Lepe ha instruido diligencias a la Fiscalía de Menores y a la Audiencia Nacional por un delito de falsa moneda contra un menos que intentaba colar billetes de 100 euros en establecimientos de La Antilla.

Los hechos tuvieron lugar en la localidad costera de La Antilla, donde un menor intentó “colar” por dos veces sendos billetes de cien euros.

Si bien en una primera ocasión lo logró, fue horas más tarde, cuando lo volvió a intentar en el mismo establecimiento y “saltaron” las alarmas, siendo descubierto por la encargada que dio aviso a la Policía Local. Aún así, el menor fue dando datos falsos sobre su identidad hasta que finalmente los agentes lograron su total identificación.

Ocho años de cárcel por agresión sexual continuada a una menor en un picadero de Huelva

Amenazó con matar a su madre si lo contaba

La Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra R.M.M. que le condenaba a la pena de ocho años de prisión como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual a una menor, con lo que desestima así el recurso presentado por la defensa del condenado, según establece la sentencia facilitada a Europa Press por el TSJA.

En ese recurso de apelación, el condenado alegaba vulneración de la presunción de inocencia, error en la apreciación de la prueba y aplicación indebida del artículo 183.2 del Código Penal.

No obstante, el tribunal de apelación remarca que «la prueba practicada en el acto del juicio permitía al Tribunal de Instancia alcanzar la convicción racional de que el acusado realizó los hechos objeto de acusación sin margen de duda razonable».

Así, destaca que el tribunal de apelación «no encuentra motivo alguno para disentir del juicio positivo de credibilidad que ha merecido al de Instancia el testimonio de la víctima como fundamento de su conclusión de culpabilidad del acusado, y por tanto dicha conclusión ha de ser mantenida».

De este modo, se confirma la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, donde se recoge como hechos probados que R.M.M., mayor de edad y sin antecedentes penales, en los primeros meses del año 2016 conoció a la menor de 13 años, en un picadero, donde iba habitualmente y tras entablar amistad con ella, «comenzó a decirle que le gustaba, ofreciéndose a llevarla en su coche al citado picadero».

A comienzos del verano de ese año 2016, el procesado, en distintas ocasiones, «llegó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas», y estos tocamientos «se reiteraron en diversas ocasiones durante
ese año y el año 2017 y tenían lugar bien en la zona de los cuartillos de las redes de la ría y en las cuadras del picadero o en sus alrededores».

Asimismo, se indica que el día 31 de diciembre de 2017 sobre las 13,00 horas el procesado recogió a la menor en su coche y llegaron hasta una zona de la carretera que lleva al picadero, de manera que, cerca de este, y tras estacionar su vehículo «procedió sin más a echarse sobre el cuerpo de la menor» y su zona íntima, momento en el que hizo acto de presencia un amigo de la víctima, el cual «procedió a golpear una de las ventanillas del vehículo y ante ello la menor pudo bajarse del vehículo».

Como recoge la sentencia, el procesado para la realización de estos tocamientos generó una situación de miedo en la menor «expresándole que si lo contaba alguien, le podría pasar algo a su familia en concreto que iba a matar a su madre».

Así las cosas, fue condenado como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual a la pena de ocho años de prisión y prohibición de aproximarse a la menor a una distancia inferior a 800 metros y a comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante un plazo de 12 años. Además, se acordó la imposición de libertad vigilada durante un plazo de ocho años; debiendo indemnizar al representante de dicha menor en la suma de 25.000 euros.

Fiscalía y defensa recurren la condena al menor por matar a su madre en La Antilla

La defensa pedirá la absolución del menor mientras que el fiscal quiere ampliar el periodo de internamiento

La Fiscalía de Menores de Huelva y la defensa del menor condenado por homicidio doloso por matar a su madre en julio de 2020 en el núcleo lepero de La Antilla  han recurrido ante la Audiencia Provincial la sentencia que imponía al joven seis años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental, complementada con tres años de libertad vigilada con asistencia educativa.

Así, según han indicado desde la Fiscalía a Europa Press, la misma no está de acuerdo con el tiempo de internamiento acordado al ser inferior, ya que había solicitado la medida de ocho años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental, seguida de una medida cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa. Igualmente no se muestra conforme con la aplicación de la atenuante de confesión.

Por su parte, la defensa del menor había solicitado su absolución por entender que el joven «no tuvo en ningún momento la intención de causar la muerte de su madre», así como que concurrían «otras circunstancias de índole personal que constituyen atenuantes y eximentes en diferente grado».

Ahora la apelación está en trámite de contestación a los recursos y cuando una vez llegue a la Audiencia, para resolución de esas apelaciones, se señalará la vista.

Cabe recordar que según el escrito de la sentencia condenatoria, el Juzgado de Menores considera probado que el 19 de julio de 2020 se inició una discusión entre el joven y la madre por la negativa de esta ante las pretensiones del menor de marcharse al domicilio en el que vivían el resto del año, durante la cual «le arrebató el teléfono móvil y lo lanzó por la ventana» y, a continuación, «agarró a su madre por el cuello sabiendo que con esa conducta causaría el fallecimiento de la misma, presionando hasta causarle la muerte por asfixia».

Así, según reza la sentencia, «a continuación, el joven expedientado trasladó el cuerpo de la fallecida a la habitación de esta para que el perro no la viera, y tras preparar unos cubos con agua y comida para el perro, se fue a la habitación con el referido animal, donde transcurrió un tiempo» y prosigue que «a las 16,26 horas fue cuando realizó una llamada para manifestar que había matado a su madre».

En este punto, según la sentencia, una vez personados los efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en la vivienda «el joven comunicó a los agentes que había matado a su madre y ,si bien en dependencias policiales se negó a declarar, en la Fiscalía reconoció que la había matado».

Por otra parte, en la sentencia se explica que «no queda acreditado que en el momento de los hechos el menor tuviera sus facultades cognitivas y volitivas afectadas parcial o totalmente y que la autopsia constató como la causa de la muerte la asfixia por estrangulación».

Asimismo, se recoge que de la prueba practicada en la Audiencia «queda acreditado que los hechos ocurrieron tal y como se describen en los declarados como probados», destacando como «prueba principal incriminatoria» la propia confesión del acusado, «que desde un inicio reconoce los hechos cometidos», que son «corroborados» por otras pruebas como el informe de la autopsia, las testificales desarrolladas en la Audiencia y las periciales ratificadas en el plenario.

Según la sentencia, «la mecánica del estrangulamiento excluye cualquier consideración de comisión imprudente, toda vez que se trata de un modo de obtención del resultado de muerte en el que es necesario un comportamiento mantenido en el tiempo».

Asimismo, la jueza rechaza las alegaciones sobre la concurrencia de la eximente de trastorno mental transitorio reclamada por la defensa, porque de los informes psicológicos y psiquiátricos «no queda en modo alguno acreditado que el joven sufriera enfermedad alguna».

Una mujer nervense recupera a su hijo tras ganar un juicio contra la Junta

El juez considera superada la situación que provocó la declaración de desamparo hace dos años, cuando la madre del menor sufría malos tratos

Una mujer de Nerva ha recuperado a su hijo tras ganar un juicio contra la Junta de Andalucía, que quería mantener el desamparo del menor, declarado en 2017, y entregarlo en adopción.

El titular del Juzgado de Familia de Huelva entiende que ya no se da la situación que provocó la declaración de desamparo, por lo que ordena «la inmediata reintegración del menor con su madre biológica», tal y como señala textualmente en la sentencia, adelantada por el diario Huelva Información.

La madre nervense que acaba de recuperar a su hijo, que actualmente tiene siete años, perdió la custodia del pequeño en un momento en el que sufría malos tratos físicos y psíquicos constantes por parte del padre del menor, que entonces era su pareja, tras lo que, en virtud de los informes de los Servicios Sociales, se declaró la situación provisional de desemparo.

Sin embargo, «la situación socioeconómica y personal de la víctima ha cambiado sustancialmente», sostiene el juez, que además considera demostrada «la superación y/o eliminación de algunos de los factores de riesgo que determinaron la declaración de desamparo».

El juez da así la razón a la víctima frente a la postura defendida por la Administración autonómica, que señaló en su informe que el ambiente familiar biológico era «invalidante», si bien la sentencia judicial indica que, una vez acreditada su «desvinculación total del padre», han desaparecido «todos los factores de riesgo» relacionados con él.

A preguntas de la periodista Raquel Rendón, el abogado de la mujer nervense, Manuel Felipe Garoña, ha mostrado su «satisfacción» por la sentencia judicial, al tiempo que ha lamentado los casi dos años que ha durado el proceso.