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Nada tan indecente que la impúdica y cínica mentira propagada intencionadamente con ánimo e interés. En un mundo al revés, esta lógica impone a diario la necesidad, desde el periodismo o la academia, de probar lo evidente. Una deriva que da cuenta del malestar cultural en el que nos encontramos cuando la verdad parece un objeto inservible en manos de terraplanistas y encefalogramas planos. No otra cosa es la americanización de nuestro sistema político en el que, como en el imperio británico, uno debe probar su inocencia, demostrar la prueba irrefutable ante burdas tergiversaciones y la continua manipulación de la realidad. Que ello suceda en la sociedad civil es preocupante, pero que además afecte a poderes del Estado como la justicia resulta, cuando menos, alarmante. Casos como el del juez ultra contrario a la libertad de Juana Rivas es sintomático de un franco (úsese el adjetivo con la debida distancia e ironía) deterioro de la justicia en este reino de Dios, en el que conforme al principio de mixtificación solo se encausan a los inocentes y quedan libre de culpa comisionistas, estraperlistas y otros prendas y perlas del lugar como el rey emérito, un oxímoron si pensamos en términos constitucionales de jefatura del Estado. Urge por ello una revisión a profundidad de la carrera judicial, como en el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado, trufadas, por ser delicados en el análisis, de neofranquistas sociológicamente incompetentes para el ejercicio que la ley les asigna. No debemos olvidar que toda función pública ha de ser desempeñada por personas con una firme voluntad de servicio y asunción de los principios constitucionales, los propios de la democracia y los Derechos Humanos. La constatación de la recurrente tendencia de jueces que, al amparo de la debida autonomía, fuerzan la ley en función de diversos intereses dominantes, no solo es propio del lawfare, sino que atentan contra la convivencia democrática, contribuyen a una desafección creciente de la ciudadanía y terminan por socavar el propio sistema constitucional. Montesquieu no previó que la división de poderes no es posible cuando la oligarquía económico-financiera se convierte en el verdadero poder fáctico en forma, por ejemplo, de doctrina Botín. La tesis del doble poder de Lenin a Gramsci ilustra de qué hablamos cuando hablamos de justicia en España, un poder anclado en la lógica del Tribunal de Orden Público, cuya función no es otra que perseguir a los opositores al régimen de intereses creados, sea los de la banca, la monarquía o los herederos del régimen. Puede el lector comprender mejor el juego de la justicia leyendo ‘Franquismo SA’ (Akal Editores), del periodista Antonio Maestre. O si observan que el oficio de juez es el más endogámico en España, heredado de padres a hijos. Claro que todas estas evidencias documentales y empíricas, aunque probadas, son rechazadas de plano por Lesmes y compañía.

El orden de la justicia en España es el orden de la negación. Como en el film de Mick Jackson, el poder judicial dominante parece un oficio de cronistas del franquismo negacionista. Negación del poder que les inviste de Franco a Juan Carlos I, negación del poder que encubren en forma de doctrina Botín, renuncia al amparo de derechos fundamentales de ciudadanía, omisión del debido principio de respeto de la presunción de inocencia para terminar, alfa y omega de su juramento hipocrático hipócrita, negando la vida y el derecho a defender sus derechos de la ciudadanía. Hablamos, claro está, de un cuerpo pretoriano al servicio de la oligarquía, una cohorte de palanganeros del capital financiero que declarará inconstitucional la Ley de Memoria Democrática, el debido reconocimiento de los delitos de lesa humanidad de un régimen totalitario, por razones de ley (la de amnistía) cuando se declara no procedente otras normas por acuerdos internacionales, pongamos que con la OMC, o se critica, desde los medios mediatizados, la puesta en cuarentena del principio de prescripción mientras casi la mitad de España sigue abandonada en las cunetas, perseguida y torturada como fue, robada como los bebés, que cuenta en su libro Raquel Rendón, o desaparecida, en vida y en la memoria. Bien sabemos, en fin, que no de otra forma puede funcionar una economía criminal y extractivista, sino a partir de la cobertura de los poderes del Estado, en especial del poder judicial. Es la única garantía para seguir esquilmando los recursos comunes de todos en beneficio de unos pocos asaltarentas del trabajo y del país. Produce sonrojo que, una tras otra, la UE venga enmendando el trabajo sucio de un poder del Estado al servicio de los intereses creados, ostensiblemente patriarcal, clasista, ultramontano y alejado, por completo, de los valores democráticos y el sentir general de la sociedad española. Hoy más que nunca conviene por ello parar y cambiar de rumbo. Es el momento de iniciar una campaña, llamémosla STOP: alerta democrática contra la inquisición y los verdugos del Tribunal de Orden Público. Una cuestión de salud pública. Dicho esto, capaz que si nos movilizamos nos aplican la figura premoderna de desacato. En tiempos de neofeudalismo, y en el país de Fernando VII y Ana Rosa Quintana, todo es posible.

Por Francisco Sierra Caballero (www.franciscosierracaballero.net). Colección ‘Notas rojas’

Seis nuevos jueces toman posesión de sus cargos en varios juzgados de Huelva

Pasan a ocupar plazas hasta ahora vacantes en Aracena, Valverde, Moguer y Ayamonte

Andalucía cuenta a partir de hoy con 45 nuevos jueces que ocuparán Juzgados unipersonales que se encontraban vacantes. Andalucía, junto con Cataluña, es la Comunidad a la que han sido destinados más jueces de la 70 promoción, ya que a Cataluña irán 73 jueces y a Andalucía 45.

De los 45 nuevos jueces que han prometido o jurado hoy sus cargos, todos ellos actuarán como titulares de distintos Juzgados unipersonales repartidos por todas las provincias andaluzas, Ceuta y Melilla. Así, los 45 nuevos jueces irán destinados a Juzgados de Almería (12), Cádiz (12), Ceuta (1), Córdoba (5), Granada (2), Huelva (6), Jaén (1), Málaga (1), Melilla (1) y Sevilla (4).

De los 45 nuevos jueces, hay 31 mujeres y 14 hombres, por lo que las primeras representan casi un 69 por ciento del total. Los 188 nuevos jueces de la 70 promoción son mayoritariamente mujeres, ya que representan el 71,2 por ciento del total.

Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, Andalucía vuelve a ser la Comunidad Autónoma que más jueces aporta (48). Le siguen la Comunidad Valenciana (23), Madrid (22), Castilla y León (16), Cataluña y Galicia (11 cada una), Asturias (10), Aragón (9), Murcia (7), Extremadura y Canarias (6 cada una), Cantabria y País Vasco (5 cada una), Baleares y Navarra (3 cada una), Castilla-La Mancha (2) y Ceuta (1).

Vocación e integridad en el servicio público

En el acto de jura o promesa de sus cargos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el presidente, Lorenzo del Río, les ha recordado el compromiso y la responsabilidad que debe presidir su labor jurisdiccional. En este sentido, ha recordado a los nuevos jueces que deben comprometerse “con una función de servicio público entorno a un ideal de justicia”, ser siempre “fieles a la vocación de jueces, íntegros y honestos”.

Les ha animado a ejercer la judicatura “con ilusión y humanidad” y donde estén siempre presentes valores como la cercanía, integridad e independencia. En esa línea, ha señalado que la Justicia no es compatible con el desánimo ni el pesimismo, por lo que “aunque tengáis problemas, porque hay muchos déficits: materiales, de personal, de infraestructuras, de leyes procesales obsoletas; debemos mantener la ilusión por prestar un buen servicio a los ciudadanos”.

Sin juristas entre los familiares directos

De los nuevos jueces de la 70 promoción, la media de edad de los alumnos es de 28 años, aunque el más joven tenía 23 años al ingresar en la Escuela Judicial y el de más edad, 44. La mayor parte de ellos contaban entre 25 y 31 años cuando, hace dos años, empezaron esta fase de su formación como jueces, una profesión a la que más de la mitad (el 53,26 %) decidieron dedicarse mientras cursaban la carrera de Derecho. Un 30,98 % tomaron la decisión antes de empezar sus estudios universitarios y un 14, 13 %, al terminar la licenciatura.

Durante la etapa de preparación de la oposición, la inmensa mayoría (94,57 %) contó con el apoyo económico de sus padres. Algo más de un tercio de los alumnos de la promoción han trabajado con anterioridad: el 22,34 % en un sector ajeno al ámbito jurídico y el 12,77 %, vinculado al ámbito jurídico. El 57,45 % no ha trabajado antes.

La tradición familiar no es el elemento determinante que llevó a los nuevos jueces y juezas a elegir la profesión. Las tres cuartas partes de los integrantes de la promoción (74,46 %) ni ha tenido ni tiene familiares (hasta el segundo grado de consanguineidad) que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica. De los que sí los tienen o han tenido, en el 4,89 % de los casos son jueces o magistrados y en el 20,65 % desempeñan otra profesión jurídica.

Profesión vocacional

Las razones que más han pesado en la elección de la profesión de juez tienen que ver con la vocación por el derecho y por el ejercicio de la función jurisdiccional. Así, un 96 % de los alumnos han elegido ser jueces porque les gusta el derecho. De ellos, se muestran muy de acuerdo con esta afirmación el 76 % y bastante de acuerdo, el 20 % restante.

De forma similar, la función del juez como garante de los derechos fundamentales es otro de los motivos que más han influido en los integrantes de la promoción a la hora de encaminar su vida profesional. Así, se muestra muy de acuerdo con esta idea el 70 % y bastante de acuerdo, el 26 por ciento.

La independencia y la imparcialidad de la función judicial fue el principal atractivo de la profesión de juez para el 62 por ciento de los encuestados. Bastante de acuerdo con esa afirmación se ha mostrado también otro 32 % de los alumnos.

Finalmente, casi la mitad de los nuevos jueces y juezas (49 %) eligió la profesión para contribuir en la lucha contra la delincuencia. Un 37 % más se sienten bastante identificados con esta opción.

El elemento determinante para ser juez fue el hecho de encarnar un poder del Estado para el 36 % de los alumnos; para un 42 %, la estabilidad en el empleo y la contribución con un servicio público fue la principal razón para un 52 por ciento. Las condiciones económicas de la profesión fueron la opción más elegida por un 44 por ciento de los encuestados.

El área Penal vuelve a ser la más atractiva para los nuevos jueces y juezas. El 29 por ciento de ellos querría ejercer en ese orden jurisdiccional en el futuro. Por orden de preferencia, le siguen el Civil (17,54 %), Menores (12,53 %), Familia (11,69 %), Violencia sobre la Mujer (10,65 %), Vigilancia Penitenciaria (6,68 %), Social (4,59 %) y Contencioso-Administrativo (3,34 por ciento).

Los nuevos jueces ocuparán los siguientes destinos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla

Almería (12)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Berja

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huércal-Overa

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Purchena

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas de Mar

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez Rubio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera

Cádiz (12)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arcos de la Frontera

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barbate

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Chiclana de la Frontera

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea de la Concepción

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar de Barrameda

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Roque

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Roque

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ubrique

Ceuta (1)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta

Córdoba (5)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baena

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Peñarroya-Pueblonuevo

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Priego de Córdoba

Granada (2)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baza

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Baza

Huelva (6)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aracena

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moguer

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valverde del Camino

Jaén (1)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cazorla

Málaga (1)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona

Melilla (1)

Juzgado de lo Social número 1 de Melilla

Sevilla (4)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cazalla de la Sierra

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lora del Río

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lora del Río

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Osuna