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Nada tan indecente que la impúdica y cínica mentira propagada intencionadamente con ánimo e interés. En un mundo al revés, esta lógica impone a diario la necesidad, desde el periodismo o la academia, de probar lo evidente. Una deriva que da cuenta del malestar cultural en el que nos encontramos cuando la verdad parece un objeto inservible en manos de terraplanistas y encefalogramas planos. No otra cosa es la americanización de nuestro sistema político en el que, como en el imperio británico, uno debe probar su inocencia, demostrar la prueba irrefutable ante burdas tergiversaciones y la continua manipulación de la realidad. Que ello suceda en la sociedad civil es preocupante, pero que además afecte a poderes del Estado como la justicia resulta, cuando menos, alarmante. Casos como el del juez ultra contrario a la libertad de Juana Rivas es sintomático de un franco (úsese el adjetivo con la debida distancia e ironía) deterioro de la justicia en este reino de Dios, en el que conforme al principio de mixtificación solo se encausan a los inocentes y quedan libre de culpa comisionistas, estraperlistas y otros prendas y perlas del lugar como el rey emérito, un oxímoron si pensamos en términos constitucionales de jefatura del Estado. Urge por ello una revisión a profundidad de la carrera judicial, como en el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado, trufadas, por ser delicados en el análisis, de neofranquistas sociológicamente incompetentes para el ejercicio que la ley les asigna. No debemos olvidar que toda función pública ha de ser desempeñada por personas con una firme voluntad de servicio y asunción de los principios constitucionales, los propios de la democracia y los Derechos Humanos. La constatación de la recurrente tendencia de jueces que, al amparo de la debida autonomía, fuerzan la ley en función de diversos intereses dominantes, no solo es propio del lawfare, sino que atentan contra la convivencia democrática, contribuyen a una desafección creciente de la ciudadanía y terminan por socavar el propio sistema constitucional. Montesquieu no previó que la división de poderes no es posible cuando la oligarquía económico-financiera se convierte en el verdadero poder fáctico en forma, por ejemplo, de doctrina Botín. La tesis del doble poder de Lenin a Gramsci ilustra de qué hablamos cuando hablamos de justicia en España, un poder anclado en la lógica del Tribunal de Orden Público, cuya función no es otra que perseguir a los opositores al régimen de intereses creados, sea los de la banca, la monarquía o los herederos del régimen. Puede el lector comprender mejor el juego de la justicia leyendo ‘Franquismo SA’ (Akal Editores), del periodista Antonio Maestre. O si observan que el oficio de juez es el más endogámico en España, heredado de padres a hijos. Claro que todas estas evidencias documentales y empíricas, aunque probadas, son rechazadas de plano por Lesmes y compañía.

El orden de la justicia en España es el orden de la negación. Como en el film de Mick Jackson, el poder judicial dominante parece un oficio de cronistas del franquismo negacionista. Negación del poder que les inviste de Franco a Juan Carlos I, negación del poder que encubren en forma de doctrina Botín, renuncia al amparo de derechos fundamentales de ciudadanía, omisión del debido principio de respeto de la presunción de inocencia para terminar, alfa y omega de su juramento hipocrático hipócrita, negando la vida y el derecho a defender sus derechos de la ciudadanía. Hablamos, claro está, de un cuerpo pretoriano al servicio de la oligarquía, una cohorte de palanganeros del capital financiero que declarará inconstitucional la Ley de Memoria Democrática, el debido reconocimiento de los delitos de lesa humanidad de un régimen totalitario, por razones de ley (la de amnistía) cuando se declara no procedente otras normas por acuerdos internacionales, pongamos que con la OMC, o se critica, desde los medios mediatizados, la puesta en cuarentena del principio de prescripción mientras casi la mitad de España sigue abandonada en las cunetas, perseguida y torturada como fue, robada como los bebés, que cuenta en su libro Raquel Rendón, o desaparecida, en vida y en la memoria. Bien sabemos, en fin, que no de otra forma puede funcionar una economía criminal y extractivista, sino a partir de la cobertura de los poderes del Estado, en especial del poder judicial. Es la única garantía para seguir esquilmando los recursos comunes de todos en beneficio de unos pocos asaltarentas del trabajo y del país. Produce sonrojo que, una tras otra, la UE venga enmendando el trabajo sucio de un poder del Estado al servicio de los intereses creados, ostensiblemente patriarcal, clasista, ultramontano y alejado, por completo, de los valores democráticos y el sentir general de la sociedad española. Hoy más que nunca conviene por ello parar y cambiar de rumbo. Es el momento de iniciar una campaña, llamémosla STOP: alerta democrática contra la inquisición y los verdugos del Tribunal de Orden Público. Una cuestión de salud pública. Dicho esto, capaz que si nos movilizamos nos aplican la figura premoderna de desacato. En tiempos de neofeudalismo, y en el país de Fernando VII y Ana Rosa Quintana, todo es posible.

Por Francisco Sierra Caballero (www.franciscosierracaballero.net). Colección ‘Notas rojas’