El juicio por el asesinato de Laura Luelmo se celebrará a partir del 15 de noviembre

El único imputado por los hechos se enfrenta a una petición de la Fiscalía de Prisión Permanente Revisable

Ya hay señalamiento oficial para el juicio más mediático del año por el asesinato de Laura Luelmo, la joven de 26 años natural de Zamora y que fue presuntamente asesinada en El Campillo a manos de Bernardo Montoya. La fecha escogida para el inicio del juicio será el 15 de noviembre (con la elección del jurado popular) y se extenderá en varias sesiones hasta al menos el 19 de noviembre, según ha adelantado del diario ABC.

El tribunal estará presidido por el magistrado de la Sección Tercera, Florentino G. Ruiz Yamuza. El juicio se llevará finalmente a cabo tras dos años y medio de investigaciones y después de que el Juzgado Primera Instancia e Instrucción 1 de Valverde del Camino dictara el pasado junio auto de apertura de juicio oral contra Montoya,

El presunto asesino se encuentra en prisión desde su detención por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2018, un día después de que fuera encontrado el cuerpo sin vida y semidesnudo de Laura a pocos kilómetros del pueblo.

Tanto la fiscalía de Huelva como la acusación particular solicitarán Prisión Permanente Revisable por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato para el presunto asesino de la joven zamorana Laura Luelmo.

El asesinato de Laura Luelmo se produjo en diciembre de 2018. La joven profesora llegó a Huelva, para hacer una sustitución en el instituto de Nerva, en lo que era su primer empleo, y fue presuntamente secuestrada y asesinada por Bernardo Montoya, que residía justo enfrente de la vivienda que alquiló la profesora en este municipio. El caso conmocionó a todo el país. Su cuerpo sin vida fue hallado, tras una agónica, búsqueda, en un paraje, semidesnudo y cubierto con ramas de jara con claros signos de muerte violenta. 

El exdirector de MRT vuelve a los juzgados por su gestión de la mina este martes

Recientemente ya se dictó auto de prisión contra él por un delito similar dentro de las múltiples imputaciones que tiene

 

Carlos Estevez, ex consejero delegado de la compañía minera MRT, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados a partir de mañana martes 24 de mayo tras el llamamiento realizado por el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla por un delito de falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa. Para ello la fiscalía le pide tres años y medio de cárcel, lo que podría sumarte al año y tres meses de cárcel que un juez ya le sentenció de manera firme el pasado mes de enero y por lo que dictó su ingreso en prisión. Según ha adelantado Diario de Sevilla, están citados como testigos Guillermo Gutiérrez, ex consejero de Trabajo de la Junta y ex presidente del consejo de administración de Emed Tartessus, y cuatro empresarios extranjeros que invirtieron en el proyecto onubense.

 

Según el escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso este periódico, Estévez contactó con la empresa suiza Shorton Limited a la que ofreció la explotación minera, llegando a un acuerdo consistente en que para poder adquirir los activos de la empresa en suspensión pero tras un cambio de administradores, se recabaron informes de auditoría que revelaron irregularidades en el destino del dinero invertido por la entidad suiza

Carlos Estévez es una de las figuras claves de la minería en la zona. Fue el primer director general de Minas de la Junta de Andalucía, presidente de la Empresa Nacional de Innovación (1990–93), director de Minas de Riotinto (MRT) en dos períodos (1995–1998 y 2001–2003) y miembro de su comisión liquidadora, impulsor del nacimiento del depósito de residuos de Nerva, empresario y asesor de varias compañías, que en los últimos años colecciona demandas y querellas. 

Piden 4,5 años de cárcel para el encargado de una finca de Moguer por presuntos abusos sexuales

Tres temporeras del contingente de mano de obra procedente de Marruecos son las presuntas víctimas

La Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión para el encargado de una finca agrícola de Moguer por presuntos delitos de acoso y abuso sexual a tres temporeras del contingente de mano de obra procedente de Marruecos.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el acusado en los meses de abril y mayo de 2018 trabajaba como encargado en una finca situada en el Paraje de Las Malvinas, teniendo entre sus funciones, la de supervisar el trabajo de producción que en esa época se centraba en la recogida de zarzamoras, de modo que «se relacionaba directamente con los trabajadoras de la finca, teniendo poder de dirección sobre ellas».

En la citada finca comenzaron a trabajar el 30 de abril de 2019 tres ciudadanas extranjeras como peones agrícolas no cualificados y que habían llegado a España tres días antes como consecuencia del Programa de Contratación en Origen habiendo sido seleccionada por el Servicio Público de Empleo de Marruecos.

En ese contexto laboral, el acusado, «abusando de su posición y de la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras, procedió a hostigar» a estas trabajadoras con «ánimo de coartar su libertad sexual hasta el punto de observar «reiteradamente en el periodo comprendido entre finales de abril y los primeros días de mayo de 2018 comportamientos como entrar en la vivienda donde estaban alojadas sin permiso, aproximarse físicamente a las mismas sin justificación cuando estaban en sus puestos de trabajo y permanecer en dicha vivienda cuando las trabajadoras estaban en la ducha, haciéndoles gestos de connotaciones sexuales para solicitar favores sexuales».

Así las cosas, recoge que los hechos son constitutivos de cuatro presuntos delitos de acoso sexual y un delito de abuso sexual ya que señala que «el acusado un día entró en la vivienda sin permiso, señalándole a una de ellas una cama libre y quitándose los zapatos diciéndole por señas que se acostara con él»; otro día entró en la habitación de otra trabajadora sin permiso «cuando estaba acostada en la cama cubierta con una sábana» y, respecto a la tercera, «se acercó por detrás un día a la misma cuando se encontraba en el puesto de trabajo, cogiéndola de la cintura».

De hecho, el Ministerio Público recoge que el acusado «se aproximó a esta mujer mientras se encontraba recogiendo fruta con el pretexto de explicarle como debía recogerla, aproximándose físicamente a la misma hasta el punto de cogerla por la cintura y tocarle la espalda y los pechos con ánimo libidinoso». Además, «en otra ocasión el acusado entró en la vivienda tras indicarle que estaba más guapa le señaló por gestos la cama pretendiendo que la misma tuviera relaciones sexuales con él», prosigue el escrito de la Fiscalía.

Por tanto, considera que procede imponer al acusado por cada uno de los cuatro delitos de acoso sexual la pena de nueve meses de prisión (un total de tres años), debiendo imponerse además la pena de prohibición de aproximación del acusado a las víctimas o cualquier lugar donde se encuentren en el caso de que las mismas regresen a España a una distancia que no sea inferior a 200 metros, así como la prohibición de comunicar por cualquier medio por tiempo de dos años.

Y por el delito de abuso sexual pide la pena de uno año y seis meses de prisión y la prohibición de aproximación del acusado a la mujer que agarró por la cintura, a su domicilio, o cualquier lugar donde se encuentren en el caso que ésta regrese a España a una distancia que no sea inferior a 200 metros así como la prohibición de comunicar con la misma por cualquier medio por tiempo de dos años.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía indica que el acusado indemnizará a cada una de las perjudicadas con la cantidad de 3.000 euros por los daños morales causados por el delito de acoso y además indemnizará a la última con la cantidad de 6.000 euros por los daños morales causados por el delito de abuso sexual.

Cortegana lleva a Matsa ante la Fiscalía por obras sin licencia y en suelo protegido

El consistorio ha abierto dos expedientes de protección de legalidad urbanísticas contra Minas de Aguas Teñidas

 

El Ayuntamiento de Cortegana ha comenzado los trámites administrativos para aclarar la situación de unas obras que la compañía Minas de Aguas Teñidas (MATSA), está llevando a cabo en el término municipal corteganés y en suelo de especial protección sin contar con los permisos necesarios y además ha puesto en conocimiento de la Fiscalía provincial estos hechos dado que han podido incurrir en delitos de carácter medioambiental.

Ante varias denuncias vecinales remitidas al consistorio, éste ha puesto en marcha una investigación, en la que, tras la visita de un técnico municipal a la zona, ha certificado la existencia de unas obras en Minas de Aguas Teñidas que no contaban con la licencia preceptiva.

Tras esta comprobación, el Ayuntamiento de Cortegana ha abierto dos expedientes de protección de la legalidad urbanística. El primero de ellos para aclarar la situación de unas obras finalizadas en la que se ha requerido a la compañía minera la legalización de dichas actuaciones o la reposición de la realidad física alterada. El segundo se refiere a otras obras ya comenzadas y sin terminar en las que se han apreciado movimientos de tierra y tala de árboles, por lo que se ha procedido a paralizar dicha obra hasta se resuelva esta situación. Ambos expedientes se encuentran en sus trámites administrativos correspondientes.