La Fiscalía pide una nueva prórroga en la instrucción por el doble crimen de Almonte

La investigación debería darse por finalizada el próximo 29 de julio

El Ministerio Fiscal ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado una nueva prórroga de la instrucción por el procedimiento del caso del doble crimen de Almonte, en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en el domicilio familiar en 2013.

El plazo de instrucción está a punto de expirar, por lo que la Fiscalía, a fecha del día 6 de junio, ha emitido un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press para pedir que se amplíe este periodo al ser «claramente insuficiente».

Las familias de las víctimas siguen reclamando justicia al no existir a día de hoy ningún inculpado ni condenado por las dos muertes ya que el único encausado resultó absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias.

Ante esto, el mencionado juzgado palmerino ordenó la reapertura de una causa tras ratificar el Tribunal Supremo la absolución del único acusado, por lo que ahora la Fiscalía le ha solicitado que prorrogue la instrucción del procedimiento, previa audiencia de todas las partes, fijando un nuevo plazo de otros seis meses.

En este punto, en el escrito del Ministerio Fiscal se expone que se trata de un caso que «se puede dilatar excepcionalmente, como consecuencia de las especiales características de los hechos punibles objeto de investigación, participación de presuntos responsables, examen de documentación y volumen de las diligencias».

En este sentido, el pasado mes de diciembre, este mismo juzgado emitió un auto por el que se acordaba la prórroga del plazo de instrucción por seis meses que finalizará el 29 de julio de 2022 «sin perjuicio de que pudieran acordarse nuevas prórrogas si ello resultase necesario».

Así, el juzgado remarcaba que dada «la naturaleza del delito investigado así como la existencia de diligencias pendientes de recibirse de las que pudiera derivar la necesidad de acordar otras nuevas hacen previsible actualmente que no será posible la finalización de la instrucción antes del día 29 de julio de 2022».

Tras remarcar que se está ante unos hechos de «investigación compleja que han requerido numerosos informes periciales y diligencias de investigación policial», se consideraba necesaria la ampliación del plazo de instrucción.

En esta misma línea se han pronunciado desde las familias de las víctimas que, a través de su letrado, se van a unir a esta petición de prórroga, toda vez que han incidido en que siguen a la espera del análisis de la manta por parte de Toxicología porque «puede ser determinante para el caso», pero «hace ya más de medio año del comunicado de Toxicología en el que explicaba la toma de numerosas muestras», pero «sigue a la espera de resultados, por lo que ha instando a «que pueda acelerarse en la medida de lo posible este trámite».

Al respecto, sobre la manta que analiza el Instituto Nacional de Toxicología, en el auto de diciembre se remarcaba que se trata de «una evidencia de grandes dimensiones, una manta de 2,40 por 1,60 metros en la que se les solicitó la búsqueda de posibles restos celulares ajenos a las víctimas». Además, señalaban que «se ha llevado a cabo una selección minuciosa, dando como resultado un elevado número de muestras para llevar a cabo los correspondientes análisis», por lo que, una vez finalizados, se emitirá el informe.

Por su parte, el portavoz de las familias de las víctimas, Aníbal Domínguez, –hermano y tío de los fallecidos–, ha señalado que celebran este posicionamiento del Ministerio Fiscal ya que «los asesinatos de dos seres inocentes y más aún de una niña de ocho años no entienden de fechas, de tal manera que la instrucción de este caso nunca debiera parar».

Tras recordar «la lamentable encrucijada» en la que se encuentran las familias, «y no, precisamente por la labor policial, ya que dos equipos distintos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hablado y han apuntado a la misma conclusión», ha señalado que «el sistema judicial ha fallado estrepitosamente» y ha reiterado que «la justicia tiene una deuda imperdonable pendiente con María y Miguel Ángel».

Precisamente, el pasado 27 de abril se cumplía el noveno aniversario de este suceso, y sus familiares recordaron «a la Justicia que tiene una deuda pendiente con la memoria y dignidad de ambos». «Han transcurrido nueve años de los viles asesinatos de María y Miguel Ángel sin que la Justicia haya proporcionado el más mínimo aliento para con su memoria y dignidad», sostenían en su escrito.

Así, la familia consideraba «triste y lamentable» que continúen abocados en tener «que reclamar una cuestión que de por sí el propio sistema judicial debería zanjar para resarcir el honor de unas víctimas que jamás debieron atravesar por tamaña tragedia».

Denuncian ante la fiscalía el hallazgo de una fosa con animales mutilados en Huelva

La formación PACMA sospecha de que se han celebrado peleas de perros en el entorno

El Partido Animalista Pacma ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción con traslado al Ministerio Fiscal la celebración de presuntas peleas de perros en una zona aislada de Huelva ubicada entre la H-30 y el Estero del Rincón. La formación política animalista, que recibió el aviso durante el mes de abril, habría presentado «imágenes dantescas» de los hallazgos en la zona como «equinos decapitados, animales mutilados o parcialmente devorados, así como múltiples restos óseos, entre perros vivos con heridas y visible mal estado de salud.»

Según ha indicado Pacma en una nota de prensa, el equipo legal del partido determina que el contenido visual recibido por parte de los ciudadanos que trasladaron el aviso son «posiblemente constitutivos de delito dentro del tipo penal, particularmente del artículo 337 de maltrato animal y 325 contra el medioambiente».

En este sentido, han señalado que en la zona se podían visualizar «numerosos restos de esqueletos» que, según la abogada de Pacma, Dulce Aguilera, «podrían ser compatibles con varios tipos de violencia contra los animales y la realización de prácticas prohibidas, entre ellas, las peleas de perros, que son totalmente ilegales en España».

Por ello, el Partido Animalista ha presentado denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Huelva con traslado al Ministerio Fiscal, con el fin de que se abra el trámite de investigación y «se depuren las responsabilidades penales y civiles correspondientes». Tras la apertura de Diligencias Previas, Pacma se personará como Acusación Popular en la causa.

Los hechos se producen tan solo unas semanas después de la celebración de la manifestación contra las peleas de perros en Tenerife «por unas condenas justas», que tuvo lugar con motivo de lo que consideran unos «paupérrimos» acuerdos alcanzados entre los acusados y la Fiscalía «después de reconocer la organización de estos eventos ilegales en varias ciudades españolas».

Primer paso para que Huelva cuente con una oficina fiscal

Hoy se ha celebrado una reunión para conformar el grupo de trabajo con la Fiscalía para arrancar la implantación del nuevo modelo   

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha constituido este jueves el grupo de trabajo para iniciar el despliegue de la nueva Oficina Fiscal en Huelva en una reunión con la Fiscalía que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial con el objetivo de que su implantación esté completada en este año. Además de la implantación de este nuevo modelo, la Consejería que lidera Juan Marín ha dotado en esta legislatura la plantilla de funcionarios del Ministerio Público en Huelva de cinco plazas más, “un incremento de personal sin precedentes”.

La reunión supone dar el primer paso del proceso de implantación de la nueva Oficina Fiscal, ya que supone conformar la mesa de trabajo en la que están representadas todas las partes implicadas por parte de la Consejería y de la Fiscalía, y a cuyos miembros se les traslada información sobre el proceso hacia este nuevo modelo de estructura organizativa y la guía de despliegue.

Así, por parte de la Junta componen este grupo de trabajo el director general de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra; el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Alfredo Martín; junto con técnicos de esta Dirección general y de la Delegación Territorial; y representantes de la Fiscalía provincial, entre ellos, el fiscal jefe, Alfredo Flores Prada.

La implantación de la nueva Oficina Fiscal implica grandes cambios en la organización y requiere de una adecuada colaboración entre todas las partes por lo que en la reunión de hoy se han desgranado todos los pasos del proceso de despliegue, se ha abordado la convocatoria de los puestos singularizados y los acoplamientos de los puestos genéricos o el plan de formación de los funcionarios, entre otros puntos.

“Nuestro objetivo no es otro que poner en marcha en todas las fiscalías, salvo la de Jerez, este nuevo modelo organizativo a lo largo de este año. Así, nos hemos comprometido tanto desde la Consejería de Justicia como el propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y así lo estamos cumpliendo,” ha explicado Rodríguez Sierra. “De hecho, ya hemos conformado estos grupos de trabajo en Málaga, Granada, Jaén, Almería y hoy estamos aquí en Huelva. Además, a finales de año pusimos en marcha la de Córdoba”, ha añadido.

Precisamente, el proceso de implantación seguirá el modelo aplicado en la Fiscalía Provincial de Córdoba (inaugurada en octubre de 2021), siguiendo la propuesta fijada por el Ministerio de Justicia. Este proceso permite que la transición desde la antigua estructura a la nueva se realice de forma planificada, agilizando el proceso y garantizando la exhaustiva coordinación entre todos los agentes implicados. De este modo, se minimiza el impacto sobre la operatividad de la oficina.

Incremento de personal

La Fiscalía de Huelva cuenta en la actualidad con 24 funcionarios, después de que en 2020 se incrementara en cinco plazas más, y 29 fiscales. En este sentido, la Consejería de Justicia creó dos nuevas plazas (dos tramitadores) y consolidó tres plazas de refuerzo como estructurales (dos tramitadores y un auxilio).

“La plantilla de la Fiscalía llevaba años sin ser incrementada, cuando era algo muy necesario porque estaba muy mermada. Por eso hemos abordado este crecimiento sin precedentes y seguimos trabajando para poder avanzar e implantar esta nueva estructura que, sin duda, va a suponer una mejora en la organización del trabajo”, ha señalado el director general.

La nueva Oficina Fiscal se estructura en las siguientes áreas de trabajo, todas ellas bajo la dependencia funcional de la Coordinación: de Apoyo a la Jefatura, Soporte General y de Apoyo Procesal y a la Investigación. Además, se dota de tres puestos singularizados: uno de Coordinación y el de Responsable del Área de Soporte General, ambos para el cuerpo de Gestión, y el de Secretaría de ordenación y distribución de servicios para el Cuerpo de Tramitación. Igualmente, se dota de Secretaría Personal para el fiscal jefe (Tramitación).

De esta forma, el objetivo es sustituir un sistema de plantilla con un perfil muy plano por un sistema de relación de puestos de trabajo con una estructura jerarquizada que permitirá una mayor verticalidad a la cadena de mando y facilitará una mayor especialización y optimización del funcionamiento, liberando a los fiscales de tareas administrativas.

Luto en la Fiscalía de Huelva por el fallecimiento de Carlos García Sáez

Tomo posesión en abril de 1968 y dejó una profunda huella hasta su jubilación

La Fiscalía Provincial de Huelva ha mostrado este martes su pesar por el fallecimiento del fiscal, ya jubilado, Carlos García Sáez, al que ha definido como «un comprometido con la democracia».

De este modo, han indicado que este vallisoletano de nacimiento desarrolló toda su carrera profesional en la provincia desde su toma de posesión el 30 de abril de 1968 hasta su jubilación por edad, –celebrada multitudinariamente el 20 de enero de 2007–.

Vallisoletano de nacimiento, –de Pozaldez–, se enamoró de Huelva desde el primer día y fue «su firme abanderado y defensor a lo largo de todos estos años, participando en cuantas iniciativas ciudadanas tenían por objetivo su reconocimiento y su progreso», señalan desde la Fiscalía.

Tras destacar que era «un hombre bueno y generoso y un fiscal comprometido con la democracia, la libertad y la defensa de los más débiles», han remarcado que participó a través de «justicia democrática» y durante su militancia en la Unión Progresista de fiscales en la lucha por «un fiscal libre y defensor de los derechos de todos, pero siempre desde la conciliación y la concordia, debatiendo y respetando opiniones distintas».

Persona de gran cultura, junto con Serafín García Zarandieta, –también fallecido–, constituye «el espíritu y el legado de esta Fiscalía que siempre permanecerá y se plasma en el compromiso diario con la legalidad, la imparcialidad y la defensa del interés público».

La Fiscalía Provincial quiere transmitir sus profundas condolencias a la familia, que lo ha despedido en la más estricta intimidad, a todos los fiscales y funcionarios que lo conocieron y a todas sus amistades.

La Fiscalía recurre la sentencia absolutoria por la extracción ilegal de agua en Doñana

Asegura que el juez «no analizó de forma correcta y coherente la forma de cargo»

La Fiscalía ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva que absolvía a los 15 acusados por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas en Matalagrana, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, –entre ellos los exacaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP)–, y pide que la misma «se revoque y anule», al considerar que «su valoración incurre en patente error y su motivación no es lógica, ni suficiente ni razonable».

En este sentido, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, la sentencia «carece de motivación real y suficiente, no analiza de forma correcta y coherente la prueba de cargo» y «no resuelve ni las cuestiones previas planteadas por las defensas ni la mayoría de las cuestiones planteadas por las acusaciones, omitiendo la doctrina de esta Audiencia Provincial plasmada en las dos sentencias de 2020 y 2021 que abordan la cuestión».

Prosigue el Ministerio Fiscal señalando que «en realidad toda la sentencia supone un ejercicio de ambigüedad en la motivación que dificulta conocer las verdaderas razones de la absolución y por ello combatir de fondo la sentencia», lo que, a su juicio, genera «una indefensión clara de las acusaciones».

Asimismo, el escrito apunta que se discrepa «con los hechos probados de la sentencia», así como «de la omisión en los mismos», en lo referido «por un lado a la falta de autorización preceptiva para la extracción, de la aplicación tácita de un error invencible ni alegado ni probado por las defensas» y del «rechazo del riesgo-peligro idóneo-potencial que la conducta de extracción ilegal de agua de los acusados ha podido tener para los ecosistemas de Doñana».

De la misma manera, la Fiscalía pide la nulidad de la sentencia «por falta de motivación real para analizar la conducta» de los dos alcaldes de Almonte acusados en las fechas de los hechos «como cómplices», así como por «falta de motivación real para analizar la conducta de los acusados; como autores del delito de usurpación-distracción de aguas».

Por ello, la Fiscalía interesa, en concreto, «que se devuelva la causa al juzgador» para que «partiendo de la doctrina sentada por esta Audiencia en las sentencias reseñadas, y en atención a lo expuesto en el recurso, realice nueva y completa motivación de la prueba, respetuosa con el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva del Ministerio Fiscal y con el contenido de la normativa aplicable y la prueba testifical, pericial y documental desarrollada en el Juicio Oral».

La Familia de Laura Luelmo muestra su agradecimiento a los profesionales del caso

Califican de «impecable» el trabajo de la Fiscalía

Francisco Luelmo, tío de Laura Luelmo y abogado de la acusación particular, ha leído un comunicado en nombre de la familia Luelmo Hernández este viernes tras conocerse que el jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de todos los cargos de los que se le acusaba, –asesinato, agresión sexual y detención ilegal–, a Bernardo Montoya, el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a la profesora zamorana de 26 años en la localidad de El Campillo.

Ante la puerta de la Audiencia Provincial, el abogado, emocionado y en ocasiones con la voz quebrada, ha leído un comunicado de la familia Luelmo-Hernández en el que muestra su agradecimiento a todos los profesionales implicados en el caso y a los vecinos de El Campillo que les ayudaron en tan complicado trance.

Así, han manifestado de manera pública su agradecimiento «a todos y cada uno de los miembros de la Guardia Civil que de manera abnegada han dedicado sus conocimientos y esfuerzos durante la desaparición de Laura, a la investigación y esclarecimiento de los hechos».

Además, «a los profesionales de los distintos Institutos de Medicina Legal y en concreto a los de Huelva por el impresionante trabajo realizado», toda vez que han resaltado también la labor de las funcionarias del Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino que lograron hacer frente con profesionalidad al ingente trabajo que supuso la instrucción del caso y en especial a Loli».

Tras remarcar el trabajo de las dos profesionales del derecho que han permitido articular la acusación (Coronada Mantero y Rosa Borrero), han calificado de «impecable» el trabajo de la Fiscalía.

Posteriormente, han mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de El Campillo que «dio todo su apoyo a la familia», al tiempo que han querido agradecer «de todo corazón» a las personas que, incluso abandonando sus quehaceres, participaron en la búsqueda de Laura, y «en especial al ciudadano que localizó su cuerpo». «Para él nuestro agradecimiento eterno», han manifestado.

«Nuestro inmenso agradecimiento a quien de forma altruista nos dio refugio durante el mes de diciembre y enero, tan terribles para nosotros, porque sin su protección no hubiéramos podido soportar el sufrimiento», ha expresado la familia.

Finalmente, han agradecido su comprensión a los medios de comunicación que «han entendido que, para la familia Luelmo Hernández su intimidad y la de Laura (aunque ya no esté), es trascendental».

La Fiscalía archiva la denuncia de tres vecinos por las obras del Paseo Marítimo de El Rompido

Da la razón al Ayuntamiento «al no haberse constatado, ni aun de forma indiciaria, la comisión de ilícito penal alguno»

La Fiscalía Provincial de Huelva ha archivado las diligencias iniciadas a raíz de la denuncia presentada por tres vecinos contra el Ayuntamiento de Cartaya en relación a las obras de reforma y mejora del Paseo Marítimo de El Rompido.

De esta forma, el órgano judicial da la razón al Ayuntamiento “al no haberse constatado, ni aun de forma indiciaria, la comisión de ilícito penal alguno”. El Equipo de Gobierno municipal trasladó en su día a los vecinos que en la puesta en marcha y realización de este proyecto “se han seguido en todo momento los procedimientos oportunos y se ha respetado escrupulosamente la legalidad vigente”.

Además, el Consistorio celebró en junio, antes de la ejecución de la obra, una semana de puertas abiertas en la Oficina de Información Turística de El Rompido, para informar, mediante infografías e imágenes en 3D sobre el proyecto de mejora del Paseo Marítimo de El Rompido a todos los vecinos y vecinas del núcleo costero y recoger las aportaciones de la población local.

Entonces, los responsables municipales destacaron que este proyecto de mejora del Paseo Marítimo, incluye pérgolas para entoldar la zona en verano y un mínimo espacio escénico diáfano, multifuncional, integrado en la segunda mitad del paseo y con bajo impacto visual.

El nuevo espacio cuenta con una pequeña grada semicircular, de sólo 0,55 metros de altura, y la actuación permitirá el desarrollo de actuaciones artísticas, culturales e infantiles en pequeño formato, mejorando el equipamiento urbano del Paseo Marítimo.

El proyecto se financia con cargo a la subvención de ‘Municipio Turístico de Andalucía’.

Piden 11 años de prisión para el presunto autor del crimen del salón de juegos

Murió como consecuencia de las dos puñaladas que le asestaron

La Fiscalía Provincial de Huelva ha solicitado once años de prisión para el acusado de matar a un hombre en un salón de juegos de la capital en abril de 2019, al considerar que los hechos constituyen un delito de homicidio al presuntamente asestar al fallecido dos puñaladas.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal recoge como conclusiones provisionales que el día 10 de abril de 2019 sobre las 22,00 horas el acusado se encontraba en el interior del salón de juegos acompañado de un conocido y que sobre las 22,15 horas se dirigió a él la víctima «con quien tenía una relación conflictiva y a quien temía por haber sido amenazado por el mismo por cuestiones personales».

Según prosigue el escrito, la víctima «increpó» al investigado «que se encontraba en la mesa del juego de la ruleta y le propinó varias manotazos por la espalda empezando ambos a discutir y a pelearse», lo que ocasionó que el forcejeo se desplazaran «varios metros alrededor de la mesa de la ruleta». Así, apunta que la camarera y algunos de los clientes intentaron separarlos «sin éxito».

Así, la Fiscalía apunta que en ese forcejeo mutuo «el investigado haciendo uso de una arma blanca de al menos 15 centímetros de longitud de hoja y 23 milímetros de anchura y con ánimo de acabar con la vida de la víctima le propinó dos puñaladas, una a la altura de la zona lumbar de la espalda y otra en la clavícula izquierda», tras lo cual «se dio a la fuga».

Como consecuencia de estos hechos, el Ministerio Público afirma que el hombre sufrió dos heridas que «le provocaron una perforación del pulmón y una lesión del hilio vascular», por lo que fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez, «falleciendo sobre las 01,40 horas de la madrugada». El fallecido tenía 39 años en el momento de los hechos.

De este modo, además de los once años de prisión, la Fiscalía solicita para el acusado su inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como que se haga cargo de las costas judiciales. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil la Fiscalía pide al acusado que indemnice a la madre de la víctima con la cantidad de 53.800 euros; a su pareja sentimental con 121.000 euros y a su hijo con la cantidad de 121.000 euros.

El juicio, según ha adelantado el diario Huelva24, se llevará a cabo con jurado popular y está previsto que se celebre el próximo 25 de noviembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva.

La Junta también pide Prisión Permanente Revisable para el presunto asesino de Laura Luelmo

La Fiscalía y la familia de la víctima ya anunciaron que pedirían la misma pena para Bernardo Montoya

La acusación popular que ejerce la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el caso del crimen de Laura Luelmo se ha adherido a la petición de la Fiscalía contra Bernardo Montoya, acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a la profesora zamorana de 26 años en la localidad de El Campillo.

Según han confirmado desde la Consejería, la administración regional está personada como acusación popular en este caso. En su momento, el departamento de Igualdad dio orden al gabinete jurídico para personarse en esta causa como acusación popular al tratarse de un caso de violencia de género.

De este modo, la acusación popular que representa a la Consejería de Igualdad ha decidido adherirse a la petición de la Fiscalía de Huelva contra el presunto autor del crimen de Laura Luelmo.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Huelva ha señalado para el 15 de noviembre el inicio del juicio con jurado popular contra este hombre, el cual se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el día 22 de diciembre de 2018.

Montoya fue detenido el 18 de diciembre de 2018, apenas un día después del hallazgo del cuerpo de la profesora en la zona conocida como Las Mimbreras a las afueras de El Campillo, localidad donde residía en la misma calle que su presunto asesino. La joven estaba recién llegada a la localidad para impartir clases en el instituto del vecino municipio de Nerva.

El asesinato de esta profesora conmocionó al país ya que fueron masivas las concentraciones de repulsa y las carreras que se convocaron en recuerdo de la joven, que iba con ropa deportiva en el momento de su desaparición el 12 de diciembre de 2018.

Además, Bernardo Montoya, con graves antecedentes penales como el asesinato de una anciana, se encuentra en prisión provisional como presunto responsable. Éste confesó el crimen en el interrogatorio policial en un primer momento, pero posteriormente cambió su declaración y desde el 4 de abril de 2019 mantiene la versión de que fue su exnovia la presunta responsable de la muerte de la chica.

En todo este tiempo la familia de la profesora ha pedido el mayor de los respetos e intimidad para afrontar este trágico acontecimiento. La familia, que en su momento demandó una «petición pública de perdón» al Estado por su «fracaso estrepitoso» al «no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y la integridad física» de su hija, ya anunció que solicitaba la prisión permanente revisable para Montoya.

Las muestras de cariño en El Campillo y Nerva han sido muchas en todo ese tiempo y de hecho el pabellón multifuncional de la primera localidad pasó a denominarse Laura Luelmo, así como el aula de dibujo del instituto nervense donde la joven impartía clases con el fin de conmemorar a la profesora.

El juicio por el asesinato de Laura Luelmo se celebrará a partir del 15 de noviembre

El único imputado por los hechos se enfrenta a una petición de la Fiscalía de Prisión Permanente Revisable

Ya hay señalamiento oficial para el juicio más mediático del año por el asesinato de Laura Luelmo, la joven de 26 años natural de Zamora y que fue presuntamente asesinada en El Campillo a manos de Bernardo Montoya. La fecha escogida para el inicio del juicio será el 15 de noviembre (con la elección del jurado popular) y se extenderá en varias sesiones hasta al menos el 19 de noviembre, según ha adelantado del diario ABC.

El tribunal estará presidido por el magistrado de la Sección Tercera, Florentino G. Ruiz Yamuza. El juicio se llevará finalmente a cabo tras dos años y medio de investigaciones y después de que el Juzgado Primera Instancia e Instrucción 1 de Valverde del Camino dictara el pasado junio auto de apertura de juicio oral contra Montoya,

El presunto asesino se encuentra en prisión desde su detención por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2018, un día después de que fuera encontrado el cuerpo sin vida y semidesnudo de Laura a pocos kilómetros del pueblo.

Tanto la fiscalía de Huelva como la acusación particular solicitarán Prisión Permanente Revisable por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato para el presunto asesino de la joven zamorana Laura Luelmo.

El asesinato de Laura Luelmo se produjo en diciembre de 2018. La joven profesora llegó a Huelva, para hacer una sustitución en el instituto de Nerva, en lo que era su primer empleo, y fue presuntamente secuestrada y asesinada por Bernardo Montoya, que residía justo enfrente de la vivienda que alquiló la profesora en este municipio. El caso conmocionó a todo el país. Su cuerpo sin vida fue hallado, tras una agónica, búsqueda, en un paraje, semidesnudo y cubierto con ramas de jara con claros signos de muerte violenta.