Corona Norte

Asaja apoya la legalización de los regadíos de la Corona Norte a pesar del ultimátum de Europa

por

La plataforma ha reunido este martes a parte de la directiva

Asaja-Huelva ha trasladado a los agricultores de frutos rojos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado su apoyo, así como el respaldo a la proposición de ley que modificará el Plan de la Corona Norte. Así lo ha manifestado el secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz, quien se ha reunido con parte de la directiva de la plataforma y ha asegurado que la organización agraria «estará siempre junto a los agricultores de la zona y sus derechos, con el fin de obtener la imprescindible seguridad jurídica que proteja su actividad».

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el secretario general de Asaja-Huelva ha avanzado que «seguirá peleando» para que se ejecuten las infraestructuras que «se le deben a la provincia desde hace década».

Asimismo, Sanz ha insistido en que, «si las obras hídricas necesarias se hubiesen realizado en su momento, el debate con respecto a la proposición de ley no se estaría produciendo» y ha exigido que «cesen los intentos de confundir a la sociedad mezclando la problemática del territorio y la del agua».

Asaja-Huelva ha manifestado así su apoyo al sector de los frutos rojos de la comarca del Condado, de los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares y Almonte, por «el daño causado a cientos de familias de la zona, la economía local y el empleo en estos pueblos».

La plataforma ha trasladado que con esta proposición de ley de ordenación del territorio «se hace justicia con el daño causado a los agricultores de los cinco municipios, que recobrarán sus tierras de cultivo, que no se regarán hasta que no llegue el agua superficial del trasvase».

En este sentido, han subrayado en que «no se tocará el espacio natural, ni es ampliación de regadíos, ni permitirá usar el agua del acuífero, así como no significa amnistía».

«Además, se sustituirá, como se está haciendo en otras zonas, el agua subterránea por superficial, habiéndose cerrado ya en estos pueblos por parte de los agricultores más de 500 pozos, restaurando las masas de agua subterráneas», ha concluido.

WWF pide una reunión urgente al Consejo de Participación de Doñana ante la propuesta de Ley de los regadíos

por

Los conservacionistas consideran que va a «amnistiar a los regantes ilegales»

El colectivo conservacionista WWF ha solicitado este miércoles al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, la convocatoria «urgente» del pleno de esta entidad ante la presentación el pasado 3 de marzo por parte del Partido Popular y Vox de la Proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía para incluir los terrenos de la Corona Norte de Doñana en plan de regadíos.

Según ha indicado la organización ambiental en una nota de prensa, WWF solicita en su petición que se facilite copia de la Proposición de Ley, de los informes técnicos que la acompañen, la cartografía y toda la documentación justificativa que se haya presentado junto con la propuesta. Asimismo, pide que se aporten diversos informes que deben acompañar este tipo de modificaciones de planes especiales como el de incidencia territorial o la Evaluación de Impacto Ambiental, ante lo que consideran que se va a «amnistiar a los regantes ilegales que llevan años esquilmando el acuífero».

En este sentido, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha explicado que es «necesario» que el Consejo de Participación de Doñana se reúna «cuanto antes» y «sea informado de todos los detalles de una proposición de ley que es perjudicial para Doñana, el acuífero y los regantes legales de la comarca».

«Estos dos partidos han presentado la propuesta sin importarles la gravísima brecha social e institucional que ha abierto y a la que ya se opusieron frontalmente durante 2022 organizaciones ecologistas, sociales, sindicales, organismos internacionales y supermercados. También consumidores, investigadores e, incluso, una parte importante de los propios agricultores de Doñana, muchos de ellos con representación en el Consejo de Participación», ha apuntado.

Por otra parte, en su petición, WWF insta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico o la Confederación Hidrográfica que entreguen copia del informe preceptivo que «debe acompañar a la modificación», ya que «afecta directamente a la gestión de los recursos hídricos, competencia del Estado».

«Si este informe no se ha emitido, se pide que uno de estos dos organismos informe al Pleno de si la modificación se adecúa a las indicaciones contenidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, en especial, el posible aumento del suelo agrícola regable, sea con aguas superficiales o subterráneas», señala la ONG en su escrito.

Por último, WWF reclama que se presente el listado y cartografía de las fincas que «se beneficiarían de la modificación» y que deben ser conocidas por Vox y PP que se refieren a ellas como «650 explotaciones» en la exposición de motivos.

Por todo ello, WWF ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «haya decidido desoír todas las voces en contra y, sin datos ni justificación técnica, haya presentado a trámite esta peligrosa iniciativa legal».

Asimismo, organización ha señalado que esta proposición de ley «está motivada únicamente por intereses electoralistas en el Condado de Huelva y se construye sobre falsas premisas, tales como supuestos derechos históricos inexistentes que los agricultores ilegales nunca han podido demostrar y han sido denegados por los tribunales españoles», así como o una «supuesta retroactividad injusta» que también «ha sido descartada por los jueces, que no han anulado ni uno solo de los artículos del POTAD o del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD)».

Por último, WWF ha señalado que el procedimiento escogido «no respeta el procedimiento previsto en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), que establece que la Junta es la competente en esta materia y tiene entre otros objetivos evitar la participación pública».