Solicitan 11 años de prisión por el asesinato de una joven en Rociana en 2020

El intercambio de 4,5 kilos de hachís está detrás del suceso según la fiscalía

La Fiscalía de Huelva ha pedido once años de prisión por el supuesto homicidio de un joven de Martos a manos de un conocido durante una transacción de droga. El suceso ocurrió en Rociana del Condado en 2020, y en él se vieron involucradas, además, otras dos personas.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, los hechos sucedieron en 2020, concretamente, el 13 de mayo los acusados, que responden a las iniciales D.C.S., H.E.A. y D.G.M., acordaron junto con A.A.C., la víctima, según la Fiscalía, en trasladarse de Jaén a Huelva para comprar droga, en concreto hachís, después de contactar por teléfono D.C.S. con el también acusado D.G.M.».

De este modo, continúa el escrito, la droga apalabrada «consistía en 4,5 kg de hachís, por valor de 2.400 euros, cuatro kilos, y 2.450 euros el medio kilo, que debían trasladar de Huelva a Jaén para una vez aquí distribuirla a terceros».

Así, para realizar la transacción, los acusados acordaron en verse en «el 24 horas de la barriada de la Hispanidad de Huelva», por tanto D.C.S. H.E.A. y A.A se trasladaron en un vehículo a esa dirección y sobre las 19,15 horas, aproximadamente, y después de parar en Córdoba, llegaron al sitio acordado.

El acusado D.G.M., según el relato de los hechos, «llegó al poco tiempo se montó en el vehículo junto a los otros tres ocupantes e indicó al conductor que, para no ser vistos, trasladarse a una plaza de garaje que tenía alquilada en un edificio cercano». Así, una vez allí «les enseñó dos placas de hachís con las inscripciones ‘Amnesia’ y ‘Gold’, y al mostrase los tres ocupantes interesados, se bajó de vehículo y fue a buscar la droga acordada».

Más tarde, el vendedor «volvió con la droga apalabrada, se montó de nuevo voluntariamente en el vehículo, en la parte trasera izquierda y tras entregarles la droga les pidió el dinero acordado».

Sin embargo, «después de contar los tres ocupantes la sustancia entregada, con la intención de apoderarse de la droga sin abonar el precio pactado, A.A agarró a D.G.M por el cuello y por las manos impidiéndole que se moviera y golpeándolo, emprendiendo la huida dirección a la autovía A-49 saliendo del garaje después de que cortara los cables de la puerta para conseguir abrirla».

El escrito de la fiscalía continúa relatando que «tras varios kilómetros de conducción», el conductor decidió parar el vehículo en el arcén de la autovía y D.G.M. contestó «que eso no era lo acordado» y se dispuso a bajar, pero antes, «con el vehículo parado y con su mano derecha asestó una única puñalada en el lado izquierdo del pecho de A.A. y salió huyendo campo a través llamando con su móvil a un amigo para pedirle ayuda».

Entonces, D.C.S. se colocó en la parte trasera del vehículo para auxiliar a A.A. y H.E.A. condujo hasta el desvío de Rociana del Condado donde ambos pidieron ayuda y finalmente detuvieron a un vehículo y le introdujeron a A.A. moribundo en el asiento del copiloto».

Finalmente A.A. «ya había fallecido cuando llegó al centro de salud de Rociana del Condado sobre las 21,00 horas a consecuencia de la puñalada recibida» y la causa de la muerte «fue herida cardiaca con instauración de shock hipovolémico secundario o lesión por arma blanca».

Por todo ello, la Fiscalía pide para el acusado D.G.M. once años de prisión por el delito de homicidio del art 138 del C.P, además de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancia que no causan grave daño a la salud del art 368.1 se pide una pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 8.000 euros.

Por otro lado, la Fiscalía solicita, además, que D.G.M. indemnice a los padres del fallecido con la cantidad de 180.000 euros y a su hermano con la cantidad de 25.000 euros, todo ello por «aplicación analógica del Baremo de Tráfico vigente incrementadas en un 30 por ciento al tratarse de un hecho doloso».

Asimismo, para el acusado D.C.S., la Fiscalía solicita cuatro años de prisión por el delito de robo con violencia e intimidación y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Mientras que por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancia que no causan grave daño a la salud del art 368.1, pide una de dos años de prisión inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 8.000 euros. Por el delito contra la seguridad vial, también se solicita la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Por último, para el acusado H.E.A., la Fiscalía pide pena de cuatro años por el delito de robo con violencia e intimidación e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancia que no causan grave daño a la salud del art. 368.1, pide pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 8.000 euros.

La familia de Alicia Rodríguez muestra su indignación por la puesta en libertad de su presunto asesino

Los padres de la reportera onubense consideran que el Ministerio Fiscal otorga «trato de favor» y recurrirá el auto

Los padres de la reportera onubense de Teleonuba asesinada hace un año presuntamente a manos de su pareja sentimental, Alicia Rodríguez López, han mostrado su «profunda indignación» por la puesta en libertad del presunto responsable de la muerte de su hija, al tiempo que han lamentado la «falta de sensibilidad» mostrada a su juicio por la representante del Ministerio Fiscal al «adherirse e informar favorablemente sobre la petición de libertad provisional solicitada por la defensa», tal y como informó TINTO NOTICIAS a través de esta publicación.

La familia considera que quien debe ejercer la acusación pública ha otorgado un «trato de favor» al presunto asesino de Alicia a pesar de los «contundentes» informes elaborados por la Guardia Civil que «apuntan a una clara intencionalidad de los hechos», señalan los padres, que ven «muy triste» que con ello se propicie que «el autor quede en libertad y se pasee tranquilamente por las calles de su localidad mientras que su víctima, Alicia Rodríguez, se encuentra desde hace un año en el cementerio de Huelva», añaden.

«No es justo, no es aceptable y no es entendible que unos padres tengan que sufrir esta nueva afrenta al conocer que quien les ha arrebatado para siempre a su hija disfruta tranquilamente de una libertad inmerecida, pues el daño causado es indescriptible e irreparable», prosiguen los padres de Alicia a través de un comunicado.

Por último, la familia de la joven asegura que ha dado instrucciones a su representante legal, el letrado Enrique Arroyo, de que recurra el auto de puesta en libertad para así tratar de corregir lo que consideran «un error de la acción de la Justicia» y hacer «más llevadero el inmenso dolor» que siente la familia desde hace un año, cuando le arrebataron «injustamente» a su hija, concluyen.

Nadie recurre la sentencia contra Bernardo Montoya por el asesinato de Laura Luelmo y ya es firme

Fue condenado a una pena de Prisión Permanente Revisable

La Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado la firmeza de la sentencia dictada por la misma en diciembre de 2021 en la que se condenaba a Bernardo Montoya a la pena de prisión permanente revisable tras el veredicto emitido por un jurado popular, que lo consideraba culpable de agredir sexualmente y asesinar en El Campillo en diciembre de 2018 a la profesora zamorana de 26 años Laura Luelmo.

Así lo han indicado desde la Fiscalía de Huelva, que ha precisado que la confirmación de la sentencia se da después de que la misma no haya sido recurrida por ninguna de las partes.

Además de la prisión permanente revisable, la sentencia le imponía 17 años y medio de cárcel por un delito de detención ilegal en concurso ideal con el delito de agresión sexual con la agravante de género, así como en concepto de responsabilidad civil, el acusado tendrá que indemnizar con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima.

Tras conocerse la sentencia en diciembre de 2021, la Audiencia recordó que, en su veredicto, el jurado declaró probado que los hechos se produjeron sobre las 17,30 horas del día 12 de diciembre de 2018, cuando la joven regresaba de hacer la compra en un supermercado y fue abordada por el condenado, que vivía frente a ella en una vivienda de la localidad de El Campillo.

En la sentencia notificada el 10 de diciembre a las partes personadas en la causa, la Audiencia condenaba al acusado a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato con la agravante de reincidencia (puesto que fue condenado por sentencia firme de 31 de diciembre de 1997 de la Audiencia de Huelva por delitos de allanamiento de morada, obstrucción a la justicia y asesinato) y le impuso además 17 años y medio de cárcel.

Sobre esto último, la Audiencia consideró que era «claro que la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para la posterior agresión sexual», de modo que «nos encontramos ante un concurso medial o instrumental, en el que el encierro» de la víctima en la casa del encausado «fue el medio utilizado para poder realizar seguidamente la agresión, y no tiene sentido ni finalidad sin ella».

Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, el acusado tendrá que indemnizar con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima. En este punto, el magistrado-presidente del juicio con jurado concluía que no procedía indemnizar al novio de la fallecida, ya que «no consta que la parte que lo solicita, acusación particular, ostente formalmente su representación procesal» y, además, «no consta que existiera una relación estable, con convivencia análoga a la del matrimonio».

Según la sentencia, el acusado la introdujo «a la fuerza» en su domicilio «con intención de agredirla sexualmente», de modo que, una vez dentro de la casa, el condenado cerró la puerta, «impidiendo» que la víctima saliera de la vivienda y que se le prestase auxilio.

El acusado, una vez en el vehículo, realizó un recorrido por los términos municipales de Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo, dirigiéndose finalmente a un concreto paraje donde, entre las 19,44 y las 20,42 horas, donde dejó el cuerpo de la fallecida así como el resto de los objetos, con la excepción del teléfono móvil, en una zona escarpada y de difícil acceso, todo ello «con intención de que su cuerpo no fuera hallado y sin comunicar el paradero del mismo hasta su detención».

La joven falleció aproximadamente a las 20,15 horas del día 13 de diciembre de 2018, siendo hallado su cuerpo el día 17 de diciembre de ese año en el mismo lugar donde fue dejado por el acusado. La sentencia consideraba que, al causar a la joven las heridas que provocaron finalmente su muerte, el condenado «se valió de su superior fuerza física y de una extrema violencia».

El relato exculpatorio es carente de verosimiltud

De otro lado, la sentencia recordaba que Bernardo Montoya dijo que trasladó el cadáver de la joven con una tercera persona. No obstante, la sentencia dejaba claro que esta versión «carece de toda verosimilitud», incidiendo en la «falta de realidad de estas circunstancias» que narró el acusado y que «no asume el jurado».

Por tanto, la falta de colaboración del reo para aportar elementos de juicio que pudieran contrapesar el examen y la interpretación lógica, conforme a la razón y al sentido común, «aún situándose en el ejercicio del derecho a no declarar», puede ser «valorada en su contra, como enseña la jurisprudencia tanto europea como nacional».

Además, en todos estos desplazamientos que hizo Montoya el teléfono de Luelmo verifica que fue en su coche por lo que supone «un reporte fidedigno» tanto en lo geográfico como en lo cronológico. Igualmente, se desmontaba la teoría de la defensa respecto a la capacidad sexual de Bernardo y destacaba en la sentencia que «existe también constancia médica de que éste no sufría en diciembre de 2018 ninguna patología que le impidiera mantener relaciones sexuales», toda vez que indicaba que eso tampoco era impedimento alguno para que se produjera agresión sexual.

Igualmente, recogía que «existe prueba directa y bastante» de que Bernardo, en vez de revelar a las autoridades o de cualquier otra forma el paradero de la joven tras haberla abandonado en Las Mimbreras, «se mantuvo en una actitud meramente pasiva, no llevando a cabo ningún acto que permitiese determinar su paradero», es más «incluso negó haber visto a Luelmo con anterioridad a su desaparición», como declararon en el juicio agentes de la Guardia Civil.

Por su parte, la familia de la profesora siempre ha pedido el mayor de los respetos e intimidad para afrontar este trágico acontecimiento y de hecho el juicio fue a puerta cerrada, como solicitó su abogado. La acusación particular, así como Fiscalía y acusación popular, –que ejerce la Junta de Andalucía–, coincidían en pedir la prisión permanente revisable para Montoya.

Detienen al presunto autor de la muerte del varón asesinado este sábado en Almonte

La víctima tenía 30 años y fue agredido con arma blanca en el Camino de los Llanos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte del varón que perdió la vida este sábado tras sufrir una agresión con arma blanca en Almonte.

Tal y como ya informó TINTO NOTICIAS, la víctima tenía 30 años y falleció como consecuencia de las heridas ocasionadas por la agresión, que tuvo lugar en la madrugada del 25 de diciembre en el Camino de los Llanos.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso sobre las 5:30 horas, momento en el que se desplazaron al lugar del suceso efectivos de la Guardia Civil y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que confirmaron el fallecimiento del herido.

Desde el 112 Andalucía explicaron que una llamada alertó de que un varón de 30 años había sido agredido con arma blanca en el referido Camino de los Llanos, tras lo que poco después se produjo su fallecimiento.

El Campillo celebra que se haga «justicia» en el caso de Laura Luelmo

El alcalde del municipio, en nombre del pueblo, aplaude la sentencia que pone a Bernardo Montoya «el castigo más duro al que se podía enfrentar»

El Campillo ha celebrado la sentencia judicial que condena al asesino de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, a la máxima pena que contempla el Código Penal español, la prisión permanente revisable, con lo que «se ha hecho justicia» en este caso que conmocionó a todo el municipio desde el 14 de diciembre de 2018, cuando se tuvo noticia de la desaparición de la joven profesora zamorana que desde hacía unos días residía en la localidad.

Casi tres años después de aquella desaparición, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS a través de esta publicación, «hoy puedo decir que, por fin, se ha hecho justicia», ha declarado el alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, nada más conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, recogida a través de esta información.

La sentencia pone a Montoya «el castigo más duro al que se podía enfrentar, el castigo que merece», ha proseguido el regidor campillero, por lo que «mi persona, en representación del pueblo de El Campillo, al igual que Susana Rivas Pineda como anterior alcaldesa, celebra el hecho de que se haya hecho justicia de esta manera», ha remarcado.

«Tras tres años de consternación, dolor, lucha e incertidumbres, sabemos que la persona que atentó contra la vida de nuestra joven profesora, porque así la sentimos, se va a pasar la vida entre rejas», ha continuado Jiménez, convencido además de que, «aunque ya no puedan volver a ver a su hija, su amiga, su compañera, los seres queridos de Laura pueden respirar algo más tranquilos».

«Ojalá esta lacra que afecta a nuestra sociedad acabe algún día», ha exclamado el alcalde, tras lo que ha finalizado su valoración con un mensaje dirigido a la profesora zamorana: «tu memoria y tu sonrisa nos acompañará siempre, Laura».

Decretan prisión permanente revisable para Bernardo Montoya por el asesinato de Laura Luelmo

Le imponen una indemnización de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a la pena de prisión permanente revisable al hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar a la profesora zamorana de 25 años Laura Luelmo en la localidad onubense de El Campillo en diciembre de 2018, todo ello tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular durante el juicio por el asesinato de la joven, cuya desaparición fue adelantada por TINTO NOTICIAS a través de esta publicación.

En la sentencia notificada hoy a las partes personadas en la causa, la Audiencia condena al acusado, Bernardo Montoya, a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato con la agravante de reincidencia (fue condenado por sentencia firme de 31 de diciembre de 1997 de la Audiencia de Huelva por delitos de allanamiento de morada, obstrucción a la justicia y asesinato) y le impone además 17 años y medio de cárcel por un delito de detención ilegal en concurso ideal con un delito de agresión sexual con la agravante de género.

Sobre esto último, la Audiencia considera que “es claro que la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para la posterior agresión sexual”, de modo que “nos encontramos ante un concurso medial o instrumental, en el que el encierro” de la víctima en la casa del encausado “fue el medio utilizado para poder realizar seguidamente la agresión, y no tiene sentido ni finalidad sin ella”.

Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, el acusado tendrá que indemnizar con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima. En este punto, el magistrado-presidente del juicio con jurado concluye que no procede indemnizar al novio de la fallecida, ya que “no consta que la parte que lo solicita, acusación particular, ostente formalmente su representación procesal” y, además, “no consta que existiera una relación estable, con convivencia análoga a la del matrimonio”.

La Audiencia recuerda que, en su veredicto, el jurado declaró probado que los hechos se produjeron sobre las 17,30 horas del día 12 de diciembre de 2018, cuando la joven regresaba de hacer la compra en un supermercado y fue abordada por el condenado, que vivía frente a ella en una vivienda de la localidad de El Campillo.

Su intención era que el cuerpo no fuera localizado

Así, el acusado la introdujo “a la fuerza” en su domicilio “con intención de agredirla sexualmente”, de modo que, una vez dentro de la casa, el condenado cerró la puerta, “impidiendo” que la víctima saliera de la vivienda y que se le prestase auxilio, comenzando en ese momento a propinarle “fuertes” golpes.

Estos golpes se produjeron mediante puñetazos y utilizando para ello además un objeto contundente, de tipo romo, según prosigue la sentencia, que añade que, “aprovechando el aturdimiento e indefensión” de la joven, el acusado “le ató las manos a la espalda y le tapó la boca con cinta adhesiva”, trasladándola a uno de los dormitorios del inmueble, donde la agredió sexualmente.

Seguidamente, “con ánimo de acabar con la vida” de la víctima y “para evitar que se conociera la comisión de los hechos”, el acusado le asestó un fuerte golpe con un objeto contundente, tras lo que, sobre las 18,42 horas, y “encontrándose aún con vida”, el condenado la envolvió en una manta y la introdujo en el maletero de su coche, donde también introdujo un bolso con el teléfono móvil y otros objetos personales de la mujer.

El acusado, una vez en el vehículo, realizó un recorrido por los términos municipales de Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo, dirigiéndose finalmente a un concreto paraje donde, entre las 19,44 y las 20,42 horas, dejó el cuerpo de la fallecida con las manos atadas a la espalda, así como el resto de los objetos con la excepción del teléfono móvil, en una zona escarpada y de difícil acceso, todo ello “con intención de que su cuerpo no fuera hallado y sin comunicar el paradero del mismo hasta su detención”.

Agravante de género

La joven falleció aproximadamente a las 20,15 horas del día 13 de diciembre de 2018, siendo hallado su cuerpo el día 17 de diciembre de ese año en el mismo lugar donde fue dejado por el acusado.

La sentencia considera que, al causar a la joven las heridas que provocaron finalmente su muerte, el condenado “se valió de su superior fuerza física y de una extrema violencia”, ya que la “encerró y amordazó” para que “no pudiera pedir auxilio” y le amarró las manos a la espalda, “consiguiendo con todo ello cometer estos actos de manera que impedía efectivamente cualquier reacción defensiva” de la fallecida.

Asimismo, la sentencia también recoge que el acusado sometió a la joven a “padecimiento innecesarios y un sufrimiento más intenso que el que se requería para causarle la muerte”, mientras que, al agredirla sexualmente, “utilizó la violencia para conseguir su sumisión total a la satisfacción del deseo sexual, incurriendo en una conducta particularmente degradante para la mujer, de cosificación y dominación, que se corresponde con su propio concepto de los roles de género”.

El jurado popular declara culpable a Bernardo Montoya de todos los cargos

La fiscalía sigue solicitando al juez que le imponga la pena de Prisión Permanente Revisable

El jurado popular ha declarado este viernes por unanimidad culpable de todos los cargos que se le imputaban, –asesinato, agresión sexual y detención ilegal–, a Bernardo Montoya, el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, en la localidad de El Campillo (Huelva).

Tras ello, tanto la Fiscalía como las acusaciones que ejercen la familia y la Junta de Andalucía han mantenido las peticiones de pena realizadas este jueves, toda vez que la acusación particular elevó las penas que solicitaba inicialmente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De este modo, la Fiscalía había solicitado prisión permanente revisable por el delito de asesinato, 20 años por el delito de detención ilegal y doce por agresión sexual, toda vez que la acusación popular y la particular también solicitaban la prisión permanente revisable.

En el juicio, celebrado a puerta cerrada, Montoya no reconoció los hechos, aunque pidió perdón a la familia de Laura Luelmo tras reconocer que había trasladado el cuerpo de la joven. Esto es lo único que el acusado ha admitido en sus declaraciones tanto en el primer día de juicio como en la última sesión, según informó durante la semana su letrado, Miguel Rivera, ya que se ratificó en su última versión que inculpa a su expareja como la presunta autora del crimen.

De este modo, en declaraciones a los medios a la salida de la cuarta y última sesión, Rivera explicó que había realizado su alegato final siendo «muy parco en palabras» y señaló que todo lo visto a lo largo del juicio había sido «muy inconsistente», así como anunció a los periodistas que recurrirá la sentencia al Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA), ya que entendía que sería desfavorable a su cliente.

Rivera no ha querido hacer declaraciones este viernes a la salida de la Audiencia Provincial de Huelva tras la lectura del veredicto. Sin embargo, Francisco Luelmo, tío de Laura Luelmo y abogado de la familia, ha leído un comunicado en el que ha mostrado el agradecimiento de la familia Luelmo-Hernández a todos los profesionales implicados en el caso y a los vecinos de El Campillo que les ayudaron en tan complicado trance. Estas han sido las únicas declaraciones realizadas por la acusación particular a lo largo del juicio.

Ahora, el magistrado-presidente del juicio tendrá que dictar sentencia contra Bernardo Montoya, una vez tomada la decisión del jurado popular, formado por cinco hombres y cuatro mujeres.

El juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya arrancó el pasado lunes, 15 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Huelva con sesiones de mañana y tarde a excepción del martes, que solo fue de mañana, y finalizó el jueves después de que todas las partes presentaran sus informes finales y de que el acusado hiciera uso de su derecho constitucional a la última palabra, momento en el que, según su letrado, pidió perdón a la familia de la víctima.

Así, a lo largo de cuatro días han declarado tanto el acusado, –en la primera sesión–, como diversos testigos durante las sesiones de lunes y martes, mientras que el miércoles y el jueves se realizaron las pruebas periciales con la comparecencia de diez médicos forenses, –seis el miércoles y cuatro el jueves–, y de agentes de distintos grupos de la Guardia Civil, entre ellos del Departamento de Escena del Crimen, del Servicio de Criminalística y de la Policía Judicial, así como un psicólogo.

LOS HECHOS Y LA DETENCIÓN

Montoya fue detenido el 18 de diciembre de 2018, apenas un día después del hallazgo del cuerpo de la profesora en la zona conocida como Las Mimbreras a las afueras de El Campillo, localidad donde residía en la misma calle que su presunto asesino. La joven estaba recién llegada a la localidad para impartir clases en el instituto del vecino municipio de Nerva.

La denuncia fue interpuesta por la familia y se activó el correspondiente dispositivo de búsqueda para dar con su paradero, siendo encontrada el día 17 de diciembre de ese año. Un voluntario que participaba en las labores halló prendas de mujer en la zona de Las Mimbreras y la Guardia Civil encontró el cuerpo a unos 200 metros del lugar del hallazgo de las prendas, semioculto en una zona de terraplén y matorrales.

Bernardo Montoya, con graves antecedentes penales como el asesinato de una anciana, confesó el crimen en el interrogatorio policial en un primer momento, pero posteriormente cambió su declaración y desde el 4 de abril de 2019 ha mantenido la versión de que fue su exnovia la presunta responsable de la muerte de la chica. No obstante, hay que recordar que Montoya ha sido el único acusado en esta causa.

El asesinato de esta profesora conmocionó al país ya que fueron masivas las concentraciones de repulsa y las carreras que se convocaron en recuerdo de la joven, que iba con ropa deportiva en el momento de su desaparición el 12 de diciembre de 2018.

Deciden celebrar el juicio contra Bernardo Montoya a puerta cerrada

La vista tiene lugar sin audiencia pública ni registros de grabación para salvaguardar el «derecho a la intimidad»

El juicio por el crimen de Laura Luelmo, que se celebra desde las 10.00 horas de este lunes 15 de noviembre en la Audiencia Provincial de Huelva, apenas ha tenido unos minutos de audiencia pública. Sobre las 12.30 horas, el magistrado presidente, Florentino Ruiz Yamuza, decidía que la vista continúe a puerta cerrada, por lo que proseguirá «sin audiencia pública ni registros de grabación», tal y como indicó el propio magistrado antes de interpelar al jurado a deliberar sobre esta cuestión.

La propuesta fue realizada por el abogado de la acusación particular, Francisco Luelmo, con el objetivo de proteger lo que calificó como el «derecho a la intimidad», tras lo que su planteamiento fue aceptado por el resto de las partes: acusación popular, ejercida por la Junta de Andalucía, y la defensa de Bernardo Montoya, el acusado por el asesinato de la joven profesora zamorana.

A continuación, el magistrado presidente instó al recién constituido jurado a deliberar sobre esta cuestión, al tiempo que le ofreció la posibilidad de optar por una opción intermedia en la que que solo sean a puerta cerrada las partes en que se compromete la «privacidad», si bien, una vez escuchado al jurado popular, la decisión final ha sido que el juicio se celebre a puerta cerrada, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a los medios de comunicación acreditados, que hasta ese momento estaban siguiendo la sesión a través de un portal de internet habilitado para la ocasión.

Tal y como ya informó TINTO NOTICIAS, el acusado por el asesinato cometido el 12 de diciembre de 2018 en El Campillo, Bernardo Montoya, llegó sobre las 9,35 horas a la Audiencia Provincial de Huelva en medio de un amplio dispositivo de seguridad, que ha sido habilitado para garantizar que todo transcurra con total normalidad.

El juicio contará con sesiones de mañana (a partir de las 10,00 horas) y de tarde. Este lunes estaba prevista, tras la constitución del jurado, la declaración del acusado y de dos testigos, además de resolverse una serie de cuestiones previas planteadas por las partes, mientras que, en la sesión de tarde, tendrá lugar la declaración de 12 testigos.

El martes 16 de noviembre declararán 15 testigos en la sesión de mañana y cinco en la sesión de tarde, mientras que el miércoles 17 de noviembre comparecerán por la mañana seis médicos forenses y por la tarde agentes de distintos grupos de la Guardia Civil, mientras que en la mañana del día 18 tendrá lugar la comparecencia de seis agentes de la Guardia Civil, de cuatro médicos forenses y de un psicólogo.

Una vez concluya la práctica de la prueba, las partes personadas en el procedimiento presentarán sus informes finales, tras lo que el magistrado-presidente del juicio entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que se retirarán entonces a deliberar antes de hacer público su veredicto.

Tal y como ya informó este periódico, el Ministerio Fiscal pide para el acusado prisión permanente revisable por el delito de asesinato, 20 años de cárcel por el delito de detención ilegal y 12 años de cárcel por el delito de agresión sexual, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia en el de asesinato.

Además, el Ministerio Público argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora. Además, pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.

Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros y, a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.

La desaparición de Laura Luelmo se produjo el miércoles 12 de diciembre de 2018, solo dos días después de que la joven se instalara en municipio tras incorporarse, días antes, como profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz de la vecina localidad de Nerva.

La desaparición de Laura, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- a través de esta publicación, fue denunciada el jueves 13 de diciembre por un familiar desde la provincia castellano leonesa, tras lo que la Guardia Civil inició las investigaciones pertinentes para hallar a la desaparecida, que desde el miércoles no acudía al instituto, donde daba clases de Plástica en sustitución de una profesora.

El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco días después de su desaparición, el lunes 17 de diciembre, tras lo que, un día después, el martes 18, fue detenido su presunto asesino, Bernardo Montoya, un exconvicto que acababa de salir de la cárcel tras cumplir condena por asesinato y que se había instalado en una vivienda que su familia tenía en El Campillo, donde no era una persona conocida.

Montoya fue siempre el principal sospechoso. Sus antecedentes penales y el hecho de que viviese en frente de la casa de Laura hizo que la Guardia Civil lo tuviera en el punto de mira desde el principio. Su detención se produjo mientras conducía su coche y salió de la carretera para adentrarse en un carril, tras lo que agentes de la Guardia Civil inspeccionaron su vivienda en busca de pruebas.

Posteriormente, la juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino, Elvira Mora, decretó su ingreso inmediato en prisión por los presuntos delitos de detención ilegal, asesinato y agresión sexual, por los que desde entonces se encuentra en prisión preventiva.

Fotos: Julián Pérez

La Fiscalía acusa a Bernardo Montoya de detención ilegal, agresión sexual y asesinato

La Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir del lunes el juicio con jurado popular contra el presunto asesino de Laura Luelmo en El Campillo

La Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir de este próximo lunes el juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya, el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018, a la profesora zamorana de 26 años Laura Luelmo en la localidad de El Campillo. En el procedimiento, el Ministerio Fiscal pide para el acusado prisión permanente revisable por uno de los delitos y 32 años de cárcel por el resto.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que los hechos acontecidos son constitutivos de un delito de detención ilegal, un delito de agresión sexual y otro de asesinato, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia en el de asesinato.

El Ministerio Público señala que procede imponer a Montoya la pena de 20 años por el delito de detención ilegal, doce por agresión sexual y prisión permanente revisable por el asesinato, al tiempo que argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora. Además, pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual.

Asimismo, la Fiscalía remarca que se declare prisión permanente revisable y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.

Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros, y a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.

En cuanto a sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal argumenta que Montoya, -con un amplio historial delictivo al contar antecedentes penales al haber sido condenado por un delito de allanamiento de morada, un delito de obstrucción a la justicia y un delito de asesinato, entre otros-, entre las 17,25 horas y las 17,30 horas del día 12 de diciembre de 2018 «abordó a la joven, quien regresaba a su domicilio tras hacer la compra en un supermercado cercano».

Montoya, que era vecino de enfrente de la joven zamorana, «sorprendió a la víctima» la introdujo a la fuerza en su domicilio, donde la golpeó y después de dejarla «malherida y muy debilitada», la agredió sexualmente, siempre «imposibilitándole cualquier tipo de defensa».

Después, «para evitar que se conociera tanto la comisión del delito que acababa de cometer como que él era el autor, con ánimo de acabar con la vida de Laura, pero no sin antes someterla a padecimientos innecesarios y un sufrimiento más intenso que el necesario para causarle la muerte, le propinó más golpes», y finalmente, le asestó «un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente», culminando los hechos con el fallecimiento de la chica.

Posteriormente, sobre las 18,42 horas, la introdujo en el maletero de su vehículo para, entre las 19,16 horas y las 19,25 horas, llegar y arrojar el cuerpo en una zona de difícil acceso y entre matorrales conocida como Las Mimbreras, sita en la carretera nacional N-435 en el punto kilométrico 166.

El cuerpo sin vida de la joven profesora, cuya desaparición fue adelantada por TINTO NOTICIAS a través de esta publicación, fue hallado el día 17 de diciembre de 2018, siendo detenido Montoya un día después y pasando a disposición judicial el día 21 de diciembre de 2018, acordándose la prisión provisional comunicada y sin fianza para el mismo.

Juicio oral

De otro lado, de cara a la vista oral, el Ministerio Fiscal propone el interrogatorio de Montoya, declaraciones de testigos, de agentes de la Guardia Civil, del director y funcionarios del Centro Penitenciario Sevilla II de Morón de La Frontera –donde ha estado Montoya–.

Igualmente, solicita pruebas periciales como declaraciones de agentes del Instituto Armado, forenses, especialistas del Departamento de Escena del Crimen, del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil o especialistas del Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo del Instituto Armado, entre otros expertos. Además, solicitará diversas pruebas documentales.

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Cortés exige el cumplimiento de las penas íntegras tras el asesinato del niño de Lardero

Emite un vídeo a través de las redes sociales donde reivindica que «no debió salir de la cárcel»

Juan José Cortés, padre de la pequeña niña Mari Luz y activista en favor de la Prisión Permanente Revisable y del cumplimiento íntegro de las penas en delitos contra menores de edad, ha reaparecido en redes sociales tras el asesinato de «otro niño inocente» ocurrido en Lardero (La Rioja) a manos presuntamente de un violador reincidente y que estaba en libertad desde el año 2020.

Según ha señalado a Cortés, el asesinado de este niño con tan sólo 9 años se ha producido «por no aplicar el derecho con sensatez y sentido común», por lo que ha pedido un no rotundo «a los beneficios penitenciarios para los violadores y asesinos de menores, que cumplan las penas íntegras y que no se les proteja en las cárceles, ya está bien de darle privilegios a quienes acaban con la vida de nuestros hijos».

Este asesino, ha comentado Cortés, «debería de estar en la cárcel, pero no, no estaba en la cárcel, estaba en la calle y por eso ahora hay un niño de 9 años asesinado».

«¿Y ahora que, quien se responsabiliza de este asesinato. Como siempre diremos el sistema….. La ley penitenciaria necesita una reforma urgente, no puede ser que se considere igual el que roba como el que asesina a un menor indefenso o viola a una mujer, es inadmisible otorgar los mismos derechos a unos y a otros. Los beneficios se deben aplicar según la gravedad del delito cometido y no hacer tabla rasa para todos, esta gentuza no debería salir a la calle hasta que se mueran, porque ni cambian ni se reinserta».