Condenan a cuatro años de prisión a un hombre por abusar de la hija menor de su pareja

El TSJA confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva el pasado mes de marzo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cuatro años de prisión a un hombre por abusar sexualmente «en numerosas ocasiones» de la hija menor de su pareja durante siete años y desde «casi el inicio de la relación» y hasta que la menor alcanzó los 14 años.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal desestima los recursos de apelación interpuestos por el acusado y por la acusación particular contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva el 22 de marzo de 2021 y confirma la misma.

Así, se considera a este hombre autor de un delito «continuado» de abuso sexual a menor de 16 años, por el que además le impone la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a menos de 200 metros a la menor durante cinco años y la medida de libertad vigilada, que se ejecutara con posterioridad a la pena privativa de libertad, por un periodo de cinco años.

Por contra, se le absuelve del delito de agresión sexual que se le imputaba por la acusación particular, ejercida por los padres de la menor, a la que deberá indemnizar con 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Según recoge la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se considera probado que el procesado mantuvo desde el año 2011 hasta el año 2018 una relación sentimental con la madre de la menor y que convivió con la misma y la hija hasta esa fecha.

Asimismo, señala que «casi desde el comienzo de la relación el acusado hizo a la menor objeto de tocamientos en diversas partes de su cuerpo, introduciéndose en ocasiones en su habitación para mirarla y tocarla por debajo del edredón, ocurriendo estos hechos en un número indeterminado de ocasiones».

Prosigue la sentencia que «en una de dichas ocasiones encontrándose el procesado y la menor en un camping de la provincia, el procesado procedió a frotar su cuerpo desnudo con el cuerpo de la menor», una actuación que «cesó en el año 2014» cuando nació la hija común del acusado y la madre de la víctima.

Posteriormente, señala la sentencia que «a partir del año 2017 y hasta el mes de mayo de 2018 el acusado volvió a retomar dichas prácticas, llegando en una ocasión a efectuarle tocamientos en los genitales metiendo la mano por debajo de su ropa interior, sin que conste le introdujera un dedo en la vagina, ni que empleara en ninguna de las ocasiones violencia o intimidación».

Absueltos los acusados de abusar sexualmente de una cuponera en la Plaza de las Monjas

El TSJA estima que las pruebas aportadas no son concluyentes para una condena inculpatoria

La Sección de Apelación de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia absolutoria dictada en marzo por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva contra dos hombres acusados de abuso sexual a una mujer con una discapacidad del 65 por ciento.

De este modo, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, confirmando la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva.

Según recoge la resolución del TSJA, se desestima el recurso porque la sentencia de la Audiencia onubense «está satisfactoriamente fundamentada y se desarrolla a través de un análisis razonable, llegando a unas conclusiones que pueden ser legítimamente objeto de discrepancia por la parte apelante, pero que no se obtienen mediante una valoración que adolezca de insuficiencia ni de falta de racionalidad».

De este modo, la acusación representaba a una mujer con discapacidad que aseguraba que, junto a un compañero estaba vendiendo en la Plaza de las Monjas de la capital cupones de sorteo y de lotería instantánea, cuando los acusados, tras comprarles algunos, «efectuaron tocamientos en sus partes íntimas».

Por su parte, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva dictó sentencia absolutoria por considerar que el relato inculpatorio mantenido «no proporciona el convencimiento necesario para llegar a la condena interesada; que tampoco es confirmado por el resto de la actividad probatoria, a la sazón analizada por el tribunal, y que debe ser aplicado el principio in dubio pro reo». Tras esto, la acusación presentó ante el TSJA un recurso de apelación, el cual ha sido desestimado.

El Gobierno intensificará las inspecciones en las fincas de Huelva para detectar abusos

El 28% de las actuaciones llevadas a cabo en el primer trimestre de 2021 se han realizado en la provincia

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido un encuentro este martescon una representación de las Jornaleras Huelva en Lucha, así como con el colectivo La Laboratoria. Espacios de Investigación Feminista para abordar las conclusiones de su informe “La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva”.

Díaz ha puesto en valor el informe, su exhaustividad y ha reafirmado el compromiso del Ministerio y del Gobierno en su conjunto para luchar “contra este tipo de prácticas que vulneran los derechos laborales y los derechos humanos”.

El Ministerio aborda esta situación como una “prioridad” y procura su erradicación desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que estudiará en detalle el contenido de este informe y trabajará “en el marco de sus competencias” reforzando las campañas para perseguir las conductoras que lesionen los derechos de las jornaleras.

La Inspección de Trabajo y Seguridad en Huelva realiza su labor con un enfoque transversal para garantizar la inserción e integración de las personas migrantes en el ámbito laboral en condiciones de seguridad e igualdad.

La actuación en esta provincia andaluza es especialmente relevante, pues supone un 17% del total de las actuaciones en 2020 y un 28% en el primer trimestre de 2021, cuando se concentra gran parte de la campaña de la fresa de Huelva.

El informe denuncia la explotación y la agravación de la situación para las mujeres que trabajan especialmente en la recogida del fruto rojo, entre otras cuestiones: malas condiciones, discriminación, comportamientos denigrantes y abusos.

Denuncian, además, incumplimientos en materia de retribuciones, jornada, régimen disciplinario, prevención o condiciones de los alojamientos. «La discriminación por razón de género es evidente al ser un sector feminizado y precarizado en donde se producen situaciones flagrantes de vulneración de derechos, tanto laborales, de asistencia y prestación sanitaria, de dignidad personal e integridad física y moral, de servicios mínimos y habitabilidad”, señala el informe.

El Ministerio de Trabajo ya ha realizado cambios normativos para que la Inspección pueda tener más protagonismo en las situaciones de pobreza y exclusión denunciada en numerosas ocasiones, incluyendo el relator de la ONU, Philip Alston, en el campo de Huelva. En esta línea modificó la regulación para que los inspectores tuvieran acceso a las condiciones habitacionales que deriven del contrato de trabajo, o cedidas por las empresas.

Al encuentro han asistido integrantes de la Brigada de Observación a los Campos de Huelva como la abogada Teresa Ramos y Marta Malo, del colectivo La Laboratoria. Espacios de Investigación Feminista; Pastora Filigrana, abogada de Abogadas Sociedad Cooperativa y Ana Pinto, activista de Asociación Jornaleras Huelva en Lucha, así como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y la jefa de Gabinete Jurídico, María Amparo Ballester.

Dos años de prisión por abusos continuados a una menor en La Palma

La niña de 15 años estaba acogida en el domicilio

La Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra R.F.G, al que condenaba a la pena de dos años de prisión como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales a un menor de 15 años que estaba en acogida en el domicilio donde residían ambos en La Palma del Condado, con lo que desestima así el recurso presentado por la defensa del condenado, según establece la sentencia facilitada por el TSJA.

De este modo, el TSJA desestima el recurso y confirma la condena de dos años de prisión al procesado como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales, con el atenuante de dilaciones indebidas, así como a dos años de libertad vigilada.

Además, la Audiencia Provincial de Huelva le impone la inhabilitación para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público, o ejercicio de la profesión u oficio, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con menores de edad, por tiempo de cuatro años; y prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio o lugar de trabajo o estudios a menos de 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por un plazo de tres años. Igualmente, le impone una indemnización a la afectada de 6.000 euros por los daños morales causados.

De este modo, la sentencia confirmada recogía como hechos probados que, entre finales del año 2013 y principios del año 2014, el procesado vivía en el domicilio familiar donde la menor estaba en acogida en La Palma del Condado y aprovechando que ésta, en aquel tiempo de menor de edad, se hallaba en situación legal de acogimiento familiar, «guiado en todo momento por el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, y siempre en las ocasiones en que la madre de acogida de la niña no se encontraba en el domicilio, realizó en reiteradas ocasiones tocamientos de las partes íntimas de la menor».

En su recurso, la defensa del condenado alegaba como motivos de impugnación «error en la apreciación de la prueba», así como incidía en la dificultad adicional de que la declaración de la víctima, personada como acusación particular en el proceso, constituía «la principal y en realidad única prueba de cargo»; situación probatoria que da lugar a lo que la jurisprudencia reconoce como «la situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia».

No obstante, el tribunal aclara que «la forzosa limitación de medios probatorios no conduce necesariamente a una conclusión absolutoria». De hecho, hace referencia a diversa jurisprudencia y señala que «una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia».

«La palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional, puede ser suficiente en abstracto para alcanzar la convicción subjetiva. La testifical de la víctima, así pues, puede ser prueba suficiente para condenar», han señalado.

A modo de resumen, el TSJA entiende que «la prueba practicada en el acto del juicio permitía al tribunal de instancia alcanzar la convicción racional de que el acusado realizó los hechos objeto de acusación sin margen de duda razonable», de manera que considera que el recurso ha de ser desestimado e íntegramente confirmada la sentencia condenatoria impugnada.

El Supremo desestima el recurso de las temporeras marroquíes que denunciaron abusos

El TS da por bueno el auto dictado por la Audiencia Nacional tras archivarse la causa en el juzgado de La Palma del Condado

Nuevo carpetazo judicial al caso de los supuestos abusos sexuales cometidos contra temporeras marroquíes en una finca agrícola de Huelva. El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación presentado por las 10 mujeres afectadas, que denunciaron haber sufrido abusos sexuales en una finca de Almonte durante la campaña agrícola de 2018.

Tras archivarse la causa por el juzgado de La Palma del Condado y posteriormente desestimarse un recurso de apelación por parte de la Audiencia Nacional, ahora el Supremo desestima el recurso presentado contra el último auto de la Audiencia Nacional, que alegó que tenía «falta de competencia» para abordar este asunto.

A través de una resolución judicial, la Sala de lo Penal del Supremo señala que «el tribunal ha aplicado la regla de competencia territorial que ha estimado procedente en función de los hechos denunciados» y que «su criterio es acertado, por lo que no ha habido lesión alguna del derecho invocado», añade.

Asimismo, el Supremo expone que no dan lugar ninguno de los argumentos alegados en el recurso, presentado por la representación legal de las 10 temporeras, al tiempo que considera que se trata de un «problema de legalidad ordinaria» y no de una «infracción constitucional».

Las 10 temporeras, representadas por la organización sindical Ausaj, presentaron una denuncia en 2018 contra tres socios de una finca de Almonte por supuestos abusos y acoso sexual, al tiempo que denunciaron trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad.