Susana Rivas ve «insostenible» la continuidad del vertedero de Nerva

La parlamentaria andaluza del PSOE exige de nuevo a la Junta de Andalucía que lleve a cabo el cierre de la instalación

La parlamentaria andaluza del PSOE por Huelva Susana Rivas considera «insostenible» la continuidad del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, motivo por el que ha urgido de nuevo a la Junta de Andalucía a que lleve a cabo el cierre de la instalación.

«La ciudadanía ya no resiste que vengan más residuos a la planta», ha insistido la también secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Ejecutiva Regional socialista, tras lo que ha anunciado que el Grupo Parlamentario del PSOE reiterará esta petición a través de iniciativas que se registrarán en el Parlamento de Andalucía.

En declaraciones a TINTO NOTICIAS, la también exalcaldesa de El Campillo ha dejado claro que «no pararemos hasta que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla entienda la importancia de este cese de la actividad en el territorio, y siempre pensando en el interés general del pueblo de Nerva y de la Cuenca Minera de Riotinto», ha agregado.

Rivas ha hecho estas declaraciones después de valorar la sanción impuesta a la empresa encargada del transporte de residuos desde Montenegro a Nerva, sobre la que destacó que también incluye «que no venga ningún vertido de Montenegro».

Tal y como ya informó este periódico, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) impuso una multa de 10.000 euros a la empresa francesa Valgo, encargada de la limpieza de residuos en Bijela (Montenegro) y su posterior envío al vertedero de Nerva, por «notificación de menos carga de la transportada y en un barco distinto del consignado». Por ello, en un primer momento, el Miteco impuso a la empresa Valgo una multa de 50.000 euros.

De hecho, el Ministerio resolvió en febrero de este año revocar una de las autorizaciones de traslado de residuos procedentes de Montenegro con destino al vertedero de Nerva y en junio decidió anular los envíos previstos de 40.000 toneladas de que aún restaban, tras notificar como «ilegal» dicha carga en los términos previstos por el Convenio de Basilea, que regula el transporte transfronterizo internacional de residuos peligrosos y su eliminación.