El proyecto excluye el desmantelamiento de los gasoductos que atraviesan Doñana y las instalaciones en tierra de la empresa Repsol

Las denuncias interpuestas en Europa sobre pozos de gas ya existentes en las costas y suelos del espacio natural como las instalaciones ‘Poseidón’ de Repsol, y que llevó a una reunión en diciembre de 2018 con los eurodiputados que visitaron el Parque Nacional de Doñana para evaluar los riesgos de su desecación y los asociados a los proyectos de extracción, almacenamiento y transporte de gas natural en la zona, incluidos los de Repsol han tenido sus consecuencias cuatro años después, esos pozos ahora se clausuran.

Según han señalado desde Mesa de la Ría, se conoció la existencia de estas instalaciones cuando vecinos del Matadero alertaron del vertido de cientos de camiones cisterna de aguas geológicas contaminadas que se extraían junto al gas en una arqueta de la ciudad de Huelva con destino a la depuradora municipal. Un vertido que, tras la recogida de firmas de vecinos, fue denunciado por Mesa de la Ría al Ayuntamiento, que rápidamente prohibió los vertidos.

Desde Mesa de la Ría valoran «muy positivamente» el cierre, clausura y sellado de los tres pozos submarinos ‘Poseidón’, así como de sus gasoductos marinos, porque, como ya se alertó en su día, estas actividades han supuesto la producción de un gran número de pequeños terremotos en la zona costera, a sólo 30 kilómetros de Mazagón, como se reconoce en los documentos analizados.

Pero el proyecto consultado por la organización excluye el desmantelamiento de los gasoductos que atraviesan Doñana y las instalaciones en tierra de la empresa Repsol, motivo por el que Mesa de la Ría ha formulado alegaciones al proyecto, con el objeto de que se incluya en el desmantelamiento total de los citados gasoductos e instalaciones de tratamiento terrestres y la devolución de servidumbres, para dejar la zona en el mismo estado en el que se encontraba antes de la llegada de Repsol en los años 90.

Igualmente, Mesa de la Ría ha solicitado que el proyecto parcial de clausura, solo contemplado por la evaluación ambiental del ministerio, sea objeto también de una autorización ambiental unificada completa por parte de la Junta de Andalucía.