Mesa de la Ría augura un «desastre medioambiental» en Riotinto

La Asociación Mesa de la Ría ha mostrado su disconformidad con la decisión de la Junta de Andalucía de dar validez a la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto, una decisión por la que, según el colectivo, podría producirse un «desastre medioambiental».

En concreto, Mesa de la Ría considera que el Gobierno andaluz, “en lugar de proteger a los ciudadanos ante posibles riesgos de rotura de las balsas de Aguzadera, Cobre y Gossan, tal y como señalan los informes científicos, vuelve a autorizar el recrecido de estas”.

En este sentido, la organización considera que el gobierno andaluz “ha actuado de manera contraria a lo que hizo hace unos meses la Xunta de Galicia, que denegó la autorización de un proyecto similar, que preveía el recrecimiento de unas balsas tan peligrosas como las de Riotinto”, apostilla.

«Con este pronunciamineto, la Junta desoye las alegaciones de la Asociación Mesa de la Ría, que solicitaba tomar las medidas necesarias para garanizar una evaluación de riesgos en las localidades de toda la Cuenca del Odiel ante una posible rotura de las balsas de lodos mineros», añaden desde la entidad.

El presidente de la misma, Juan Manuel Buendía, ha advertido de que «la rotura, considerada como casi inevitable por un experto en minas, arrasaría con una ola de lodos poblaciones en las orillas del Odiel, la reserva de la biosfera Marismas del Odiel, todo el Puerto y barriadas de Huelva como Pescadería, Zafra, Molino de la Vega, Navidad, Marismas del Odiel, Cardeñas, El Carmen y zona centro, así como como puentes, carreteras y tendidos eléctricos», ha señalado.

Para Mesa de la Ría, la Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de cumplir con su obligación de estudiar los riesgos de catástrofe ambiental y proteger a sus ciudadanos «frente a los intereses de una empresa que, para obtener el máximo beneficio con el mínimo coste, recrece las antiguas balsas de lodos más allá de su capacidad portante», indican.

En base a ello, esta organización considera que desde la Junta de Andalucía “se juega a la ruleta rusa, ocultado informes relevantes y dando una patada hacia adelante a un procedimiento que ya fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia”.