Se han encontrado escondidos en latas de refresco o en suelas de zapato para burlar la vigilancia

Funcionarios de prisiones de la cárcel de Huelva han logrado incautar hasta 63 teléfonos móviles en los últimos años según han señalado fuentes del sindicato Acaip. Los teléfonos móviles son un objeto prohibido dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género. Esto los convierte en elementos “muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera”.


En el periodo que comprende los años 2017 a 2021 se han incautado un total de 63 teléfonos móviles en el Centro Penitenciario de Huelva, siendo el año 2018 el de mayor número de aprehensiones con 19.


Desde ACAIP-UGT han querido destacar el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para
evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones. En muchos casos, estos teléfonos
son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones. Se
trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los
presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y las
relacionadas con el narcotráfico.


El uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos,
por ello, los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la
mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales
al ser sus componentes de plástico. De hecho, “podemos encontrarlos en los lugares más insospechados,
como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es preciso una requisa
exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada”.


Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación “es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado, para evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior”. Pero todo esto requiere, a su vez, del “correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías”. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito.


Desde ACAIP-UGT insisten en que haya una “relación de puestos de trabajo acorde o igual a centros penitenciarios similares. Estimando que hay un déficit en torno a 40 trabadores. Mientras la Secretaría General de IIPP asigna un más que insuficiente contingente de 8 funcionarios para hacer sus prácticas en los centros onubenses que no palian las deficiencias de personal de ninguno de los dos centros de Huelva”.


Además, “hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia,
y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones. Por todo ello
reclamamos que se reinicie la negociación de la Ley de Función Pública Penitenciaria para afrontar los
nuevos retos a los que se enfrenta la institución”.