La polémica batida de gestión encargada por la Junta de Andalucía para reducir la población de ciervos y muflones en el monte público del Jarrama de La Granada de Riotinto, afectado por el incendio del pasado verano, que contó con la oposición de varias organizaciones ecologistas, sociales y políticas, cuenta con el apoyo firme del colectivo de cazadores de Andalucía. La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha salido al paso de las informaciones publicadas y ha arremetido duramente contra Ecologistas en Acción, organización a la que le reprochan su «nulo rigor» a la hora de solicitar a la Consejería de Medio Ambiente que no autorice las batidas previstas en la zona. A juicio de los cazadores, las batidas son necesarias por «criterios técnicos» y la citada organización, con esa propuesta, «pone en peligro la recuperación de este espacio».
«En su afán por criminalizar a la caza e imponer sus doctrinas morales, Ecologistas en Acción ha olvidado cuestiones técnicas básicas para el medio ambiente como que para que una zona quemada se recupere necesita liberar una parte de su carga ganadera», ha apuntado el presidente de la FAC, José María Mancheño, quien considera necesario reducir la población de ungulados en la zona quemada para que ésta pueda regenerar su vegetación, pues, según avalan informes técnicos y científicos elaborados por la Consejería de Medio Ambiente, «las 1.239 hectáreas quemadas de la ‘Dehesa Jarrama’ no tienen capacidad para soportar una superpoblación de ungulados de unos 418 ciervos, cuya alimentación provocaría que los recursos vegetales de este monte público no se regeneraran», añaden desde la FAC.
Para la Federación Andaluza de Caza, el mensaje de Ecologistas en Acción está cargado de «sensacionalismo» y «afirmaciones erróneas» con las que, a su entender, «obvia los criterios técnicos que justifican las batidas de gestión y criminaliza, en base a informaciones falsas, al colectivo cinegético y su actividad». Además, la FAC critica que los datos dados por Ecologistas en Acción son «completamente falsos, como puede contrastarse en los informes técnicos de la propia Consejería, tales como que se trata de un espacio protegido, que la Finca Jarrama está completamente mallada o que las batidas autorizadas son para la erradicación de ungulados».
La versión de la Junta
Desde la Junta de Andalucía, tal y como se hizo eco este periódico, defendieron que la batida de gestión forma parte del Plan Integrado de Caza elaborado por la Dirección General del Medio Natural con el objetivo de propiciar la regeneración ambiental del espacio incendiado, pues de lo contrario los ciervos y muflones acabarían con la vegetación que comienza a florecer, lo que a su vez no sólo impediría la regeneración ambiental de la zona, sino también la supervivencia de los animales, al quedarse sin sustento, según indicaron a Tinto Noticias desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente.
Las mismas fuentes señalaron que, según el criterio científico de los técnicos que han elaborado el plan, es necesario reducir a unos 40 el número de ciervos y muflones existentes en la zona, donde había unos 300 y, tras la batida realizada, se ha reducido aproximadamente a la mitad, por lo que la Dirección General del Medio Natural evalúa el resultado de la misma para decidir si se encarga una nueva.
Reacciones
La medida fue criticada por varias organizaciones sociales y políticas de la provincia, como Asnuci, Asisti Cuenca Minera, Ecologistas en Acción o Izquierda Unida, que se opusieron a esta actuación. Por un lado, desde Asnuci (Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad) se pusieron en contacto con tintonoticias.com para denunciar lo que calificaron como una “carnicería y salvajada”, pues entienden que tal medida puede provocar la lectura «muy peligrosa” de que, “tras un incendio, puede disfrutarse la oportunidad de una gran cacería”. En la misma línea se manifestó Asisti (Asociación por la Solidaridad, Igualdad, Sostenibilidad y Trabajo Integral) de la Cuenca Minera, que, en declaraciones a este periódico, defendió «soluciones más respetuosas con la vida animal».
Por su parte, desde Ecologistas en Acción calificaron la actuación como «exterminio» y consideraron que «no es la respuesta que necesitan nuestros montes públicos». Frente a ello, la organización ecologista propuso otras medidas como, por un lado, la retirada de la malla cinegética para posibilitar la dispersión de los ciervos y muflones, evitar la “masacre” y conservar la regeneración, o por otro, “la captura selectiva, respetando siempre las crías y las madres”.
También Izquierda Unida se opuso a la medida, al tiempo que exigió a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que dé «explicaciones detalladas» de lo que calificaron como una “matanza masiva de muflones, ciervos y hasta jabalíes». El coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, indicó que, al tratarse de una zona recientemente afectada por un grave incendio que devastó unas 4.000 hectáreas de terreno forestal, la Junta de Andalucía «debe actuar con mucha más sensiblidad de la que ha demostrado y, si no se han adoptado otras medidas alternativas, como puede ser el traslado de los ejemplares a otras ubicaciones donde puedan seguir viviendo, explicar justificadamente por qué no lo han hecho».
