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La Policía Autonómica detecta al menos un taller ilegal en Zalamea

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La unidad adscrita a la comunidad denuncia un 11 establecimientos de este tipo en toda la provincia

El Área de Protección Medioambiental de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Huelva ha denunciado un total de 11 talleres ilegales en la provincia durante la segunda fase del dispositivo ‘Talleres 2019’, en el que se han realizado 20 inspecciones. Durante las mismas se han descubierto cinco talleres ilegales de vehículos y seis del sector del metal, además de detectar un total de 82 infracciones a la normativa municipal, industrial y en materia de residuos tóxicos y peligrosos.

Los talleres de vehículos ilegales han sido denunciados en las localidades de San Juan del Puerto, Villablanca, Zalamea la Real, Punta Umbría y Huelva. Además, fruto de las vigilancias realizadas en polígonos industriales, se ha procedido a denunciar a un trabajador de un taller legal que fue sorprendido por agentes de paisano arrojando residuos tóxicos y peligrosos a un contenedor convencional.

En esta segunda fase del dispositivo, la Unidad de Policía Adscrita ha ampliado las inspecciones a otros tipos de establecimientos industriales, concretamente a cinco naves en las que se realizaban trabajos de carpintería metálica, así como un taller de mecanizado de piezas metálicas para la industria pesada. Todos ellos carecían de permisos y autorizaciones para realizar dicha actividad, por lo que se ha procedido a su denuncia.

Desde la Junta de Andalucía han destacado que los establecimientos denunciados constituyen un foco de contaminación al deshacerse de los residuos de manera incontrolada, así como que contribuyen además a la economía sumergida y a la precariedad laboral y producen graves pérdidas a las empresas legalmente establecidas. Por otro lado, añaden, estos talleres ilegales no ofrecen ningún tipo de garantías a los usuarios.

Durante el 2019, los agentes pertenecientes a esta Unidad de Policía han denunciado un total de 24 talleres en la provincia de Huelva, “una labor que resulta ardua debido a las medidas de seguridad que establecen estos recintos ilegales, que en su gran mayoría trabajan a puerta cerrada”, han concluido desde la Junta.