Incluirá una evaluación energética para reducir el consumo y mejorar la eficiencia del sector
La Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, herramienta que está elaborando la Consejería de Política Industrial y Energía para articular las medidas de respaldo autonómico a la actividad minera en esta década, incorporará como novedad la realización de una evaluación energética integral del sector minero con el objetivo de “mejorar su eficiencia energética, reducir el consumo y avanzar en la descarbonización de su actividad”. Un análisis que responde a la oportunidad identificada para que la industria minera se convierta en “referente en el aprovechamiento de las energías renovables”, especialmente para las actividades más intensivas en consumo eléctrico, como las extractivas, transformadoras y de transporte.
Así lo ha remarcado el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, en el acto de lanzamiento de la citada estrategia, en el que ha estado acompañado por el secretario general de Industria y Minas, Cristóbal Sánchez, y por el director general de Minas, Jesús Portillo, y que ha congregado en la sede de la Consejería a representantes de organizaciones empresariales como CEA, Aminer y AFA, así como de los sindicatos CCOO y UGT, y los colegios profesionales de minas, entre otras entidades, a los que ha animado a participar en el diseño de esta hoja de ruta que nace “con la ambición de dar un paso más allá en el desarrollo de nuestra industria extractiva” y que verá la luz en el primer semestre del próximo año.
“Andalucía tiene la mayor reserva europea de minerales no ferrosos, destacando los áridos, roca ornamental, minería industrial, minería energética y minería metálica”; una actividad que representa el 40% de la producción nacional, cifra que se eleva hasta el 90% en el caso de la minería metálica, y que “nos sitúa en el escenario internacional como un aliado estratégico en la descarbonización de la economía y para afrontar retos como la transición energética”, ha abundado Jorge Paradela.
La nueva planificación persigue “incrementar las actividades de valor añadido de este sector en Andalucía y priorizar la actividad transformadora” frente a la comercialización de las materias primas sin procesar, según ha explicado el consejero. Un factor clave de la estrategia consistirá en “identificar y atraer a las empresas tractoras, aquellas con capacidad de generar proyectos a gran escala o de abrir mercados de difícil acceso”, así como “fomentar la cooperación” entre firmas más pequeñas para que tengan a su alcance oportunidades a las que no podrían acceder de forma individual, ha apuntado Paradela.
Asimismo, ha abogado por impulsar la creación de empresas en las comarcas de influencia minera, tanto para cubrir actividades subsidiarias al negocio minero como otras actividades vinculadas a la transformación minera, y por promover el desarrollo de proyectos de innovación con la participación de agentes del conocimiento y de empresas.
“En definitiva, con esta hoja de ruta aspiramos a fortalecer la industria minera en toda la cadena de valor, mejorar su competitividad, apoyar la internacionalización de su tejido empresarial e impulsar la investigación de los recursos mineros disponibles”, ha resumido el consejero.
Paradela ha apuntado además que en las próximas semanas se constituirá la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Minería Sostenible en Andalucía, encargada de coordinar y planificar la tramitación de los proyectos y que estará integrada por hasta diez Consejerías del Gobierno andaluz con competencias en medio ambiente, agua, energía, ordenación del territorio, contratación pública, administración local, empleo, educación, empresa, mejora de la regulación económica, innovación, investigación y tecnología o patrimonio histórico.
La Consejería de Política Industrial y Energía que dirige se ha marcado como meta para los próximos cuatro años aumentar un 20% la producción actual de la minería metálica en Andalucía, una actividad que cerró el ejercicio 2021 con un volumen de facturación de 4.000 millones de euros, un 33% más que en 2020.