El movimiento asociativo nació hace aproximadamente 45 años. Los padres afectados por tener un hijo o una hija con discapacidad se encontraban tremendamente desesperados y sin esperanzas de conocer cuál sería el futuro de sus hijos cuando ellos faltasen. Es más: sentían una culpabilidad social que les hacía resistirse a sacar a sus hijos a la calle. Estos padres y madres se vieron entonces en la necesidad de agruparse y levantar su voz para reivindicar los derechos que como personas debían reconocerse a sus hijos.

Es precisamente con el nacimiento de la democracia y la publicación de la Constitución Española, basada en la Carta de los Derechos Humanos reconocidos a toda persona, como se inició la siguiente reivindicación: las personas con discapacidad son capaces de convivir, de trabajar y tienen sus derechos y obligaciones como cualquier ciudadano español. La batalla ha sido muy fuerte y muy prolongada, pues, a la fecha actual, cuando estamos disfrutando ya de muchísimas conquistas, sentimos la nostalgia de todos aquellos padres y madres que se dejaron la piel para conseguir lo que hoy disfrutamos como unos derechos reconocidos, tantos y tantas hombres y mujeres que ya no están con nosotros… Pero el presente y el futuro de ese hijo o hija suyos están garantizados, pues se ha llegado a un consenso que supone asegurar una serie de servicios que inciden en el respeto y en el derecho a unos apoyos que acompañen a la persona con discapacidad durante todos los días de su vida.

Andalucía fue pionera en la lucha y conquista de esos derechos. Juan Pérez Marín, fundador de PROMI (en Cabra, Córdoba) fue el gran líder que nos empujó y motivó para conseguir la creación de servicios y programas de los que hoy todos disfrutamos. Gracias a él, en el año 1981, se crearon los Centros Especiales de Empleo, lo que suponía abrir una puerta a la capacidad que poseen nuestros jóvenes para realizar un trabajo productivo. Y creíamos que los Centros Especiales de Empleo se iban a multiplicar fácilmente, pero, debido a la asfixia que sufrieron por un retraso en las subvenciones a dichos centros, la mayoría se vieron obligados a su cierre.

Después surgieron otras leyes, como la de obligar a las empresas a que reserven un 2% de sus plantillas para personas cuya discapacidad supere un 33% de minusvalía. Igualmente se crearon los enclaves laborales y ciertos beneficios para aquellas empresas que consumían productos o servicios de trabajadores autónomos con discapacidad.

Y las leyes están ahí, vigentes, pero la realidad es otra: muy poquitas empresas cumplen con la normativa de reservar ese 2% para trabajadores con discapacidad. Lamentablemente –y empezando por los organismos públicos (ayuntamientos, diputaciones, delegaciones provinciales…) – casi ninguno se han hecho eco de este compromiso. ¿Cuántas personas con minusvalía vemos en los cientos de organismos públicos de nuestras provincias? Y no hablemos de las empresas privadas. Muy poquitas, por no decir casi ninguna, se han hecho eco de este compromiso de reservar unos cuantos puestos para personas con discapacidad. Y en todos los casos, absolutamente en todos, si analizamos los puestos de trabajo que actualmente se mantienen en las plantillas tanto de organismos públicos como de empresas privadas, nos daremos cuenta de que algunos de esos puestos los podría ocupar una persona con discapacidad.

Seamos claros: no existe voluntad política ni social que ampare este derecho constitucional. Por una parte las Administraciones Públicas tienen mucho miedo a los sindicatos y grupos de presión y, además, aún siguen pensando que sus capacidades laborales no están garantizadas con estas personas. Por otra parte, son las propias familias las que en muchos casos prefieren ser beneficiarias de una pensión a que su hijo o hija realicen un trabajo por el que se sientan más realizados y así llevar una vida autónoma, independiente.

Y es que por desgracia nos encontramos que muchos jóvenes trabajadores con discapacidad no ven su salario, porque está siendo utilizado para otros fines que benefician a algunos de los miembros de su familia: comprar un coche, pagar el alquiler de un piso o los muebles para el casamiento del hermano o la hermana…

Reclamo públicamente que las Asociaciones pertenecientes a Plena Inclusión en Huelva levanten su voz y reivindiquen con ello un puesto de trabajo para tantos y tantas jóvenes onubenses que se están convirtiendo en personas inútiles y vegetativas, y que jamás conseguirán su plena inclusión. Pues es un signo auténtico y real de la misma el que la persona sea autónoma: que no dependa de su familia.

Y no hablo de memoria, pues he tenido la suerte de compartir estos 45 años de trabajo con todos aquellos padres y familiares implicados en esa lucha por conseguir el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad. Y creo que nuestro mejor homenaje a todos esos padres y madres que se dejaron la piel en el camino es conseguir la plena autonomía de todos aquellos jóvenes capacitados para realizar un trabajo productivo.

Fray Rafael Pozo Bascón, fundador de Asociación Paz y Bien y la Fundación Tutelar TAU