La investigación debería darse por finalizada el próximo 29 de julio
El Ministerio Fiscal ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado una nueva prórroga de la instrucción por el procedimiento del caso del doble crimen de Almonte, en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en el domicilio familiar en 2013.
El plazo de instrucción está a punto de expirar, por lo que la Fiscalía, a fecha del día 6 de junio, ha emitido un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press para pedir que se amplíe este periodo al ser «claramente insuficiente».
Las familias de las víctimas siguen reclamando justicia al no existir a día de hoy ningún inculpado ni condenado por las dos muertes ya que el único encausado resultó absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias.
Ante esto, el mencionado juzgado palmerino ordenó la reapertura de una causa tras ratificar el Tribunal Supremo la absolución del único acusado, por lo que ahora la Fiscalía le ha solicitado que prorrogue la instrucción del procedimiento, previa audiencia de todas las partes, fijando un nuevo plazo de otros seis meses.
En este punto, en el escrito del Ministerio Fiscal se expone que se trata de un caso que «se puede dilatar excepcionalmente, como consecuencia de las especiales características de los hechos punibles objeto de investigación, participación de presuntos responsables, examen de documentación y volumen de las diligencias».
En este sentido, el pasado mes de diciembre, este mismo juzgado emitió un auto por el que se acordaba la prórroga del plazo de instrucción por seis meses que finalizará el 29 de julio de 2022 «sin perjuicio de que pudieran acordarse nuevas prórrogas si ello resultase necesario».
Así, el juzgado remarcaba que dada «la naturaleza del delito investigado así como la existencia de diligencias pendientes de recibirse de las que pudiera derivar la necesidad de acordar otras nuevas hacen previsible actualmente que no será posible la finalización de la instrucción antes del día 29 de julio de 2022».
Tras remarcar que se está ante unos hechos de «investigación compleja que han requerido numerosos informes periciales y diligencias de investigación policial», se consideraba necesaria la ampliación del plazo de instrucción.
En esta misma línea se han pronunciado desde las familias de las víctimas que, a través de su letrado, se van a unir a esta petición de prórroga, toda vez que han incidido en que siguen a la espera del análisis de la manta por parte de Toxicología porque «puede ser determinante para el caso», pero «hace ya más de medio año del comunicado de Toxicología en el que explicaba la toma de numerosas muestras», pero «sigue a la espera de resultados, por lo que ha instando a «que pueda acelerarse en la medida de lo posible este trámite».
Al respecto, sobre la manta que analiza el Instituto Nacional de Toxicología, en el auto de diciembre se remarcaba que se trata de «una evidencia de grandes dimensiones, una manta de 2,40 por 1,60 metros en la que se les solicitó la búsqueda de posibles restos celulares ajenos a las víctimas». Además, señalaban que «se ha llevado a cabo una selección minuciosa, dando como resultado un elevado número de muestras para llevar a cabo los correspondientes análisis», por lo que, una vez finalizados, se emitirá el informe.
Por su parte, el portavoz de las familias de las víctimas, Aníbal Domínguez, –hermano y tío de los fallecidos–, ha señalado que celebran este posicionamiento del Ministerio Fiscal ya que «los asesinatos de dos seres inocentes y más aún de una niña de ocho años no entienden de fechas, de tal manera que la instrucción de este caso nunca debiera parar».
Tras recordar «la lamentable encrucijada» en la que se encuentran las familias, «y no, precisamente por la labor policial, ya que dos equipos distintos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hablado y han apuntado a la misma conclusión», ha señalado que «el sistema judicial ha fallado estrepitosamente» y ha reiterado que «la justicia tiene una deuda imperdonable pendiente con María y Miguel Ángel».
Precisamente, el pasado 27 de abril se cumplía el noveno aniversario de este suceso, y sus familiares recordaron «a la Justicia que tiene una deuda pendiente con la memoria y dignidad de ambos». «Han transcurrido nueve años de los viles asesinatos de María y Miguel Ángel sin que la Justicia haya proporcionado el más mínimo aliento para con su memoria y dignidad», sostenían en su escrito.
Así, la familia consideraba «triste y lamentable» que continúen abocados en tener «que reclamar una cuestión que de por sí el propio sistema judicial debería zanjar para resarcir el honor de unas víctimas que jamás debieron atravesar por tamaña tragedia».
