Jornaleras en lucha ha denunciado que Fátima ha sido «abandonada» por la empresa
La organización Jornaleras en Lucha ha emitido un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de Fátima, una jornalera marroquí que, según esta entidad, fue despedida al serle detectado un cáncer de Cérvix y ha terminado falleciendo en el Hospital Vázquez Díaz de Huelva tras ser «abandonada».
En el comunicado que han enviado señalan que «Fátima llegó a nuestra provincia en uno de los contingentes con contrato de origen desde Marruecos para trabajar recogiendo fresas, considerada como un simple producto necesario para generar riqueza, una mano de obra barata a la que explotar fácilmente. Sin que nada más importe, sin ni siquiera tenerla en cuenta como persona», y añaden que desde la empresa de Lucena en la que trabajó, «y una vez empezado su proceso de tratamiento y de sufrimiento, se desentiende totalmente de ella».
Según Jornaleras en Lucha y la revista digital que adelantó esta noticia, La Mar de Onuba, «A pesar de tener un contrato de trabajo, de estar asegurada» y haber estado cotizando a la Seguridad Social, la tiraron a la calle como a un perro sin ni siquiera gestionarle el derecho que le pertenecía a cobrar su baja por enfermedad», señalan desde el colectivo. «A duras penas ha podido sobrevivir, ha podido comer y ha podido obtener sus medicamentos durante varios meses, gracias al apoyo que le hemos podido ofrecer desde el colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha, y desde la Asociación Asisti Cuenca Minera, quién ha estado acompañándola desde el primer momento», agregan. «También, y lo más importante, gracias a la solidaridad y al sentido de comunidad de sus paisanas, que en esto de cuidar cuando más se necesita y del apoyo mutuo, debido a la necesidad y a las situaciones que enfrentan constantemente, tienen hecho un máster».
El cuerpo de Fátima, tres días después de su fallecimiento, sigue en el hospital Vázquez Díaz de Huelva, «sin que nadie se haga cargo de su repatriación, sin poderla velar y darle una despedida digna». «Ni la patronal fresera que fue a buscar su mano de obra a Marruecos y sabe perfectamente lo ocurrido, ni la empresa que la echó a la calle cuando enfermó, ni ningún responsable del gobierno que firma estos acuerdos de contratación en origen de los que presumen se hacen cargo», se quejan desde el colectivo. Nadie costea los 2.800 euros que supone su repatriación.