Rafael Perea alerta de la «gravedad» de la situación política» del Consistorio
El Partido Popular de Minas de Riotinto ha exigido la dimisión de la alcaldesa de la localidad, Rocío Díaz (PSOE), tras ser «condenada por el Juzgado de Valverde del Camino por un delito de amenazas a una concejal de su grupo municipal», ahora en el grupo de concejales no adscritos, según han comunicado desde el propio PP.
El portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Riotinto, Rafael Perea, quien ha estado acompañado por el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y la presidenta local del partido, Rosa Caballero, ha lamentado la «gravedad de la situación política» que a su juicio atraviesa el Consistorio tras conocerse la referida sentencia, sin que aún «haya dado explicaciones» a los ciudadanos del municipio, ha apostillado.
«Resulta incoherente que el PSOE mantenga a una representante pública condenada con sentencia y no tome medidas coherentes ante los vecinos y vecinas de Riotinto que exigen ejemplaridad en las instituciones y en los representantes que gobiernan», ha proseguido Perea.
Por su parte, el presidente del PP de Huelva ha manifestado que «no se trata solo de un asunto judicial, sino también político y ético, cuando estamos hablando de una representante pública que además de ser alcaldesa es diputada provincial».
González ha lamentado que «al PSOE se le llene la boca cuando habla de ejemplaridad y regeneración democrática mientras tiene en sus filas a una representante publica que ha sido condenada por un delito leve de amenazas contra una excompañera», ha añadido.
Asimismo, el presidente provincial del partido ha indicado que la anterior alcaldesa del Partido Popular, Rosa Caballero, «fue denunciada por el PSOE y finalmente resultó absuelta, caso distinto de la regidora socialista que ha sido condenada por el juzgado de Valverde del Camino», ha agregado.
Por último, la propia Rosa Caballero, actual presidenta local, ha manifestado que desde el Partido Popular en Riotinto van a seguir «trabajando por el municipio de forma responsable y condenando comportamientos que nada tienen que ver con el servicio a los ciudadanos, sino que más bien dañan la imagen y la confianza en los representantes públicos».
