Aún se desconoce si hubo autorización ilícita para trasladar 40.000 toneladas de residuos contaminados desde Montenegro a Nerva en 2019
Ecologistas en Acción ha indicado que el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado un plan para el traslado de residuos peligrosos 2021-2026 que afecta al vertedero de Nerva. Aunque desde Ecologistas en Acción ven con buenos ojos este nuevo protocolo, señalan que él mismo pone de manifiesto el descontrol de ámbito internacional que ha habido hasta el momento.
Así señalan que Nerva recibió durante 2019 casi 40.000 toneladas de residuos contaminados procedentes del desmantelamiento de un astillero en Montenegro. A finales de ese año fueron solicitados dos nuevos permisos para seguir trayendo de allí a dos vertederos andaluces otras 70.000 toneladas de residuos peligrosos, que el Gobierno central denegó.
Ecologistas en Acción solicitó información al Gobierno sobre ese traslado de residuos tóxicos al vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos que DSM (la propietaria, Ditecsa, ha cambiado hace un año su denominación social por DSM-Diseño de Soluciones Medioambientales S.L) gestiona en Nerva y denunció a finales de octubre de 2020 el posible tráfico ilícito que constituyó ese traslado de 40.000 toneladas, tratándose de residuos no contemplados en el Convenio de Basilea, que es el tratado internacional que regula los movimientos transfronterizos de residuos, precisamente con el objetivo de evitar que se conviertan en objeto de mercado y tráfico, dado que pueden causar graves daños a la salud y al medio ambiente. Pero aún no ha obtenido respuesta.
Posteriormente, y a la vista de la posibilidad de que haya habido otros movimientos de residuos que puedan suponer un peligro para la salud y el medio ambiente no solo en Nerva, sino también en todas las zonas y carreteras transitadas durante el traslado al vertedero, Ecologistas en Acción solicitó a la Junta de Andalucía en diciembre un informe detallado con todos los datos relativos a todos los residuos peligrosos recibidos en el Puerto de Sevilla con destino (definitivo o temporal) al centro de gestión de residuos industriales de Nerva en la última década.
Desde 2011 no se ha convocado la Comisión de Seguimiento y Control del Centro de gestión de residuos de Nerva, que recibía anualmente información completa y transparente respecto al funcionamiento y gestión de los residuos, lo cual le confería una mínima pero necesaria participación pública y un margen de maniobra para el seguimiento y control por parte de la ciudadanía nervense y de la Cuenca Minera, que al fin y al cabo es la que sufre la existencia de esta instalación.
El vertedero de Nerva se está manteniendo sin clausurar mucho más allá del tiempo previsto en su creación, aceptando muchos tipos de residuos y tratamientos (denominados operaciones) incorporados a posteriori, superando el ámbito geográfico andaluz y rebasando sobremanera el volumen para los que fue concebido, forzando la máquina durante sus 22 años de funcionamiento, con una gestión deplorable y una deficiente vigilancia, inspección y control ambiental de todas las actividades por parte de las diversas autoridades competentes.
A pesar de todo esto, el año pasado ya iniciada la pandemia de la COVID–19, se realizó el trámite de información pública de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada solicitada por Ditecsa, antes de cambiar a llamarse DSM, el 3 de diciembre de 2019. Se solicitaba ampliar las instalaciones y las operaciones, alargando la vida útil del vertedero a costa de un mayor consumo de energía y agua y de un incremento de la contaminación de partículas del aire y de las aguas vertidas al Río Tinto, un espacio protegido que vertebra la red de Reservas de la Biosfera de la UNESCO en el suroeste andaluz.
Ecologistas en Acción ve con buenos ojos el nuevo Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 (PEITTR), aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero plantea la necesidad de elaborar un informe retrospectivo de todo lo que no ha sido controlado e inspeccionado en el traslado de residuos peligrosos de otros países a centros de gestión de residuos en el territorio nacional desde la ratificación del Convenio de Basilea por el Estado español y, en particular, los traslados al vertedero de Nerva, incluyendo las 40.000 toneladas procedentes de Montenegro.
