Acusan al alcalde de Nerva de faltar el respeto al Defensor del Pueblo Andaluz

El PP critica su falta de respuesta a los requerimientos de la institución presidida por Jesús Maeztu

El Partido Popular de Nerva ha mostrado su malestar ante la «falta de respuesta» del alcalde de la localidad, José Antonio Ayala, a los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz para que responda a las peticiones de información presentadas por el propio Grupo Popular en el Consistorio nervense y que «a día de hoy aún no han sido atendidas».

Así lo ha manifestado el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Lozano, quien ha mostrado su «indignación» por la «falta de respuesta» del alcalde a los tres requerimientos del Defensor del Pueblo, lo que a su juicio pone de manifiesto el «escaso respeto» del primer edil nervense a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Desde el Partido Popular han explicado que el 6 de mayo se tramitó una queja en la Oficina del Defensor del Pueblo exponiendo la falta de respuesta del alcalde de Nerva a las peticiones de información por escrito realizadas por el Grupo Popular en el Ayuntamiento, concretamente los días 4 de diciembre de 2019, 24 de febrero y 22 de marzo de 2020.

A continuación, «tras cursar la entrada de la queja, desde la Oficina del Defensor del Pueblo se solicita al Ayuntamiento de Nerva que resuelva expresamente, sin más dilaciones, la petición realizada por el Grupo Popular del Ayuntamiento de Nerva y que informara al respecto», prosiguen desde el PP.

Ante ello, desde el Partido Popular de Nerva manifiestan su «preocupación» ante la actitud «antidemocrática» que a su juicio está mostrando el alcalde, quien «después de un año sigue sin contestar a las peticiones de información, en las que se demanda información sobre el vertedero y sobre las cuentas del Museo Vázquez Díaz», añaden.

Lozano ha puesto de relieve que en este nuevo requerimiento de Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, al alcalde de Nerva, le recuerda «su obligación de resolver a cargo de la Administración pública», recordándole también que «los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, concluyen desde el PP.