La acusación particular pide 32 años de cárcel para la enfermera investigada
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir de este martes el juicio contra la funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias que trabajaba en la prisión provincial y que fue acusada de intoxicar con metadona a siete sanitarios en el año 2018. El abogado de cinco de los siete enfermeros, Benito Saldaña, ha afirmado que enfrentan el juicio con «la seguridad» de que «hay pruebas para acreditar que fue la acusada quien realizó estos envenenamientos»
En declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar el juicio, el abogado de la acusación ha detallado que solicitan «32 años por las agresiones, es decir cuatro año por cada uno de los ocho delitos; y otro delito por nuestra parte, ya que no lo hace la Fiscalía, contra la salud pública, por el que se piden seis años y seis meses».
En este sentido, el abogado ha esgrimido que su teoría sobre el móvil del hecho que se juzga este martes es que la acusada «quería el puesto de supervisor de uno de los envenenados», pero «como nunca lo conseguía porque llevaba muchísimos años detrás de él, decidió tomarse la justicia por su mano».
Además de la jornada de la sesión de este martes, el juicio se prolongará durante dos sesiones más que tendrán lugar los días 29 y 30 de este mes.
Para el juicio, el Ministerio Fiscal ha propuesto la declaración de la acusada, así como el testimonio como testigos de un total de 16 personas –dos de ellas agentes de Policía Nacional– y la declaración como peritos de analistas del Laboratorio Toxicológico de la Policía Científica de Sevilla; facultativos del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla y dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Huelva.
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Para esta persona, la Fiscalía solicita 23 años de cárcel al considerar que la acusada es culpable de un delito continuado de lesiones, por el que pide una pena de cinco años, así como de seis delitos de lesiones, por los que pide tres años por cada uno de ellos.
Asimismo, pide su inhabilitación especial para empleo o cargo público y profesión de enfermera durante el tiempo de condena, así como el pago de indemnizaciones que van desde los 7.720 a los 11.190 euros para los afectados.
El escrito de Fiscalía señala que los hechos por los que será juzgada sucedieron entre julio y noviembre de 2018, cuando la acusada «con claro ánimo lesivo, aprovechando el acceso como enfermera a un armario con llave en la farmacia dentro de la enfermería» del centro penitenciario, al que tenía acceso, «procedió a hacerse con unas cantidades indeterminadas» de metadona «para introducirla en los alimentos que para consumo propio guardaban sus compañeros en la sala de descanso localizada en dichas dependencias».
Asimismo, apunta que esta era mezclada junto con Nordiazepam y, ocasionalmente, Pregabalina, así como indica que la ingesta de metadona por quien no está habituado mezclada con fármacos potenciadores «es susceptible de suponer un grave riesgo para la salud».
En este sentido, la Fiscalía manifiesta que, con motivo de ello, los compañeros de esta enfermera sufrieron intoxicación aguda con metadona, pregabalina y diacepam y trastorno adaptativo, por lo que tuvieron que ser médicamente tratados por diversos perjuicios para cada uno de ellos.
