Un artículo de las doctoras Mónica Montaño Garcés y Nidia G. Mora Quiñones, residentes en Huelva y docentes de la Universidad de Huelva

Con las manos arriba para sobreponerse al miedo perpetrado por las fuerzas públicas del Estado comandado por el Presidente Iván Duque y su equipo de gobierno, lleva el pueblo colombiano más de  once días de movilizaciones, alentadas con la fuerza y sacrificio – de no pocas vidas -, de sus jóvenes y líderes comunitarios, sin encontrar respuestas a sus demandas de pacificación, gobernanza responsable y justicia social para una vida en condiciones de bienestar y dignidad como corresponde a un país inmensamente rico.

Después de un largo proceso de paz con intervención internacional que la violencia armada entre los diferentes grupos Estado-guerrillas-paramilitares dejó por más de 50 años, se esperaba el renacer colombiano y el momento para superar el dolor y las pérdidas en todos los sentidos.

Los compromisos adquiridos por el gobierno de Duque no se han cumplido, por el contrario se ha agudizado la pobreza, ha regresado la violencia y los fantasmas del terror, el abuso y la violación sistemática de los derechos humanos.

Resulta lamentable que a día de hoy un país con una espectacular biodiversidad, rico no solo en capital humano  sino también en sus recursos, que por cierto, son moneda de cambio con grandes corporaciones en territorios y comunidades de incalculable valor ecosocial, se encuentre ocupando el 83 puesto en el índice de desarrollo humano, habiendo descendido 4 puntos desde 2019 y con más del 42% de su población en riesgo de pobreza extrema.

El gobierno no ha estado a la altura, como muy poco lo han estado los anteriores, sin embargo era la oportunidad de salvar el país y mirar hacia el futuro, una nueva era para reescribir la historia con cambios profundos en la implementación y ejecución de políticas públicas que por fin  reconocieran la dignidad de las personas, sanaran las heridas y   restaurara la justicia administrativa y social. Como ha acontecido  en procesos como los llevados a cabo en otros lugares donde la reparación a las víctimas permitiría cerrar la sangrienta herida.

Es incomprensible que en un país andino con más de 250 variedades de patatas deba comprarse a Bélgica y el sector agricultor y ganadero tenga que botar sus productos porque no hay quien se los compre, que las poblaciones rurales no puedan usar sus semillas y deban usar exclusivamente las certificadas -llámense transgénicas producidas por Monsanto- que con los problemas conocidos de salud se siga defendiendo la fumigación con glifosato, que se priorice la megaminería y el fracking en territorios con una alta diversidad arrinconando a las comunidades, contaminando y agotando los recursos como sucedió en la Guajira, se reforme un sistema de salud para concentrarla en multinacionales que haciendo pagar una póliza por paciente no tendrá derecho a enfermarse, que se pretenda una reforma tributaria acompañada de subida de impuestos a los productos básicos del 19%, gota que colmó el vaso.

Este inconformismo no es de ahora, el 21 de noviembre de 2019 ya hubo un paro de similares dimensiones donde además se reclamaba por los asesinatos de activistas sociales y medioambientales, por la defensa y protección de sus vidas y la no criminalización por el Estado. Eduardo Cifuentes presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señala la cifra de “904 líderes y defensores de derechos humanos y 276 excombatientes de las Farc-EP” desde la llegada a la presidencia de Duque hasta abril de 2021.

La pandemia fue la excusa perfecta para evadir nuevamente los compromisos ante esa movilización pero las últimas medidas para la salud, la educación y la economía provocaron el llamamiento a salir a marchar este 28 de abril, se leía un cartel “ si no nos mata el virus nos mata el gobierno de hambre”, y ahora se puede decir que se ha producido de verdad.

Entre los informes del seguimiento de la actuación policial en el marco de las movilizaciones  de la ONG Temblores, entregados a la Misión de Naciones Unidas en Colombia, cifran 37 homicidios, 1708 casos de violencia,222 víctimas de violencia física, 22 víctimas de agresión de ojos, 110 casos de disparos de arma de fuego, 10 víctimas de violencia sexual Y 312 intervenciones violentas. 

Hechos que como  Colombiano/as residentes en el exterior escuchamos de familiares y amistades, vividas con gran preocupación al conocer las noticias sobre helicópteros y coches disparando a quienes se manifiestan, a la infiltración de policías  en las protestas para realizar actos vandálicos, camiones con personas golpeadas y mujeres aterrorizadas con un posible abuso sexual.  

En España, someramente se ha ido tratando la noticia; durante esta semana se han reproducido concentraciones en apoyo a la población civil con escasa difusión en los medios informativos y  en algunos, salvo mencionar ataques a la policía, ni mucho menos se ha explicado las causas por las que la ciudadanía colombiana ha decidido continuar el paro.

A los llamamientos de diferentes sectores sociales y colectivos sociales, se han unido profesionales del Trabajo Social, la Medicina, la Psicología, la Educación y seguirán más acudiendo a las manifestaciones convocadas a lo largo del país, como los casos de miembros de la policía y el ejército que se niegan a seguir participando, profesionales del Derecho que se ofrecen a representar a familias ante las autoridades, algunas para buscar a sus seres queridos porque también se están produciendo desapariciones forzosas de personas que han salido y no han regresado a sus domicilios.

Poco a poco la comunidad internacional se va pronunciando, organizaciones internacionales y organismos oficiales están reclamando el cese de la violencia, el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y la protección de la ciudadanía, por ello solicitamos que los partidos y gobiernos se sumen al pueblo colombiano y exijamos al Presidente Duque no más violencia, la desmilitarización del país y la atención a las demandas sociales, así como la apertura de las investigaciones necesarias sobre los crímenes de Estado cometidos contra líderes y sus comunidades.

Cuando la justicia no funciona en ninguno de sus niveles…el poder de un Estado sometido a la corrupción y al pillaje pretende con violencia bajar las manos levantadas por el derecho legítimo que ejerce un pueblo para clamar su bienestar.