La Diputación ratifica una declaración institucional leída por los alcaldes de El Campillo y Zalamea

El Pleno de la Diputación de Huelva ha ratificado una declaración institucional firmada por los cuatro grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante) en apoyo a los municipios afectados en el incendio de Almonaster la Real, que ha sido leída por los alcaldes de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, y de Zalamea la Real, Diego Rodríguez, además de los de La Zarza y el ya citado de Almonaster, donde se inició el fuego declarado el pasado mes de agosto y que asoló más de 10.000 hectáreas.

Asimismo, el Pleno ha ratificado otras dos declaraciones institucionales, una sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y otra para la celebración de un Día del Fandango en la provincia de Huelva.

La sesión plenaria, que se ha desarrollado en el interior de la mezquita de Almonaster la Real como reconocimiento a uno de los municipios más afectados por el incendio,, también ha dado cuenta de dos menciones, una con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, y otra para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre.

Con respecto a las mociones, se han aprobado las tres iniciativas que presentaba el grupo socialista. La primera, con el apoyo del grupo Adelante y el voto en contra de Ciudadanos y el grupo popular, solicitando la recuperación de los servicios sanitarios en Andalucía tras el covid-19. Los socialistas consideran que, una vez superada la primera ola de la pandemia y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la misma, el Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) debe recuperar la actividad asistencial normalizada.

En la segunda moción, aprobada por unanimidad, el grupo socialista pide la realización de una campaña de concienciación de vacunación contra la gripe, en coordinación con todas las administraciones y agentes sociales lo antes posible al objeto de conseguir la mayor repercusión posible, así como dotar la partida presupuestaria necesaria para la puesta en marcha de dicha campaña.

En la tercera iniciativa de los socialistas, que ha contado con el voto favorable del grupo Adelante y el voto en contra del grupo popular y de Ciudadanos, se pide a la Junta de Andalucía que apoye a los ayuntamientos y garantice una educación segura para este curso. Para ello, la moción recoge un total de 11 puntos en los que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta a garantizar la presencialidad en las aulas; el reconocimiento del papel de la comunidad educativa por la dedicación mostrada y los esfuerzos realizados; la reducción de la ratio a 20 alumnos por aula, así como el establecimiento de desdoble de grupos; la realización de las contrataciones necesarias que reduzcan dicha ratio; el refuerzo en la lucha contra la desigualdad y por la superación de la brecha digital, entre otras cuestiones.

También se ha aprobado una iniciativa del grupo Adelante en defensa de la Escuela Pública Andaluza. Con el apoyo de los socialistas, la moción insta a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a que se adopten las medidas higiénico-sanitarias necesarias para garantizar el desarrollo del curso escolar, así como dotar a los CEIPs y a los IES de Andalucía de los recursos materiales necesarios para poder garantizar una educación telemática ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 20/21.

Por unanimidad, se ha aprobado la moción del grupo Adelante para la prevención de incendios en la provincia. La iniciativa insta la Junta de Andalucía al diseño e implementación de planes forestales para la recuperación y conservación de nuestros montes forestales, así como impulsar acuerdos con otras administraciones para un Plan de empleo vinculado a los trabajos de conservación y recuperación de los montes.

Las tres mociones del grupo de Ciudadanos se han aprobado por unanimidad. La primera para crear, desde la Diputación, una comisión negociadora con las entidades financieras para que puedan prestar servicios en todos los municipios mediante la instalación de cajeros automáticos donde los vecinos puedan realizar operaciones básicas, como sacar o ingresar dinero, pagar recibos e impuestos, analizando las necesidades de cada municipio. El objetivo es evitar la despoblación de los pueblos y luchar por la igualdad de oportunidades de todos los municipios, para que todos cuenten con los mismos recursos y los mismos servicios.

La segunda iniciativa de Ciudadanos insta al Gobierno de España a que garantice la dotación presupuestaria suficiente, a través del Ministerio de Defensa, destinada a la adquisición de los terrenos para la ubicación del proyecto CEUS, así como que ponga fecha definitiva para la firma de la compra de los mismos e instar tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía para la dotación presupuestaria para la ejecución y desarrollo de este proyecto.

Y la tercera, instar a las administraciones competentes a desarrollar un programa de prevención del suicidio, especialmente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal de emergencias ante su alto índice de suicidios y por ser los primeros en tratarlos cuando ocurren.

Por su parte, el grupo popular ha visto como su moción sobre la aprobación de una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas, se votaba por puntos y tan solo se aprobaba el punto uno en el que se manifiesta el firme compromiso de la Diputación con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.

También se ha aprobado, y por unanimidad, la moción del grupo popular instando a la Junta de Andalucía, para que a su vez inste al Gobierno de España, a la ejecución de las obras necesarias para desdoblar el Túnel de San Silvestre en la provincia de Huelva, tal y como viene recogido en la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.