Tras conseguir luz verde en el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley continúa con su tramitación parlamentaria

Los gobiernos de todo el mundo avanzan cada día hacía la implementación de políticas vinculadas al fomento de una economía más verde y comprometida con el medio ambiente y la salud. En el caso de España, ya se han dado algunos pasos importantes, entre los que destaca la elaboración y presentación en las Cortes del proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Tras conseguir luz verde en el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley continúa con su tramitación parlamentaria. El objetivo principal con el que ha sido elaborado el nuevo texto es la revisión y derogación de la norma de 2011, vigente a día de hoy, para adaptarla a las necesidades actuales. Especialmente, ha sido adaptado a las nuevas directrices marcadas por la Unión Europea en el ámbito de la economía circular, un modelo de futuro hacia el que deberán avanzar todos los países miembros.

Entre las principales medidas que establece la nueva norma se encuentran las limitaciones a los plásticos de un solo uso. De esta forma, se aplicará un gravamen de 0,45 euros por cada kilo de envases de plásticos no reutilizables de tipo indirecto y que recaerá sobre la fabricación, importación y adquisición de este tipo de productos.

En lo que respecta a los suelos contaminados, el proyecto de Ley recoge que serán las comunidades autónomas las que deberán declarar y limitar si estos espacios degradados cuentan con componentes peligrosos derivados de las actividades humanas. En el caso de ser así, obligarán a llevar a cabo las actuaciones necesarias para su descontaminación y recuperación en las formas y plazos que marque cada comunidad. Será la persona causante de esta contaminación la que deberá realizar las actuaciones pertinentes y si se trata de un bien de dominio público en régimen de concesión, serán el poseedor y el propietario quienes deberán responder de forma subsidiaria.

Otra de las novedades es la realización de un inventario estatal de descontaminaciones de suelos, en el que las comunidades autónomas deberán indicar un listado prioritario de actuación en función del riesgo que la contaminación suponga para la salud humana y el medio ambiente.

Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones que establece la norma irán desde los 100.001 hasta 3,5 millones de euros las muy graves, y desde 600.001 hasta 3,5 millones de euros si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados. En cuanto a las infracciones graves, las multas son desde 2.001 hasta 100.000 euros, y desde 20.001 hasta 600.000 euros si son residuos peligrosos o suelos contaminados.

El objetivo del Gobierno de España es claro: Impulsar la economía circular y baja en carbono para proteger el medio ambiente y la salud, reducir el impacto del uso de los recursos y avanzar en el objetivo de tener cero emisiones en 2050.  

La nueva Ley sentará las bases para avanzar hacia este nuevo modelo.